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Sentencia EP-1425-24 — Registro 19213

Resumen

La Sala de lo Constitucional resolvió un recurso de Hábeas Corpus presentado a favor de los privados de libertad del Ala Alfa del módulo de máxima seguridad del centro penal de Támara, quienes denunciaron malos tratos durante una requisa realizada por la Policía Militar, incluyendo agresiones físicas, daños a sus pertenencias y actos que atentaron contra su dignidad. Se designaron juezas ejecutoras para investigar los hechos, quienes recabaron informes de las autoridades penitenciarias y evaluaciones médicas, en las que oficialmente se negó la existencia de lesiones graves. La Sala declaró con lugar el recurso en su modalidad correctiva, ordenando a las autoridades penitenciarias adoptar medidas inmediatas para proteger la integridad física y dignidad de los internos, mejorar las condiciones de reclusión, cumplir con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y garantizar que no se repitan este tipo de situaciones, además de instar a las instituciones del Estado a dar seguimiento y elaborar políticas que mejoren el sistema penitenciario.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes..."..."la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales..."..."por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos..."..."de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNla Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye Declarando Ha Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que se consideró oportunas, según obra relacionado a folio doscientos (200) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus..."..."las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios..."..."en la jurisprudencia constitucional es aceptada la existencia de tres (3) tipos de Habeas Corpus, de acuerdo a la situación atendida: Preventivo, Correctivo y Sancionador. En el primero de los casos, El Preventivo tiene que ver con la advertencia previa, que, de querer realizar un acto, pudiera generar consecuencias que puedan afectar a la persona humana. El Correctivo, es aquel que se aplica cuando las condiciones ya son presentes, y si limitan derechos fundamentales de forma irregular, pero se refieren a condiciones sujetas a cambio para de igual manera mejora en el disfrute de los derechos y evitar situaciones; y finalmente El Sancionador, que ya tiene que ver con el cese de las condiciones que limitan derechos fundamentales y causan molestias innecesarias y sancionan a la administración por no haber tenido en cuenta recomendaciones. Es por ello que se consideró procedente admitir el presente Recurso de Exhibición Personal para restituir, mantener y preservar a los privados de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; ordenando, asimismo, las medidas preventivas y correctivas a que ha lugar. ..."..."después de tener a la vista los informes emitidos por las Juezas Ejecutoras designadas a efectos de cumplimentar el presente Recurso de Habeas Corpus, y, con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República; en los Instrumentos Internacionales para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en las leyes ordinarias, y, en la Jurisprudencia Constitucional sobre las condiciones de dignidad humana en la que deben permanecer los privados de libertad; garantizando el pleno respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la protección de la vida y las condiciones para una efectiva y positiva reeducación reinserción social; así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva, o cumpliendo condena privativa de libertad; SE APRUEBA el informe emitido por las Juezas Ejecutoras..."..."las condiciones estructurales en mención, afectan a los privados de libertad, en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; según reseñado in extenso en el Informe brindado por las juezas ejecutoras, resultando en vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden del Centro Penitenciario; vulnerándose lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, con relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo bajo estudio, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas a la Autoridad reseñada..."..."; resulta mandatorio para esta Sala el envío de copia certificada del presente fallo a la Fiscalía del Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes inherentes a su mandato constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes..."..."la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales..."..."por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos..."..."de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNla Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye Declarando Ha Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que se consideró oportunas, según obra relacionado a folio doscientos (200) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus..."..."las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios..."..."en la jurisprudencia constitucional es aceptada la existencia de tres (3) tipos de Habeas Corpus, de acuerdo a la situación atendida: Preventivo, Correctivo y Sancionador. En el primero de los casos, El Preventivo tiene que ver con la advertencia previa, que, de querer realizar un acto, pudiera generar consecuencias que puedan afectar a la persona humana. El Correctivo, es aquel que se aplica cuando las condiciones ya son presentes, y si limitan derechos fundamentales de forma irregular, pero se refieren a condiciones sujetas a cambio para de igual manera mejora en el disfrute de los derechos y evitar situaciones; y finalmente El Sancionador, que ya tiene que ver con el cese de las condiciones que limitan derechos fundamentales y causan molestias innecesarias y sancionan a la administración por no haber tenido en cuenta recomendaciones. Es por ello que se consideró procedente admitir el presente Recurso de Exhibición Personal para restituir, mantener y preservar a los privados de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; ordenando, asimismo, las medidas preventivas y correctivas a que ha lugar. ..."..."después de tener a la vista los informes emitidos por las Juezas Ejecutoras designadas a efectos de cumplimentar el presente Recurso de Habeas Corpus, y, con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República; en los Instrumentos Internacionales para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en las leyes ordinarias, y, en la Jurisprudencia Constitucional sobre las condiciones de dignidad humana en la que deben permanecer los privados de libertad; garantizando el pleno respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la protección de la vida y las condiciones para una efectiva y positiva reeducación reinserción social; así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva, o cumpliendo condena privativa de libertad; SE APRUEBA el informe emitido por las Juezas Ejecutoras..."..."las condiciones estructurales en mención, afectan a los privados de libertad, en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; según reseñado in extenso en el Informe brindado por las juezas ejecutoras, resultando en vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden del Centro Penitenciario; vulnerándose lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, con relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo bajo estudio, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas a la Autoridad reseñada..."..."; resulta mandatorio para esta Sala el envío de copia certificada del presente fallo a la Fiscalía del Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes inherentes a su mandato constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes..."..."la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales..."..."por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos..."..."de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNla Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye Declarando Ha Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que se consideró oportunas, según obra relacionado a folio doscientos (200) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus..."..."las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios..."..."en la jurisprudencia constitucional es aceptada la existencia de tres (3) tipos de Habeas Corpus, de acuerdo a la situación atendida: Preventivo, Correctivo y Sancionador. En el primero de los casos, El Preventivo tiene que ver con la advertencia previa, que, de querer realizar un acto, pudiera generar consecuencias que puedan afectar a la persona humana. El Correctivo, es aquel que se aplica cuando las condiciones ya son presentes, y si limitan derechos fundamentales de forma irregular, pero se refieren a condiciones sujetas a cambio para de igual manera mejora en el disfrute de los derechos y evitar situaciones; y finalmente El Sancionador, que ya tiene que ver con el cese de las condiciones que limitan derechos fundamentales y causan molestias innecesarias y sancionan a la administración por no haber tenido en cuenta recomendaciones. Es por ello que se consideró procedente admitir el presente Recurso de Exhibición Personal para restituir, mantener y preservar a los privados de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; ordenando, asimismo, las medidas preventivas y correctivas a que ha lugar. ..."..."después de tener a la vista los informes emitidos por las Juezas Ejecutoras designadas a efectos de cumplimentar el presente Recurso de Habeas Corpus, y, con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República; en los Instrumentos Internacionales para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en las leyes ordinarias, y, en la Jurisprudencia Constitucional sobre las condiciones de dignidad humana en la que deben permanecer los privados de libertad; garantizando el pleno respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la protección de la vida y las condiciones para una efectiva y positiva reeducación reinserción social; así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva, o cumpliendo condena privativa de libertad; SE APRUEBA el informe emitido por las Juezas Ejecutoras..."..."las condiciones estructurales en mención, afectan a los privados de libertad, en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; según reseñado in extenso en el Informe brindado por las juezas ejecutoras, resultando en vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden del Centro Penitenciario; vulnerándose lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, con relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo bajo estudio, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas a la Autoridad reseñada..."..."; resulta mandatorio para esta Sala el envío de copia certificada del presente fallo a la Fiscalía del Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes inherentes a su mandato constitucional..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 22 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 28 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…"los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes..."..."la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales..."..."por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos..."..."de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNla Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye Declarando Ha Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que se consideró oportunas, según obra relacionado a folio doscientos (200) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus..."..."las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios..."..."en la jurisprudencia constitucional es aceptada la existencia de tres (3) tipos de Habeas Corpus, de acuerdo a la situación atendida: Preventivo, Correctivo y Sancionador. En el primero de los casos, El Preventivo tiene que ver con la advertencia previa, que, de querer realizar un acto, pudiera generar consecuencias que puedan afectar a la persona humana. El Correctivo, es aquel que se aplica cuando las condiciones ya son presentes, y si limitan derechos fundamentales de forma irregular, pero se refieren a condiciones sujetas a cambio para de igual manera mejora en el disfrute de los derechos y evitar situaciones; y finalmente El Sancionador, que ya tiene que ver con el cese de las condiciones que limitan derechos fundamentales y causan molestias innecesarias y sancionan a la administración por no haber tenido en cuenta recomendaciones. Es por ello que se consideró procedente admitir el presente Recurso de Exhibición Personal para restituir, mantener y preservar a los privados de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; ordenando, asimismo, las medidas preventivas y correctivas a que ha lugar. ..."..."después de tener a la vista los informes emitidos por las Juezas Ejecutoras designadas a efectos de cumplimentar el presente Recurso de Habeas Corpus, y, con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República; en los Instrumentos Internacionales para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en las leyes ordinarias, y, en la Jurisprudencia Constitucional sobre las condiciones de dignidad humana en la que deben permanecer los privados de libertad; garantizando el pleno respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la protección de la vida y las condiciones para una efectiva y positiva reeducación reinserción social; así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva, o cumpliendo condena privativa de libertad; SE APRUEBA el informe emitido por las Juezas Ejecutoras..."..."las condiciones estructurales en mención, afectan a los privados de libertad, en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; según reseñado in extenso en el Informe brindado por las juezas ejecutoras, resultando en vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden del Centro Penitenciario; vulnerándose lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, con relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo bajo estudio, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas a la Autoridad reseñada..."..."; resulta mandatorio para esta Sala el envío de copia certificada del presente fallo a la Fiscalía del Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes inherentes a su mandato constitucional..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 22 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 27 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…"los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes..."..."la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales..."..."por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos..."..."de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNla Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye Declarando Ha Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que se consideró oportunas, según obra relacionado a folio doscientos (200) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus..."..."las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios..."..."en la jurisprudencia constitucional es aceptada la existencia de tres (3) tipos de Habeas Corpus, de acuerdo a la situación atendida: Preventivo, Correctivo y Sancionador. En el primero de los casos, El Preventivo tiene que ver con la advertencia previa, que, de querer realizar un acto, pudiera generar consecuencias que puedan afectar a la persona humana. El Correctivo, es aquel que se aplica cuando las condiciones ya son presentes, y si limitan derechos fundamentales de forma irregular, pero se refieren a condiciones sujetas a cambio para de igual manera mejora en el disfrute de los derechos y evitar situaciones; y finalmente El Sancionador, que ya tiene que ver con el cese de las condiciones que limitan derechos fundamentales y causan molestias innecesarias y sancionan a la administración por no haber tenido en cuenta recomendaciones. Es por ello que se consideró procedente admitir el presente Recurso de Exhibición Personal para restituir, mantener y preservar a los privados de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; ordenando, asimismo, las medidas preventivas y correctivas a que ha lugar. ..."..."después de tener a la vista los informes emitidos por las Juezas Ejecutoras designadas a efectos de cumplimentar el presente Recurso de Habeas Corpus, y, con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República; en los Instrumentos Internacionales para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en las leyes ordinarias, y, en la Jurisprudencia Constitucional sobre las condiciones de dignidad humana en la que deben permanecer los privados de libertad; garantizando el pleno respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la protección de la vida y las condiciones para una efectiva y positiva reeducación reinserción social; así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva, o cumpliendo condena privativa de libertad; SE APRUEBA el informe emitido por las Juezas Ejecutoras..."..."las condiciones estructurales en mención, afectan a los privados de libertad, en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; según reseñado in extenso en el Informe brindado por las juezas ejecutoras, resultando en vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden del Centro Penitenciario; vulnerándose lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, con relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo bajo estudio, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas a la Autoridad reseñada..."..."; resulta mandatorio para esta Sala el envío de copia certificada del presente fallo a la Fiscalía del Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes inherentes a su mandato constitucional..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 16 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 28 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…"los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes..."..."la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales..."..."por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos..."..."de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNla Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye Declarando Ha Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que se consideró oportunas, según obra relacionado a folio doscientos (200) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus..."..."las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios..."..."en la jurisprudencia constitucional es aceptada la existencia de tres (3) tipos de Habeas Corpus, de acuerdo a la situación atendida: Preventivo, Correctivo y Sancionador. En el primero de los casos, El Preventivo tiene que ver con la advertencia previa, que, de querer realizar un acto, pudiera generar consecuencias que puedan afectar a la persona humana. El Correctivo, es aquel que se aplica cuando las condiciones ya son presentes, y si limitan derechos fundamentales de forma irregular, pero se refieren a condiciones sujetas a cambio para de igual manera mejora en el disfrute de los derechos y evitar situaciones; y finalmente El Sancionador, que ya tiene que ver con el cese de las condiciones que limitan derechos fundamentales y causan molestias innecesarias y sancionan a la administración por no haber tenido en cuenta recomendaciones. Es por ello que se consideró procedente admitir el presente Recurso de Exhibición Personal para restituir, mantener y preservar a los privados de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; ordenando, asimismo, las medidas preventivas y correctivas a que ha lugar. ..."..."después de tener a la vista los informes emitidos por las Juezas Ejecutoras designadas a efectos de cumplimentar el presente Recurso de Habeas Corpus, y, con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República; en los Instrumentos Internacionales para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en las leyes ordinarias, y, en la Jurisprudencia Constitucional sobre las condiciones de dignidad humana en la que deben permanecer los privados de libertad; garantizando el pleno respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la protección de la vida y las condiciones para una efectiva y positiva reeducación reinserción social; así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva, o cumpliendo condena privativa de libertad; SE APRUEBA el informe emitido por las Juezas Ejecutoras..."..."las condiciones estructurales en mención, afectan a los privados de libertad, en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; según reseñado in extenso en el Informe brindado por las juezas ejecutoras, resultando en vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden del Centro Penitenciario; vulnerándose lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, con relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo bajo estudio, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas a la Autoridad reseñada..."..."; resulta mandatorio para esta Sala el envío de copia certificada del presente fallo a la Fiscalía del Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes inherentes a su mandato constitucional..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 85 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 87 (Rango Constitucional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 16 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 5 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 28 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal Interpuesto vía llamada telefónica por el Abogado CARLOS RODAS a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en base a los hechos siguientes: "manifiesta el peticionario que el día de hoy se han violentado los derechos de los reclusos, ya que, la Policía Militar ha realizado una requisa en dicho módulo, realizando represalias en contra de los reclusos, les rompieron la ropa y los colchones, los golpearon, se maneja información que en dicho módulo hay 98 privados de libertad de los cuales hay 5 gravemente heridos y que desconoce sus nombres ya que no los dejan ingresar. La Policía Militar no siguió los parámetros para realizar dichas requisas, por lo que solicita medidas correctivas, además, atentaron contra la dignidad de apropiadamente 10 reclusos ya que les cortaron el cabello y los bañaron con cloro y "azistín"... sin más que agregar." ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro, la Sala de lo Constitucional y siendo la una de la tarde con cinco minutos, se recibió una llamada telefónica del Abogado CARLOS RODAS, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el No. 27682, con celular: 9584- 6294, quien manifiesta por este acto interpone un recurso de exhibición personal correctivo a favor TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en base a los hechos siguientes: "manifiesta el peticionario que el día de hoy se han violentado los derechos de los reclusos, ya que, la Policía Militar ha realizado una requisa en dicho módulo, realizando represalias en contra de los reclusos, les rompieron la ropa y los colchones, los golpearon, se maneja información que en dicho módulo hay 98 privados de libertad de los cuales hay 5 gravemente heridos y que desconoce sus nombres ya que no los dejan ingresar. La Policía Militar no siguió los parámetros para realizar dichas requisas, por lo que solicita medidas correctivas, además, atentaron contra la dignidad de apropiadamente 10 reclusos ya que les cortaron el cabello y los bañaron con cloro y "azistín"... sin más que agregar." En tal virtud, y para los efectos legales pertinentes se firma la presente acta de exhibición personal interpuesta por la vía Telefónica, siendo la una con quince minutos de la tarde, del día veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, firmando para constancia el suscrito que da fe. (Folio 01 del recurso) 2) Que en esa misma fecha, se admitió el recurso de exhibición personal de mérito, Designando como Jueces Ejecutoras a las Abogadas XIOMARA LAINEZ y VERONICA JANETH MONCADA, Defensoras Públicas de la ciudad de Tegucigalpa, quienes deberán de manera inmediata constituirse al CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA, a efecto de constatar de manera inmediata los hechos ocurridos en dicho centro Y de ser procedente tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de LAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO FEMENINO DE ADAPTACIÓN SOCIAL (CEFAS), asimismo deberá requerir de las autoridades recurridas el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiendo emitir sus conclusiones e informe sobre lo actuado dentro de un plazo prudencial ante esta Sala de lo Constitucional. (Folio 03 del recurso) 3) Que en fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticuatro, la Abogada Verónica Janeth Moncada, Defensora Publica asignada a Tegucigalpa, solicito se considere y excuse a este Recurso de Exhibición Personal en virtud de poderse crear un conflicto de intereses según nuestra normativa legal. (Folios 05 y 06 del recurso) 4) Que en la misma fecha esta Sala dicto resolución: RESUELVE: 1.- DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de la Jueza Ejecutora designada, Abogada VERÓNICA JANETH MONCADA, en cuanto a tenerla por excusada de la tramitación de la presente garantía, por apreciar esta Sala que las razones que ha expuesto no resultan justificables para tal fin; 2.- Nómbrese a la Abogada YESSICA PATRICIA DURÓN, Defensora Pública de esta ciudad, a quien se le indica que de manera inmediata proceda a cumplir con lo ordenado en el auto de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinticuatro, conforme al nombramiento en ella recaído, realizando las diligencias que estime oportunas, en conjunto con las Jueces Ejecutoras, Abogadas XIOMARA LAINEZ Y VERÓNICA JANETH MONCADA; 3.- Líbrese la respectiva comunicación con las inserciones de estilo, a la Jueza Ejecutora designada, la Abogada YESSICA PATRICIA DURÓN, a la que debe acompañarse copia simple del auto de fecha veintiséis (26) de noviembre del presente año, en aras de que proceda de inmediato a diligenciar el trámite del Recurso de Exhibición Personal de mérito; 4.- Entréguese la Comunicación de fecha 26 de noviembre del presente año a la Jueza Ejecutora Designada, Abogada VERÓNICA JANETH MONCADA, para que sin dilación inicie las acciones que le han sido encomendadas. Y MANDA: Que se de inmediato cumplimiento a lo ordenado por este Supremo Tribunal de Justicia. CÚMPLASE. (Folios 9-10 del recurso) 5) Que las Jueces Ejecutores, Abogadas XIOMARA LAINEZ Y VERÓNICA JANETH MONCADA, YESSICA PATRICIA DURÓN Defensoras Públicas de la ciudad de Tegucigalpa, actuando en su condición antes indicada, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo fecha doce de marzo del dos mil veinticinco, rindieron informe ante la Sala de lo Constitucional, en el cual consignó entre otros extremos lo siguiente: “… CONSIDERANDO: En fecha 10 de diciembre del 2024, se requirió al Señor Director del Instituto Nacional Penitenciario Coronel RAMIRO FERNANDO MUÑOZ, a efecto de que rinda Informe en un plazo que no exceda de veinticuatro (24) horas a partir e presente requerimiento, entregándosele copia fotostática del HABEAS CORPUS interpuesto por el Abogado CARLOS RODAS, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO MARCO AURELIO SOTO" UBICADA EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN.- En dicho informe deberá exponer en base a los hechos acaecidos en fecha veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro en el que la policía Militar al realizar una requisa en dicho modulo, realizando represalias en contra de los reclusos, les rompieron ropa, colchones, los golpearon, que en dicho modulo hay 98 privados de libertad de los cuales hay 5 gravemente heridos, desconociendo el nombre de los mismos ya que no permiten el ingreso y además atentan contra la dignidad de 10 reclusos ya que les cortaron el cabello y los bañaron con cloro y azistin. Asimismo, adjunte copia de los libros de novedades que para tal efecto se llevan en el módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto, específicamente del día veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinticuatro, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Habeas Corpus de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Habiendo remitido Informe en fecha 13 de Diciembre del año 2024 a la Secretaria de la Sala Constitucional, recibiendo informe de la Abogada CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ ROSALES, SECRETARIA GENERAL, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, en fecha 09 de enero del 2025, en virtud de lo cual informa lo siguiente: PRIMERO: En respuesta al requerimiento solicitado por las Jueces Ejecutoras Abogadas XIOMARA ANTONIA LAINEZ SANTOS, VERONICA MONCADA Y JESICA PATRICIA DURON, respecto a la requisa realizada en fecha 26 de noviembre del 2024, las mismas se realizan periódicamente según lo establecido en el Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario, en su artículo 210 que establece que " el procedimiento de requisa de personas e inspección de bienes tiene como objeto detectar e impedir el ingreso y la permanencia en los establecimientos penitenciario y oficinas del Sistema Penitenciario Nacional, de sustancias y objetos cuya utilización por la población interna este prohibida por el ordenamiento jurídico, o no hayan sido autorizados por la Dirección del Establecimiento. SEGUNDO: Dicho lo anterior, en el presente caso y según informe el Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, el día 26 de Noviembre del 2024, a las 06:00 horas se presentó el Jefe del Departamento de Organización, Operaciones y Adiestramiento de la Policía Militar del Orden Público PM-3 del primero, cuarto y séptimo batallón, un equipo de inteligencia del Departamento PM-2 y un equipo del Departamento PM-6 а efectos de realizar una requisa general del módulo, iniciando a las 06:10 horas con el Ala Alfa (pandilla 18) en el cual un grupo de militares, extrajo a las personas privadas de libertad desde su respectiva celda con las medidas de seguridad pertinentes (aros de presión y grilletes) hasta el área abierta que se encuentra al lado de dicha Ala, donde se ubicaron a todos los PPL sentados y ordenados en fila para mejor seguridad y control, donde permanecieron resguardados por el personal de la PMOP, seguidamente otro equipo de la PM, procedió a realizar el registro de cada celda y registro del Ala de manera general a efectos de verificar que no se encuentren ilícitos, empleando también varios binomios caninos, una vez finalizado el registro se procedió al reingreso de cada PPL a su respectiva celda, finalizando aproximadamente a las 09:00.- En esta Ala se alojan 98 privados de libertad.-Cabe mencionar que, durante la permanencia de los privados de libertad en el área abierta, se mantuvo en dicho lugar el médico y enfermero asignados a este módulo.- TERCERO: Posteriormente, a eso de las 09:00 horas se procedió a efectuar el registro en el Ala Bravo, por lo cual se siguió el mismo procedimiento de extracción, registro y reingreso de los privados de libertad finalizando aproximadamente a las 11:20 horas. En esta Ala se alojan 57 privados de libertad. Seguidamente se realizó el registro en el Ala de Protección, donde permanecen 5 privados de libertad. Finalizando a las 12:00 horas, habiendo encontrado lo siguiente: 10 corto punzante, 04 chips para teléfono celular (03 de claro y 01 de Tigo), 02 cables USB, 02 pares de auriculares, 02 puntas de supuesta cocaína, 02 puntas de supuesta marihuana, 02 billetes de cien dólares (EEUU), 01 libreta de apuntes de dinero, 01 carta con apuntes de dinero, 01 memoria USB, 01 memoria SD. CUARTO: Así mismo se informa que manifiesta el Director Centro Penitenciario Nacional de Tamara no hubo novedades en dicha requisa que afirmen los hechos denunciados por el Abogado Carlos Rodas en el presente Habeas Corpus Correctivo.- ....( se adjunta copia de la Comunicación y su respectiva Acta copia del acta de requerimiento, informe al Señor Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara Coronel de Inteligencia Militar DEM Santos Roberto Nájera Cárcamo de parte del Mayor de Infantería DEM Javier Arturo Pérez Diaz Encargado del Módulo de Máxima Seguridad, copia de anotaciones del Libro de Novedades del día lunes 25 de noviembre del 2024 (25/11/ 2024) del Cetro Penal de Tamara Modulo de Máxima Seguridad Tamara Francisco Morazán. A razón de que se testimonio las anotaciones del día 25 de noviembre del 2024 y no del 26 de noviembre del 2024 solicitadas en el requerimiento, se requirió nuevamente en fecha 18 de febrero del 2025, al Señor Director del Instituto Nacional Penitenciario General Ramiro Fernando muñoz a fin de se testimonie los libros de novedades de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinticuatro.- CONSIDERANDO: En fecha 21 de enero del 2025, fue recibido INFORME MEDICO por parte del Señor Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara sobre lo acontecido el día 26 de noviembre del presente año, con los internos recluidos en el ALA ALFA del módulo de MAXIMA SEGURIDAD, en donde supuestamente fueron heridos al momento de la requisa realizada en dicho modulo.- Relacionado a tal acontecimiento, el medico asistencial que se encontraba de turno ese día, manifiesta, lo que se transcribe textualmente a continuación: " Por este medio se da respuesta a la solicitud hecha por el Departamento Legal del Centro Penitenciario Nacional de Tamara acerca de un informe médico, a cinco privados de libertad que supuestamente fueron agredidos físicamente durante una requisa el día 26 de noviembre del presente año. Por lo cual se dio respuesta el 27 de noviembre por el colega Dr. Víctor Ortiz, Enel cual se especifica que de los supuestos agredidos se dio traslado para valoración a la emergencia de Neurología del hospital Escuela al privado de libertad JOSE ANTONIO IZCANO, el cual no evidenciaba algún estigma de trauma agudo (hematoma, ni raspones) pero por su supuesta queja de dolor se realiza salida. Se recibe el mismo día valorado por el servicio de Ortopedia y neurocirugía con radiografías de columna torácica y Lumbosacra sin evidencia de fractura, ni trauma, dejando cita para resonancia magnética y valoración por neurocirugía por Lumbalgia Crónica Agudizada / algo ya preexistente en el paciente, el cual se agudizo en ese momento). Del resto de paciente valorados en el módulo de Máxima Seguridad en el Ala Alfa NINGUNO PRESENTO ESTIGMAS DE TRAUMA, por lo cual ninguno amerita algún tipo de informe médico individual, ya que todos se encuentran estables, sin hematomas, ni raspones que evidencien algún tipo de violencia hacia ellos. PRIMERO: Se realizo traslado al Hospital Escuela a la emergencia de Neurología al privado de libertad José Antonio Izcano, donde se le practica Radiografía de Columna Torácica y Lumbosacra, sin evidencia de lesión o fractura, dando manejo analgésico (ibuprofeno 600 mg y metocarbamol 500 mg) con el diagnostico de Lumbalgia Crónica Agudizada (condición previa agudizada) con orden de estudios de imagen (Imagen de Resonancia Magnética Lumbosacra) y cita a consulta externa de Neurocirugía al tener estudio de Radio Imagen. SEGUNDO: De todo el paciente evaluado en el módulo de MAXIMA SEGURIDAD en el Ala Alfa, ese día a ninguno se encontró en condición que evidencie trauma (como ser hematomas, ni raspones) todos estables, algunos deshidratados por estar al menos una hora bajo sol mientras se realizó requisa. (Se adjunta documento emitido por el medico Asistencial del Módulo de Máxima Seguridad Tamara, Francisco Morazán, al Doctor Pedro Alejandro Meraz Sánchez, Coordinador del Área de Salud, Hospital C.P.N.T. En 06 de febrero del 2025, se requirió nuevamente al Señor Director Santos Roberto Nájera Cárcamo, Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, a fin de que ordene al Doctor Víctor Ortiz que proceda a ampliar y remitir el informe médico de la evaluación que realizo a cada uno de los privados de libertad, siendo que en el primer informe se establece que fueron todos examinados, en tal razón se debe establecer los hallazgos encontrados a cada uno de manera individualizada. A razón de lo peticionado en fecha 17 de febrero del año 2025, fue recibida la ampliación del Informe Médico solicitado al Señor Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, en donde se agrega el mismo informe recibido en fecha 21 de enero del 2025, agregando un listado de 110 privados de libertad del Ala Alfa sin sello, ni firma. CONSIDERANDO: En fecha 03 de marzo del 2025, se recibió el Informe con procedencia de la Secretaria General del Instituto Nacional Penitenciaria por parte de la Abogada Claudia Patricia Rodríguez Rosales, oficio No.120-SG-2025, en relación al nuevo requerimiento que se hiciera en fecha 18 de febrero del año 2025 al Director del Instituto Nacional Penitenciario General Ramiro Fernando Muñoz, en el que se remite informe y copia certificada de los folios del 47 al 57 del Libro de Novedades del Módulo de Máxima, abierto en fecha 15 de noviembre del año 2024 y que corresponde a los días 25 y 26 de noviembre del año 2024, en donde... En relación a lo antes solicitado, tengo a bien informarle que el Teniente Coronel de Infantería DEM Javier Arturo Pérez Diaz, encarado del Módulo de Máxima Seguridad, nos informó que los libros se cierran de las seis (06:00 am) de la mañana a seis (06:00 pm) de la tarde, y que el día 26 de noviembre el año recién pasado, no fue la fecha en la cual acontecieron los hechos, sino que el da 25 de noviembre del 2024, y que se hizo la aclaratoria en la contestación del Requerimiento de la EXHIBICION PERSONAL.- " Cabe hacer la observación que en el libro de novedades se indica que el día lunes 25 de noviembre del presente año y siendo las 06:00 (18:00 HORAS) de ese día " Entro señor Jefe de Departamento de Operaciones al mando de 180 PMOP, 36 Agentes Penitenciarios, 12 conductores en lo vehículos tipo camión RHP2378, RHP2372, RHP1776, RHP1708, RHP1701, RHP2904, RHP2*03,2975 AMBULANCIA, RHP1201, quienes vienen de diferentes batallones, Cuarto Batallón, Séptimo Batallón, Primer Batallón, Batallón Canino, Equipo de Inteligencia quienes vienen a realizar requisa al módulo de Máxima Seguridad y salieron a las 12:00 horas S/N". Adjuntando copia certificada de los folios del 47 al 57 del LIBRO DE NOVEDADES DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD. CONSIDERANDO: El Estado reconoce la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; Siendo que en este sentido es clara la Ley al establecer las dos circunstancias en las que procede declarar con lugar una exhibición personal; Y en el caso que nos ocupa se ha podido establecer que los 98 privados de libertad del Ala Alfa se encuentran cumpliendo sus condenas o medida cautelar de Prisión Preventiva, impuestas por un Tribunal Competente, es decir que se encuentran legalmente presos, pero su cumplimiento se siente restringido en sus derechos como personas privadas de libertad, al ser objeto de malos tratos, tormentos o molestias innecesarias, dentro de su reclusión, y cualquier circunstancia en el orden de la prisión, puede ser corregida en la sustanciación de dicho recurso, siendo que los privados de libertad del Ala Alfa han referido en sus respectivas entrevistas que sus Derechos les fueron violentados al practicar una requisa en su Modulo del Ala Alfa en fecha 26 de Noviembre del año 2024. CONSIDERANDO: Por tal Razón las Jueces Ejecutoras en fecha 07 de marzo del 2025, procedió a enviar atento oficio al Señor Director del Instituto Nacional Penitenciario, General RAMIRO FERNANDO MUÑOZ, y al Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Coronel SANTOS ROBERTO NAJERA CARCAMO en fecha Once de marzo del 2025, indicando las recomendaciones pertinentes a fin de salvaguardar la integridad física de los Privados de Libertad, las cuales se detallan a continuación: 1. Cuando se practiquen diligencias de supervisión, revisión y registros, entre otros, se deben realizar garantizando en todo momento las garantías establecidas en los protocolos establecidos para este efecto, guardando todo el respeto inherente al ser humano. 2.- Se debe respetar la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, en el momento que se realice cualquier tipo de requisas, ello implica que no deben de someterse a ninguna clase de torturas, tormentos, vejámenes, tratos crueles inhumanos o degradantes o cualquier molestia innecesaria para su seguridad y tranquilidad. 3. Se recomienda que el personal sea capacitado en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad, es decir en el tratamiento de los reclusos (Reglas de Mandela; Reglas de Bangkok, Reglas de Beijing). CONSIDERANDO: Las Suscritas Jueces Ejecutoras, después de haber realizado las diligencias pertinentes, para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de Exhibición Personal Habeas Corpus Correctivo, los extremos denunciados al momento de entrevistar a los privados de libertad del Ala Alfa del Módulo de Máxima Seguridad, y los Informes rendidos por las Autoridades, Requeridas y haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Constitucional, POR TANTO: Las suscritas Jueces Ejecutoras nombradas por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los Artículos 182 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 9, 10, 13, 24, 26, 37, de la Ley de Justicia Constitucional, ES DEL CRITERIO DECLARAR HA LUGAR LA ACCIÓN DEL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL EN EL EFECTO CORRECTIVO, No.SCO-1425-2024 interpuesto por el Abogado CARLOS RODAS a favor de todos los Privados de Libertad que se encuentran en el Ala Alfa del Módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto, ubicado en Tamara Francisco Morazán, interpuesto ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia contra las actuaciones del Tercer Batallón de la Policía Militar y del Director del Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto, ubicado en Tamara, Francisco Morazán.- NOTIFIQUESE. CONSIDERANDO (1): Que los Centros Penitenciarios son medios institucionales para la ejecución de una política criminal efectiva, que asegure finalidades como la búsqueda de la defensa del orden social, la reeducación y reinserción social, de quienes, habiendo delinquido, son rehabilitados; a efecto volver a la sociedad como persona útil, apta para la convivencia social, respetuosa de la ley y de sus semejantes. CONSIDERANDO (2): Que el Estado de Honduras se encuentra constitucionalmente obligado a brindar protección a todos sus habitantes, sin excepción; garantizarles, a la vez, el goce de la justicia, la cultura y el bienestar económico y social. CONSIDERANDO (3): Que es criterio de esta Sala, y así lo ha dejado establecido en la motivación de la sentencia de fecha uno de marzo del año dos mil seis, recaída en la acción de Exhibición Personal registrada en este Tribunal, bajo número de ingreso 62=06; que este deber estatal adquiere especial significado cuando se trata de la tutelar sectores vulnerables, menos favorecidos, y/o marginados de la población; tal como sucede con las personas privadas de libertad que se encuentran internas en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; quienes son beneficiarias del presente recurso de Exhibición Personal correctivo. CONSIDERANDO (4): Que, el artículo 87 de de la República, literalmente prescribe: “Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”, marco normativo constitucional atinente al caso que nos ocupa. CONSIDERANDO (5): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno, y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; resultando procedente cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, el artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.” CONSIDERANDO (6): Que la Carta Magna, en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (7): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sus disposiciones se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” CONSIDERANDO (8): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3, 4 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; 4) Proponer a la Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población, la creación y organización de los establecimientos penitenciarios del Estado; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es Estado Parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno. Al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. El artículo 5 de la Convención, por su parte, protege el derecho a la integridad personal: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (10): Que Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas de Nelson Mandela), constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. El objeto de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneas más adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Es evidente que, debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas. CONSIDERANDO (11): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas, varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados, en cada situación concreta. La Corte Interamericana, también ha manifestado: “ (…) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…” (Énfasis suplido). CONSIDERANDO (12): Que la problemática en los centros penitenciarios en Honduras, es una situación que se viene presentando históricamente en Honduras, registrándose como hechos más significativos seis incidentes de muertes colectivas a saber: -en 1999 en el Centro Penal de San Pedro Sula; -en 2002, Centro Penal de Choluteca; -en 2003, Centro Penal de San Pedro Sula; en 2003, Granja Penal El Porvenir; -en 2004 Centro Penal de San Pedro Sula; -en enero de 2006 Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicado en Támara y el más reciente, el incendio suscitado en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, en fecha 14 de febrero del año 2012, en el que murieron 362 personas y que destruyó la mitad de las celdas de dicho establecimiento. CONSIDERANDO (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en fecha 27 de abril del año 2012 dictó sentencia en el caso Pacheco Teruel y Otros Vs. Estado de Honduras. Durante la audiencia, de acuerdo al párrafo V de dicha sentencia, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por graves situaciones en las cárceles que tuvieron como resultado la muerte de muchos reclusos, exponiendo al respecto: “El Estado de Honduras reconoce que la vida es un valor supremo, invaluable e irreparable. Asimismo, reconoce que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y que [al Estado] le corresponde la protección de los derechos intrínsecos de éste. En definitiva […] le corresponde asegurar el goce de la justicia a sus ciudadanos. Siendo el Estado de Honduras signatario de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por medio de los cuales se reconoce al ser humano todas las garantías fundamentales como […] el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad de las personas, entre otros…”. Además, del contenido de la sentencia, se aprecia una exposición de las condiciones generales del Centro Penal en el que acaeció el hecho lesivo a la dignidad humana, por el que resultó condenado el Estado de Honduras; condiciones que guardan relación de analogía, a las ahora presentadas, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), con sede en Támara, departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (14): Que el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, destacando dicho informe que la crisis estructural en el sistema penitenciario en Honduras, es el resultado de la falta de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a manera resulte compatible con las obligaciones internacionales, asumidas por el Estado. CONSIDERANDO (15): Que, como ha quedado explicitado, por disposición constitucional, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, procurándose en ellos la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo. En consecuencia el Estado se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y la realización efectiva de los fines constitucionales de los establecimientos penales, haciendo asimismo efectivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en relación a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, las que se encuentra recogidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), como los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Por ello los establecimientos penitenciarios deben contar con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura, como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los reclusos, procurando el reconocimiento y garantizando el respeto de sus derechos humanos. Las RM establecen que los locales destinados a albergar privados de libertad, especialmente los de alojamiento nocturno, satisfarán las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, luz, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna. CONSIDERANDO (16): Que, de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, contra las actuaciones del TERCER BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR, asimismo, del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁNla Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se concluye Declarando Ha Lugar la Acción de Exhibición Personal; realizando las observaciones que se consideró oportunas, según obra relacionado a folio doscientos (200) de la presente acción constitucional de Habeas Corpus. CONSIDERANDO (17): Que las Reglas Mínimas Nelson Mandela establecen como reglas de aplicación general: El Registro, separación por categorías, locales destinados al alojamiento de los reclusos, a su higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala lo concerniente a la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte incluye lo pertinente al tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios. CONSIDERANDO (18): Que el Instituto Nacional Penitenciario como el órgano al cual le corresponde la organización, administración y funcionamiento del Sistema Nacional Penitenciario, velará porque todos los establecimientos penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personal necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional. En el cumplimiento de sus funciones el Instituto debe sujetarse tanto a las normas constitucionales como a la Ley del Sistema Penitenciario, su Reglamento y reformas, donde se contienen las disposiciones relativas a las condiciones mínimas adecuadas de las personas privadas de libertad, servicios generales imprescindibles para la vida de los internos, asistencia médica para garantizar el derecho a la salud de la población penitenciaria, distribución de la población penitenciaria, acorde a la capacidad de cada centro penitenciario, estas entre otras no menos importantes. CONSIDERANDO (19): Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario, la organización, administración y funcionamiento del Sistema Nacional Penitenciario, debiendo adoptar y dar cumplimiento a las medidas mínimas establecidas como estándares internacionales, que garanticen el resguardo y respeto irrestricto de la vida e integridad física, síquica y moral de las personas privadas de libertad; así como coadyuvar al orden y la seguridad penitenciaria, a efecto de evitar e impedir la permisividad a lesiones atentatorias contra la vida, dignidad e integridad de la persona humana; atendiendo las conclusiones y recomendaciones emitidas por las señoras Jueces Ejecutoras, a las cuales se hecho anterior e inmediata referencia. CONSIDERANDO (20): Que, la tensión constante existente entre el valor seguridad jurídica y la exigencia por una mayor eficacia del ordenamiento, no debe soslayar, en ningún momento, el deber estatal de garantía de los derechos y libertades fundamentales de la sociedad; lo cual incumbe a las personas de los sectores más vulnerables, como son LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA. Al respecto, estudios de Política Criminal, han puesto de manifiesto, que: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”. CONSIDERANDO (21): Que, en la jurisprudencia constitucional es aceptada la existencia de tres (3) tipos de Habeas Corpus, de acuerdo a la situación atendida: Preventivo, Correctivo y Sancionador. En el primero de los casos, El Preventivo tiene que ver con la advertencia previa, que, de querer realizar un acto, pudiera generar consecuencias que puedan afectar a la persona humana. El Correctivo, es aquel que se aplica cuando las condiciones ya son presentes, y si limitan derechos fundamentales de forma irregular, pero se refieren a condiciones sujetas a cambio para de igual manera mejora en el disfrute de los derechos y evitar situaciones; y finalmente El Sancionador, que ya tiene que ver con el cese de las condiciones que limitan derechos fundamentales y causan molestias innecesarias y sancionan a la administración por no haber tenido en cuenta recomendaciones. Es por ello que se consideró procedente admitir el presente Recurso de Exhibición Personal para restituir, mantener y preservar a los privados de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; ordenando, asimismo, las medidas preventivas y correctivas a que ha lugar. CONSIDERANDO (22): Que, después de tener a la vista los informes emitidos por las Juezas Ejecutoras designadas a efectos de cumplimentar el presente Recurso de Habeas Corpus, y, con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República; en los Instrumentos Internacionales para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en las leyes ordinarias, y, en la Jurisprudencia Constitucional sobre las condiciones de dignidad humana en la que deben permanecer los privados de libertad; garantizando el pleno respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la protección de la vida y las condiciones para una efectiva y positiva reeducación reinserción social; así como la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva, o cumpliendo condena privativa de libertad; SE APRUEBA el informe emitido por las Juezas Ejecutoras. CONSIDERANDO (23): Que, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, como institución de la administración pública centralizada, encargada de la formulación de la política nacional de seguridad interior y de la custodia y administración de centros penitenciarios para adultos, así como las autoridades mencionadas en el preámbulo de la presente sentencia; deberán, en el término prudencial de un (1) año, hacer las provisiones necesarias para que las recomendaciones establecidas en el Informe rendido por las señoras Juezas Ejecutoras tengan ajustado cumplimiento; en aras mejorar las condiciones estructurales en que guardan detención o reclusión legal los privados de libertad beneficiarios del presente recurso, según queda de manifiesto. CONSIDERANDO (24): Que las condiciones estructurales en mención, afectan a los privados de libertad, en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA; según reseñado in extenso en el Informe brindado por las juezas ejecutoras, resultando en vejámenes, restricciones y molestias innecesarias para su seguridad individual como para el orden del Centro Penitenciario; vulnerándose lo establecido en el numeral 1) literal b) del artículo 182 de de la República, con relación a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por lo que resulta procedente otorgar la garantía de Hábeas Corpus Correctivo bajo estudio, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas a la Autoridad reseñada. CONSIDERANDO (25): Que, del estudio de los antecedentes y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto a las obligaciones que tienen los jueces y magistrados que conozcan de la acción constitucional de habeas corpus que se declaren procedente, por encontrar mérito para declararse con lugar; resulta mandatorio para esta Sala el envío de copia certificada del presente fallo a la Fiscalía del Ministerio Público, para el cumplimiento de los deberes inherentes a su mandato constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos: 1, 4, 16, 18, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 71, 80, 82, 85, 86, 87, 303, 304, 313 atribución 5ta; 316 numeral 1, 321 y 323 de de ; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 30 de de los Derechos Humanos; artículos 1, 2, 11, 12, 18, 22, 24, 25 de de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 1, 2, 4, 5, 24 y 25 de sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 16, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela); artículos 1, 2, 4, 5 y 11 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; artículos 1, 2, 5, 6 y 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia; artículos 1, 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 9, numeral 1); 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por el Abogado CARLOS RODAS, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA, a efecto surtan efecto las medidas correctivas recomendadas al Señor Director del Instituto Nacional Penitenciario, General RAMIRO FERNANDO MUÑOZ, y al Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Coronel SANTOS ROBERTO NAJERA CARCAMO, en fecha Once de marzo del 2025; indicándose expresamente las recomendaciones pertinentes a fin de salvaguardar la integridad física de los mencionados Privados de Libertad. Y ORDENA: I. Que las autoridades designadas, particularmente la Dirección del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, en tanto encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, adopte las medidas necesarias para hacer cesar la vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de libertad; gestiones que deberán realizarse DE INMEDIATO, acatando las disposiciones aquí establecidas, las cuales podrán revisarse en el plazo de un (1) año, a partir de la ejecutoriedad de esta sentencia; a efecto de verificar su cumplimiento, respeto y observancia a los derechos humanos de los internos privados de libertad en EL ALA "ALFA" DEL MÓDULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DE TÁMARA. II. Instar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a efecto de que diseñen y ejecuten una política pública en materia penitenciaria acorde al mandato constitucional y de cumplimiento efectivo a los instrumentos internacionales de derechos humanos. III. Hacer del conocimiento la presente sentencia al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a efecto le brinden debido cumplimiento a sus atribuciones y deberes constitucionales y legales, en tutela de la población penitenciaría. IV. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar a lo que en derecho corresponda, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo se certifique y comunique por los canales usuales a las entidades de Estado concernidas; procediéndose, en lo subsiguiente, al archivo de las presentes diligencias en Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Correctivo registrado en este Tribunal con el número SCO-1425-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL