Sentencia RP-1003-22 — Registro 19254
Resumen
Se interpuso Recursos de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada con relación por haber sido condenado por el delito de Extorsión Continuada por el delito de extorsión continuada, en perjuicio de Testigo Protegido “AX208”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “ IV. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que si bien es cierto la pena de prisión imponible con el Código Penal vigente es de veintitrés años, es decir más favorable a la pena impuesta en la sentencia que se revisa (25 años); la pena de multa imponible con el Código Penal vigente, no es más beneficiosa al condenado, en razón de que se condenó a la multa de OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32) SALARIOS MÍNIMOS, equivalente a NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 994,090.92) y con el Código Penal vigente correspondería una multa de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DIAS a razón de cinco mil lempiras, resultando la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (Lps. 5,830,000.00). Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es posible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique. V. En relación a la petición de la recurrente, que a su representado se imponga lo establecido en el artículo 373 del Código Penal sin derogar y no la reforma que sufrió mediante Decreto 93-2021. Advierte esta Sala que el recurso de revisión, fue interpuesto en fecha veinticuatro de junio del dos mil veintidós, estando vigente (a partir del primero de noviembre del dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para el delito de EXTORSION, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores, en ese sentido el ejercicio de comparación de las penas, se deben realizar de acuerdo a lo estipulado en la nueva norma penal (la norma vigente al momento de presentar la garantía Constitucional de Revisión Penal. Artículo 373 del Código Penal, reformado mediante Decreto 93-2021 vigente a partir del 1 de noviembre del 2021) y la norma penal derogada (Artículo 222 del Código Penal Decreto 144-83). En ese sentido, esta Sala determina que No es Procedente la aplicación retroactiva del Decreto 130-2017, en favor del señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA. VI. En relación al argumento realizado por la Representante del Ministerio Publico, el mismo no es de recibo, pues de la sentencia que se revisa se establece que el señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, fue condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, y no por la comisión de tres delitos de EXTORSION, en concurso real como lo refiere el Ministerio Publico. En ese sentido la comparación de penas a efecto de determinar la procedencia o no del Recurso de Revisión en base al principio de retroactividad, se ha realizado tomando como base la pena impuesta en la sentencia de fecha uno de agosto del dos mil catorce, en la cual se condenó al señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, por el delito de EXTORCION CONTINUADA, en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDA AX208.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal, interpuestos: 1° por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández (Reg. No. 1003-2022); y, 2º por el Abogado Gustavo Enrique Varela Ponce (Reg. No. 1644-2022), ambos recursos, a favor del señor Marcos Misael Galeas Padilla, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil catorce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Marcos Misael Galeas Padilla, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido AX208. (Exp. No. 799-2018-JE).1) En fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Santiago René Moncada Sauceda, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Marcos Misael Galeas Padilla, Eryn Josué Reyes Reyes, Elda Yamileth Valladares Gómez y María Esther Salgado Videa, a quienes se les supone responsables a título de autores de la comisión del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido “AX208”. (Folios 2-12 del antecedente)2) Que en fecha uno de agosto de dos mil catorce, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Debemos condenar y condenamos al señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de la propiedad de Testigo Protegido AX208, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS de reclusión y multa de OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32) SALARIOS MINIMOS. La pena de reclusión deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juez de Ejecución, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro penal respectivo, y la pena de multa la deberá enterar en la Tesorería Nacional de la República. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos a la señora ELDA YAMILETH VALLADARES GOMEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de la propiedad de Testigo Protegido AX208, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS de reclusión y multa de OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32). La pena de reclusión deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juez de Ejecución, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro penal respectivo, y la pena de multa la deberá enterar en la Tesorería Nacional de la República. TERCERO: Debemos condenar y condenamos a MARIA ESTELA SALGADO VIDEA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de la propiedad de Testigo Protegido AX208, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS de reclusión y multa de OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32) SALARIOS MINIMOS. La pena de reclusión deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juez de Ejecución, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro Penal respectivo, y la pena de multa la deberá enterar en la Tesorería Nacional de la República. CUARTO: Debemos condenar y condenamos, a MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, ELDA YAMILETH VALLADARES GOMEZ Y MARIA ESTELA SALGADO VIDEA, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, en la forma señalada en esta sentencia; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento Penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. QUINTO: Debemos declarar y declaramos la responsabilidad civil de los condenados MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, ELDA YAMILETH VALLADARES GOMES y MARIA ESTELA SALGADO VIDEA, la que será objeto de casación en la fase de ejecución de esta sentencia. SEXTO: No procede la condena de los acusados, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEPTIMO: Se decreta el comiso de un celular marca Blackberry modelo curve 8520, blanco y negro con IMEI 353610050492478; y un celular marca Alcaltel con ΙΜΕΙ 012955005033448; lo cuales se encuentran en el Almacén de evidencias del Ministerio Público. OCTAVO: Se ordena la devolución de los billetes de Quinientos Lempiras series S3604623 y T1059373; un teléfono celular marca Blackberry modelo curve negro y gris IMEΙ 32277405889588; celular marca Sony Ericsson negro y gris IMEI 356275038577431; y un teléfono celular marca Alcatel negro con naranja IMEI 12551000022168; a quien acredite ser su legítimo propietario. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del término de veinte días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 174-186 vuelto del antecedente) 3) En fecha veinticuatro de junio y diez de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, esta Sala tuvo por recibidos los recursos de revisión penal interpuesto por: 1° la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández (Reg. No. 1003-2022); y, 2º por el Abogado Gustavo Enrique Varela Ponce (Reg. No. 1644-2022), ambos recursos a favor del señor Marcos Misael Galeas Padilla, contra la sentencia condenatoria relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. 4) En fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Marta Delia Merino Conde, con la comparecencia del Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, quien actúa en su condición de Apoderado Legal del señor Marco Misael Galeas Padilla, quien manifestó: “que de conformidad a la sentencia de fecha primero de agosto del dos mil catorce, su representado fue condenado a la pena de 25 años, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, Decreto 130-2017, el ilícito penal fue modificado sustancialmente en sus penas, de acuerdo al principio de retroactividad, solicita se revise la sentencia y se imponga a su representado la pena de conformidad a lo que establece el artículo 373 del Código Penal sin derogar haciendo la aclaración que este sufrió una modificación mediante decreto 93-2021, pero no obstante el principio de retroactividad le establece que de acuerdo a la comisión y el tiempo en que se comete el delito y a la entrada en vigencia, asimismo el tiempo en que se solicitó la revisión, por lo que solicita se aplique lo establecido en el artículo 373 del del código penal sin derogar que contempla una pena de 10 a 15 años. En virtud que la conducta de su representado fue calificada en su momento con agravantes que se aplique la pena de quince años y una multa de mil días a razón de veinte lempiras por día.- La Abogada Xiomara Yamileth Osorio Padilla, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; fue de la opinión: “…Que del análisis comparativo en ambas leyes penales, el código penal derogado regulaba en el artículo 222 el delito de Extorsión, con una pena de 15 a 20 años de prisión y multa de 50 salarios mínimos en su nivel mas alto, más las penas de accesorias que correspondan, mientras que el código penal vigente regula esa misma conducta en el artículo 373 reformado que señala la misma pena de prisión y multa de 500 a 1000 días en su nivel más alto, con la agravante del artículo 374 numeral 1 del mismo código penal, por lo que se debe agravar la pena de 1/3, la nueva pena abstracta es de 20 a 26 años, 8 meses de prisión. Al examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de 83.32 salarios mínimos, por lo que en relación a dicha condena de multa, con el actual Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión según lo dispuesto en el artículo 53 del Código penal vigente, corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo aumentarse en un tercio 1/3 por, por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00). De conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia objeto de revisión, se extrae que el señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA fue encontrado responsable a título de autor de la comisión del delito de tres (3) delitos de EXTORSION, los cuales se llevaron a cabo a diferentes horas los días 20, 25 y 26 de agosto del 2013, por lo que al haberse condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia la de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION Y 83.32 SALARIOS MINIMOS DE MULTA, que equivalen a la cantidad de L.994,090.92 y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley conforme a lo solicitado por el revisionista, sería de tres penas de prisión de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION, más la multa de 667 a 1333 días en su nivel más alto, de ahí que aun y cuando con el nuevo Código Penal se le hubiese impuesto la pena mínima por cada delito la pena concreta sería de SESENTA (60) AÑOS DE PRISIÓN estando el máximo de cumplimiento determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 del Código Penal vigente; en iguales términos correspondería aplicar la pena de multa, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del mismo Código el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (L5, 000) la pena concreta por los 3 delitos de Extorsión. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado.” (Folios 19-22 del recurso de mérito) 5) En fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, esta Sala, vistas las actuaciones contenidas en los recursos de revisión interpuestos: 1° por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández (Reg. No. 1003-2022); y, 2° por el Abogado Gustavo Enrique Varela Ponce (Reg. No. 1644-2022), ambos recursos, a favor del señor MARCOS MISAEL GAELAS PADILLA contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil catorce, esta Sala dispuso acumular las acciones al apreciarse que ambas acciones se dirigen contra la misma sentencia condenatoria; y, 2° Continuar con el procedimiento de ley correspondiente. (Folio 51 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, argumenta que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal emitido mediante decreto 130-2017, contempla una considerable disminución en la pena del delito de extorsión, por lo cual en base al principio de retroactividad de la ley, se podría imponer una pena de quince años, por lo cual solicita se revise la sentencia. Asimismo, argumenta el abogado Gustavo Enrique Varela Ponce, en su recurso de revisión penal, que en base a los numerales 6 y 8 del artículo 96 de la ley Sobre Justicia Constitucional y en base al artículo 615 del Código Penal, solicita se revise la sentencia en base al principio de retroactividad de la ley y se imponga la pena más favorable a su representado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, quien manifestó lo siguiente: “que de conformidad a la sentencia de fecha primero de agosto del dos mil catorce, su representado fue condenado a la pena de 25 años, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, Decreto 130-2017, el ilícito penal fue modificado sustancialmente en sus penas, de acuerdo al principio de retroactividad, solicita se revise la sentencia y se imponga a su representado la pena de conformidad a lo que establece el artículo 373 del Código Penal sin derogar haciendo la aclaración que este sufrió una modificación mediante decreto 93-2021, pero no obstante el principio de retroactividad le establece que de acuerdo a la comisión y el tiempo en que se comete el delito y a la entrada en vigencia, asimismo el tiempo en que se solicitó la revisión, por lo que solicita se aplique lo establecido en el artículo 373 del del código penal sin derogar que contempla una pena de 10 a 15 años. En virtud que la conducta de su representado fue calificada en su momento con agravantes que se aplique la pena de quince años y una multa de mil días a razón de veinte lempiras por día.”. La Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “Que del análisis comparativo en ambas leyes penales, el código penal derogado regulaba en el artículo 222 el delito de Extorsión, con una pena de 15 a 20 años de prisión y multa de 50 salarios mínimos en su nivel más alto, más las penas accesorias que correspondan, mientras que el código penal vigente regula esa misma conducta en el artículo 373 reformado que señala la misma pena de prisión y multa de 500 a 1000 días en su nivel más alto, con la agravante del artículo 374 numeral 1 del mismo código penal, por lo que se debe agravar la pena en un 1/3, la nueva pena abstracta es de 20 a 26 años, 8 meses de prisión. En relación a la condena de multa, con el actual Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión según lo dispuesto en el artículo 53 del Código penal vigente, corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo aumentarse en un tercio 1/3 por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00). De conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia objeto de revisión, se extrae que el señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA fue encontrado responsable a título de autor de la comisión del delito de tres (3) delitos de EXTORSION, los cuales se llevaron a cabo a diferentes horas los días 20, 25 y 26 de agosto del 2013, por lo que al haberse condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia la de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION Y 83.32 SALARIOS MINIMOS DE MULTA, que equivalen a la cantidad de L.994,090.92 y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley conforme a lo solicitado por el revisionista, sería de tres penas de prisión de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION, más la multa de 667 a 1333 días en su nivel más alto, de ahí que aun y cuando con el nuevo Código Penal se le hubiese impuesto la pena mínima por cada delito la pena concreta sería de SESENTA (60) AÑOS DE PRISIÓN; en iguales términos correspondería aplicar la pena de multa, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del mismo Código el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000) la pena concreta por los 3 delitos de Extorsión. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, los peticionarios abogados Brenda Janeth Cruz Hernández y Gustavo Enrique Varela Ponce, comparecieron ante este Alto Tribunal, en fecha veinticuatro de junio y diez de noviembre del dos mil veintidós respectivamente, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley más favorable para el condenado Marco Misael Galeas Padilla y la sustitución de la pena de multa de salarios mínimos, por la multa de mil días a razón de veinte lempiras por día multa, por ser más beneficioso para su representado, en consideración a que el señor Marco Misael Galeas Padilla, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, a una pena de 25 años de reclusión y multa de 83.32 salarios mínimos, que equivale a novecientos noventa y cuatro mil noventa lempiras con noventa y dos centavos (Lps.994,090.92).CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Marco Misael Galeas Padilla, fue condenado por el delito de Extorsión Continuada por el Tribunal De Sentencia de Tegucigalpa, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha uno (1) de agosto del dos mil catorce (2014), a la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX208; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor Marco Misael Galeas Padilla, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, en relación con el artículo 37 del mismo Código Penal contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION CONTINUADA. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32), por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX208; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION CONTINUADA enmarcado en el artículo 222 en relación con el artículo 37. El artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Osea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 176 v y 177 f del expediente del Juzgado de Letras). II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32) por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX208. Resultando la pena de 15 a 20 años de prisión con el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) y multa de 500 a 1000 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto, tal como lo señala el artículo 373 reformado del Código Penal). III. Del estudio de la sentencia revisada, se establece en los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 176 v y 177 f del expediente del Juzgado de Letras), que el delito fue cometido de manera continuada, en ese sentido, el Código Penal Decreto 130-2017 dice: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Según lo establecido en el artículo 373 del Código Penal Vigente, el delito de Extorsión, se sanciona con pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, aumentada en 1/3 por concurrir la agravante contenida en el artículo 374 numeral 1 del Código Penal Vigente, lo que da un nuevo margen de pena abstracta de veinte (20) a veintiséis años, ocho meses (26 años, 8 meses) de prisión; en ese sentido, el artículo 68 citado líneas arriba, dispone que “…debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). En ese orden de ideas haciendo la operación aritmética para el delito continuado, el nuevo parámetro de pena para el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, es de veintitrés (23) años a treinta y cuatro años, diez meses, veinte días (34 años, 10 meses, 20 días). Por lo cual tomando en consideración las reglas contenidas en el artículo 70 del Código Penal Vigente, correspondería imponer al condenado Marco Misael Galeas Padilla, la pena de VEINTITRES AÑOS DE PRISIÓN. En relación a que el condenado Marco Misael Galeas Padilla, fue condenado a MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32) SALARIOS MINIMOS, corresponde realizar la misma operación aritmética que para la pena de prisión, según lo señalado en el artículo 373 reformado del Código Penal, corresponde una multa de quinientos (500) a mil (1,000) días en su nivel más alto, debiéndose calcular a cinco mil lempiras por día multa, lo que da como resultado una multa de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DIAS a razón de cinco mil lempiras por día multa, dando como resultado la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L.5,830,000). IV. Del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que si bien es cierto la pena de prisión imponible con el Código Penal vigente es de veintitrés años, es decir mas favorable a la pena impuesta en la sentencia que se revisa (25 años); la pena de multa imponible con el Código Penal vigente, no es más beneficiosa al condenado, en razón de que se condeno a la multa de OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS (83.32) SALARIOS MÍNIMOS, equivalente a NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 994,090.92) y con el Código Penal vigente correspondería una multa de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DIAS a razón de cinco mil lempiras, resultando la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (Lps. 5,830,000.00). Por ello, con fundamento en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017, no es posible la fragmentación de la norma, tomando en cuenta lo que le favorece y rechazando lo que le perjudique. V. En relación a la petición de la recurrente, que a su representado se imponga lo establecido en el artículo 373 del Código Penal sin derogar y no la reforma que sufrió mediante Decreto 93-2021. Advierte esta Sala que el recurso de revisión, fue interpuesto en fecha veinticuatro de junio del dos mil veintidós, estando vigente (a partir del primero de noviembre del dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para el delito de EXTORSION, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores, en ese sentido el ejercicio de comparación de las penas, se deben realizar de acuerdo a lo estipulado en la nueva norma penal (la norma vigente al momento de presentar la garantía Constitucional de Revisión Penal. Artículo 373 del Código Penal, reformado mediante Decreto 93-2021 vigente a partir del 1 de noviembre del 2021) y la norma penal derogada (Artículo 222 del Código Penal Decreto 144-83). En ese sentido, esta Sala determina que No es Procedente la aplicación retroactiva del Decreto 130-2017, en favor del señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA. VI. En relación al argumento realizado por la Representante del Ministerio Publico, el mismo no es de recibo, pues de la sentencia que se revisa se establece que el señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, fue condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, y no por la comisión de tres delitos de EXTORSION, en concurso real como lo refiere el Ministerio Publico. En ese sentido la comparación de penas a efecto de determinar la procedencia o no del Recurso de Revisión en base al principio de retroactividad, se ha realizado tomando como base la pena impuesta en la sentencia de fecha uno de agosto del dos mil catorce, en la cual se condenó al señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, por el delito de EXTORCION CONTINUADA, en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDA AX208. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por BRENDA JANETH CRUZ HERNÁNDEZ (Reg. No. 1003-2022); y, 2º por el Abogado GUSTAVO ENRIQUE VARELA PONCE (Reg. No. 1644-2022), a favor del señor MARCO MISAEL GALEAS PADILLA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA en fecha primero (1) de agosto del dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el MAGISTRADO LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. – FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal Acumulados registrado en este Tribunal con el número SCO-1003 Y 1644-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL