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Sentencia RI-987-21 — Registro 19218

Resumen

Se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por Vía Excepción por razón de contenido, contra la Ley de Inspección General del Trabajo, emitida por el Congreso Nacional de la República; en la demanda sumaria para el pago de ajustes del salario mínimo por considerar el recurrente que la resolución emitida por la Dirección General de Inspección del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de cortés, le causa agravios al dejar en indefensión a su representada, por haberse fundamentado en el artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección General del Trabajo, violentando el principio del debido proceso y el derecho de defensa, acogidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que el artículo 79 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, impone al recurrente, asimismo, la obligación de expresar los motivos que sirven de fundamento a su pretensión; lo cual significa, según ha dejado sentado este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, que es responsabilidad exclusiva del recurrente el confrontar en el escrito de interposición del recurso, con claridad y de manera científica, las normas del ordenamiento adjetivo secundario que objeta de inconstitucionales; determinando en su caso, como se violentan, con su aplicación, los preceptos establecidos en la Norma Fundamental. Ahora bien, acorde al dictamen vertido en fecha diecinueve de Octubre del dos mil veintidós (2022), a través de la agente Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, se manifestó opinión porque se declarare SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad por razón de contenido de manera parcial, planteado, al considerar que la existencia de la norma legal del artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección del Trabajo, no contiene vicios de Inconstitucionalidad ya que dicho ordenamiento contiene un procedimiento a seguir, es decir como en toda norma al ser infringida, lleva como consecuencia una sanción respectiva, de ahí que las limitaciones o sanciones generadas de la norma legal son constitucionalmente admisibles, en la medida en que resulten estrictamente indispensables para el cumplimiento de la misión o función derivada de aquella. La Ley de Inspección de Trabajo tiene por objeto regular el Sistema integrado de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; por lo que el hecho de que el Recurrente no haya comparecido a la Audiencia y vencido el plazo para cumplimiento del emplazamiento y que por ello se haya dado por agotado el procedimiento, no implica una colisión con los derechos constitucionales invocados, al no desarrollar o puntualizar de forma concreta y precisa en qué forma el artículo 69 es incompatible con la Ley Suprema. CONSIDERANDO (13): Que, la interposición del recurso extraordinario intentado, ha tenido como efecto la suspensión de un procedimiento laboral que provoca, a su vez, un dispendio en la actividad jurisdiccional. No obstante, se tiene por acreditada la elemental razonabilidad del derecho de acción emprendido a fuer de la parte interesada, no habiéndose acreditado que fuere su intención la de suspender a ultranza el procedimiento, demorándolo injustificada y deliberadamente. Por tal motivo y de conformidad a lo establecido por el artículo 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no resultaría procedente declararle responsable por el resarcimiento de los daños o perjuicios que hubiere ocasionado, con motivo de la suspensión del procedimiento, en cuyo trámite se interpuso por vía de excepción, la presente garantía de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (15): Que, por la garantía del debido proceso exige nuestra Constitución que para una afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual comprende: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre ante órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; lo cual es relativo a la garantía del principio legalidad, cuando de determinar deberes y derechos se trata. Según jurisprudencia estable y pacífica de la Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso, es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional, dada su conformación como un valioso conglomerado de los derechos, garantías o formalidades establecidas por la ley; enunciadas de manera general y no exhaustiva o limitativa, en el texto de la presente sentencia. CONSIDERANDO (16): Que, no obstante lo anterior, se hace preciso reafirmar, obiter dictum, el principio fundamental de lealtad procesal, según prevenido para estos efectos por el artículo 11 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho; el cual previene como regla deontológica que el Abogado (a) deberá abstenerse de emplear recursos y procedimientos legales innecesarios, con el solo fin de entorpecer o retardar el curso del juicio, absteniéndose asimismo de toda alegación inútil o superflua.- Que en vista a lo anteriormente expuesto procede denegar el presente recurso de inconstitucionalidad promovido.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto Vía Excepción por razón de contenido, por el Abogado Leonel Edgardo Maradiaga Aplicano, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TÉCNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MÚLTIPLES, S. de R.L. de C.V., (MASTER SYM S. DE R.L.), contra la LEY DE INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO, emitida por el Congreso Nacional de la República; en la demanda sumaria para el pago de ajustes del salario mínimo promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por los señores JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VALLADAREZ, ELÍAS RIGOBERTO SÁNCHEZ VALLADARES, KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS HERNÁNDEZ, KEVIN ARIEL AMAYA MARTINEZ, JOSE ANGEL LOPEZ, REGUINALDO MEJIA PINTO, NERIS RAYNEL SANCHEZ Y JOISSER LADIMIR SORTO AMAYA, contra la sociedad mercantil MASTER SYM S. DE R.L, por considerar el recurrente que la resolución emitida por la Dirección General de Inspección del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, le causa agravios al dejar en indefensión a su representada, por haberse fundamentado en el artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección General del Trabajo, violentando el principio del debido proceso y el derecho de defensa, acogidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por vía excepción por razón de contenido, por el Abogado Leonel Edgardo Madariaga Aplicano, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Monitoreo de Alarmas, Seguridad Técnica, Reacción y Servicios Múltiples, S. de R.L. de C.V. en la contestación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VALLADAREZ, ELÍAS RIGOBERTO SÁNCHEZ VALLADARES, KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS HERNÁNDEZ, KEVIN ARIEL AMAYA MARTINEZ, JOSE ANGEL LOPEZ, REGUINALDO MEJIA PINTO, NERIS RAYNEL SANCHEZ Y JOISSER LADIMIR SORTO AMAYA, contra la sociedad mercantil MASTER SYM S. DE R.L, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1.- Admítase el escrito que antecede junto con los documentos que acompaña, téngase contestada la demanda en tiempo y forma. 2.- Téngase por Interpuesto por VIA DE EXCEPCION LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, remítanse las presentes actuaciones a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que conozca de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO quien actúa en su condición de apoderado legal de la Sociedad mercantil MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCION Y SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V., dejándose extracto de las principales actuaciones para seguir conociendo del presente juicio hasta el momento de citar para sentencia a las partes de lo cual se suspenderá el procedimiento hasta que la Corte Suprema de Justicia dicte resolución sobre la inconstitucionalidad, tal como dispone el artículo 77.2 párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Debiendo el excepcionista proceder a los emolumentos necesarios en el término de CINCO DIAS HABILES, a la Secretaría General del Despacho para sacar las fotocopias del extracto ordenado, en virtud de que el Tribunal carece de los medios necesarios para extender las mismas de forma gratuita.- 3.- tener por interpuesto el DEFECTO PROCESAL DE DEMANDA DEFECTUOSA, por señalar los medios de prueba del Código de Procedimientos Comunes, el cual se dará traslado a la parte contraria para contestar y contraprobar la misma en el momento procesal oportuno.- Se declara SIN LUGAR POR AHORA, LA ADMISION DEL INCIDENTE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, por no ser el momento procesal oportuno para interponerse.- 4.- Tiénese por enunciados los medios de prueba que se hará valer la demanda en el presente juicio, como establece el artículo 251 del Código Procesal Civil aplicable en el presente juicio ” (Folios 85 al 86 del de la pieza de antecedentes del A-quo).2)Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional conociendo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por razón de contenido, por el Abogado Leonel Edgardo Maradiaga Aplicano, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Monitoreo de Alarmas, Seguridad Técnica, Reacción y Servicios Múltiples, S. de R.L. de C.V., (MASTER SYM S. DE R.L.), contra la Ley de Inspección General del Trabajo, emitida por el Congreso Nacional de la República; en la demanda sumaria para el pago de ajustes del salario mínimo promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por los señores JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VALLADAREZ, ELÍAS RIGOBERTO SÁNCHEZ VALLADARES, KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS HERNÁNDEZ, KEVIN ARIEL AMAYA MARTINEZ, JOSE ANGEL LOPEZ, REGUINALDO MEJIA PINTO, NERIS RAYNEL SANCHEZ Y JOISSER LADIMIR SORTO AMAYA, contra la sociedad mercantil MASTER SYM S. DE R.L. (Folio 1 de los antecedentes del recurso)3)En fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, esta Sala, admitió el Recurso de Inconstitucionalidad referido, omitiendo el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal por el término de seis (6) días hábiles, para que emitiera el correspondiente dictamen. (Folio 7 de los antecedentes del expediente del recurso de mérito)4)Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, desprendiéndose de su dictamen lo siguiente: “…En este orden de ideas, consideramos que la norma impugnada no resulta contraria a la Constitución, ya que la misma garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, encierra en sí, la eficiencia del sistema administrativo, traduciéndola en actos como el respeto a la Ley, a la Constitución de la República, Tratados Internacionales, contexto dentro del cual se le brinda a las personas un trato justo y equitativo, respetándosele dentro del proceso todas las garantías que encierra el debido proceso, derecho defensa, derecho igualdad etc., que debe culminar con la emisión de una resolución motivada y justa para los involucrados. Es así, que el enfoque al derecho a la tutela judicial efectiva comprende además del derecho de acceso a la justicia, el desarrollo de un proceso dentro de un tiempo razonable, la ejecución de lo resuelto, derecho a la jurisdicción etc. conllevando la eliminación de todos los obstáculos de libre acceso a los órganos jurisdiccionales, siendo dicha garantía de carácter genérico que puede ser invocada por cualquier persona ante cualquier acto que suponga indefensión en cualquier tipo de proceso legal. Por lo cual este ente fiscal, considera que el artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección del trabajo que contiene el procedimiento administrativo sancionador no contraviene el derecho de la Constitución, por ser compatible con las garantías constitucionales establecidas tanto en la Constitución de la República, como en instrumentos internacionales de los cuales hemos hecho alusión en el presente libelo, puesto que dicho texto legal lo que persigue es una finalidad que termine en la solución de un conflicto laboral, como fue prevista por el legislador. Del análisis anterior, siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de las mismas encontramos que no existe una contradicción con el derecho de la Constitución, en consecuencia encontramos que el (artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección del Trabajo emitida por el Congreso Nacional, mediante Decreto 178-2016 y publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" número 34,290 de fecha de fecha 15 de marzo de 2017, que contiene la Ley de Inspección del Trabajo, con relación a la demanda promovida por JOSE ANTONIO SANCHEZ VALLADARES Y OTROS, contra la Sociedad Mercantil MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM S. DE R.L.) representada legalmente por CAMILO SALOMON SEVILLA CHIANG, es constitucional al no existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, por lo cual resulta la aplicabilidad del artículo del decreto en mención. V. OPINIÓN: Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público dictamina porque SE DECLARE SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado en los términos expresados por esta representación fiscal, por razón de contenido de manera parcial…” (Folios 10 al 19 de los antecedentes del expediente del recurso.CONSIDERANDO (1): Que a la Constitución de la República está dotada de supremacía normativa, por cuanto establece los valores y principios reconocidos en el plexo jurídico para la convivencia ordenada de la sociedad y del Estado. Asimismo, y en tanto práctica social relevante, se erige en premisa jurídica fundamental para las decisiones legislativas, jurisdiccionales y administrativas, en el marco del Estado de Derecho: “… habida cuenta que como norma suprema constituye la regla de reconocimiento de la producción jurídica estatal y su aplicación se torna obligatoria”.CONSIDERANDO (2): Que en fecha dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se recibió en esta Sala de lo Constitucional, expediente procedente del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, contentivo en la Demanda Sumaria para el Pago de Ajuste de Salario Mínimo, correspondiente a la fecha del dieciséis (16) de Marzo del dos mil dieciséis (2016) al dieciséis (18) de Marzo del dos mil dieciocho (2018), devolución de salarios por deducciones indebidas los dos últimos años, pago de 288 horas extras de los últimos dos meses con su respectivo recargo del 75%,en el cual el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO, en su condición representante procesal de la Sociedad Mercantil MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCION Y SERVICIOS MULTIPLES, S DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM S. DE R.L), interpone acción de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección General del Trabajo, contenido en el DECRETO No. 178-2016, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA y publicado en el diario oficial La Gaceta, No. 34,290 en fecha quince de Marzo del dos mil diecisiete (2017), por razón de CONTENIDO por vulnerar el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos produciendo como consecuencia la vulneración de la garantías antes mencionadas.CONSIDERANDO (3): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad formal y la material, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de que sí en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.CONSIDERANDO (4): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 numeral 1, 82 y 83 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues, quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.CONSIDERANDO (5): Que el impetrante en esta vía constitucional, explica el interés directo, personal y legítimo que motiva la acción promovida, indicando que el Recurso de Inconstitucionalidad se interpone por vía de excepción en contra del artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección del Trabajo, por vulnerar el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; produciendo como consecuencia la vulneración del Derecho de Defensa preceptuado en el artículo 82 y la garantía del debido proceso preceptuada en el artículo 90 de la Constitución de la República. Dicha declaratoria de Inconstitucionalidad infringe conforme a lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, Con ello el impetrante argumenta que es el momento procesal para solicitar por vía de excepción la Inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 69 numeral 9; en virtud de una resolución administrativa del expediente 19671, emitido por la Dirección General de Inspección del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, de fecha cinco de Junio del dos mil dieciocho, por no haber sido citado o notificado el Representante Legal de la Empresa MASTER SYM, S DE R.L., al señor CAMILO SALOMON SEVILLA CHIANG; en donde la parte resolutiva de dicha resolución en el numeral PRIMERO; (SIC)…“No acreditó cumplir con la normativa laboral en el cumplimiento de las medidas de reparación, dictadas por el Inspector de Trabajo en el Acta correspondiente, ni hizo uso su derecho de efectuar descargos aun habiendo sido emplazado para tal efecto por lo que se le siguió el procedimiento de Rebeldía, TENIENDOSE POR CIERTO LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN Y RECLAMADO POR LOS TRABAJADORES….” por lo que dicha oficina de Inspección de Trabajo se atribuye facultades que no le corresponde como si fuera un órgano jurisdiccional,…”.CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinándose en la ley adjetiva que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. En ese orden, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimado al impetrante, ello en atención a que comparece como representante procesal de la Sociedad Mercantil MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA Y SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. en relación a la Demanda de Tutela Sumaria para el pago de Ajustes del Salario mínimo, devolución de salarios por deducciones indebidas y pago de doscientas ochenta y ocho horas promovida por los señores JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VALLADAREZ, ELÍAS RIGOBERTO SÁNCHEZ VALLADARES, KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS HERNÁNDEZ, KEVIN ARIEL AMAYA MARTINEZ, JOSE ANGEL LOPEZ, REGUINALDO MEJIA PINTO, NERIS RAYNEL SANCHEZ Y JOISSER LADIMIR SORTO AMAYA.CONSIDERANDO (7): Que el numeral primero del artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. Para tal proceder, deberá primero la Sala de lo Constitucional evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República, contrastando un juicio de valor sobre la compatibilidad de dos normas de distinta jerarquía; por un lado, la norma suprema, parámetro con que se mide la validez (lex legum); y por otro, la ley o norma con el mismo rango, sometida al control de validez constitucional. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 79 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, impone al recurrente, asimismo, la obligación de expresar los motivos que sirven de fundamento a su pretensión; lo cual significa, según ha dejado sentado este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, que es responsabilidad exclusiva del recurrente el confrontar en el escrito de interposición del recurso, con claridad y de manera científica, las normas del ordenamiento adjetivo secundario que objeta de inconstitucionales; determinando en su caso, como se violentan, con su aplicación, los preceptos establecidos en la Norma Fundamental. Ahora bien, acorde al dictamen vertido en fecha diecinueve de Octubre del dos mil veintidós (2022), a través de la agente Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, se manifestó opinión porque se declarare SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad por razón de contenido de manera parcial, planteado, al considerar que la existencia de la norma legal del artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección del Trabajo, no contiene vicios de Inconstitucionalidad ya que dicho ordenamiento contiene un procedimiento a seguir, es decir como en toda norma al ser infringida, lleva como consecuencia una sanción respectiva, de ahí que las limitaciones o sanciones generadas de la norma legal son constitucionalmente admisibles, en la medida en que resulten estrictamente indispensables para el cumplimiento de la misión o función derivada de aquella. La Ley de Inspección de Trabajo tiene por objeto regular el Sistema integrado de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; por lo que el hecho de que el Recurrente no haya comparecido a la Audiencia y vencido el plazo para cumplimiento del emplazamiento y que por ello se haya dado por agotado el procedimiento, no implica una colisión con los derechos constitucionales invocados, al no desarrollar o puntualizar de forma concreta y precisa en qué forma el artículo 69 es incompatible con la Ley Suprema.CONSIDERANDO (9): Que la argumentación concreta efectuada por el recurrente en su escrito de interposición, en el asunto que motiva la excepción de mérito, confronta, más no de manera técnico-jurídica la norma secundaria reprochada de inconstitucionalidad, como es el artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección del Trabajo (Decreto Número 178-2016); con relación a las declaraciones y derechos individuales establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; incurriendo, sin embargo, el recurrente en la falta o carencia de argumentos jurídicos que denoten la inconstitucionalidad conocida por la vía de excepción; planteamiento recursivo que parece más apropiado de la Garantía de Amparo; más no atinente al juicio de valor que es propio de la Garantía de Inconstitucionalidad (Lex Legum). CONSIDERANDO (10): Que, lo anteriormente enunciado y fundamentado, se dice sin perjuicio a la incolumidad del derecho de acción y a la inviolabilidad del derecho de defensa, que ampara al garantista; asumiendo responsablemente que la presunción de legitimidad que ampara la norma suprema es máxima y se identifica plenamente con la fuente de la cual adquiere su legitimidad de origen: el Poder Constituyente radicado en el pueblo. Mientras tanto, la presunción de legitimidad de las normas legales ordinarias, sería relativa, pues es vencible mediante argumentación jurídica; teniendo como necesario parámetro normativo la supremacía de la norma constitucional y lo primado en el bloque de convencionalidad.CONSIDERANDO: (11): La Instauración de procesos específicos, para la tutela de los derechos fundamentales ha constituido uno de los objetivos más importantes que la Justicia Constitucional ha conseguido. Ello se explica porque en los Procesos Constitucionales se busca no sólo la protección de los derechos fundamentales, sino también la constitucionalidad del Derecho Objetivo. De ahí que se haya señalado que dichos procesos deben ser capaces de comprender no sólo la tutela subjetiva de los derechos constitucionales, sino también la tutela objetiva de la Constitución. La doctrina constitucional comparada ha establecido que existen básicamente dos tipos de procesos constitucionales. En primer lugar están los procesos destinados al afianzamiento de los derechos fundamentales; y, en segundo lugar, los procesos constitucionales que aseguran la supremacía de la Constitución. CONSIDERANDO (12): En los procesos constitucionales destinados a la tutela de los derechos fundamentales hallan su fundamento en el doble carácter de dichos derechos. En efecto, los derechos fundamentales no son sólo derechos subjetivos; sino, también instituciones objetivas; por lo que estos derechos fundamentales comportan valores que informan todo el ordenamiento jurídico; de ahí que su tutela y protección no sólo sea de interés para la persona titular de ese derecho, sino para la colectividad en general. Por otro lado, existen procesos constitucionales que están destinados a la defensa del principio de supremacía de la Constitución, lo cual quiere decir que se busca asegurar la propia noción de Constitución, ya que sin la efectividad del principio de Supremacía, las normas constitucionales se descalificarían ubicándose al mismo nivel que ocupan las normas legales ordinarias. CONSIDERANDO (13): Que, la interposición del recurso extraordinario intentado, ha tenido como efecto la suspensión de un procedimiento laboral que provoca, a su vez, un dispendio en la actividad jurisdiccional. No obstante, se tiene por acreditada la elemental razonabilidad del derecho de acción emprendido a fuer de la parte interesada, no habiéndose acreditado que fuere su intención la de suspender a ultranza el procedimiento, demorándolo injustificada y deliberadamente. Por tal motivo y de conformidad a lo establecido por el artículo 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no resultaría procedente declararle responsable por el resarcimiento de los daños o perjuicios que hubiere ocasionado, con motivo de la suspensión del procedimiento, en cuyo trámite se interpuso por vía de excepción, la presente garantía de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras.CONSIDERANDO (15): Que, por la garantía del debido proceso exige nuestra Constitución que para una afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual comprende: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre ante órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; lo cual es relativo a la garantía del principio legalidad, cuando de determinar deberes y derechos se trata. Según jurisprudencia estable y pacífica de la Sala de lo Constitucional, se tiene también por regla del debido proceso, es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; por lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional, dada su conformación como un valioso conglomerado de los derechos, garantías o formalidades establecidas por la ley; enunciadas de manera general y no exhaustiva o limitativa, en el texto de la presente sentencia.CONSIDERANDO (16): Que, no obstante lo anterior, se hace preciso reafirmar, obiter dictum, el principio fundamental de lealtad procesal, según prevenido para estos efectos por el artículo 11 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho; el cual previene como regla deontológica que el Abogado (a) deberá abstenerse de emplear recursos y procedimientos legales innecesarios, con el solo fin de entorpecer o retardar el curso del juicio, absteniéndose asimismo de toda alegación inútil o superflua.- Que en vista a lo anteriormente expuesto procede denegar el presente recurso de inconstitucionalidad promovido. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 184, 185 No. 2), 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 74, 75, 76 No. 1, 77 No. 2), 80, 81, 82 y 85 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarando No Ha lugar el recurso de inconstitucionalidad que por vía de excepción, ha promovido el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO, en contra del artículo 69 numeral 9 de la Ley de Inspección del Trabajo. Y MANDA: Que junto a los antecedentes se remita copia certificada de éste fallo al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-0987-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL