Sentencia RP-1012-22 — Registro 19255
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley en materia penal la Sala Constitucional considera que sentencia venida en revisión por el delito de Robo de vehículo automotor en concurso ideal con delito de Robo , se encuentra dentro del mismo rango de la pena conforme al nuevo código penal y en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO no le resulta más favorable en tanto que la pena que le correspondería aplicar conforme la ley sustantiva actual, le resulta más gravosa por este delito; por tanto se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena impuesta en la legislación anterior, conforme lo dispone el articulo 616 del nuevo código penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Estas conductas por las cuales fue condenado Marcio Antonio Funez, están previstas en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo con Violencia e intimidación cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del Código Penal Vigente, por el uso de armas; lo que nos da un nuevo margen abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión; Asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado según el artículo 68 del Código Penal Vigente que dispone: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3) tal como lo indica la norma ya señalada. Arrojando como resultado una pena abstracta de nueve (9) años, cuatro (4) meses a catorce (14) años, dos (2) meses, veinte (20) días. Ergo se verifica que la pena privativa de libertad impuesta en sentencia venida en revisión por el delito de Robo de vehículo automotor en concurso ideal con delito de Robo , se encuentra dentro del mismo rango de la pena conforme al nuevo código penal decreto 130-2017; Y en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO tipificado en el artículo 580 del nuevo código penal, la pena para este delito seria de cuatro(4) a cinco(5) años cuatro (4) meses de prisión, y localización permanente de hasta dos años, esta no le resulta más favorable en tanto que la pena que le correspondería aplicar conforme la ley sustantiva actual, le resulta más gravosa por este delito; por tanto se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena impuesta en la legislación anterior, conforme lo dispone el articulo 616 del nuevo código penal.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
Estas conductas por las cuales fue condenado Marcio Antonio Funez, están previstas en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo con Violencia e intimidación cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del Código Penal Vigente, por el uso de armas; lo que nos da un nuevo margen abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión; Asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado según el artículo 68 del Código Penal Vigente que dispone: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3) tal como lo indica la norma ya señalada. Arrojando como resultado una pena abstracta de nueve (9) años, cuatro (4) meses a catorce (14) años, dos (2) meses, veinte (20) días. Ergo se verifica que la pena privativa de libertad impuesta en sentencia venida en revisión por el delito de Robo de vehículo automotor en concurso ideal con delito de Robo , se encuentra dentro del mismo rango de la pena conforme al nuevo código penal decreto 130-2017; Y en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO tipificado en el artículo 580 del nuevo código penal, la pena para este delito seria de cuatro(4) a cinco(5) años cuatro (4) meses de prisión, y localización permanente de hasta dos años, esta no le resulta más favorable en tanto que la pena que le correspondería aplicar conforme la ley sustantiva actual, le resulta más gravosa por este delito; por tanto se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena impuesta en la legislación anterior, conforme lo dispone el articulo 616 del nuevo código penal.
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes pronuncia,En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO-1012-2022 interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor MARCIO ANTONIO FUNEZ, contra la Sentencia dictada por el Tribunal de sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, falló: PRIMERO: Condénese a MARCIO ANTONIO FÚNEZ, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente de un delito de Robo de vehículo automotor terrestre en concurso ideal con un delito de Robo simple a la pena de doce (12) años y seis (6) meses de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y de interdicción civil. Condénese a MARCIO ANTONIO FÚNEZ, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia como autor responsable penalmente de un delito de Porte ilegal de arma de fuego comercial a la pena de tres (3) años de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial del derecho político de elegir y ser electo y de interdicción civil. La reclusión deberá cumplirla en la Penitenciaría del Municipio de Olanchito, Yoro. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Además, el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. EXP-N.0101-2020-00055). Son partes: 1)El abogado RAMON MATAMOROS, En favor de MARCIO ANTONIO FUNEZ como revisionista.2)La abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, Fiscal del Ministerio Publico.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL Primero: Los individuos conocidos en el presente proceso como Alfa 1 y Alfa 2, en fecha 29 de abril de 2017, a eso de las 15 horas 40 minutos se bañaban en playa venado del Rio Cangrejal de La ceiba, Atlántida, cuando se les aproximó Marco Antonio Fúnez, con otro sujeto no identificado, con el propósito de despojar a aquellos de sus pertenencias, para lo cual les manifestó que si no accedían a sus pretensiones los mataría, por tal razón, Alfa 1 les entregó la llaves de su vehículo marca Honda, modelo CR-V color gris con numero de placa PDT4746 y Alfa 2 les entregó su pistola marca Glock, color negro,9mm y serie AAHR-397. Luego, Marcio y su acompañante se subieron a dicho vehículo y se ausentaron del lugar.Segundo: En fechas dos de mayo de 2017, a eso de 15h00m. Marcio Antonio Fúnez, se conducía en aquel vehículo en compañía de Samuel Elías Molinero Funez, cuando fueron requeridos por agentes de policía a la altura del negocio Repuestos del Atlántico, sito en la Avenida 14 de julio de La Ceiba, Atlántida, sin embargo Marcio trató de huir e impactó con otro vehículo, luego se bajaron y fueron perseguidos por los agentes de policía quienes lograron darles alcance y al practicarles un cacheo a Marcio Fúnez le encontraron un revolver marca Taurus, con serie Z11894, color gris, con empañadura de madera color café y con un cartucho sin percutir y a Samuel Molinero le encontraron la pistola marca Glock color negro,9mm y serie AAHR-397, la cual días antes le había sustraído a Alfa2 y esto era conocido por Samuel por ser hermano de Marcio, quien se la entregó en deposito y se beneficiara de esta como mejor le pareciera. Ni Marcio y ni Samuel contaban con el permiso de la secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para la tenencia de aquellas amas de fuego, así mismo se encontraban en perfecto estado mecánico y operativo de funcionamiento. ANTECEDENTES1)Del inicio del Proceso Penal. En fecha tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, el abogado NELSON ROLANDO FLORES CASTAÑEDA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra los señores SAMUEL ELIAS MOLINERO FUNEZ, por suponerlo responsable a TITULO DE AUTOR de la comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO y el señor MARCIO ANTONIO FUNEZ, a quien se le indica como responsable a título de AUTOR de los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, ROBO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 -07 del antecedente)2)De la Sentencia Condenatoria.- Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, falló: “PRIMERO: Condénese a MARCIO ANTONIO FÚNEZ, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente de un delito de robo de vehículo automotor terrestre en concurso ideal con un delito de robo simple a la pena de doce (12) años y seis (6) meses de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y de interdicción civil. Condénese a MARCIO ANTONIO FÚNEZ, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia como autor responsable penalmente de un delito de porte ilegal de arma de fuego comercial a la pena de tres (3) años de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial del derecho político de elegir y ser electo y de interdicción civil. La reclusión deberá cumplirla en la Penitenciaría del municipio de Olanchito, Yoro. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Además, el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. SEGUNDO: Condénese a SAMUEL ELÍAS MOLINERO FÚNEZ, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente de un delito de porte ilegal de arma de fuego comercial en concurso ideal con un delito de encubrimiento a la pena de tres (3) años y nueve (9) meses de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial del derecho político de elegir y ser electo y de interdicción civil. La reclusión deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional Granja Penal El Porvenir, del municipio de El Porvenir, Departamento de Atlántida. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Además, el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil de los condenados. Quinto: Notifíquese esta sentencia por estrados a las partes procesales y las personas identificadas como ofendidas y; una vez firme remítase a través de la secretaría del Tribunal las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su cumplimiento, además de librar copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y al centro penitenciario para los efectos pertinentes. SEXTO: Contra esta Sentencia Definitiva solo podrá interponerse recurso de casación, dentro de los veinte días hábiles después de su notificación. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 202-208 del antecedente)3)De la interposición de Recurso de Revisión y su admisión por la sala de Constitucional. En fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor MARCIO ANTONIO FÚNEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando se aplique el principio de la retroactividad de la ley penal, de la pena impuesta al hoy condenado MARCIO ANTONIO FÚNEZ por ser la más favorable para su interés personal. (Folios 1-5 del recurso de mérito)4)De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha siete (07) de septiembre del año do mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y del Abogado RAMON MATAMOROS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARCIO ANTONIO FÚNEZ. El Ministerio Público consideró: después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha 24 de septiembre del año 2019, emitida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, los delitos por los cuales fue condenado su representado, son sancionados con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)...,3) ..., 4) ...,5) ..., 6) ... 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, apreciando que la sanción impuesta al delito ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE, en concurso ideal con un delito de Robo simple por los cuales se condenó al hoy imputado MARCIO ANTONIO FUNEZ, estaba regulado en el Artículo 218 numerales 1 y 2 y, que establecía una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión; relacionado con el artículo 225 del mismo cuerpo legal que disponía que la pena aplicable según el artículo anterior se aumentaran en 1/3) si el hecho se cometiere :1)...; 2)... 3) ...; 4) Con cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad o empleado de un servicio público. En el actual Código Penal, el delito de ROBO DE VEHÍCULO se encuentra regulado en el artículo 364, que dispone en su último párrafo "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, establecidas en el precitado artículo 361", que sanciona con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, la cual debe ser aumentada en un tercio (1/3) por concurrir la circunstancia agravante contenida en el ARTÍCULO 363, numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses. De conformidad a las normas transcritas y del examen de hechos probados expuestos en la sentencia objeto de revisión se extrae que la pena a imponer tanto al delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE, Como al delito de ROBO SIMPLE, se encuentra en el mismo rango punitivo de cuatro (4) años a ocho (8) años, la que aumentada en 1/3 resulta una pena de 8 años a 10 años 8 meses: por lo que al aplicarse la regla para el Concurso Ideal señalada en el artículo 67 esta debe ser aumenta en un tercio (1/3), quedando la pena abstracta de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES a TRECE (13) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISION. Asimismo, el señor MARCIO ANTONIO FUNEZ, también fue condenado por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, a la pena de tres años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 332 numeral 2 del Código Penal derogado, que señalaba la pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión; mientras que, el Código Penal Vigente, regula e este delito en el artículo 580 numeral 1 de la forma siguiente: 1) De uno(1) a cuatro (4)años y localización permanente de hasta dos años, si se trata de armas o municiones permitidas; en cuyo último párrafo dispone que se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, resultando una pena de (4) a cinco (5) años cuatro 4) meses de reclusión. Conforme lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada, se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible al delito de ROBO DE VEHÍCULO, y con relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS esta no le resulta más favorable, en tanto que la pena que le correspondería aplicar conforme la ley sustantiva actual, le resulta más gravosa en comparación a la pena tres (3) años de reclusión que se le impuso en la sentencia objeto de revisión; por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al señor MARCIO ANTONIO FUNEZ. Siendo de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 25-27 del recurso de mérito)FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía Constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la Sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia Penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la Republica y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los motivos que funda su Recurso de Revisión: En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el Código Penal contenido en el Decreto 130-2017 establece un tratamiento más favorable para el delito de ROBO DE VEHICULO y ROBO, así como el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego, tal como lo señalan los artículos 364 y 580 del nuevo código penal cuyas penas son de dos(2) a cuatro (4) años y de uno (1) a cuatro(4) años de prisión, solicitando se impongan las penas mínimas de tres (3) años de prisión. lo cual constituye el principio de retroactividad de la ley penal más favorable a favor de su representado.CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día siete (7) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado RAMON MATAMOROS, como garantista a favor del condenado MARCIO ANTONIO FUNEZ, la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. el abogado RAMON MATAMOROS, solicitó la aplicación del principio de retroactividad de la ley más favorable al reo, consignado en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional de acuerdo a los artículos 364 y 580 del Código Penal creado mediante Decreto 130-2017 que contemplan los delitos de Robo de vehículo y Porte Ilegal de Arma por los que fue condenado su representado, le benefician con una reducción considerable las penas que le fueron impuestas mediante sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, solicitando las penas mínimas de tres (3) años de prisión.- La representante del Ministerio Público solicito que no se Otorgue la presente revisión, en virtud que la sanción impuesta al delito ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE, en concurso ideal con un delito de Robo simple por los cuales se condenó al hoy imputado MARCIO ANTONIO FUNEZ, estaba regulado en el Artículo 218 numerales 1 y 2 y, que establecía una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión; relacionado con el artículo 225 del mismo cuerpo legal que disponía que la pena aplicable según el artículo anterior se aumentaran en 1/3) si el hecho se cometiere :1)...; 2)... 3) ...; 4) Con cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad o empleado de un servicio público. En el actual Código Penal, el delito de ROBO DE VEHÍCULO se encuentra regulado en el artículo 364, que dispone en su último párrafo "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, establecidas en el precitado artículo 361", que sanciona con la pena de prisión de cuatro(4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, la cual debe ser aumentada en un tercio (1/3) por concurrir la circunstancia agravante contenida en el ARTÍCULO 363, numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses. De conformidad a las normas transcritas y del examen de hechos probados expuestos en la sentencia objeto de revisión se extrae que la pena a imponer tanto al delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE, Como al delito de ROBO SIMPLE, se encuentra en el mismo rango punitivo de cuatro (4) años a ocho (8) años, la que aumentada en 1/3 resulta una pena de 8 años a 10 años 8 meses: por lo que al aplicarse la regla para el Concurso Ideal señalada en el artículo 67 esta debe ser aumentada en un tercio (1/3), quedando la pena abstracta de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES a TRECE (13) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISION. Asimismo, el señor MARCIO ANTONIO FUNEZ, también fue condenado por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, a la pena de tres (3) años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 332 numeral 2 del Código Penal derogado, que señalaba la pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión; mientras que, en el Código Penal Vigente, regula el delito en el artículo 580 numeral 1 de la forma siguiente: 1) De uno(1) a cuatro (4)años y localización permanente de hasta dos años, si se trata de municiones permitidas; en cuyo último párrafo dispone que se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, resultando una pena de (4) a cinco (5) años cuatro 4) meses de reclusión. Conforme lo expuesto, de conformidad con señalado en el artículo 616 no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta en instancia al hecho es también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada, se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible al delito de ROBO DE VEHÍCULO, y con relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS esta no le resulta más favorable, en tanto que la pena que le correspondería aplicar conforme la ley sustantiva actual, le resulta más gravosa en comparación a la pena impuesta en instancia.CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SIETE (7): Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas para el concurso ideal. Se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del Código Penal Decreto 144-83 ya derogado, con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del Código Penal vigente Decreto 130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del Código Penal derogado y luego hacer la comparación global con el Código penal vigente Decreto 130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante.CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo Y hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal.I.-Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía Constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARCIO ANTONIO FUNEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, por el delito de ROBO DE VEHICULO automotor terrestre en concurso ideal con delito de Robo Simple en perjuicio de testigo Alfa 1 y Alfa 2 a la pena de doce (12) AÑOS seis (6) MESES DE RECLUSION; por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres(3) años de reclusión, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil.II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218 relacionado con el 36 y 332 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TERRESTRE en concurso ideal con delito de ROBO, siendo también condenado por el DELITO DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL.CONSIDERANDO ONCE (11): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional, procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal.II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales y el desarrollo de los elementos de la teoría del delito.La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al Robo, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 dice: Comete el delito de Robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de Robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de Robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicara una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Por su parte el artículo 36 de dicho código dispone, las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción aumentada en una cuarta parte, por lo que la pena a imponer en concurso ideal es de doce (12) años seis(6) meses a dieciocho(18) años nueve(9) meses; y Articulo 332 B señala.- Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis(6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva en los siguientes artículos: ARTÍCULO 364.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. En relación al delito de Robo en el Código Penal decreto 130-2017 se tipifica la conducta en el ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Y en el artículo 363 numeral 9 que señala las agravantes específicas. Y en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO tipificado en el artículo 580 del nuevo código penal: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1.- De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; se aumentara la pena en un 1/3 a quien porte las anteriores armas, así entonces la pena para este delito seria de cuatro(4) a cinco(5) años cuatro(4) meses de prisión, y localización permanente de hasta dos años.IV. Estas conductas por las cuales fue condenado Marcio Antonio Funez, están previstas en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo con Violencia e intimidación cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del Código Penal Vigente, por el uso de armas; lo que nos da un nuevo margen abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión; Asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado según el artículo 68 del Código Penal Vigente que dispone: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3) tal como lo indica la norma ya señalada. Arrojando como resultado una pena abstracta de nueve (9) años, cuatro (4) meses a catorce (14) años, dos (2) meses, veinte (20) días. Ergo se verifica que la pena privativa de libertad impuesta en sentencia venida en revisión por el delito de Robo de vehículo automotor en concurso ideal con delito de Robo , se encuentra dentro del mismo rango de la pena conforme al nuevo código penal decreto 130-2017; Y en relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO tipificado en el artículo 580 del nuevo código penal, la pena para este delito seria de cuatro(4) a cinco(5) años cuatro (4) meses de prisión, y localización permanente de hasta dos años, esta no le resulta más favorable en tanto que la pena que le correspondería aplicar conforme la ley sustantiva actual, le resulta más gravosa por este delito; por tanto se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena impuesta en la legislación anterior, conforme lo dispone el articulo 616 del nuevo código penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor del señor MARCIO ANTONIO FUNEZ. Y MANDA, Que la secretaría del despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan-. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1012-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL