Sentencia RP-1013-22 — Registro 19852
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley en materia penal y la Ley penal intermedia por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido, La Sala Constitucional concluye que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Julio César Zúniga Ayala, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fue condenado Julio César Zúniga Ayala, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, por lo que dicha pena de prisión resulta también imponible (15 años de prisión) y la pena de multa es más grave con el nuevo código. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta Sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el Principio de Legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye, que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Julio César Zúniga Ayala, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fue condenado Julio César Zúniga Ayala, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, por lo que dicha pena de prisión resulta también imponible (15 años de prisión) y la pena de multa es más grave con el nuevo código. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta Sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el Principio de Legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye, que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Julio César Zúniga Ayala, contra la sentencia Condenatoria dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha nueve (9) de junio del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JULIO CESAR ZUNIGA AYALA, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JS-0040. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL. “PRIMERO: El día lunes 18 de mayo de año 2015, a eso de las 5:30 p.m., el señor Julio Cesar Zuniga Ayala, llego en compañía de otras personas a un puesto de venta propiedad del testigo protegido JS-0040, situado en el lugar asignado a los juegos mecánicos, instalados con motivo de la Feria Isidra, en esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; procediendo el señor Julio Cesar Zuniga Ayala, a exigirle al testigo protegido JS0040,el impuesto de guerra, por lo que este ultimo le entregó la cantidad de un mil lempiras, (L.1,000.00.), en denominaciones de 1 billete de L.500.00, 4 billetes de L. 100.00 y 2 billetes de L. 50.00. SEGUNDO: Inmediatamente el testigo protegido JS-0040, denuncia el hecho a unos agentes policiales que patrullaban por el lugar, emprendiendo estos la persecución del señor Julio Cesar Zuniga Ayala, y sus acompañantes, siendo detenido Julio Cesar, y encontrándosele en la bolsa de su pantalón la cantidad de un mil lempiras, que había recibido minutos antes del testigo protegido JS-0040, por lo que fue puesto a la orden de la autoridad competente.” A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecinueve (19) de mayo del de dos mil quince (2015), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL SECCIONAL DE LA CEIBA, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada LIANA LOURDES SOTO, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JULIO CESAR ZUNIGA AYALA, por el delito EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “JS0040-15”. (Folios 1-4 del antecedente). 2) Que en fecha veintiocho (28) de abril del dos mil diecisiete (2017), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al imputado JULIO CESAR ZUNIGA AYALA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito de EXTORSION EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JS-0040, a cumplir. la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN. La Corte Suprema de Justica por medio de la Sala Penal declaro con lugar el recurso de casación, casando la sentencia, y reformándola en cuanto a imponer por el delito de Extorsión una nueva pena de 15 años de prisión y una multa de 50 salarios mínimos. 3) En fecha siete (07) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado RAMON MATAMOROS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JULIO CESAR ZUNIGA AYALA; esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, y que fue reformada mediante el recurso de Casación por Infracción de Ley, condenando al señor Julio César Zúniga Ayala, a título de autor, a una pena de 15 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos, el que se encuentra certificado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal, preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 38-40 vuelto del recurso de mérito). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia, aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador; es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Julio César Zuniga Ayala, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenada por el delito de extorsión simple a una pena de 15 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos; con el nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 10 años, 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos (ley intermedia). Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables a la sentenciada, ya que el artículo 373 establece una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, por lo que dicha pena de prisión resulta también imponible y la pena de multa es más grave con el nuevo código. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Julio César Zúniga Ayala, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fue condenado Julio César Zúniga Ayala, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, por lo que dicha pena de prisión resulta también imponible (15 años de prisión) y la pena de multa es más grave con el nuevo código. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta Sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta Sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el Principio de Legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye, que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor JULIO CESAR ZUNIGA AYALA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1013-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALJP