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Sentencia EP-309-24 — Registro 19700

Resumen

Juez Ejecutora con las investigaciones practicadas y entrevistas a privados de libertad concluyó que no se han violentado ninguna garantìa constitucional ya que la Autoridad recurrida impuso sanción disciplinaria a los reclusos por incurrir en falta grave según normativa del Sistema Penitenciario Nacional, por lo que fueron trasladados temporalmente a celdas aisladas denominadas de segregación por medidas de seguridad e investigación; La Sala de lo Constitucional concluyó que la acción de mérito no cuestiona en sí la restricción de la libertad de los reclusos ya que ha sido en virtud de sentencia firme en materia penal; en consecuencia, la sanción disciplinaria no transgrede derechos de los reclusos al no cumplirse los presupuestos, ya que la sanción se legitima en base a la normativa disciplinaria de las Personas Privadas de Libertad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Examinada la legalidad de la privación de libertad en el caso de marras, no se aprecia quebrantamiento de derecho fundamental alguno, en tanto, que si bien es cierto, se ha comprobado que los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, al momento de interponerse la acción, se encontraban privados de su libertad, igualmente cierto es que esta restricción ha sido en virtud de sentencia firme en materia penal, emitida por órgano jurisdiccional competente con todas las formalidades y con arreglo a la ley, tal y como lo posibilita el artículo 69 Constitucional, por otra parte, es necesario destacar que la acción interpuesta no viene cuestionando en sí la restricción de la libertad de los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, sino reprochando la decisión de la autoridad penitenciaria de trasladar a los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO a una celda aislados denominada de segregación, lo que considera tortura, acusando que dicho acto se ha propiciado sin existir ninguna resolución legal emitida por el director ni por el departamento legal de dicho recinto, alegando que varios familiares de los internos fueron intimidados por las autoridades del centro penitenciario en plena visita; sin embargo, el examen de las actuaciones ha puesto de manifiesto que la decisión de la autoridad administrativa, aún y cuando la Juez ejecutora no indagó acerca de la existencia de resolución administrativa, si medió informe previo en donde se constató que en una inspección a las celda de los reclusos se les encontraron seis envoltorios de supuesta marihuana, treinta y un envoltorios de supuesta cocaína, cuarenta y seis cartuchos de arma calibre 45, un cartucho de arma nueve milímetros, un cargador de pistola calibre 45, dos teléfonos celulares, ocho memorias usb, una balanza electrónica marca truper con su respectivo cable, dos armas corto punzantes y un cable auxiliar para Rauter, considerándose tal decisión con base en la Constitución de la República, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Reglamento del Régimen Disciplinario de las Personas Privadas de Libertad que legitiman la sanción impuesta y por lo tanto no transgrede derechos de los reclusos, por lo que no es procedente otorgar la garantía solicitada, al no cumplirse los presupuestos establecidos en el artículo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional...cuando la Juez ejecutora hizo la segunda inspección, los internos ya se encontraban fuera de la celda aislada, incluso dos de ellos trasladados a otro centro de penitenciario, uno en libertad y otro en una celda común. No obstante, se advierte la omisión de constatar la existencia de la resolución administrativa, por lo que se estima pertinente comunicar a la autoridad administrativa y a la juez ejecutora tal omisión para ulteriores ocasiones. Con respecto a los familiares de los detenidos la juez ejecutora cumplió con lo indicado por esta sala, de incluir su parecer sobre los familiares que visitan dicho centro penitenciario, siendo de la opinión que no les es aplicables el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional pues no se encuentran ilegalmente presas ni guardando prisión, sin perjuicio de que puedan interponer denuncia, si se sientes afectados ante las autoridades correspondientes, criterio compartido por esta Sala de lo Constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"Examinada la legalidad de la privación de libertad en el caso de marras, no se aprecia quebrantamiento de derecho fundamental alguno, en tanto, que si bien es cierto, se ha comprobado que los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, al momento de interponerse la acción, se encontraban privados de su libertad, igualmente cierto es que esta restricción ha sido en virtud de sentencia firme en materia penal, emitida por órgano jurisdiccional competente con todas las formalidades y con arreglo a la ley, tal y como lo posibilita el artículo 69 Constitucional, por otra parte, es necesario destacar que la acción interpuesta no viene cuestionando en sí la restricción de la libertad de los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, sino reprochando la decisión de la autoridad penitenciaria de trasladar a los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO a una celda aislados denominada de segregación, lo que considera tortura, acusando que dicho acto se ha propiciado sin existir ninguna resolución legal emitida por el director ni por el departamento legal de dicho recinto, alegando que varios familiares de los internos fueron intimidados por las autoridades del centro penitenciario en plena visita; sin embargo, el examen de las actuaciones ha puesto de manifiesto que la decisión de la autoridad administrativa, aún y cuando la Juez ejecutora no indagó acerca de la existencia de resolución administrativa, si medió informe previo en donde se constató que en una inspección a las celda de los reclusos se les encontraron seis envoltorios de supuesta marihuana, treinta y un envoltorios de supuesta cocaína, cuarenta y seis cartuchos de arma calibre 45, un cartucho de arma nueve milímetros, un cargador de pistola calibre 45, dos teléfonos celulares, ocho memorias usb, una balanza electrónica marca truper con su respectivo cable, dos armas corto punzantes y un cable auxiliar para Rauter, considerándose tal decisión con base en la Constitución de la República, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Reglamento del Régimen Disciplinario de las Personas Privadas de Libertad que legitiman la sanción impuesta y por lo tanto no transgrede derechos de los reclusos, por lo que no es procedente otorgar la garantía solicitada, al no cumplirse los presupuestos establecidos en el artículo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional...cuando la Juez ejecutora hizo la segunda inspección, los internos ya se encontraban fuera de la celda aislada, incluso dos de ellos trasladados a otro centro de penitenciario, uno en libertad y otro en una celda común. No obstante, se advierte la omisión de constatar la existencia de la resolución administrativa, por lo que se estima pertinente comunicar a la autoridad administrativa y a la juez ejecutora tal omisión para ulteriores ocasiones. Con respecto a los familiares de los detenidos la juez ejecutora cumplió con lo indicado por esta sala, de incluir su parecer sobre los familiares que visitan dicho centro penitenciario, siendo de la opinión que no les es aplicables el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional pues no se encuentran ilegalmente presas ni guardando prisión, sin perjuicio de que puedan interponer denuncia, si se sientes afectados ante las autoridades correspondientes, criterio compartido por esta Sala de lo Constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"Examinada la legalidad de la privación de libertad en el caso de marras, no se aprecia quebrantamiento de derecho fundamental alguno, en tanto, que si bien es cierto, se ha comprobado que los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, al momento de interponerse la acción, se encontraban privados de su libertad, igualmente cierto es que esta restricción ha sido en virtud de sentencia firme en materia penal, emitida por órgano jurisdiccional competente con todas las formalidades y con arreglo a la ley, tal y como lo posibilita el artículo 69 Constitucional, por otra parte, es necesario destacar que la acción interpuesta no viene cuestionando en sí la restricción de la libertad de los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, sino reprochando la decisión de la autoridad penitenciaria de trasladar a los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO a una celda aislados denominada de segregación, lo que considera tortura, acusando que dicho acto se ha propiciado sin existir ninguna resolución legal emitida por el director ni por el departamento legal de dicho recinto, alegando que varios familiares de los internos fueron intimidados por las autoridades del centro penitenciario en plena visita; sin embargo, el examen de las actuaciones ha puesto de manifiesto que la decisión de la autoridad administrativa, aún y cuando la Juez ejecutora no indagó acerca de la existencia de resolución administrativa, si medió informe previo en donde se constató que en una inspección a las celda de los reclusos se les encontraron seis envoltorios de supuesta marihuana, treinta y un envoltorios de supuesta cocaína, cuarenta y seis cartuchos de arma calibre 45, un cartucho de arma nueve milímetros, un cargador de pistola calibre 45, dos teléfonos celulares, ocho memorias usb, una balanza electrónica marca truper con su respectivo cable, dos armas corto punzantes y un cable auxiliar para Rauter, considerándose tal decisión con base en la Constitución de la República, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Reglamento del Régimen Disciplinario de las Personas Privadas de Libertad que legitiman la sanción impuesta y por lo tanto no transgrede derechos de los reclusos, por lo que no es procedente otorgar la garantía solicitada, al no cumplirse los presupuestos establecidos en el artículo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional...cuando la Juez ejecutora hizo la segunda inspección, los internos ya se encontraban fuera de la celda aislada, incluso dos de ellos trasladados a otro centro de penitenciario, uno en libertad y otro en una celda común. No obstante, se advierte la omisión de constatar la existencia de la resolución administrativa, por lo que se estima pertinente comunicar a la autoridad administrativa y a la juez ejecutora tal omisión para ulteriores ocasiones. Con respecto a los familiares de los detenidos la juez ejecutora cumplió con lo indicado por esta sala, de incluir su parecer sobre los familiares que visitan dicho centro penitenciario, siendo de la opinión que no les es aplicables el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional pues no se encuentran ilegalmente presas ni guardando prisión, sin perjuicio de que puedan interponer denuncia, si se sientes afectados ante las autoridades correspondientes, criterio compartido por esta Sala de lo Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de enero del año dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el señor Miguel José Matute Gutiérrez, a favor de los señores Elmin Alonso Ponce, Marvin Javier Cerna, Jonathan Ariel Rodríguez y José Alexander Gómez Castro, asimismo, a favor de los Familiares que visitan el Centro Penal de Támara, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, “…en virtud que las autoridades de dicho centro penitenciario llevan desde el fin de semana pasado castigando sin razón a dichos internos, poniéndolos en unas celdas totalmente aisladas las cuales se conocen con el nombre de segregación por ende eso es tortura…” 1) En fecha dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, compareció ante esta Sala, el señor Miguel José Matute Gutiérrez, interponiendo recurso de exhibición a favor de los señores Elmin Alonso Ponce, Marvin Javier Cerna, Jonathan Ariel Rodríguez y José Alexander Gómez Castro, asimismo, a favor de los Familiares que visitan el Centro Penal de Támara, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, “…en virtud que las autoridades de dicho centro penitenciario llevan desde el fin de semana pasado castigando sin razón a dichos internos, poniéndolos en unas celdas totalmente aisladas las cuales se conocen con el nombre de segregación por ende eso es tortura…” (Folios 1-2 del recurso de mérito) 2) En fecha dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, esta Sala admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Sandra Suyapa Chevez Angelino, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. (Folio 4 vuelto del recurso de mérito) 3) En fecha treinta de abril de dos mil veinticuatro, la Juez Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…SEXTO: Honorables Magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 13, literalmente nos indica: Que es deber del Estado Garantizar la Libertad Personal y la Integridad e intimidad de la persona humana reconociendo la garantía de Habeas Corpus o Exhibición personal. En consecuencia, en el Habeas Corpus o Exhibición Personal que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene derecho a promoverla; el Habeas Corpus o Exhibición personal: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. SEPTIMO: Honorables Magistrados de la Sala de lo Constitucional, la acción está mal planteada por cuanto el objetivo del Habeas Corpus es detener la arbitrariedad de autoridad por ilegalidad o torturas, o incluso por corrección, de exceso de autoridad, a través del habeas corpus correctivo, con toda la documentación recibida, las diligencias realizadas y los extremos relacionados en el presente recurso de Exhibición Personal No reúne los requisitos para la aplicación de esta Garantía Constitucional en vista que las actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional de Tamara, No ha violentado ninguna Garantía de la libertad personal o la integridad e intimidad de la persona humana, pues con la documentación como ser los informes de los expedientes criminológicos, informe de evaluación médico, informe sobre la requisa realizada 03/8/024 en el módulo de sentenciados uno (1) hogar (5) a los privados de libertad MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ Y ELMIN ALONZO PONCE, y siendo que los privados de libertad violentaron la Ley, y el reglamento del sistema Penitenciario Nacional, incurriendo en faltas graves por lo que serán sometidos a consejo técnico para aplicar la respectiva sanción disciplinaria, ya que los privados de libertad, están sujetos a una normativa en la que se estipula los objetos, artículos y sustancias prohibidas dentro, así como a los que sí están permitidos, en los establecimientos Penitenciarios. Dentro de las acciones tomadas, como consecuencia de violentar la Ley, y el reglamento del sistema Penitenciario. Los privados de libertad fueron trasladados al módulo de segregación por medidas de seguridad e investigación. Que al momento de requerir al Director de la Penitenciaría Nacional de Tamara, en fecha diecinueve de marzo a las tres de la tarde p.m. 3:00 p.m. me manifestó dicho director que habían tomado la determinación y medida de trasladar a los privados de libertad: JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ Y ELMIN ALONZO PONCE, al módulo de segregación constatando esta Juez Ejecutor, las condiciones de las celdas igual que todos los de dicho Centro Penitenciario, que era por un tiempo determinado de 15 días, extremo que constaté el día lunes 8 de abril donde me entrevisté con los cuatro privados de libertad expresándome de viva voz que ya estaban en sus respectivos módulos sentenciados 1, hogar 5, casa Blanca, y con respecto a las familiares que fueron intimidados por las autoridades de dicho Centro Penitenciario en plena visita: Ya el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional reconoce la garantía de Habeas Corpus o exhibición personal cuando a) se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y b) cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria, para su seguridad individual o para el orden de la prisión, que no es el caso de los familiares pues no se encuentran ilegalmente presas ni están guardando prisión. POR TANTO: La Suscrita Juez Ejecutor, nombrada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y en nombre del estado de Honduras y en aplicación de los artículos 182 Constitucional de la República, 1, 2, 3, 13 literal b, 24, 27, 34 y 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional DECLARA: 1.- No ha lugar la acción de exhibición personal interpuesta por el señor MIGUEL JOSE MATUTE GUTIERREZ a favor de los privados de libertad ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ y JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO. 2.- Que se remitan el presente informe a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.” (Folios 11-21 del recurso de mérito)4) Mediante auto de fecha dos de mayo de dos mil veinticuatro, esta Sala, previo a dictar sentencia y visto el informe rendido por la Abogada Sandra Suyapa Chevez Agelino, en su condición de Jueza Ejecutora nombrada en la presente acción de Habeas Corpus interpuesto por el señor Miguel José Matute Gutiérrez, a favor de Elmin Alonso Ponce, Marvin Javier Cerna, Jonathan Ariel Rodríguez, José Alexander Gómez Castro y de los Familiares que visitan dicho centro penitenciario, esta Sala advirtió que las actuaciones de la ya mencionada Jueza Ejecutora han quedaron inconclusas toda vez que de ellas no se desprendían las Actas de Entrevista que levantó a los privados de libertad afectados, con el efecto de hacer constar tal diligencia, asimismo, no se advierte del Informe rendido pronunciamiento alguno sobre los FAMILIARES QUE VISITAN DICHO CENTRO PENITENCIARIO, a favor de quien el denunciante presentó la presente acción: en consecuencia, dispuso: instruir a la Jueza Ejecutora, Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ AGELINO, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo en el sentido de que amplíe su Informe presentando o realizando el Acta de Entrevista a ELMIN ALONSO PONCE, MARVIN JAVIER CERHA, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ, JOSÉ ALEXANDER GOMEZ CASTRO, en su condición de agraviados, y de estimar necesario realizar otras diligencias que estime oportunas a favor de estos, hacer constar dicho extremo como de lo que de ello resulte, con sus respectivas Actas y una vez concluidas y consignadas las omisiones indicadas en dicha resolución y las que consideró necesarias para la correcta substanciación del presente Recurso de Habeas Corpus, conforme a la Sección III de la citada Ley, declare sin dilación alguna sí o no ha lugar la acción de Exhibición Personal, incluyendo su parecer sobre los FAMILIARES QUE VISITAN DICHO CENTRO PENITENCIARIO, a quienes el denunciante señaló como afectados. (Folio 87 del recurso de mérito) 5) En fecha veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, la Juez Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo ampliación al informe rendido, mediante el cual concluyó: “…SEXTO: Que en fecha 3 de Junio del 2024, mediante comunicación de la Sala de lo Constitucional hace saber que el Recurso de Exhibición Personal número SCO-03092024 interpuesto por el señor MIGUEL JOSE MATUTE GUTIERREZ, a favor de los privados de libertad ELMIN ALONSO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ Y JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional de Tamara, Departamento de Francisco Morazán. Ha recaído el auto que literalmente dice: Ampliar el informe presentado, realizando actas de entrevista a los señores ELMIN ALONSO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ y JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, en su condición de agraviados. - En cumplimiento a lo antes ordenado esta Juez Ejecutora realizó las entrevistas a los privados de libertad antes en mención acompañando dichas actas de entrevista; asimismo, se acompaña el informe solicitado al Coronel DANIEL ROGELIO FUNEZ LOPEZ, de los privados de libertad ELMIN ALONSO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ Y JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, recibido en fecha 12 de agosto del 2024 el cual se puede constatar que los privados de libertad el ELMIN ALONSO PONCE Y JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO fueron trasladados al Centro Penitenciario de Morocelí el Paraíso (Tolva), en fecha 27 de mayo del 2024, a lo cual se adjunta perfiles criminológicos y en cuanto al interno MARVIN JAVIER CERNA, a este interno le vino orden de excarcelación egresando de este Centro Penitenciario el día viernes 9 de agosto del presente año, sobre los internos JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ, se informa que actualmente está recluido en el módulo Fe y esperanza antes sentenciados 1. Informe que acompaño. - Asimismo, se acompaña las actas de entrevistas de los privados de libertad ELMIN ALONSO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ y JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, y la demás documentación se encuentra en esa Honorable Sala de lo Constitucional que se acompañó al momento de presentar el informe de dicha resolución. SEPTIMO: Honorables Magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 13, literalmente nos indica: Que es deber del Estado Garantizar la Libertad Personal y la Integridad e intimidad de la persona humana reconociendo la garantía de Habeas Corpus o Exhibición personal. En consecuencia, en el Habeas Corpus o Exhibición Personal que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene derecho a promoverla; el Habeas Corpus o Exhibición personal: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. OCTAVO: Honorables Magistrados de la Sala de lo Constitucional, la acción está mal planteada por cuanto el objetivo del Habeas Corpus es detener la arbitrariedad de autoridad por ilegalidad o torturas, o incluso por corrección, de exceso de autoridad, a través del habeas corpus correctivo, con toda la documentación recibida, las diligencias realizadas y los extremos relacionados en el presente recurso de Exhibición Personal No reúne los requisitos para la aplicación de esta Garantía Constitucional en vista que las actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional de Tamara Francisco Morazán, No ha violentado ninguna Garantía de la libertad personal o la integridad e intimidad de la persona humana, pues con la documentación como ser los informes de los expedientes criminológicos, informe de evaluación médico, informe sobre la requisa realizada 03/8/024 en el módulo de sentenciados uno (1) hogar (5) a los privados de libertad y con el informe solicitado en fecha 2 de agosto al Director de Tamara Francisco Morazán, y las entrevistas realizadas de fecha 2 de agosto y nueve de agosto respectivamente a los privados de libertad MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ Y ELMIN ALONZO PONCE, y siendo que los privados de libertad violentaron la Ley y el reglamento del sistema Penitenciario Nacional, incurriendo en faltas graves por lo que fueron sometidos a consejo técnico para aplicar la respectiva sanción disciplinaria, ya que los privados de libertad, están sujetos a una normativa en la que se estipula los objetos, artículos y sustancias prohibidas dentro, así como a los que sí están permitidos, en los establecimientos Penitenciarios. Dentro de las acciones tomadas, como consecuencia de violentar la Ley y el reglamento del sistema Penitenciario. Los privados de libertad fueron trasladados al módulo de segregación por medidas de seguridad e investigación. Que al momento de requerir al Director de la Penitenciaría Nacional de Tamara, en fecha diecinueve de marzo a las tres de la tarde p.m. 3:00 p.m. me manifestó dicho director que habían tomado la determinación y medida de trasladar a los privados de libertad: JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ Y ELMIN ALONZO PONCE, al módulo de segregación constatando esta Juez Ejecutor, las condiciones de las celdas igual que todos los de dicho Centro Penitenciario, que era por un tiempo determinado de 15 días, extremo que constaté el día lunes 8 de abril donde me entrevisté con los cuatro privados de libertad expresándome de viva voz que ya estaban en sus respectivos módulos sentenciados 1, hogar 5, casa Blanca, y con respecto a las familiares que fueron intimidados por las autoridades de dicho Centro Penitenciario en plena visita: Ya el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional reconoce la garantía de Habeas Corpus o exhibición personal cuando a) se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y b) cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria, para su seguridad individual o para el orden de la prisión, que no es el caso de los familiares pues no se encuentran ilegalmente presas ni están guardando prisión. Es de mi parecer que en cuanto a los familiares deberán interponer denuncia si se sientes afectados en cualquiera de sus derechos a las autoridades correspondientes. POR TANTO: La Suscrita Juez Ejecutor, nombrada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y en nombre del estado de Honduras y en aplicación de los artículos 182 Constitucional de la República, 1, 2, 3, 13 literal b, 24, 27, 34 y 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional DECLARA: 1.- No ha lugar la acción de exhibición personal interpuesta por el señor MIGUEL JOSE MATUTE GUTIERREZ a favor de los privados de libertad ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA, JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ y JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO. 2.- Que se remitan el presente informe a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE…” (Folios 88-105 del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): El estado reconoce a toda persona la garantía de exhibición personal: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): La acción de Garantía Constitucional de Habeas Corpus tiene razón de ser para frenar la acción del Estado o de las autoridades en representación de este, frente al individuo cuando está siendo objeto de detenciones ilegales o cuando una detención sea legal y esta se convierta en ilegal, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “ha reconocido que, en su sentido clásico, el recurso de hábeas corpus, regulado por los ordenamientos americanos, “tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad” CONSIDERANDO (3): Examinada la legalidad de la privación de libertad en el caso de marras, no se aprecia quebrantamiento de derecho fundamental alguno, en tanto, que si bien es cierto, se ha comprobado que los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, al momento de interponerse la acción, se encontraban privados de su libertad, igualmente cierto es que esta restricción ha sido en virtud de sentencia firme en materia penal, emitida por órgano jurisdiccional competente con todas las formalidades y con arreglo a la ley, tal y como lo posibilita el artículo 69 Constitucional, por otra parte, es necesario destacar que la acción interpuesta no viene cuestionando en sí la restricción de la libertad de los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO, sino reprochando la decisión de la autoridad penitenciaria de trasladar a los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO a una celda aislados denominada de segregación, lo que considera tortura, acusando que dicho acto se ha propiciado sin existir ninguna resolución legal emitida por el director ni por el departamento legal de dicho recinto, alegando que varios familiares de los internos fueron intimidados por las autoridades del centro penitenciario en plena visita; sin embargo, el examen de las actuaciones ha puesto de manifiesto que la decisión de la autoridad administrativa, aún y cuando la Juez ejecutora no indagó acerca de la existencia de resolución administrativa, si medió informe previo en donde se constató que en una inspección a las celda de los reclusos se les encontraron seis envoltorios de supuesta marihuana, treinta y un envoltorios de supuesta cocaína, cuarenta y seis cartuchos de arma calibre 45, un cartucho de arma nueve milímetros, un cargador de pistola calibre 45, dos teléfonos celulares, ocho memorias usb, una balanza electrónica marca truper con su respectivo cable, dos armas corto punzantes y un cable auxiliar para Rauter, considerándose tal decisión con base en la Constitución de la República, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Reglamento del Régimen Disciplinario de las Personas Privadas de Libertad que legitiman la sanción impuesta y por lo tanto no transgrede derechos de los reclusos, por lo que no es procedente otorgar la garantía solicitada, al no cumplirse los presupuestos establecidos en el artículo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Aunado al hecho que cuando la Juez ejecutora hizo la segunda inspección, los internos ya se encontraban fuera de la celda aislada, incluso dos de ellos trasladados a otro centro de penitenciario, uno en libertad y otro en una celda común. No obstante, se advierte la omisión de constatar la existencia de la resolución administrativa, por lo que se estima pertinente comunicar a la autoridad administrativa y a la juez ejecutora tal omisión para ulteriores ocasiones. Con respecto a los familiares de los detenidos la juez ejecutora cumplió con lo indicado por esta sala, de incluir su parecer sobre los familiares que visitan dicho centro penitenciario, siendo de la opinión que no les es aplicables el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional pues no se encuentran ilegalmente presas ni guardando prisión, sin perjuicio de que puedan interponer denuncia, si se sientes afectados ante las autoridades correspondientes, criterio compartido por esta Sala de lo Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 24, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 número 3 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; 29 número 2 del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y 46 número 5 y 50 número 1 del Reglamento del Régimen disciplinario de las personas privadas de libertad del Sistema Penitenciario Nacional. FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR LA ACCION DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesta por el señor Miguel José Matute Gutiérrez, a favor de los señores ELMIN ALONZO PONCE, MARVIN JAVIER CERNA RAUDALES, JOSE ALEXANDER GOMEZ CASTRO Y JONATHAN ARIEL RODRIGUEZ VALERIO contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TÁMARA, FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias y que se libre atento oficio a la Juez Ejecutora y al Director del Centro Penitenciario a efectos de que en lo sucesivo cuando se cuestione la legalidad de las sanciones en los centros penitenciarios, deberá indagarse o acreditarse la existencia de resoluciones administrativas que las precedan. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0309-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL