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Sentencia RP-1041-23 — Registro 20364

Resumen

Recurso de revisión contra sentencia condenatoria por el delito de robo de vehículo automotor en perjuicio de afectado, al condenado se le impuso una pena a título de autor material de diez (10) años de reclusión con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole su responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluyó que no procede conceder la revisión penal ya que se trata de una sentencia penal cuyo término de cumplimiento estuvo previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZÁLEZ, se encuentra condenado por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR en perjuicio de CHARLIES GEOVANY DUBON BANEGAS, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL; cuya prescripción actual le favorecería a su representado, a juicio del garantista. Sin embargo, tal petitorio no cuenta con el parecer favorable del Ministerio Público, quien ha objetado que el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZÁLEZ, en su calidad de condenado por sentencia firme, no ha cumplido con la condena penal impuesta; encontrándose con orden de captura pendiente, según se colige del expresado informe enviado por el Juzgado de Ejecución. Lo anterior representaría, a juicio de la instancia representativa del interés general, una franca contravención a la integridad de la garantía de ejecución de la pena. Para la Sala de lo Constitucional, tal objeción es razonable y fundada en ley, pues desnaturalizaría la garantía de revisión penal, supuestos como los expresados, en compatibilidad con los supuestos de denegatoria al trámite de la garantía que establece el Código Penal vigente (NCP-130-2017), en su artículo 622 (PENAS EJECUTADAS, PRONUNCIAMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, REINCIDENCIA Y REEMPLAZO);..."..."en vista a que la retroactividad favorable interesada por el garantista, en la sentencia penal impuesta, que manda y condena a que el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES cumpla la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el expresado delito, habría de ejecutarse durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario; computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva; según prescribe el numeral Tercero de la sentencia dictada, en fecha trece (13) de febrero del dos mil doce (2012), por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Es apreciable mediante el estudio de la foliada, que tal abono de tiempo se venía cumpliendo, en el presente caso, desde fecha nueve (09) de abril del dos mil diez (2010). De lo anteriormente detallado, se desprende que es de recibo el cómputo efectuado por la Agente de Tribunales del Ministerio Público, según el cual se ha determinado que el hoy condenado permaneció en reclusión cinco (5) años, un (1) mes, trece (13) días, pero le falta por cumplir cuatro (4) años, diez (10) meses, diecisiete (17) días, por habérsele revocado la medida cautelar de prisión preventiva, al quedar firme el fallo condenatorio; de cuyo cumplimiento se ha sustraído el beneficiario del presente recurso. No obstante, la manifestación de la parte garantista en el sentido de que le resultaría aplicable de derecho a su representado el beneficio de libertad condicional, tal aspecto no puede ser aseverado, ni refutado, por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; pues a quien compete tal pronunciamiento es al Juzgado de Ejecución respectivo, habido que sea el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES, o presentado voluntariamente que éste fuere, ante el supracitado órgano jurisdiccional. No procedería, por tanto, la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable según lo preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado"; tomando, en especial consideración, que se trata de una sentencia penal cuyo término de cumplimiento estuvo previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código Penal, en fecha veinticinco (25) de junio del dos mil veinte (2020). En tal virtud, de manera excepcional, formalmente establecida en las leyes, y, específicamente en aplicación del artículo 622 del Código Penal vigente (NCP 130-2017), no procede conceder la revisión penal solicitada a favor del señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES; sin perjuicio de lo que resultaré, de la presentación del caso del justiciable, ante el órgano jurisdiccional competente en ejecución de las penas. - Por lo anteriormente motivado, no cabe sino dictar la improcedencia de la presente garantía de revisión..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZÁLEZ, se encuentra condenado por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR en perjuicio de CHARLIES GEOVANY DUBON BANEGAS, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL; cuya prescripción actual le favorecería a su representado, a juicio del garantista. Sin embargo, tal petitorio no cuenta con el parecer favorable del Ministerio Público, quien ha objetado que el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZÁLEZ, en su calidad de condenado por sentencia firme, no ha cumplido con la condena penal impuesta; encontrándose con orden de captura pendiente, según se colige del expresado informe enviado por el Juzgado de Ejecución. Lo anterior representaría, a juicio de la instancia representativa del interés general, una franca contravención a la integridad de la garantía de ejecución de la pena. Para la Sala de lo Constitucional, tal objeción es razonable y fundada en ley, pues desnaturalizaría la garantía de revisión penal, supuestos como los expresados, en compatibilidad con los supuestos de denegatoria al trámite de la garantía que establece el Código Penal vigente (NCP-130-2017), en su artículo 622 (PENAS EJECUTADAS, PRONUNCIAMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, REINCIDENCIA Y REEMPLAZO);..."..."en vista a que la retroactividad favorable interesada por el garantista, en la sentencia penal impuesta, que manda y condena a que el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES cumpla la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el expresado delito, habría de ejecutarse durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario; computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva; según prescribe el numeral Tercero de la sentencia dictada, en fecha trece (13) de febrero del dos mil doce (2012), por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Es apreciable mediante el estudio de la foliada, que tal abono de tiempo se venía cumpliendo, en el presente caso, desde fecha nueve (09) de abril del dos mil diez (2010). De lo anteriormente detallado, se desprende que es de recibo el cómputo efectuado por la Agente de Tribunales del Ministerio Público, según el cual se ha determinado que el hoy condenado permaneció en reclusión cinco (5) años, un (1) mes, trece (13) días, pero le falta por cumplir cuatro (4) años, diez (10) meses, diecisiete (17) días, por habérsele revocado la medida cautelar de prisión preventiva, al quedar firme el fallo condenatorio; de cuyo cumplimiento se ha sustraído el beneficiario del presente recurso. No obstante, la manifestación de la parte garantista en el sentido de que le resultaría aplicable de derecho a su representado el beneficio de libertad condicional, tal aspecto no puede ser aseverado, ni refutado, por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; pues a quien compete tal pronunciamiento es al Juzgado de Ejecución respectivo, habido que sea el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES, o presentado voluntariamente que éste fuere, ante el supracitado órgano jurisdiccional. No procedería, por tanto, la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable según lo preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado"; tomando, en especial consideración, que se trata de una sentencia penal cuyo término de cumplimiento estuvo previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código Penal, en fecha veinticinco (25) de junio del dos mil veinte (2020). En tal virtud, de manera excepcional, formalmente establecida en las leyes, y, específicamente en aplicación del artículo 622 del Código Penal vigente (NCP 130-2017), no procede conceder la revisión penal solicitada a favor del señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES; sin perjuicio de lo que resultaré, de la presentación del caso del justiciable, ante el órgano jurisdiccional competente en ejecución de las penas. - Por lo anteriormente motivado, no cabe sino dictar la improcedencia de la presente garantía de revisión..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado FREDY OMAR MADRID a favor del señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DF SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece de febrero de dos mil doce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR en perjuicio de CHARLIES GEOVANY DUBON BANEGAS. (Exp. TS-SPS-0501-2010-08405 / 505-16).- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha nueve (09) de abril del dos mil diez (2010), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado JAVIER GOMEZ DIAZ, presentando requerimiento fiscal contra contra los señores WILLIAN ESPINOZA ERAZO, a quien se le supone responsable del delito de POSESION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de ANGEL MARIA MEJIA MONTEJO Y CHARLES GEOVANY DUBON ROLANDO EDGARDO GONZALES quien se hace llamar MANUEL DE JESUS GUEVARA PEREZ y a quien se le supone responsable del delito de USURPACION DEL ESTADO CIVIL, PORTACION ILEGAL DE ARMAS, ASOCIACION ILICITA ROBO DE VEHICULO ROBADO Y ROBO en concurso real y en perjuicio de JOSE RICARDO VILLEDA GALDAMEZ, ANGEL MARIA MEJIA MONTEJO, CHARLES GEOVANY DUBON y en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; CRONIN BENJAMIN GALVEZ MALDONADO a quien se le supone responsable del delito de POSECION DE VEHICULO ROBADO , ROBO DE VEHICULO Y ASOCIACION ILICITA en concurso real y perjuicio de RICARDO ANTONIO ECHEVERRÍA DUBON, MAGDIEL SAGASTUME FLORES, ANGEL MARIA MEJIA MONTEJO Y CHARLES GEOVANY DUBON y en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; WALTER CHARLOT JOYA GOMEZ a quien se le supone responsable a título de autor de los delitos de ROBO, ROBO DE VEHICULO ROBADO, ASOCIACION ILICITA y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en concurso Real y en perjuicio de RICARDO ANTONIO ECHEVERRÍA DUBON, MAGDIEL SAGASTUME FLORES, ANGEL MARIA MEJIA MONTEJO Y CHARLES GEOVANY DUBON y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; CARLOS ALFREDO CASACA PORTILLO a quien se le supone responsable, a título de autor, de los delitos de ALTERACION DE VEHICULO y ASOCIACION ILICITA en concurso Real y en perjuicio de RICARDO ANTONIO ECHEVERRÍA DUBON, MAGDIEL SAGASTUME FLORES, ANGEL MARIA MEJIA MONTEJO Y CHARLES GEOVANY DUBON y de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-7 del recurso de mérito).- 2) Que en fecha trece (13) de febrero del dos mil doce (2012), El TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES, SALA QUINTA, dictó sentencia mediante la cual FALLA: UNO: ABSOLVER de responsabilidad criminal a los señores ROLANDO EDGARDO IOVAR GONZALES Y CRONIN BENJAMIN GALVEZ MALDONADO" de generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia, por un delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que fueron acusados. DOS: ABSOLVER de toda responsabilidad criminal al señor ROLANDO EDGARDO IOVAR GONZALES por un delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que fue acusado. TRES: Que se debe CONDENAR y CONDENAMOS al señor ROLANDO EDGARGO TOVAR GONZALES, como responsable penalmente, a título de autor material, de un delito ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR en perjuicio de CHARLIES GEOVANY DUBON BANEGAS, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva. CUATRO: Que se debe CONDENAR y CONDENAMOS al señor CRONIN BENJAMIN GALVEZ MALDONADO, como responsable penalmente, a título de autor material, de un delito POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO (218 D CODIGO PENAL) en perjuicio de RICARDO ANTONIO ECHEVERRIA DUBON, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva. CINCO: Que se debe CONDENAR y CONDENAMOS al señor WILMAN ESPINOZA ERAZO, de generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia, como responsable penalmente, a título de autor material, de un delito POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO (218 D CÓDIGO PENAL) en perjuicio de CHARLIES GEOVANY DUBON BANEGAS, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva. SEIS: Se declara a los condenados ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES, CRONIN BENJAMIN GALVEZ MALDONADO Y WILMAN ESPINOZA ERAZO, civilmente responsables. SIETE: No procede condenar en costas a los acusados ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES. CRONIN BENJAMIN GALVEZ MALDONADO Y WILMAN ESPINOZA ERAZO. OCHO: No procede decretar el comiso en la presente causa. NUEVE: Una vez firme la presente sentencia, que se certifique y se remita junto con sus antecedentes al Juzgado de Ejecución de esta jurisdicción; asimismo, se envíe certificación al respectivo centro penitenciario. Notifíquese esta sentencia a las partes procesales. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 360-370 del recurso de mérito).- 3) En fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil veinticuatro (2024) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la honorable Magistrada Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ, con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y del abogado FREDY OMAR MADRID actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES; Quienes expresaron lo conducente a la fundamentación de la presente garantía constitucional. Manifestando el garantista su criterio de que correspondía revisar la pena impuesta a su representado, en fecha trece (13) de febrero del año dos mil doce (2012), según emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés. APRECIACION JURIDICA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO: Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8 dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuándo: 1) .., 2) .., 3) .., 4) …, 5) ., 6) ., 7) ., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por Ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que con la entrada vigencia del actual Código Penal, como norma sustantiva, se establecen rebajas significativas a las penas del delito por el cual fue condenado su representado y que le resulta más favorable. Esta representación del Ministerio Público al examinar las presentes diligencias se extrae que efectivamente condenó a ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALEZ por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR en perjuicio de CHARLES GROVANY DUBON BANBGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS más las penas accesorias de Interdicción civil e inhabilitación absoluta, sin embargo, el condenado se encuentra con orden de captura pendiente, como se colige del informe enviado por el Juzgado de Ejecución, lo que representa una franca contravención a la garantía de ejecución de la pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia derivada de la comisión de un hecho contrario al orden Jurídico, de lo cual se infiere que la lesión generada al bien protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a la víctima del hecho ilícito, la que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena Impuesta en dicha sentencia condenatoria, sino dicho fallo condenatorio se convertirla en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el legítimo propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena. De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sentenciados y cumpliendo condena por la comisión de delitos o que están siendo sometidos en el proceso penal, lo cual, no ocurre en el caso de autos, al encontrarse el sentenciado con orden de captura pendiente, circunstancia que imposibilita contar con el Computo de Pena, como lo ha dejado plasmado el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés mediante auto de fecha dieciséis (16) de diciembre del año 2016 (folio 423 de la pieza principal), por ende se ha determinado que el hoy condenado permaneció en reclusión cinco años un mes trece días, pero le falta por cumplir cuatro años diez meses diecisiete días, por habérsele revocado la medida cautelar de prisión preventiva. por lo que esta Representación fiscal es de la opinión que en el caso sub -examine no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque.- NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.- Acto seguido, cedió la palabra al Abogado FREDY OMAR MADRID apoderado legal del Señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES a efecto de que haga uso de su derecho a la Réplica, quien manifiesta: si su señoría igual la ley es aplicable de manera benigna mi representado cumplió 5 años de su cárcel y sal1o con medidas sustitutivas en un recurso de casación y la sala de lo Penal en aquel entonces le otorgó la medida sustitutiva por haber cumplido más de la mitad de los años de hecho, cumplió casi los 6 años consideramos que el querer nuevamente castigarle a él por un delito que cometió que ya debería de estar en una libertad condicional ya cumplida y que por circunstancias ajenas a la propia voluntad de él han impedido que se presente a un a un juzgado de ejecución a hacer su libertad condicional y proceder a la libertad que corresponde. Sin embargo, aun así, él quedaría firmando durante una cantidad de años que la nueva ley dice que ya no lo debe cumplir, entonces consideramos que si es aplicable que sea puesto a un lado el criterio del Ministerio público, pues a fin de cuentas no es un criterio que sea condicionante para esta sala constitucional y, en esencia, lo que se debe de aplicar es si la nueva ley es beneficiosa en parte por el delito cometido y mi representado ya cumplió más de lo que la pena mínima de dicho delito establece SU Señoría, solamente gracias.(Folios 18-20 vuelto del recurso de mérito).- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar los derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al efecto, al desarrollar el legislador hondureño, lo atinente a la garantía constitucional de revisión, estableció en el artículo 96 de la referida ley Sobre Justicia Constitucional, que la revisión procede, entre otras causales, en virtud de operar la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, según dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. Y que, la Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declara sin lugar la revisión, o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO TRES (3): Posicionamiento de las partes en Audiencia de Oposición y Pruebas. Llevada a cabo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha miércoles veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), contó con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y, del recurrente, Abogado FREDY OMAR MADRID, quien ratificó el recurso de revisión presentado en fecha 09 de agosto del año 2023, a favor del señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZÁLEZ, en fundamento al artículo 96 de la Constitución de la República, con relación al artículo 96, numeral 8), de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual dispone que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; manifestando, a la vez, que la aplicación del Decreto No. 130-2017, publicado el 10 de mayo de 2020 en el Diario Oficial La Gaceta, en sus artículos 1, 361 y 364, le resultaría más benigna a su representado, solicitando se le aplique la penalidad allí establecida, con preferencia a lo normado en la ley penal por la cual fue sentenciado, en fecha trece (13) de febrero del año dos mil doce (2012), como es la del Decreto No. 144-83 y sus reformas; habiendo manifestado también el garantista, en interposición del recurso que, acepta y hacen suyo el cuadro fáctico de la sentencia recurrida, sobre los hechos acaecidos en fecha ocho (8) de abril del año dos mil diez (2010), y en los cuales se acepta la participación del beneficiario del recurso, en mérito de aplicación retroactiva de ley penal favorable. - Por su parte, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con el otorgamiento del recurso de revisión solicitado; en virtud de no compartir los términos establecidos por la revisionista, al encontrarse el sentenciado con orden de captura pendiente, circunstancia que imposibilita contar con el Computo de Pena, como lo ha dejado plasmado el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés mediante auto de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), (Ver: Folio 423 de la pieza principal); lo que impediría efectuar la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal favorable preceptuado en el artículo 96, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado". En tal sentido, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión penal.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Reglas de ponderación generalmente aplicables. En el supuesto de pena no concursada, bajo ejecución penal, con base a la firmeza de la sentencia y la no suspensión de pena, procedería, dado el caso, la comparación de la pena concreta impuesta bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; b. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; c. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP 144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP 130-2017; d. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; e. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. f. Si la sanción impuesta conforme el VCP 144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala, previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados, no existiera claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, le consultara la Sala a éste para que señale la ley que estima más le favorece.- CONSIDERANDO CINCO (5): I. Criterios jurídicos respecto el otorgamiento reglado de la garantía de revisión. Que el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica, en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta insostenible en un Estado de Derecho. En tal sentido, la revisión penal plantea el problema de articular dos supuestos fundamentales para el funcionamiento del ordenamiento jurídico: por un lado, el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo pueda en un momento procesalmente determinado, considerarse como definitiva e irrevocable, y; por otro lado, la necesidad de que tal principio ceda en caso excepcional, haciendo lugar a la materialización del principio de Justicia.- CONSIDERANDO (6): II. Criterios jurídicos respecto el otorgamiento reglado de la garantía de revisión. Que en aquellos casos en que se produzca un choque o colisión entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que resultasen evidenciadas como ostensiblemente injustas o espurias, por no encontrarse acordadas a derecho, se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitirse posibilidad alguna de revocación de dicha sentencia; o si bien, por el contrario, cabe otorgar prioridad al principio de justicia reconociendo que en ciertos casos la cosa juzgada puede quedar sin lugar ni efecto, sobre bases legítimas y racionales, en caso concreto.- CONSIDERANDO SIETE (7): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: I. Casos de improcedencia de la garantía de revisión penal. - La garantía de revisión penal, se admite de cumplirse los términos propios que ha establecido la Constitución de la República y la Ley Adjetiva. Se prescribe, sin embargo, en ley expresa y estricta, varias causales de improcedencia a la instauración de la expresada garantía. La literalidad del artículo 618 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), estipula por caso: “PENAS SUSPENDIDAS. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocaré. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en libertad condicional”.- CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: II. Supuestos legales en que no cabe revisión penal.- El artículo 621 del Código Penal vigente (NCP 130-2017), orienta hacia la revisión de sentencias firmes, siempre y cuando el penado esté cumpliendo efectivamente la pena; es decir, que se autoriza la revisión de penas que se encuentren en ejecución, conforme a le legislación vigente; aplicándose la disposición más favorable, considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial.- El artículo 622 del Código Penal vigente (NCP-130-2017), en relación, dispone de forma expresa: “ARTÍCULO 622. – PENAS EJECUTADAS, PRONUNCIAMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, REINCIDENCIA Y REEMPLAZO. No se revisarán las penas ya ejecutadas completamente sin perjuicio de que el Órgano Jurisdiccional competente que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia, deba examinarlas previamente para comprobar tanto si el hecho que fue objeto de la condena ha dejado de ser delito, como si hubiera podido corresponderle menor pena conforme al presente Código. En relación a condenas anteriores por delitos que en virtud de las modificaciones de cuantías han quedado convertidos en faltas, tales antecedentes son apreciables a efectos de reincidencia. Tampoco se revisará la pena en aquellos supuestos en que el término de su cumplimiento esté previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código. En los casos en que la pena esté ejecutada aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos de fallo, tampoco se revisará la pena. No se revisará la pena cuando, en el caso de los extranjeros, la pena se haya sustituido por la expulsión del territorio nacional.” (Los subrayados son añadidos) CONSIDERANDO NUEVE (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: III. Supuesto legal en que no cabe revisión penal: No cabe revisión en sentencias pendientes de ejecución cuyo término de cumplimiento esté previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Penal vigente (NCP-130-2017).- Según se desprende de la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, y tal como lo ha manifestado el abogado garantista, el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZÁLEZ, se encuentra condenado por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR en perjuicio de CHARLIES GEOVANY DUBON BANEGAS, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL; cuya prescripción actual le favorecería a su representado, a juicio del garantista. Sin embargo, tal petitorio no cuenta con el parecer favorable del Ministerio Público, quien ha objetado que el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZÁLEZ, en su calidad de condenado por sentencia firme, no ha cumplido con la condena penal impuesta; encontrándose con orden de captura pendiente, según se colige del expresado informe enviado por el Juzgado de Ejecución. Lo anterior representaría, a juicio de la instancia representativa del interés general, una franca contravención a la integridad de la garantía de ejecución de la pena. Para la Sala de lo Constitucional, tal objeción es razonable y fundada en ley, pues desnaturalizaría la garantía de revisión penal, supuestos como los expresados, en compatibilidad con los supuestos de denegatoria al trámite de la garantía que establece el Código Penal vigente (NCP-130-2017), en su artículo 622 (PENAS EJECUTADAS, PRONUNCIAMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, REINCIDENCIA Y REEMPLAZO); particularmente a lo preceptuado en ley penal sustantiva, respecto a que no cabe revisión penal en sentencias pendientes de ejecución, cuyo término de cumplimiento estuviere previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Penal vigente; lo cual entiende esta Sala de lo Constitucional, es justamente el caso.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional: IV. Supuesto legal en que no cabe revisión penal: No procede en sentencias pendientes de ejecución cuyo término de cumplimiento esté previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Penal vigente (NCP-130-2017).- Lo anteriormente motivado, en vista a que la retroactividad favorable interesada por el garantista, en la sentencia penal impuesta, que manda y condena a que el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES cumpla la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el expresado delito, habría de ejecutarse durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario; computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva; según prescribe el numeral Tercero de la sentencia dictada, en fecha trece (13) de febrero del dos mil doce (2012), por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Es apreciable mediante el estudio de la foliada, que tal abono de tiempo se venía cumpliendo, en el presente caso, desde fecha nueve (09) de abril del dos mil diez (2010). De lo anteriormente detallado, se desprende que es de recibo el cómputo efectuado por la Agente de Tribunales del Ministerio Público, según el cual se ha determinado que el hoy condenado permaneció en reclusión cinco (5) años, un (1) mes, trece (13) días, pero le falta por cumplir cuatro (4) años, diez (10) meses, diecisiete (17) días, por habérsele revocado la medida cautelar de prisión preventiva, al quedar firme el fallo condenatorio; de cuyo cumplimiento se ha sustraído el beneficiario del presente recurso. No obstante, la manifestación de la parte garantista en el sentido de que le resultaría aplicable de derecho a su representado el beneficio de libertad condicional, tal aspecto no puede ser aseverado, ni refutado, por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; pues a quien compete tal pronunciamiento es al Juzgado de Ejecución respectivo, habido que sea el señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES, o presentado voluntariamente que éste fuere, ante el supracitado órgano jurisdiccional. No procedería, por tanto, la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable según lo preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado"; tomando, en especial consideración, que se trata de una sentencia penal cuyo término de cumplimiento estuvo previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código Penal, en fecha veinticinco (25) de junio del dos mil veinte (2020). En tal virtud, de manera excepcional, formalmente establecida en las leyes, y, específicamente en aplicación del artículo 622 del Código Penal vigente (NCP 130-2017), no procede conceder la revisión penal solicitada a favor del señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES; sin perjuicio de lo que resultaré, de la presentación del caso del justiciable, ante el órgano jurisdiccional competente en ejecución de las penas. - Por lo anteriormente motivado, no cabe sino dictar la improcedencia de la presente garantía de revisión.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 59, 70, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 615, 618, 621 y 622 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo Número 130-2017); 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL promovida por el Abogado FREDY OMAR MADRID a favor del señor ROLANDO EDGARDO TOVAR GONZALES. Y MANDA: DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN, para instar el debido cumplimiento de la garantía de ejecución penal en el presente caso. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. -. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1041-2023.LG

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL