Sentencia RP-1051-22 — Registro 19415
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal por el delito de Trata de Personas Agravado , en perjuicio de Testigos Protegidos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a CELENIA BANEGAS MATUTE, la pena de quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos, más las accesorias, por ser autora penalmente responsable de un delito de Trata de personas Agravado. La conducta por la cual fue condenado CELENIA BANEGAS MATUTE, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Trata de Personas, artículos 219 y 220 que se castiga con la pena prisión de 5 a 8 años, aumentada en 1/3, cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, quedando la nueva pena abstracta de 8 a 10 años, 8 meses de prisión. En el presente caso que nos ocupa, según los hechos declarados probados, las víctimas eran menores de 18 años, los que las vuelve vulnerables en razón de la edad, y al aumentarse la pena en 1/3, quedaría la pena dentro del rango de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; y al compararse las penas impuestas por el A-quo (quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos), con la pena que establece el nuevo Código Penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 8 años y su límite máximo es de 10 años, 8 meses de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole la nueva pena en su límite máximo, tal y como fue acordado en su momento con la figura de la estricta conformidad. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que en relación al condenado JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ en fecha ocho de noviembre del 2023 mediante Revisión penal 0363-2022 se modificó la sentencia en su favor aplicando la retroactividad de la ley penal, igualmente y en los mismos términos a la procesada CELENIA BANEGAS MATUTE se verifica que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a CELENIA BANEGAS MATUTE, la pena de quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos, más las accesorias, por ser autora penalmente responsable de un delito de Trata de personas Agravado. La conducta por la cual fue condenado CELENIA BANEGAS MATUTE, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Trata de Personas, artículos 219 y 220 que se castiga con la pena prisión de 5 a 8 años, aumentada en 1/3, cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, quedando la nueva pena abstracta de 8 a 10 años, 8 meses de prisión. En el presente caso que nos ocupa, según los hechos declarados probados, las víctimas eran menores de 18 años, los que las vuelve vulnerables en razón de la edad, y al aumentarse la pena en 1/3, quedaría la pena dentro del rango de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; y al compararse las penas impuestas por el A-quo (quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos), con la pena que establece el nuevo Código Penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 8 años y su límite máximo es de 10 años, 8 meses de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole la nueva pena en su límite máximo, tal y como fue acordado en su momento con la figura de la estricta conformidad. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que en relación al condenado JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ en fecha ocho de noviembre del 2023 mediante Revisión penal 0363-2022 se modificó la sentencia en su favor aplicando la retroactividad de la ley penal, igualmente y en los mismos términos a la procesada CELENIA BANEGAS MATUTE se verifica que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena."...
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE LO CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de junio. del dos mil veinticinco, los Magistrados de la Sala Constitucional Pronuncian: En nombre del Estado de Honduras La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal, número 1051-2022 Interpuesto por la Abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ a favor de la Señora CELENIA BANEGAS MATUTE, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: FALLA: PRIMERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, por conformidad de las partes, a los señores JUAN ÁNGEL GARCIA VELÁSQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, cuyas menciones de generales, ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO, en perjuicio de las TESTIGOS PROTEGIDOS "C3", "C5” Y "A1”; sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Imponiéndoles las penas de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) SALARIOS MÍNIMOS, como penas principales; debiendo cumplir el señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, la pena de Reclusión en el Centro Penal de Támara, Francisco Morazán o en el Centro Penal que el Juez de Ejecución determine y la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, en, el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicado en Támara, Francisco Morazán o en el Centro Penal que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computarse el tiempo que han permanecido en efectiva prisión por la presente causa. SEGUNDO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a los señores JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el doble de tiempo de la pena de reclusión, es decir por TREINTA (30) AÑOS; e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena de reclusión, es decir, por QUINCE (15) AÑOS. TERCERO: Se declara a los condenados JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, responsables civilmente. CUARTO: No se declara el comiso. QUINTO: No se condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor del señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL EN SU GRADO DE COMPLICIDAD, en perjuicio de las TESTIGOS PROTEGIDOS "C3", "CS" Y "A1”. Son partes: 1) La abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, en su condición de revisionista a favor de la señora CELENIA BANEGAS MATUTE 2) la Fiscal SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ en su condición de fiscal del Ministerio Publico HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA PRIMERO: Los señores JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, se trasladaban a diferentes municipios y departamentos de Honduras, a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo Tundra, color rojo, a fin de abordar a jóvenes de sexo femenino menores de dieciocho años, a quienes les ofrecían trabajo como empleadas domesticas en la ciudad de Comayagua. Es así que a la testigo Protegido “C5”, de dieciséis años de edad, le ofrecieron el trabajo de cuidar a un bebe, a la Testigo Protegido “C3”, de diecisiete años de edad, le ofrecieron el trabajo de cuidar a la mamá del señor Juan Ángel Garcia Velásquez, en tanto que a la Testigo Protegido “A1”, de quince años de edad, le ofrecieron el trabajo de encargarse del servicio doméstico; por lo que dichos testigos se trasladaron a la ciudad de Comayagua, específicamente a la casa de los esposos JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, ubicada en la colonia Veintiuno de Abril, de la Ciudad de Comayagua, llegando a dicho lugar la testigo protegido “C5”, el doce de marzo del 2013, la testigo protegido “C3” el siete de abril del 2013 y la Testigo protegido”A1” en el mes de abril del 2013. SEGUNDO: Una vez en la vivienda antes referida, los señores Juan Ángel Garcia Velásquez y Celenia Banegas Matute, les dijeron a las testigos protegidos “C5”,”C3”y “A1”, que estaban allí para casarse con el señor RENNIE CRISTOPHER GLENN, de nacionalidad Norte Americana, bajo un ritual islámico que le permitía a este casarse con siete mujeres; por lo que las testigos protegidas aceptaron esa propuesta y luego se procedían realizar las bodas aparentes entre el señor RENNIE CRISTOPHER GLENN, con las testigos protegidos “C5”,”C3” y “A1” en la misma casa de los señores JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE. Bodas que eran celebradas en algunas ocasiones por el señor JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ, junto con otra persona que se identificaba como el hermano del señor RENNIE CRISTOPHER GLENN y en otras ocasiones los mismos eran testigos de las bodas; en tanto que la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, era la persona que procedía a seleccionar a las muchachas y comprarles ropa, cremas y perfumes para prepararlas para las supuestas bodas, en las que estas se vestían en algunas ocasiones indumentarias árabes y en otros normales; existiendo fotográficas y videos de tales eventos. TERCERO: Luego de las presuntas bodas, el señor RENNIE CRISTOPHER GLENN, procedía a darles a los testigos protegidos “C5” “C3” y “A1” pastillas que las adormecían, teniendo luego relaciones sexuales con ellas y posteriormente las conminaba a realizar trabajos domésticos y las golpeaba cuando no podían hacer el trabajo. ANTECEDENTES 1) Del inicio del Proceso penal.- En fecha doce (12) de marzo de dos mil catorce(2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado MATEO RODOLFO GALO presentando requerimiento fiscal en contra de JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ , RENNIE CRISTOPHER GLEN a quien se les supone responsable a título de autor del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS, VIOLACION ESPECIAL Y PORNOGRAFIA INFANTIL en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A1, C3, C4, C5, y contra de la señora CELENIA BANEGAS MATUTE por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A1, C3, C4, C5 . (Folios 2-5 del antecedente). 2) De la sentencia condenatoria.- En fecha uno (01) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, por conformidad de las partes, a los señores JUAN ÁNGEL GARCIA VELÁSQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, cuyas menciones de generales, ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO, en perjuicio de las TESTIGOS PROTEGIDOS "C3", "C5” Y "A1”; sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Imponiéndoles las penas de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) SALARIOS MÍNIMOS, como penas principales; debiendo cumplir el señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, la pena de Reclusión en el Centro Penal de Támara, Francisco Morazán o en el Centro Penal que el Juez de Ejecución determine y la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, en, el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicado en Támara, Francisco Morazán o en el Centro Penal que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computarse el tiempo que han permanecido en efectiva prisión por la presente causa. SEGUNDO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a los señores JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el doble de tiempo de la pena de reclusión, es decir por TREINTA (30) AÑOS; e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena de reclusión, es decir, por QUINCE (15) AÑOS. TERCERO: Se declara a los condenados JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, responsables civilmente. CUARTO: No se declara el comiso. QUINTO: No se condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor del señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL EN SU GRADO DE COMPLICIDAD, en perjuicio de las TESTIGOS PROTEGIDOS "C5", "C3" Y "A1.” (Folios 26 -32 del recurso de mérito) 3): De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la sala de lo constitucional.- En fecha treinta de junio del dos mil veintidós, se recibió en esta sala el recurso de revisión penal interpuesto por la abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ a favor del señora a CELENIA BANEGAS MATUTE, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por aplicación del principio de retroactividad de la ley penal mas favorable al sentenciado con el objeto de salvaguardar la seguridad jurídica del estado, el cual se tuvo por admitido el doce de septiembre de dos mil veintidós, señalándose posteriormente en auto de fecha veinte de julio del 2023, la audiencia de oposición presentación de prueba ( folios 1, al 5 y 18 del recurso de mérito). 4): De la audiencia de Oposición y presentación de pruebas.- En fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ actuando en su condición de Apoderada Legal de la señora, CELENIA BANEGAS MATUTE. El Ministerio Público consideró: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que la Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida en ESTRICTA CONFORMIDAD, de fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2) ...3)…. 4)..., 5) ..., 6) …, 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,." relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. Que del análisis comparativo de ambas leyes penales se encuentra que el Código Penal derogado regulaba el delito de TRATA DE PERSONAS, en el artículo 52 de la Ley Especial de Trata de Personas, el cual era sancionado con una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más Inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos, Las penas anteriores aumentara en un medio (1/2), en los casos siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años de edad; 2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima; 4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, profesión o función que desempeña; 5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; 6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por tres (3) o más miembros; y, 7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la victima de Trata de Personas o por su representante legal. Con relación al artículo 54 del Código Penal derogado. Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), con relación al delito de TRATA DE PERSONAS establece en el ARTÍCULO 219. "TRATA DE PERSONAS. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1) La explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos forzados, incluida la mendicidad la obligación de realizar actividades delictivas; 2) La explotación sexual forzada; 3) Realizar matrimonio o unión de hecho servil o forzado; 4) Provocar un embarazo forzado; 5) La extracción de sus órganos o tejidos corporales, o de sus componentes derivados; 0, 6) La experimentación para la aplicación de medicamentos, fármacos, sustancias o técnicas clínicas. El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de este artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos", relacionado con el ARTICULO 220 que señala las agravantes específicas: "Se debe incrementar la pena en un tercio 1/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes numeral 1)...2) La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada; 3)..." resultando una pena de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION. Al examinar 1o peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que establece: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De lo expuesto, esta Representación fiscal estima que el Código Penal vigente establece una norma penal más favorable al hoy condenado, pues la pena a imponer conforme el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017),de conformidad con la regla del artículo 69 numeral 2 del Código Penal Vigente es de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSION, por lo que 10 peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 20-22 vuelto del recurso de mérito) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la garantía constitucional de revisión y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada MARIA ELENA FONSECA CRUZ, a favor de la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, como revisionista; y, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Maria Elena Fonseca Cruz , solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley; ya que la pena impuesta por el A-quo fue de 15 años de reclusión y una multa equivalente a 225 salarios mínimos; tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, que van de 5 a 8 años prisión, y ya no se establece pena de multa, lo que favorece al condenado, y procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal. El Ministerio Púbico manifiesta, que en el código penal vigente, en el artículo 219 el delito de Trata de Personas tiene una pena asociada de 5 a 8 años de prisión, y en el artículo 220 se establece la agravante especifica de: “La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada”, debiendo aumentarse en un 1/3 la pena, resultando una pena de 8 años a 10 años, 8 meses, la que le es más favorable al condenado, por lo que el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue el presente Recurso de Revisión. CONSIDERANDO CUATRO (4): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CINCO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a CELENIA BANEGAS MATUTE, la pena de quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos, más las accesorias, por ser autora penalmente responsable de un delito de Trata de personas Agravado. La conducta por la cual fue condenado CELENIA BANEGAS MATUTE, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Trata de Personas, artículos 219 y 220 que se castiga con la pena prisión de 5 a 8 años, aumentada en 1/3, cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, quedando la nueva pena abstracta de 8 a 10 años, 8 meses de prisión. En el presente caso que nos ocupa, según los hechos declarados probados, las víctimas eran menores de 18 años, los que las vuelve vulnerables en razón de la edad, y al aumentarse la pena en 1/3, quedaría la pena dentro del rango de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; y al compararse las penas impuestas por el A-quo (quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos), con la pena que establece el nuevo Código Penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 8 años y su límite máximo es de 10 años, 8 meses de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole la nueva pena en su límite máximo, tal y como fue acordado en su momento con la figura de la estricta conformidad. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que en relación al condenado JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ en fecha ocho de noviembre del 2023 mediante Revisión penal 0363-2022 se modificó la sentencia en su favor aplicando la retroactividad de la ley penal, igualmente y en los mismos términos a la procesada CELENIA BANEGAS MATUTE se verifica que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 219 y 220 del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por la abogada maria elena fonseca cruz, a favor de la señora CELENIA BANEGAS MATUTE; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas a la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, por el delito por el cual fue condenada, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRATA DE PERSONAS, a la pena de 10 AÑOS, 8 MESES DE PRISIÓN, en perjuicio de los Testigo Protegido “C3”, “C5” y” A1”; así mismo, se modifica el tiempo de duración de la Inhabilitación Absoluta, la cual se impone durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo, con abono del tiempo que haya estado en prisión. - NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1051-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONALSOQ.