Sentencia RP-1014-22 — Registro 19853
Resumen
Se interpone Acción de revisión de la sentencia de condena, en el juicio seguido por delito de Extorsión, solicitud que se hace en base al principio de retroactividad de la ley penal, el que entrado en estudio se declara sin lugar por no regularse en la nueva legislación ningún beneficio a favor de los solicitantes.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 Y 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla pronuncia: En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 1014-2022 Interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor de los Señores RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, FALLA: Primero: Que debemos condenar y condenamos a Ramón Antonio López Méndez y José Octavio Ortiz Montoya ya identificados con anterioridad, como Autores responsables penalmente de Un delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACELH a la pena de diez (10) años de reclusión y la pena de multa de ciento setenta mil, cuatrocientos ochenta y dos lempiras (Lps. 170,482) Reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, Granja Penal del Municipio dé El Porvenir, departamento de Atlántida y la pena de multa que deberá enterar a la Tesorería: General del Estado. será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que los condenados han permanecido privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Sentencia que fue revocada parcialmente en fecha veintidós de enero del 2020 por la sala Penal, la cual falló: PRIMERO: Declara ha lugar en dos motivos el recurso de Casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la abogada Kenia Vanesa Garcia en su condición de fiscal del Ministerio Publico.- SEGUNDO: Revocar parcialmente la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida, únicamente respecto del contenido del numeral primero de la parte dispositiva del fallo.-TERCERO: Revoca parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente:1) Condena a titulo de autor a los señores RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA del delito de EXTORSION CONSUMADA en perjuicio de la Cooperativa de ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada(COACELH, y le impone la pena de Quince Años de Reclusión y Multa de cincuenta salarios mínimos, la cual deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional que el Juez de Ejecución determine.2)Imponer las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena, declarando además la responsabilidad Civil del condenado por este delito.3) Mantener incólume la sentencia y demás pronunciamientos y resoluciones. ( Exp. 0101-2020-159) Son partes: 1) El abogado RAMON MATAMOROS. En favor de RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA como revisionista. 2) La abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA., Fiscal del Ministerio Publico. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA Primero: Ramon Antonio López Méndez y José Octavio Ortiz Montoya se ponen de acuerdo para obligar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras limitada (COACELH), ubicada en la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, para conseguir cierta cantidad de dinero; por lo que Ramon Antonio en fecha 21 de agosto del 2014,envia un mensaje redactado por su persona, exigiendo la cantidad de 200 mil lempiras si no matarían a los empleados de dicha institución; al no recibir el dinero, proceden a hacer llamadas telefónicas a dichos empleados persistiendo en sus propósitos y también envían una nueva nota diciendo, que los tenían vigilados y se morirían igual que sus familiar si esta vez no entregaban la cantidad de 150 mil lempiras; por tal motivo dichos empleados decidieron interponer la denuncia en las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión, cuyos agentes prepararon un paquete simulando la cantidad exigida, elaborado con recortes de papel periódico y únicamente un mil lempiras para ser entregados a José Octavio y Ramon Antonio. Segundo: Es hasta la fecha nueve de octubre del mismo año que se presentó Jose Octavio Ortiz Montoya a la Institución Bancaria a recoger los 150 mil lempiras que exigían, procediendo en dicha agencia a entregarle a Ortiz Montoya el paquete que envolvía los recortes de periódicos y los mil lempiras; momentos después, Ortiz Montoya le entrego dicho paquete a Ramon Antonio, pero en ese acto ambos son detenidos y remitidos a las autoridades correspondientes junto al paquete antes descrito. ANTECEDENTES 1) Del Inicio del proceso Penal. Que en fecha diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras seccional de la Ceiba departamento de Atlántida, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada NOLVIA JUDITH MONTOYA presentando requerimiento fiscal en contra de RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA, a quien se les supone responsable a título de autor del delito de EXTORSION en perjuicio de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE HONDURAS LIMITADA. (COACELH) (Folios 1-4 del antecedente). 2)De la Sentencia Condenatoria. Que en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, ATLANTIDA dictó sentencia mediante la cual Falló: Primero: Que debemos condenar y condenamos a Ramón Antonio López Méndez y José Octavio Ortiz Montoya ya identificados con anterioridad, como Autores responsables penalmente de Un delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACELH a la pena de diez (10) años de reclusión y la pena de multa de ciento setenta mil, cuatrocientos ochenta y dos lempiras (Lps. 170,482) Reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, Granja Penal del Municipio dé El Porvenir, departamento de Atlántida y la pena de multa que deberá enterar a la Tesorería: General del Estado. será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que los condenados han permanecido privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Segundo: Que debemos Condenar y Condenamos a Ramón Antonio López Méndez y José Octavio Ortiz Montoya como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Se declara civilmente responsable a los condenados Ramón Antonio López Méndez y José Octavio Ortiz Montoya por d dato ad Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, la que deberá tasarse la fase de ejecución de esta sentencia ante el Juez de Ejecución de penas. Cuarto: No procede condenar en costas los condenados Ramón Antonio López Méndez y José Octavio Ortiz Montoya. Quinto: Devuélvase el dinero consistente en dos billetes de quinientos lempiras, con serie W3370165 y V1937068 a La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACELH); y los celulares presentados también como evidencia a su legítimo propietario. Mientras la sentencia adquiere el carácter de firme, que sigan bajo la custodia provisional del Ministerio Público. Sentencia que fue revocada parcialmente en fecha veintidós de enero del 2020 por la sala Penal, la cual falló: PRIMERO: Declara ha lugar en dos motivos el recurso de Casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la abogada Kenia Vanesa Garcia en su condición de fiscal del Ministerio Publico.- SEGUNDO: Revocar parcialmente la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida, únicamente respecto del contenido del numeral primero de la parte dispositiva del fallo.-TERCERO: Revoca parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente:1) Condena a título de autor a los señores RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA del delito de EXTORSION CONSUMADA en perjuicio de la Cooperativa de ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada(COACELH, y le impone la pena de Quince Años de Reclusión y Multa de cincuenta salarios mínimos, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine.2)Imponer las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena, declarando además la responsabilidad Civil del condenado por este delito.3) Mantener incólume la sentencia y demás pronunciamientos y resoluciones. CUARTO: Declara firme y ejecutable la sentencia impugnada en los numerales dos, tres, cuatro y cinco. (Folio 5 al 18 de la pieza de Revisión) 3)De la Interposición del Recurso de revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional. Que en fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA, contra la sentencia condenatoria de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete (26-01-2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba departamento de Atlántida, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso) 4) De la celebración de audiencia de Oposición y presentación de pruebas. En fecha siete (07) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONZO DISCUA CERRATO , con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado RAMON MATAMOROS actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores , RAMÓN ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ Y JOSÉ OCTAVIO ORTIZ MONTOYA; El Ministerio Público consideró: esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, apoyado en párrafo primero del articulo 373 no reformado del Código Penal vigente, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fundamentando Su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, le son más benignas su representado, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)..., 3).., 4)..,5) .., 6) .. 7)...., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna….", relacionado con los artículos 615 y 616 del actual Código Penal. Que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual era castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos; mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula la misma conducta penal de EXTORSIÓN en el Artículo 373 reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (28 de junio del 2022), el artículo 373 ya había sido reformado, el cual señala: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte(20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000.00), resulta una pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (LPS.2,500,000.00). Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, y que fue reformada mediante el recurso de Casación por infracción de ley condenando a los Señores Ramón Antonio López Méndez Y José Octavio Ortiz antores a una pena de 15 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los termino supra señalados.(Folios 31-33 vuelto del recurso de mérito) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales de la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha siete de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogado RAMON MATAMOROS, actuando en su condición de revisionista en favor de los señores RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA; El abogado Matamoros fundó su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional, solicitando se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a favor de los referidos señores, quienes fueron condenados por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio de Cooperativa de Ahorro Y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACELH), a una pena de 15 años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, de conformidad al artículo 222 del Código Penal derogado, Solicitando la pena y multa señalada en el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días; solicitando la pena mínima en virtud de no concurrir agravante especificas del artículo 374 del código penal vigente, siendo lo más beneficioso en favor de sus representados. La representante del Ministerio Público consideró: “… que de la revisión de ambas leyes penales se determina que la sanción correspondiente al delito de Extorsión conforme al artículo 222 del código penal derogado era una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos más las penas accesorias; mientras el código Penal vigente regula la misma conducta penal de Extorsión en el artículo 373, reformado mediante decreto N.-93-2021 el cual contempla la misma pena de 15 a veinte años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) lempiras en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53 la pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente código disponga otra cosa. Su extensión es de diez a dos mil días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras, ni mayor de cinco mil lempiras; que sería cinco mil lempiras por día, resultando la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS; Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, l no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, y que fue reformada mediante el recurso de Casación por infracción de ley condenando a los Señores Ramón Antonio López Méndez Y José Octavio Ortiz antores a una pena de 15 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos, por lo que es de la opinión que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CINCO (5): Reglas de ponderación aplicables. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. I- En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA, las penas principales de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y una multa de Cincuenta Salarios Mínimos, que de acuerdo al salario mínimo más bajo para la fecha de la sentencia( 5,114.46 lempiras) equivale a doscientos cincuenta y cinco mil setecientos veintitrés lempiras (L. 255,723 ) , por ser autores penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio Cooperativa de ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada(COACELH), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. II-La conducta por la cual fueron condenados RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor de los señores RAMON ANTONIO LOPEZ MENDEZ Y JOSE OCTAVIO ORTIZ MONTOYA. Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho corresponda. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1014-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL