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Sentencia RP-1027-22 — Registro 19414

Resumen

Se interpuso recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de secuestro agravado por ser un grupo delictivo organizado y concurrió la agravante genérica en relación “ejecutar el hecho mediando abuso de superioridad o de confianza”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

… “CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a cada uno de los señores José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tabora Lara, la pena de 22 años de reclusión, por el delito de Secuestro en perjuicio de Marceyli Yolani Sarmiento Oliva, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, con el anterior código penal. La conducta por la cual fueron condenados José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tabora Lara, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, en el artículo 240.3.7, y penúltimo párrafo del mismo, que se castiga con la pena prisión de 15 a 20 años de prisión, al concurrir según los hechos probados dos o más de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como: “La privación de la libertad excedió las 72 horas”; según los hechos probados la víctima se mantuvo en cautiverio del 25 al 30 de julio del 2015; “y el delito se cometió en el ámbito de un grupo delictivo organizado” ya que fueron varias personas las que privaron de su libertad a la víctima. También es de hacer notar que concurre la agravante genérica en relación con José Wilson Padilla Velásquez, establecida en el artículo 32.2 del código penal vigente “ejecutar el hecho mediando abuso de superioridad o de confianza”; ya que la víctima al momento de los hechos mantenía una relación sentimental con él, y de acuerdo con lo que establece el artículo 70.2 del NCP, “Al concurrir 1 o 2 circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplicara la pena media hasta el límite máximo” resultando para José Wilson Padilla Velásquez, una pena abstracta de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión. Al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tábora Lara, las penas de 22 años de reclusión, para cada uno, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión les es más beneficiosa a los condenados, ya que para José Wilson Padilla Velásquez, sus límites abstractos son de 17 años 6 meses a 20 años de prisión, y para Jesús Humberto Tábora Lara, sería de 15 años y su límite máximo es 20 años de prisión, debiendo aplicársele el Principio de Retroactividad Penal por ser más favorable, imponiéndoles las nuevas penas para José Wilson Padilla Velásquez, de 17 años, 6 meses de prisión y para Jesús Humberto Tábora Lara, 15 años de prisión; y la prohibición de residencia por el doble del tiempo para cada uno, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tábora Lara, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tabora Lara, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra de los señores JOSE WILSON PADILLA VELASQUEZ y JESUS HUMBERTO TABORA LARA, por haber sido condenados por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor MARCEYLI YOLANI SARMIENTO OLIVA. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: En fecha 25 de julio del año 2015, la joven MARCEYLI YOLANY SARMIENTO OLIVA, quien portaba el número telefónico 98987221, acordó con el señor JOSE WILSON PADILLA, a quien ella conocía con el nombre de YONI RIVERA, y con quien mantenía una relación sentimental, salir con rumbo a la ciudad de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía. Es así que en fecha 26 de julio del mismo año, a eso de las cinco de la tarde, mientras los señores MARCEYLI YOLANY SARMIENTO y JOSE WILSON PADILLA, transitaban por la comunidad de Sonaguera, en el departamento de Colón, fueron interceptados por un vehículo del cual se bajaron unos individuos, quienes junto con el señor JOSE WILSON PADILLA procedieron a bajar a la joven MARCEYLI, trasladándola a otro vehículo, donde procedieron a vendarle los ojos y atarle las manos, llevándola hasta un lugar montañoso, en la Aldea La Candelaria, Sonaguera, en el mismo departamento de Colón, donde en horas de la noche le dijeron que se trataba de un secuestro y que debía proporcionarles el número telefónico de un familiar para hacerle una llamada, entregándole su teléfono celular el señor JOSE WILSON PADILLA. En esa misma fecha a eso de las ocho de la noche el señor EDUAR SARMIENTO, hermano de la joven Marceyli, quien portaba del número telefónico 98916298, recibió una llamada telefónica proveniente del número 98987221, mediante la cual una voz masculina le manifestó que tenían a su hermana y que si quería verla con vida debía entregar la cantidad de Quinientos Mil Lempiras, quien interpuso la denuncia ante las autoridades correspondientes. SEGUNDO: Durante los siguientes días la joven MARCEYLI YOLANI SARMIENTO permaneció al cuidado de los señores JOSE WILSON PADILLA Y JESUS HUMBERTO TABORA LARA, alias “Chugo”, quienes eran las personas encargadas de vigilarla, custodiarla y de realizar las llamadas para negociar el pago de la cantidad de dinero exigida por su libertad. Luego de que los agentes de investigación procedieron a realizar operativos en la zona aledaña al sitio donde la joven Marceyli permanecía en cautiverio, fue dejada sola y pudo salir del sitio, llegando hasta una casa de habitación donde le brindaron ayuda, lugar donde fue rescatada en fecha treinta de julio a eso de las 11 de la mañana. TERCERO: En esa misma fecha, luego de obtener la información proporcionada por unidad de Intervención de las Comunidades, los agentes de investigación de la Unidad Antisecuestros se desplazaron hasta la aldea de Ilanga, Colón, donde se procedió a dar captura al señor JOSE WILSON PADILLA, quien tenía en su poder la simcard con número 98987221, propiedad de la joven MARCEYLI SARMIENTO, así mismo fue detenido el señor JESUS HUMBERTO TABORA, alias “Chungo”. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos (02) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CONCOMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó sentencia, mediante la cual FALLA: PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos a los señores JOSE WILSON PADILLA VELASQUEZ Y JESUS HUMBERTO TABORA LARA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores responsables de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la joven MARCELI YOLANI SARMIENTO OLIVA, imponiéndoles la pena principal de veintidós (22) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el Centro Penitenciario por esta causa. SEGUNDO: ……… TERCERO: ……… CUARTO: ………. QUINTO: ……. (Folios 535-548). 3) En fecha nueve (09) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada GIOVANEZZA DUBOIS ZAVALA, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores JOSE WILSON PADILLA VELASQUEZ Y JESUS HUMBERTO TABORA LARA. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambos leves penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO por el cual se condenó a los privados de libertad JOSE WILSON PADILLA VELASQUEZ Y JESUS HUMBERTO TABORA LARA. Es así, que el delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: I. Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b)..c) ." La pena se agravó por haber permanecido la víctima privada de su libertad más allá de 24 horas y obrar con abuso de confianza. En la nueva normativa penal el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239. "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. Asimismo, el delito de SECUESTRO AGRAVADO se encuentra contenido en el Artículo 240, que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1).,2)., 3) La privación de Libertad exceda de setenta y dos (72) horas. (En vista que, de los Hechos Probados, se desprende que la joven MARCELY YOLANI SARMIENTO OLIVA fue privada de su libertad del 25 al 30 de julio del 2015, cumpliendo más de 72 horas del plagio). 4)., 5)., 6)., "7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado" a este respecto el artículo 136 del código penal señala: "Se considera grupo delictivo organizado a cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificado conforme al código desprenderse de la declaración de la víctima que en el vehículo que la subieron iban cuatro personas). Si concurrieran dos o más de las circunstancias anteriores, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Asimismo, concurre la agravante dispuesta en el artículo 32 numeral 2) Ejecutar el hecho mediando abuso de superioridad o de confianza; ya que, al dar lectura a la declaración rendida por la ofendida, ésta manifestó que el sentenciado José Wilson Padilla Velásquez, era su novio. En ese sentido la nueva norma sustantiva establece en el artículo 70 literal b) "Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplicará la pena media hasta el límite máximo". Resultando del cálculo aritmético una pena de 17 años 6 meses de reclusión a 20 años. Por lo antes expuesto se advierte que la pena que contempla la norma sustantiva vigente les favorece, siendo procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal, al preceptuar en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 41-43). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha nueve de mayo de dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; el abogado defensor, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de la pena. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, si son más favorables al sentenciado, ya que el artículo 618 del código penal vigente, establece que se aplicaran las nuevas disposiciones del nuevo código penal, siempre que resulten más favorables tomadas en su conjunto; por lo que solicita que si se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a cada uno de los señores José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tabora Lara, la pena de 22 años de reclusión, por el delito de Secuestro en perjuicio de Marceyli Yolani Sarmiento Oliva, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, con el anterior código penal. La conducta por la cual fueron condenados José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tabora Lara, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, en el artículo 240.3.7, y penúltimo párrafo del mismo, que se castiga con la pena prisión de 15 a 20 años de prisión, al concurrir según los hechos probados dos o más de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como: “La privación de la libertad excedió las 72 horas”; según los hechos probados la víctima se mantuvo en cautiverio del 25 al 30 de julio del 2015; “y el delito se cometió en el ámbito de un grupo delictivo organizado” ya que fueron varias personas las que privaron de su libertad a la víctima. También es de hacer notar que concurre la agravante genérica en relación con José Wilson Padilla Velásquez, establecida en el artículo 32.2 del código penal vigente “ejecutar el hecho mediando abuso de superioridad o de confianza”; ya que la víctima al momento de los hechos mantenía una relacion sentimental con él, y de acuerdo con lo que establece el artículo 70.2 del NCP, “Al concurrir 1 o 2 circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplicara la pena media hasta el límite máximo” resultando para José Wilson Padilla Velásquez, una pena abstracta de 17 años y 6 meses a 20 años de prisión. Al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tábora Lara, las penas de 22 años de reclusión, para cada uno, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión les es más beneficiosa a los condenados, ya que para José Wilson Padilla Velásquez, sus límites abstractos son de 17 años 6 meses a 20 años de prisión, y para Jesús Humberto Tábora Lara, sería de 15 años y su límite máximo es 20 años de prisión, debiendo aplicársele el Principio de Retroactividad Penal por ser más favorable, imponiéndoles las nuevas penas para José Wilson Padilla Velásquez, de 17 años, 6 meses de prisión y para Jesús Humberto Tábora Lara, 15 años de prisión; y la prohibición de residencia por el doble del tiempo para cada uno, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tábora Lara, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32.2, 70.2, 92, 240.3.7, y penúltimo párrafo del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado Ramón Matamoros, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores José Wilson Padilla Velásquez y Jesús Humberto Tábora Lara; contra la sentencia condenatoria dictada por la Tribunal del Tribunal con Competencia Territorial Nacional, de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho. II). ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por la Tribunal del Tribunal con Competencia Territorial Nacional, de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas a JOSE WILSON PADILLA VELÁSQUEZ y JESÚS HUMBERTO TABORA LARA, por el delito por el cual fueron condenados, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE WILSON PADILLA VELÁSQUEZ, a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS, SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y al señor JESÚS HUMBERTO TABORA LARA, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISION, ambos por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de MARCEYLI YOLANI SARMIENTO OLIVA; también se les impone la pena de LA PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA por el doble del tiempo de la condena para cada uno, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima; así mismo, a la INHABILITACIÓN ABSOLUTA, para cada uno, la cual se impone durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo, con abono del tiempo que haya estado en prisión. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1027-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL