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Sentencia RP-1034-22 — Registro 19856

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo protegido en aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley en materia penal, la Sala Constitucional concluye que en virtud de habérsele otorgado el beneficio de Libertad Condicional y el pago de multa con dinero a plazos, en un periodo de dos años; se libra oficio de excarcelación ,a efecto de que se ponga en libertad provisional al condenado en mención.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en cuanto a la pena de multa; en favor del condenado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 29 de Junio del 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.- En el examen del expediente esta Sala logra constatar que en fecha cuatro de Enero del año dos mil veintidós se presenta al Juzgado de Ejecución de Comayagua, Departamento de Comayagua, solicitud de libertad condicional en favor del condenado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ dándosele trámite a dicha solicitud se celebró la audiencia respectiva, en la cual la Juez de Ejecución declara con Lugar el Beneficio de Libertad Condicional en favor de JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, en virtud de reunir todos los requisitos señalados en el artículo 81 del Código Penal. Como consecuencia de la declaratoria en la sentencia Interlocutoria, dicta por el Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha uno (01) de Junio del dos mil veintidós, que obra a folio 96 al 99 de la pieza de antecedentes; quedando en Libertad Provisional en fecha dos de Junio del dos mil veintidós, en virtud de habérsele otorgado el beneficio de Libertad Condicional y el pago de multa con dinero a plazos, en un periodo de dos años; en ese mismo orden en la misma fecha dos de Junio del dos mil veintidós se libra oficio de excarcelación al Centro Penitenciario de Támara, a efecto de que se ponga en libertad provisional al condenado en mención, asimismo en la misma fecha se le otorga Carta de Libertad Provisional a favor del ciudadano JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ; constando en los folios 100 y 101 de la pieza de los antecedentes."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor del señor JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ YANEZ, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, con relación a la pena impuesta al señor JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ YANEZ, por haber sido encontrado culpable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO FROTEGIDO CM-39. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro (04) de junio del de dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, del Departamento de Comayagua, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, JUAN MIGUEL IZAGUIRRE FLORES presentando requerimiento fiscal en contra del señor JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CM-39-2014 Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1 al 5 de la pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al imputado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CM-39 a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DERECLUSIÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaria de Máxima Seguridad del Porvenir, Y UNA MULTA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, al imputado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, como consecuencia de la condena, de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas, o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Que debemos absolver y absolvemos al imputado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil por el delito de EXTORSION del condenado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CM-39, la que deberá tasarse en la fase de ejecución de esta sentencia ante el Juez de Ejecución de penas. QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Que se notifique en audiencia pública esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del plazo de veinte días. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos, (Folios 28-45 del recurso de mérito). 3) En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor del señor JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la revisión de la pena conforme al nuevo código penal vigente y en consecuencia se rebaje la pena de acuerdo al principio de retroactividad de la ley penal. (Folios 1 y 2 de la pieza del recurso de mérito) 4) En fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA , con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ; El Ministerio Público consideró: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, apoyado en párrafo primero del artículo 373 reformado del Código Penal vigente, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, le son más benignas su representado, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2) .., 3).... , 4) ...,5) ..., 6) ... 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..", relacionado con los artículos 615 y 616 del actual Código Penal. Señala además que su representado no tiene capacidad económica para pagar la multa impuesta de cincuenta (50) salarios mínimos, cuya cantidad según sus cálculos asciende (LPS. 365, 854.48.) y peticiona "ordenar la aplicación en cuanto a la multa de 50 salarios mínimos a 500 a 1000 días de acuerdo a lo contemplado en la reforma del artículo 373 para el delito de EXTORSION' contenido en el Decreto N° 93-2021. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION por el cual se condenó al señor JOSÉ MARIA JIMENEZ YANEZ, según lo regulado en el artículo 222 del Código Penal sancionaba el delito de Extorsión con las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan; mientras que el Código Penal Vigente sanciona la misma conducta delictiva de EXTORSION en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021, también con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (5,000). Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena aplicar conforme el Código Penal vigente es la misma pena de quince (15) años de reclusión, sumado al hecho que la pena de multa resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, ya que correspondería imponer una multa de dos millones quinientos mil lempiras (L. 2,500,000.00) ya que es en su nivel más alto; por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 46 al 48 de la pieza del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención que obliga al Estado a poner a disposición del justiciable, un recurso oportuno, sencillo y efectivo, donde prevalezca el acceso a la justicia. Así mismo el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna, por ello en base al artículo 373 del Código Penal, en que solicita se imponga una pena de multa de 500 días a razón de 20.00 lempiras por cada día. Haciendo un total de 10,000.00 lempiras, manifestando el recurrente que su representado está gozando de Libertad Condicional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentos del Garantista expuestos en la audiencia de oposición y presentación de pruebas de Revisión. La parte recurrente expresó: En base a lo establecido en el artículo 373 del Código Penal Vigente, que contempla una pena de diez a quince años de prisión, y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, dando como resultado con la comparativa de la pena de multa, más favorable la impuesta con el código Penal Actual, en base al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. La Representante del Ministerio Publico manifestó: después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, apoyado en párrafo primero del artículo 373 reformado del Código Penal vigente, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, le son más benignas su representado, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2) .., 3).... , 4) ...,5) ..., 6) ... 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..", relacionado con los artículos 615 y 616 del actual Código Penal. Señala además que su representado no tiene capacidad económica para pagar la multa impuesta de cincuenta (50) salarios mínimos, cuya cantidad según sus cálculos asciende (LPS. 365, 854.48.) y peticiona "ordenar la aplicación en cuanto a la multa de 50 salarios mínimos a 500 a 1000 días de acuerdo a lo contemplado en la reforma del artículo 373 para el delito de EXTORSION' contenido en el Decreto N°93-2021. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION por el cual se condenó al señor JOSÉ MARIA JIMENEZ YANEZ, según lo regulado en el artículo 222 del Código Penal sancionaba el delito de Extorsión con las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan; mientras que el Código Penal Vigente sanciona la misma conducta delictiva de EXTORSION en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021, también con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (5,000). Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena aplicar conforme el Código Penal vigente es la misma pena de quince (15) años de reclusión, sumado al hecho que la pena de multa resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, ya que correspondería imponer una multa de dos millones quinientos mil lempiras (L. 2,500,000.00) ya que es en su nivel más alto; por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. B. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define: “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada” CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” La Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución de la República de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 373 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (11): Que en el caso sub júdice, el peticionario Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintinueve (29) de Junio del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal en cuanto a la MULTA y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el ciudadano JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017 y con la reforma del Decreto 93-2021, La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena de multa más benigna para el delito de Extorsión a saber: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días- No obstante, a ello de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha veintinueve (29) de Junio del dos mil veintidós (2022), cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión con una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así que el ciudadano JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, fue condenado por el delito de Extorsión Simple, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal en cuanto a la multa, pero tal petición la realiza en fecha veintinueve (29) de Junio del dos mil veintidós (2022), estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión y la multa en su nivel más alto. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, mediante la sentencia definitiva y firme, en juicio oral de fecha veintinueve (29) de agosto del dos mil dieciséis (2016); a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de CINCUENTA (50) SALARIOS MININOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MC-39; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. II.- Que la Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintinueve (29) de Agosto del dos mil dieciséis (2016), a través de la cual se condenó al ciudadano JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, el tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en cuanto a la pena de multa, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia, decreto No. 93-2021 al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal. Además ya en nuestro Código Penal vigente se establece en los artículo 617, 618 y 619; que tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas, dejando subsistente las demás; y que no se revisarán las sentencias en las que, conforme al Código Penal derogado y al presente Código, corresponda exclusivamente pena de multa; excepcionalmente se revisará la pena de multa si no se hubiera abonado y siempre que en su concreta cuantía y en una consideración abstracta no fuera en ningún caso imponible de acuerdo con la nueva legislación. CONSIDERANDO (13): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MC-39; así mismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena; Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. Por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión, en perjuicio Testigo Protegido MC-39. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 01 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en quince (15) a veinte (20) años, y multa que es por la cual ha solicitado la revisión por falta de capacidad de pago, resulta a una multa de 500 a 1,000 días; como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS.2,500,000.00).-La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ; Y siendo que el decreto 93-2021, estaba vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en cuanto a la pena de multa; en favor del condenado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, en atención a que el recurso de revisión fue presentado en fecha 29 de Junio del 2022, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.- En el examen del expediente esta Sala logra constatar que en fecha cuatro de Enero del año dos mil veintidós se presenta al Juzgado de Ejecución de Comayagua, Departamento de Comayagua, solicitud de libertad condicional en favor del condenado JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ dándosele trámite a dicha solicitud se celebró la audiencia respectiva, en la cual la Juez de Ejecución declara con Lugar el Beneficio de Libertad Condicional en favor de JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ, en virtud de reunir todos los requisitos señalados en el artículo 81 del Código Penal. Como consecuencia de la declaratoria en la sentencia Interlocutoria, dicta por el Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha uno (01) de Junio del dos mil veintidós, que obra a folio 96 al 99 de la pieza de antecedentes; quedando en Libertad Provisional en fecha dos de Junio del dos mil veintidós, en virtud de habérsele otorgado el beneficio de Libertad Condicional y el pago de multa con dinero a plazos, en un periodo de dos años; en ese mismo orden en la misma fecha dos de Junio del dos mil veintidós se libra oficio de excarcelación al Centro Penitenciario de Támara, a efecto de que se ponga en libertad provisional al condenado en mención, asimismo en la misma fecha se le otorga Carta de Libertad Provisional a favor del ciudadano JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ; constando en los folios 100 y 101 de la pieza de los antecedentes. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 249, 373, 374.1, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021; 617, 618 y 619 del Código Penal.- FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal por Multa, interpuesta por el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor del señor JOSE MARIA JIMENEZ YANEZ; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días de diciembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticinco de agosto del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1034-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL