Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-1026-22 — Registro 19841

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la Ley en materia penal Por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, la Sala Constitucional concluyó que es procedente la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017, pues la pena privativa de la libertad le es más favorables al sentenciado en comparación con la contemplada en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jonathan Josué Calderón García, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Jonathan Josué Calderón García, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla, de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde, del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor Jonathan Josué Calderón García, conforme a los hechos probados se encontraba en posesión de 251.1 gramos de marihuana; y 7.7 gramos de cocaína crack, una droga que causa grave daño a la salud, conducta que sanciona el código penal decreto 130-2017 (artículo 311) con un marco penal abstracto de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017, pues la pena privativa de la libertad le es más favorables al sentenciado en comparación con la contemplada en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017. Como siguiente paso, corresponde determinar dentro del marco penal abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del código penal vigente. En la sentencia de instancia no se determinó la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, impuso la pena mínima, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. siete (7) años de prisión; y, ii. Multa de 100 días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00)."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticinco.VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor Jonathan Josué Calderón García, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor Jonathan Josué Calderón García por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. (Exp. No. 1.80-2018).SON PARTES: 1) El abogado Ramon Matamoros como revisionista;2) La abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION Sic: “PRIMERO: A raíz de denuncia anónima de fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince, ante la Dirección de lucha contra el narcotráfico, sobre unas transacciones ilegales de estupefacientes que se daban en el barrio Guamilito, en la segunda calle, cuarta avenida, atrás del Hotel Sula, de esta ciudad de San Pedro Sula, agentes de investigación iniciaron varias diligencias a fin de constatar los hechos denunciados, percatándose que la señora VILMA GONZALES AVILA alias "la mama" junto a JONATHAN JOSUE CALDERON GARCIA alias "Gary", diariamente eran abordados por distintas personas a quienes a cambio de dinero les entregaban hierba seca o piedras con apariencias de crack, de lo cual incluso dichas personas la consumían en el mismo lugar. SEGUNDO: En fecha veintitrés de enero del dos mil dieciséis, en una última diligencia realizada por los agentes de investigación, escucharon a VILMA GONZALES AVILA alias "la mama" decirle a un sujeto que la abordo que se entendiera con JONATHAN JOSUE CALDERON GARCIA alias "Gary", con quien había realizado un trato, el cual debía de pagar, por lo que al acercarse a JONATHAN JOSUE éste le entregó una piedra de crack y el sujeto a cambio le entregó dinero; minutos después llegó otro sujeto donde la señora VILMA GONZALES AVILA quien le entrega una bolsa de plástico clara con hierba seca y a cambio el sujeto le entregó dinero a ella. Posteriormente VILMA GONZALES AVILA le indica a JONATHAN JOSUE CALDERON GARCIA que guarde una bolsa negra a un local de cerrajería, la cual el joven colocó en un espacio de la puerta de dicho local, cubierto con pedazos de madera, momento en el cual fueron requeridos tanto VILMA GONZALES AVILA y JONATHAN JOSUE CALDERON GARCIA por los agentes de investigación, encontrándole a este último en el registro respectivo un blíster de seis depósitos con una piedra de crack, un teléfono celular y mil setecientos cuarenta y ocho lempiras, así como dos bolsas plásticas transparentes con hierba seca (marihuana); encontrando también en el interior de la cerrajería, específicamente en la parte de la puerta escondida con pedazos de madera, una bolsa negra conteniendo en ella nueve bolsitas transparentes con hierba seca (marihuana) y sesenta piedras de crack distribuidas en seis blíster. Razón por la cual fueron detenidas ambas personas y puestas a la orden de la autoridad competente. ”ANTECEDENTES 1.En fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional Territorial, el agente de tribunales del Ministerio Público, el abogado Martir Avilio García Cárdenas presentando requerimiento fiscal en contra de Vilma Gonzales Ávila y Jonathan Josué Calderón García a quien se les supone responsable a título de autor del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de La Salud Pública de la Población del Estado de Honduras (Folios 1-3 del antecedente).2.Seguido el trámite correspondiente en fecha doce (12) de septiembre de dos mil once (2017), el Tribunal de sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual FALLA: “PRIMERO: Debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS a la señora VILMA GONZALES AVILA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por su participación a título de autora de un delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS a la pena de QUINCE (15) AÑOS de reclusión más una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS de igual manera se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor JONATHAN JOSUE CALDERON GARCÍA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por su participación a título de autor de un delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS a la pena de QUINCE (15) AÑOS de reclusión más una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS de igual manera se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Ambos acusados deberán cumplir la pena en la Penitenciaría Nacional que designe el Instituto Penitenciario quedando sujetos a realizar trabajos o labores públicas ó dentro del establecimiento por el tiempo de la condena. Asimismo, deberán hacer efectiva la multa impuesta en la Tesorería General de la República ó en la institución del sistema financiero que la Secretaría de Finanzas así determine, la cual será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. TERCERO: Se declara a ambos acusados responsables civilmente como consecuencia de la responsabilidad penal. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede el comiso. SEXTO: Que se notifique esta sentencia a través de la secretaria a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes a la última notificación. Asimismo, que la secretaria del tribunal, una vez que quedé firme esta sentencia, envié certificación al juez de Ejecución y al director del respectivo Centro Penitenciario y a la Unidad de Antecedentes Penales para los efectos legales que en derecho correspondan. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS FIRMAMOS” (Folios 142 -151 del recurso de mérito) 3.Esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintidós (2022), presentado por el abogado Ramon Matamoros, a favor del señor Jonathan Josué Calderón García, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando darle tramite de ley por el motivo señalado del en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre justicia constitucional. (Folios 1-4 del recurso de mérito)4. En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Marvin Rigoberto Espinal Pinel, con la comparecencia de la abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público y el abogado Ricardo Antonio Pineda Mejía actuando en su condición de apoderado legal del señor Jonathan Josué Calderón García. (folio 32 al 34 del recurso de mérito)FUNDAMENTACIÓN I. Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciséis de mayo del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ricardo Antonio Pineda Mejía, en representación del señor Jonathan Josué Calderón García, como revisionista; y, la abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ricardo Antonio Pineda Mejía, manifiesta que su representado fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas a la pena de 15 años y 1,000,000 de lempiras de multa, con base al código penal decreto 144-83, y que solicita se le aplique la retroactividad de la ley y se le imponga la pena establecida en el código penal decreto 130-2017, la cual quedaría en 7 años y 100 días multa, cada uno con el valor de 20 lempiras, haciendo un total de 2,000.00 lempiras. Por su parte, el Ministerio Público manifiesta que al revisar leyes penales las sanciones correspondientes al delito de tráfico ilícito de drogas por el cual se condenó al señor Jonathan Josué Calderón García, según lo regulado en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, relacionado con el numeral 34 del artículo 5 de dicha Ley, el bien jurídico protegido es La Salud del Estado de Honduras, la cual, sancionaba dicho delito con una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y una multa de uno (1) a cinco (5) millones de lempiras. En el código penal vigente el delito de tráfico ilícito de drogas se encuentra regulado en el artículo 311, que dispone: TRÁFICO DE DROGAS. "Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. El nuevo Código penal dispone en el artículo 53.- PENA DE DIAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (l.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L5, 000). Y siendo que de conformidad a los Dictámenes números 2016-0501-0506-461 Y 2016-0501-0506-460, la droga decomisada se trata de cocaína y marihuana, y de conformidad al artículo 321 del código penal vigente, la cocaína es considerada de las que causan grave daño a la salud. De las normas transcritas se extrae que según lo dispuesto en el precitado artículo 311, el ilícito de tráfico ilícito de drogas tiene dos rangos de penas, por lo que al revisar los hechos valorados en la sentencia de mérito se colige que al sentenciado le decomisaron 7.7g de cocaína, y 251.1g de marihuana, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Penal, impone un marco punitivo diferente en ambos tipos de droga, atendiendo la gravedad del daño que causa a la salud, como bien jurídico protegido; por lo que en estos casos la postura del Ministerio Público ha sido que la conducta reprochada se comete en concurso ideal, y como tal se debe aumentar un tercio a la pena abstracta de siete (7) a diez (10) años de prisión, quedando una nueva pena de diez (10) a trece (13) años cuatro (4) meses, conforme la regla del artículo 69 del Código Penal. Asimismo, le fue impuesta al hoy condenado, una multa equivalente a L.1,000.00, y conforme al nuevo código correspondería imponer una multa mínima de 100 días, debiéndose aplicar lo estipulado en el artículo 53 de la norma sustantiva en comento. Al examinar lo peticionado por el revisionista, se estima que la nueva ley penal efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista lo encuentra conforme a Ley, en consecuencia, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme código penal decreto 144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el código penal decreto 130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el código penal decreto 144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del código penal decreto 130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el código penal decreto 144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el código penal decreto 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jonathan Josué Calderón García, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de un millón de lempiras (L 1,000,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Jonathan Josué Calderón García, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla, de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde, del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor Jonathan Josué Calderón García, conforme a los hechos probados se encontraba en posesión de 251.1 gramos de marihuana; y 7.7 gramos de cocaína crack, una droga que causa grave daño a la salud, conducta que sanciona el código penal decreto 130-2017 (artículo 311) con un marco penal abstracto de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017, pues la pena privativa de la libertad le es más favorables al sentenciado en comparación con la contemplada en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017. Como siguiente paso, corresponde determinar dentro del marco penal abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del código penal vigente. En la sentencia de instancia no se determinó la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, impuso la pena mínima, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. siete (7) años de prisión; y, ii. Multa de 100 días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00).POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la garantía constitucional de revisión penal interpuesta por el abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Jonathan Josué Calderón García. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por el por el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor Jonathan Josué Calderón García, por el delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Jonathan Josué Calderón García, por ser autor responsable penalmente del delito Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a las penas siguientes: i. Siete (7) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Multa de cien días en su valor mínimo (L 20.00) que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00). Asimismo, como consecuencia de la pena de prisión, se le condena también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).” Cuarto: Se dejan incólumes los demás pronunciamientos no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-1026-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL