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Sentencia RC-811-23 — Registro 19195

Resumen

Recurso de revisión civil en relación a demanda ordinaria de pago declarada improcedente por haber sido interpuesta fuera del termino establecido de seis meses

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que la Sala, previamente admitió la presente acción de revisión, no obstante, revisados que han sido los antecedentes así como los informes remitidos por los Tribunales involucrados en la demanda ya relacionada, advierte que la sentencia que hoy se pide sea revisada, fue declarada firme mediante auto irrecurrible dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, en virtud de haberse declarado la inadmisión del recurso de casación presentado en sus siete motivos, interpuesto y formalizado por el abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en su condición de apoderado legal de la menor ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ. CONSIDERANDO: Que además de lo anterior, se desprende del informe remitido por la Secretaria de la Sala de lo Civil de este Supremo Tribunal, que el referido auto irrecurrible fue notificado al abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, y al abogado Gustavo Martinez Cruz, en fecha nueve de marzo del mismo año. Asimismo, consta en la presente acción de revisión que la abogada JUDITH GABRIELA PAGUADA AVILA, presento la misma en fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, es decir, fuera del plazo que establece la ley para la interposición del mismo, pues habían pasado más de seis meses desde el día en que se realizó la última notificación que declaró la firmeza de la sentencia a revisar. CONSIDERANDO: Que el principio de taxatividad o de impugnabilidad objetiva, referente a los recursos procesales, implica que los recursos proceden en los casos y en las circunstancias expresamente previstas en la ley. Consecuentemente, si la acción de revisión no se interpone dentro del plazo establecido por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente. CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, si bien el recurso de revisión trasciende lo que puede considerarse formalmente como un recurso, al estar dirigido contra sentencias firmes frente a las que no cabe recurso alguno, es precisamente esa excepcionalidad la que lo caracteriza como una garantía ex post facto del debido proceso y es ésa prerrogativa de constituirse como medio de impugnación de la cosa juzgada, lo que vuelve aún más imperiosa la necesidad que su procedencia sea a la vez rectorada en forma rigurosa por la ley, resultando aplicable el principio de taxatividad objetiva que hemos señalado, es decir, que el recurso de revisión como medio de impugnación excepcional de la cosa juzgada procede solamente en los casos y circunstancias expresamente previstas por la ley. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido por la Ley Sobre Justicia Constitucional, se aprecia que la tramitación de la presente acción no debe proseguir, y en consecuencia procede declarar la improcedencia de la misma.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 102 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 102 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de febrero de dos mil veinticinco. Visto el recurso de revisión civil interpuesto por la Abogada JUDITH GABRIELA PAGUADA AVILA a favor de ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ, contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS el dieciocho de marzo de dos mil diecinueve y revoca la misma, en el sentido de declarar con lugar la demanda ordinaria de pago interpuesta por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de representante legal del señor MIGUEL FELIPE CANAHUATI YACAMAN, contra OSCAR RENE CASTILLO TORRES, CLAUDINA NATALIA MANCIA, RODOLFO CERRATO MURILLO y la menor ANDREA NAOMI CASTILLO, condenando al pago por la cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DÓLARES ($ 1,198.200.00) o su equivalente en lempiras; Desestimando las excepciones materiales de falta de titularidad del derecho que se pretende ejercer, falta de exigibilidad del crédito que se cobra y caducidad de la acción de extinción del derecho por novación, las que fueron opuestas por la parte demandada; y condenando en costas a la parte demandada al haber sido vencida en juicio. CONSIDERANDO: Que la jurisdicción constitucional corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la cual, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de la garantía de revisión. CONSIDERANDO: Que el recurso de revisión en materia civil, procede contra sentencias firmes pronunciadas en los juicios declarativos ordinarios de mayor cuantía y en los casos previstos por el artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pudiéndose demandar la revisión de sentencias Firmes en materia civil dentro del plazo de SEIS (6) MESES, contados desde el día en que habiéndose finalizado la última notificación quedó firme la sentencia. CONSIDERANDO: Que la Sala, previamente admitió la presente acción de revisión, no obstante, revisados que han sido los antecedentes así como los informes remitidos por los Tribunales involucrados en la demanda ya relacionada, advierte que la sentencia que hoy se pide sea revisada, fue declarada firme mediante auto irrecurrible dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, en virtud de haberse declarado la inadmisión del recurso de casación presentado en sus siete motivos, interpuesto y formalizado por el abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en su condición de apoderado legal de la menor ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ. CONSIDERANDO: Que además de lo anterior, se desprende del informe remitido por la Secretaria de la Sala de lo Civil de este Supremo Tribunal, que el referido auto irrecurrible fue notificado al abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, y al abogado Gustavo Martinez Cruz, en fecha nueve de marzo del mismo año. Asimismo, consta en la presente acción de revisión que la abogada JUDITH GABRIELA PAGUADA AVILA, presento la misma en fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, es decir, fuera del plazo que establece la ley para la interposición del mismo, pues habían pasado más de seis meses desde el día en que se realizó la última notificación que declaró la firmeza de la sentencia a revisar. CONSIDERANDO: Que el principio de taxatividad o de impugnabilidad objetiva, referente a los recursos procesales, implica que los recursos proceden en los casos y en las circunstancias expresamente previstas en la ley. Consecuentemente, si la acción de revisión no se interpone dentro del plazo establecido por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente. CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, si bien el recurso de revisión trasciende lo que puede considerarse formalmente como un recurso, al estar dirigido contra sentencias firmes frente a las que no cabe recurso alguno, es precisamente esa excepcionalidad la que lo caracteriza como una garantía ex post facto del debido proceso y es ésa prerrogativa de constituirse como medio de impugnación de la cosa juzgada, lo que vuelve aún más imperiosa la necesidad que su procedencia sea a la vez rectorada en forma rigurosa por la ley, resultando aplicable el principio de taxatividad objetiva que hemos señalado, es decir, que el recurso de revisión como medio de impugnación excepcional de la cosa juzgada procede solamente en los casos y circunstancias expresamente previstas por la ley. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido por la Ley Sobre Justicia Constitucional, se aprecia que la tramitación de la presente acción no debe proseguir, y en consecuencia procede declarar la improcedencia de la misma. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 186, 313 y 316 de la constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 95, 102, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de revisión civil interpuesto por la Abogada JUDITH GABRIELA PAGUADA AVILA a favor de ANDREA NAOMI CASTILLO SANCHEZ, contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por haberse interpuesto el mismo fuera del plazo establecido en la ley para la procedencia del mismo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda a la devolución de los antecedentes a los Tribunales de su procedencia y en definitiva diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la resolución de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-811-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP