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Sentencia AP-954-23 — Registro 20081

Resumen

Resolución declaró no ha lugar recusación contra Juez en base a dos causales en actuaciones en causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de Usurpación en perjuicio de Inmobiliaria Siglo XXI; Dicha Corte consideró el criterio reiterado de la Sala de lo Constitucional en el sentido que no basta la simple denuncia contra un juez para que se estime la causal de recusación; Además, no se acredito debidamente que la Juez recusada hubiere emitido juicios de valor sobre el asunto que conocía; por lo que se desestimaron las causales de recusación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función..."..."como lo ha señalado con acierto la Alzada, esta Sala en reiterada jurisprudencia se ha referido al alcance de los artículos 188 numeral 3º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 83 numeral 2º del Código Procesal Penal, que establecen idénticas circunstancias de recusación, consistentes ambas en estar o haber sido, el Juez, Magistrado o Auxiliar, acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta. Así, la Sala ha dejado plenamente establecido que el contenido de estas normas no debe ser entendido de manera estrictamente literal, y por ello hemos dicho que para la acreditación de la referida causal de recusación, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere, además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”..."..."la Sala ha sostenido en sus fallos, que: “la mera presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquél, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución”..."..."en el caso de autos, se advierte que, si bien se ha presentado denuncia en contra de la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, ante la autoridad correspondiente, no se evidencia que la misma haya sido admitida en sede judicial, que es una de las decisiones que conforme a la ley puede adoptar el Ministerio Público, una vez concluidas las investigaciones preliminares. Siendo así, en atención a las anteriores consideraciones y observando la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional en torno a la causal de recusación que se ha planteado, se estima que al no constituir la mera presentación de la denuncia de que se ha hecho mérito, motivo racional y legítimo para refutar la imparcialidad del juez, es acertada la decisión del Tribunal de Alzada de no considerar suficientemente acreditada la causal de recusación invocada..."..."respecto a la causal de recusación contenida en el precitado Artículo en su numeral 10º, se procura con la misma, prevenir el prejuzgamiento del asunto que el Juez o Magistrado ha sido llamado a resolver, al haber tomado el juzgador, un criterio anticipado del mismo. En el caso de autos el recusante manifestó que la juez había exteriorizado criterios anticipados e incluso un interés ilegitimo en el caso, lo cual constituye una grave desatención a la ley, a los principios éticos y al deber que todo juez tiene de juzgar con imparcialidad. probidad e integridad, sin embargo, no logró sustentar esta argumentación en el trámite de la recusación..."..."no obstante que las argumentaciones del recurrente con respecto a la imparcialidad de la juez en este caso son importantes y deben ser escuchadas, en este caso en particular no lograron ser decisivas, pues para que un juez (a) pueda ser apartado (a) del conocimiento de un determinado asunto, si bien es preciso que existan sospechas objetivas, éstas debe estar legítimamente justificadas y apoyadas en hechos y datos objetivos, para que puedan acreditarse las circunstancias que configuran la causal o causales alegadas, pues así se permitirá afirmar y decidir fundadamente que el Juez o Jueza no es ajeno (a) a la causa, o que, por cualquier interés o relación con las partes o con el caso concreto, utilizará consideraciones contrarias a la ley para decidir o resolver el asunto de que se trate..."..."esta Sala considera importante acotar que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad de quien juzga, puesto que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares. También debemos decir que la garantía de imparcialidad atinente a todo juzgador, implica que sus decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, alejado de influencias, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La garantía de imparcialidad comporta en el juez lo que algunos autores han denominado como un “desinterés subjetivo” en la resolución del asunto, causa o pleito del que conocen, es decir que el juez o magistrado debe carecer de ideas preconcebidas sobre el caso que está llamado a fallar..."..."en este caso no han logrado acreditarse las causales de recusación alegadas, es imperioso insistir que la jueza Gladis Alejandra Ochoa, y todos nuestros jueces (zas) y magistrados (as), deben tener presente que un (a) Juez debe mantenerse alejado (a) de los intereses en litigio y de las partes, y que no puede asumir procesalmente funciones de parte, ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner en duda su imparcialidad o exteriorizar una posición previa en favor o en contra de las partes en un proceso..."..."esta Sala observa que si bien las causales invocadas por el recusante revisten de una especial relevancia, no pudieron ser suficientemente demostradas y conformadas en el procedimiento iniciado para su resolución, por lo que correspondía la desestimación de la recusación interpuesta, y, al haber sido así establecido por el Tribunal de Alzada, esta Sala de lo Constitucional, advierte que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo establecido por la normativa para la decisión del asunto objeto de examen, de ahí que no se observe vulneración, disminución o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, por lo que somos del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así debe declararse..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función..."..."como lo ha señalado con acierto la Alzada, esta Sala en reiterada jurisprudencia se ha referido al alcance de los artículos 188 numeral 3º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 83 numeral 2º del Código Procesal Penal, que establecen idénticas circunstancias de recusación, consistentes ambas en estar o haber sido, el Juez, Magistrado o Auxiliar, acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta. Así, la Sala ha dejado plenamente establecido que el contenido de estas normas no debe ser entendido de manera estrictamente literal, y por ello hemos dicho que para la acreditación de la referida causal de recusación, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere, además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”..."..."la Sala ha sostenido en sus fallos, que: “la mera presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquél, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución”..."..."en el caso de autos, se advierte que, si bien se ha presentado denuncia en contra de la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, ante la autoridad correspondiente, no se evidencia que la misma haya sido admitida en sede judicial, que es una de las decisiones que conforme a la ley puede adoptar el Ministerio Público, una vez concluidas las investigaciones preliminares. Siendo así, en atención a las anteriores consideraciones y observando la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional en torno a la causal de recusación que se ha planteado, se estima que al no constituir la mera presentación de la denuncia de que se ha hecho mérito, motivo racional y legítimo para refutar la imparcialidad del juez, es acertada la decisión del Tribunal de Alzada de no considerar suficientemente acreditada la causal de recusación invocada..."..."respecto a la causal de recusación contenida en el precitado Artículo en su numeral 10º, se procura con la misma, prevenir el prejuzgamiento del asunto que el Juez o Magistrado ha sido llamado a resolver, al haber tomado el juzgador, un criterio anticipado del mismo. En el caso de autos el recusante manifestó que la juez había exteriorizado criterios anticipados e incluso un interés ilegitimo en el caso, lo cual constituye una grave desatención a la ley, a los principios éticos y al deber que todo juez tiene de juzgar con imparcialidad. probidad e integridad, sin embargo, no logró sustentar esta argumentación en el trámite de la recusación..."..."no obstante que las argumentaciones del recurrente con respecto a la imparcialidad de la juez en este caso son importantes y deben ser escuchadas, en este caso en particular no lograron ser decisivas, pues para que un juez (a) pueda ser apartado (a) del conocimiento de un determinado asunto, si bien es preciso que existan sospechas objetivas, éstas debe estar legítimamente justificadas y apoyadas en hechos y datos objetivos, para que puedan acreditarse las circunstancias que configuran la causal o causales alegadas, pues así se permitirá afirmar y decidir fundadamente que el Juez o Jueza no es ajeno (a) a la causa, o que, por cualquier interés o relación con las partes o con el caso concreto, utilizará consideraciones contrarias a la ley para decidir o resolver el asunto de que se trate..."..."esta Sala considera importante acotar que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad de quien juzga, puesto que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares. También debemos decir que la garantía de imparcialidad atinente a todo juzgador, implica que sus decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, alejado de influencias, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La garantía de imparcialidad comporta en el juez lo que algunos autores han denominado como un “desinterés subjetivo” en la resolución del asunto, causa o pleito del que conocen, es decir que el juez o magistrado debe carecer de ideas preconcebidas sobre el caso que está llamado a fallar..."..."en este caso no han logrado acreditarse las causales de recusación alegadas, es imperioso insistir que la jueza Gladis Alejandra Ochoa, y todos nuestros jueces (zas) y magistrados (as), deben tener presente que un (a) Juez debe mantenerse alejado (a) de los intereses en litigio y de las partes, y que no puede asumir procesalmente funciones de parte, ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner en duda su imparcialidad o exteriorizar una posición previa en favor o en contra de las partes en un proceso..."..."esta Sala observa que si bien las causales invocadas por el recusante revisten de una especial relevancia, no pudieron ser suficientemente demostradas y conformadas en el procedimiento iniciado para su resolución, por lo que correspondía la desestimación de la recusación interpuesta, y, al haber sido así establecido por el Tribunal de Alzada, esta Sala de lo Constitucional, advierte que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo establecido por la normativa para la decisión del asunto objeto de examen, de ahí que no se observe vulneración, disminución o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, por lo que somos del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así debe declararse..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función..."..."como lo ha señalado con acierto la Alzada, esta Sala en reiterada jurisprudencia se ha referido al alcance de los artículos 188 numeral 3º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 83 numeral 2º del Código Procesal Penal, que establecen idénticas circunstancias de recusación, consistentes ambas en estar o haber sido, el Juez, Magistrado o Auxiliar, acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta. Así, la Sala ha dejado plenamente establecido que el contenido de estas normas no debe ser entendido de manera estrictamente literal, y por ello hemos dicho que para la acreditación de la referida causal de recusación, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere, además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”..."..."la Sala ha sostenido en sus fallos, que: “la mera presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquél, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución”..."..."en el caso de autos, se advierte que, si bien se ha presentado denuncia en contra de la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, ante la autoridad correspondiente, no se evidencia que la misma haya sido admitida en sede judicial, que es una de las decisiones que conforme a la ley puede adoptar el Ministerio Público, una vez concluidas las investigaciones preliminares. Siendo así, en atención a las anteriores consideraciones y observando la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional en torno a la causal de recusación que se ha planteado, se estima que al no constituir la mera presentación de la denuncia de que se ha hecho mérito, motivo racional y legítimo para refutar la imparcialidad del juez, es acertada la decisión del Tribunal de Alzada de no considerar suficientemente acreditada la causal de recusación invocada..."..."respecto a la causal de recusación contenida en el precitado Artículo en su numeral 10º, se procura con la misma, prevenir el prejuzgamiento del asunto que el Juez o Magistrado ha sido llamado a resolver, al haber tomado el juzgador, un criterio anticipado del mismo. En el caso de autos el recusante manifestó que la juez había exteriorizado criterios anticipados e incluso un interés ilegitimo en el caso, lo cual constituye una grave desatención a la ley, a los principios éticos y al deber que todo juez tiene de juzgar con imparcialidad. probidad e integridad, sin embargo, no logró sustentar esta argumentación en el trámite de la recusación..."..."no obstante que las argumentaciones del recurrente con respecto a la imparcialidad de la juez en este caso son importantes y deben ser escuchadas, en este caso en particular no lograron ser decisivas, pues para que un juez (a) pueda ser apartado (a) del conocimiento de un determinado asunto, si bien es preciso que existan sospechas objetivas, éstas debe estar legítimamente justificadas y apoyadas en hechos y datos objetivos, para que puedan acreditarse las circunstancias que configuran la causal o causales alegadas, pues así se permitirá afirmar y decidir fundadamente que el Juez o Jueza no es ajeno (a) a la causa, o que, por cualquier interés o relación con las partes o con el caso concreto, utilizará consideraciones contrarias a la ley para decidir o resolver el asunto de que se trate..."..."esta Sala considera importante acotar que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad de quien juzga, puesto que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares. También debemos decir que la garantía de imparcialidad atinente a todo juzgador, implica que sus decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, alejado de influencias, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La garantía de imparcialidad comporta en el juez lo que algunos autores han denominado como un “desinterés subjetivo” en la resolución del asunto, causa o pleito del que conocen, es decir que el juez o magistrado debe carecer de ideas preconcebidas sobre el caso que está llamado a fallar..."..."en este caso no han logrado acreditarse las causales de recusación alegadas, es imperioso insistir que la jueza Gladis Alejandra Ochoa, y todos nuestros jueces (zas) y magistrados (as), deben tener presente que un (a) Juez debe mantenerse alejado (a) de los intereses en litigio y de las partes, y que no puede asumir procesalmente funciones de parte, ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner en duda su imparcialidad o exteriorizar una posición previa en favor o en contra de las partes en un proceso..."..."esta Sala observa que si bien las causales invocadas por el recusante revisten de una especial relevancia, no pudieron ser suficientemente demostradas y conformadas en el procedimiento iniciado para su resolución, por lo que correspondía la desestimación de la recusación interpuesta, y, al haber sido así establecido por el Tribunal de Alzada, esta Sala de lo Constitucional, advierte que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo establecido por la normativa para la decisión del asunto objeto de examen, de ahí que no se observe vulneración, disminución o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, por lo que somos del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así debe declararse..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
  • Código Penal, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

…"la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función..."..."como lo ha señalado con acierto la Alzada, esta Sala en reiterada jurisprudencia se ha referido al alcance de los artículos 188 numeral 3º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 83 numeral 2º del Código Procesal Penal, que establecen idénticas circunstancias de recusación, consistentes ambas en estar o haber sido, el Juez, Magistrado o Auxiliar, acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta. Así, la Sala ha dejado plenamente establecido que el contenido de estas normas no debe ser entendido de manera estrictamente literal, y por ello hemos dicho que para la acreditación de la referida causal de recusación, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere, además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”..."..."la Sala ha sostenido en sus fallos, que: “la mera presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquél, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución”..."..."en el caso de autos, se advierte que, si bien se ha presentado denuncia en contra de la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, ante la autoridad correspondiente, no se evidencia que la misma haya sido admitida en sede judicial, que es una de las decisiones que conforme a la ley puede adoptar el Ministerio Público, una vez concluidas las investigaciones preliminares. Siendo así, en atención a las anteriores consideraciones y observando la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional en torno a la causal de recusación que se ha planteado, se estima que al no constituir la mera presentación de la denuncia de que se ha hecho mérito, motivo racional y legítimo para refutar la imparcialidad del juez, es acertada la decisión del Tribunal de Alzada de no considerar suficientemente acreditada la causal de recusación invocada..."..."respecto a la causal de recusación contenida en el precitado Artículo en su numeral 10º, se procura con la misma, prevenir el prejuzgamiento del asunto que el Juez o Magistrado ha sido llamado a resolver, al haber tomado el juzgador, un criterio anticipado del mismo. En el caso de autos el recusante manifestó que la juez había exteriorizado criterios anticipados e incluso un interés ilegitimo en el caso, lo cual constituye una grave desatención a la ley, a los principios éticos y al deber que todo juez tiene de juzgar con imparcialidad. probidad e integridad, sin embargo, no logró sustentar esta argumentación en el trámite de la recusación..."..."no obstante que las argumentaciones del recurrente con respecto a la imparcialidad de la juez en este caso son importantes y deben ser escuchadas, en este caso en particular no lograron ser decisivas, pues para que un juez (a) pueda ser apartado (a) del conocimiento de un determinado asunto, si bien es preciso que existan sospechas objetivas, éstas debe estar legítimamente justificadas y apoyadas en hechos y datos objetivos, para que puedan acreditarse las circunstancias que configuran la causal o causales alegadas, pues así se permitirá afirmar y decidir fundadamente que el Juez o Jueza no es ajeno (a) a la causa, o que, por cualquier interés o relación con las partes o con el caso concreto, utilizará consideraciones contrarias a la ley para decidir o resolver el asunto de que se trate..."..."esta Sala considera importante acotar que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad de quien juzga, puesto que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares. También debemos decir que la garantía de imparcialidad atinente a todo juzgador, implica que sus decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, alejado de influencias, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La garantía de imparcialidad comporta en el juez lo que algunos autores han denominado como un “desinterés subjetivo” en la resolución del asunto, causa o pleito del que conocen, es decir que el juez o magistrado debe carecer de ideas preconcebidas sobre el caso que está llamado a fallar..."..."en este caso no han logrado acreditarse las causales de recusación alegadas, es imperioso insistir que la jueza Gladis Alejandra Ochoa, y todos nuestros jueces (zas) y magistrados (as), deben tener presente que un (a) Juez debe mantenerse alejado (a) de los intereses en litigio y de las partes, y que no puede asumir procesalmente funciones de parte, ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner en duda su imparcialidad o exteriorizar una posición previa en favor o en contra de las partes en un proceso..."..."esta Sala observa que si bien las causales invocadas por el recusante revisten de una especial relevancia, no pudieron ser suficientemente demostradas y conformadas en el procedimiento iniciado para su resolución, por lo que correspondía la desestimación de la recusación interpuesta, y, al haber sido así establecido por el Tribunal de Alzada, esta Sala de lo Constitucional, advierte que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo establecido por la normativa para la decisión del asunto objeto de examen, de ahí que no se observe vulneración, disminución o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, por lo que somos del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así debe declararse..."

Jerarquía: Reiterativa

…"la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función..."..."como lo ha señalado con acierto la Alzada, esta Sala en reiterada jurisprudencia se ha referido al alcance de los artículos 188 numeral 3º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 83 numeral 2º del Código Procesal Penal, que establecen idénticas circunstancias de recusación, consistentes ambas en estar o haber sido, el Juez, Magistrado o Auxiliar, acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta. Así, la Sala ha dejado plenamente establecido que el contenido de estas normas no debe ser entendido de manera estrictamente literal, y por ello hemos dicho que para la acreditación de la referida causal de recusación, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere, además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”..."..."la Sala ha sostenido en sus fallos, que: “la mera presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquél, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución”..."..."en el caso de autos, se advierte que, si bien se ha presentado denuncia en contra de la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, ante la autoridad correspondiente, no se evidencia que la misma haya sido admitida en sede judicial, que es una de las decisiones que conforme a la ley puede adoptar el Ministerio Público, una vez concluidas las investigaciones preliminares. Siendo así, en atención a las anteriores consideraciones y observando la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional en torno a la causal de recusación que se ha planteado, se estima que al no constituir la mera presentación de la denuncia de que se ha hecho mérito, motivo racional y legítimo para refutar la imparcialidad del juez, es acertada la decisión del Tribunal de Alzada de no considerar suficientemente acreditada la causal de recusación invocada..."..."respecto a la causal de recusación contenida en el precitado Artículo en su numeral 10º, se procura con la misma, prevenir el prejuzgamiento del asunto que el Juez o Magistrado ha sido llamado a resolver, al haber tomado el juzgador, un criterio anticipado del mismo. En el caso de autos el recusante manifestó que la juez había exteriorizado criterios anticipados e incluso un interés ilegitimo en el caso, lo cual constituye una grave desatención a la ley, a los principios éticos y al deber que todo juez tiene de juzgar con imparcialidad. probidad e integridad, sin embargo, no logró sustentar esta argumentación en el trámite de la recusación..."..."no obstante que las argumentaciones del recurrente con respecto a la imparcialidad de la juez en este caso son importantes y deben ser escuchadas, en este caso en particular no lograron ser decisivas, pues para que un juez (a) pueda ser apartado (a) del conocimiento de un determinado asunto, si bien es preciso que existan sospechas objetivas, éstas debe estar legítimamente justificadas y apoyadas en hechos y datos objetivos, para que puedan acreditarse las circunstancias que configuran la causal o causales alegadas, pues así se permitirá afirmar y decidir fundadamente que el Juez o Jueza no es ajeno (a) a la causa, o que, por cualquier interés o relación con las partes o con el caso concreto, utilizará consideraciones contrarias a la ley para decidir o resolver el asunto de que se trate..."..."esta Sala considera importante acotar que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad de quien juzga, puesto que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares. También debemos decir que la garantía de imparcialidad atinente a todo juzgador, implica que sus decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, alejado de influencias, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La garantía de imparcialidad comporta en el juez lo que algunos autores han denominado como un “desinterés subjetivo” en la resolución del asunto, causa o pleito del que conocen, es decir que el juez o magistrado debe carecer de ideas preconcebidas sobre el caso que está llamado a fallar..."..."en este caso no han logrado acreditarse las causales de recusación alegadas, es imperioso insistir que la jueza Gladis Alejandra Ochoa, y todos nuestros jueces (zas) y magistrados (as), deben tener presente que un (a) Juez debe mantenerse alejado (a) de los intereses en litigio y de las partes, y que no puede asumir procesalmente funciones de parte, ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner en duda su imparcialidad o exteriorizar una posición previa en favor o en contra de las partes en un proceso..."..."esta Sala observa que si bien las causales invocadas por el recusante revisten de una especial relevancia, no pudieron ser suficientemente demostradas y conformadas en el procedimiento iniciado para su resolución, por lo que correspondía la desestimación de la recusación interpuesta, y, al haber sido así establecido por el Tribunal de Alzada, esta Sala de lo Constitucional, advierte que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo establecido por la normativa para la decisión del asunto objeto de examen, de ahí que no se observe vulneración, disminución o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, por lo que somos del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado JOSSUE ISRRAEL LEMUS NÚÑEZ a favor de los señores EMILIO RODRIGUEZ MILLA, FRANCISCO HERMES POSADAS AVILA, REIMUNDO COREA, YESSENIA MARBEY POSADAS OSORTO Y ALEXI NAHÚM POSADAS AVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo del dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa penal que se instruyó contra los señores EMILIO RODRIGUEZ MILLA, FRANCISCO HERMES POSADAS AVILA, REIMUNDO COREA, YESSENIA MARBEY POSADAS OSORTO Y ALEXI NAHÚM POSADAS AVILA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de la sociedad mercantil INMOBILIARIA SIGLO XXI (Exp.180-23/1564-2016). A N T E C E D E N T E S 1. Que en fecha seis(06) de junio del dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras penal de la sección Judicial de Tegucigalpa Departamento Francisco Morazán, ,la Abogada KAREN GARCIA en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra los señores, ÁNGEL GABRIEL LANZA GÁLVEZ, JOSÉ RAFAEL FLORES ANDINO, LUIS ANTONIO VILLALTA, MARÍA DE LA CRUZ RODRÍGUEZ ORDOÑEZ, SANTOS BENITO VILLALTA ISIDRO, CAYETANO VALERIO DURÓN, ANDRÉS VILLALTA HERNÁNDEZ, BLANCA ISABEL GARAY URMENETA ELVIN FABRICIO FLORES ULLOA, MARTA ISABEL ANDINO LAGOS, JACOBO ORDOÑEZ ESPINAL, FRANCISCO MENDOZA VILLALTA, JOSE MALDONADO CRUZ, OVIDIO GONZALES, MARÍA OTILIA CASTRO ESTRADA, SANTOS ISIDRO MARTÍNEZ GÓMEZ, NO MALDONADO CRUZ, JOSE RAFAEL ANDINO ANDINO, ADÁN MALDONADO CRUZ, NATHANAEL CRUZ VILLALTA, MARCIAL VALLADARES RAMÍREZ, SANTOS MAXIMINO VILLALTA, AMÍLCAR MENDOZA GARCÍA, ELBA LIDIA SABILLÓN MEJÍA, IRMA MENDOZA HERNÁNDEZ, EUSTACIO MARTÍNEZ, PRESENTACIÓN CRUZ, HIPÓLITO BENÍTEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ATENOR RODRÍGUEZ CRUZ, FAUSTINO ORDOÑEZ MATUTE, ALEXI NAHÚM POSADAS AVILA, PEDRO CELESTINO LAGOS SALCEDO, ADONIA GRIMILDA INESTROZA, JOSE HUMBERTO RAUDALES MARTÍNEZ, IGNACIO ESTRADA ZAPATA, LINDA BERENA PEREZ ZÚNIGA, CARLOS REYES, SANTOS CATALINO SOLÓRZANO GODOY, LEONARDO GALINDO CASTELLANOS LISANDRO ANIBAR HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DARWIN DUBLAS RODAS TRINIDAD, IRIS LETICIA IZAGUIRRE CRUZ, MARLON ROBERTO CASTRO ÁVILA, JULIO CESAR AMADOR ORDOÑEZ, ELVIN NAHÚM POSADAS ALVARADO, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ÁVILA, WILSON ANTONIO ARGUETA CARDOZA, CESAR AUGUSTO AMADOR ORDOÑEZ, QUINTÍN GUEVARA MALDONADO, BENJAMÍN GARCÍA COLINDRES, CARLOS SAMUEL SAUCEDA ESTRADA, ROSARIO DEL CARMEN OSORIO, RAMÓN ANTONIO RODAS LAÍNEZ, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ TORRES, ELIGUAX EUCEDA ESTRADA, SANTOS CATALINO SOLORZANO GODOY, BAYRON JOSÉ AGUIRRE ESTRADA, FRANCISCO HERMES POSADA AVILA, HÉCTOR AGUSTO RAMOS, MIGUEL ÁNGEL RAMOS, MILTON RENE OSORIO RUIZ, NIMIA AURORA ÁVILA PÉREZ, OTILIO RODRÍGUEZ ALBA, CRISTÓBAL DE JESÚS EUCEDA VALDEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de INMOBILIARIA SIGLO XXI S.A. (Folio 02-10 de la pieza de antecedentes). 2. Que el Abogado JOSE ISRRAEL LEMUS NÚÑEZ, actuando en su condición de apoderado legal de los imputados EMILIO RODRIGUEZ MILLA, FRANCISCO HERMES POSADAS AVILA, REIMUNDO COREA, YESSENIA MARBELY POSADAS OSORTO Y ALEXI NAHUMN POSADAS AVILA, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, solicitando copia integra del expediente No. 1564-2016-J-9 relacionado a la causa instruida contra sus representados. En consecuencia, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el citado Juzgado, emitió auto en el cual resolvió: “1).- Declarar CON LUGAR, la Solicitud Planteada por el Abogado JOSSUE ISRRAEL LEMUS NÚÑEZ, en su condición de Defensor Privado de los señores EMILIO RODRIGUEZ MILLA, FRANCISCO HERMES POSADAS AVILA, REIMUNDO COREA, YESSENIA MARBELY POSADAS OSORTO Y ALEXI NAHUMN POSADAS AVILA.- 2).- Que la Secretaria por Ley del Despacho, previo acuse de recibo que deberá constar en las diligencias, y costa de la peticionaria, proceda hacer entrega de las copias fotostáticas de las diligencias del proceso, que indique que requiere el Abogado JOSSUE ISRRAEL LEMUS NÚÑEZ, en u condición de Defensor Privado, siendo que no se Autoriza la Copia íntegra del expediente judicial.- 3. Que en fecha diez (10) de febrero del dos mil veintitrés (2023), el Juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa dictó resolución, en la cual se estableció lo siguiente: “…Por lo anteriormente expuesto la Juez RESUELVE: 1) Declarar SIN LUGAR El RECURSO DE REPOSICIÓN, presentado por el Abogado JOSSUE ISRAEL LEMUS NUÑEZ, en su condición del Defensor Privado de los señores EMILIO RODRIGUEZ MILLA, FRANCISCO HERMES POSADAS AVILA, REIMUNDO COREA, YESSENIA MARBELY POSADAS OSORTO Y ALEXI NAHUMN POSADAS AVILA, contra el contra el auto de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintitrés (2023), en virtud que no se ha negado la entrega de las copias fotostáticas que requiere la Defensa Privada para ejercer la Defensa Técnica y Material a favor de los imputados a los cuales representa debiendo indicar la Defensa Privada las diligencias del proceso que requiera siendo que el Expediente Judicial No. 1564-2016, integro se encuentra a disposición del Profesional del Derecho que desee la vista del mismo ya que son, resguardados y custodiados con la debida diligencia y cuidadosa tutela en las instalaciones del Órgano Jurisdiccional. Artículos 347, 350, 352 y 353 del Código Procesal Penal. NOTIFÍQUESE” (Folio 2628 al 2629 de la pieza de antecedentes). 4. Que conociendo de la Recusación, presentada contra la Abogada GLADIS ALEJANDRA OCHOA SIERRA, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán dictó resolución en fecha seis (06) de marzo de dos mil veintitrés (2023), en la cual resolvió: “…FALLA: Esta Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros, RESUELVE: 1) Declarando NO HA LUGAR la recusación presentada por el abogado Jossue Israel Lemus Núñez contra la juez GLADIS ALEJANDRA OCHOA SIERRA asignada en el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán. - MANDA Que la Secretaría del Despacho notifique la presente resolución a la recusante, así como a la Juez recusada y una vez cumplimiento. Firme se devuelvan las diligencias al A-Quo para su debido cumplimiento...”. (Folios 27 al 29 de la pieza de apelaciones).5. Que en veinte (20) de julio del dos mil veintitrés (2023),compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JOSSUE ISRAEL LEMUS NÚÑEZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores EMILIO RODRIGUEZ MILLA, FRANCISCO HERMES POSADAS AVILA, REIMUNDO COREA, YESSENIA MARBEY POSADAS OSORTO Y ALEXI NAHÚM POSADAS AVILA, contra la resolución del pleno de la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés, de la que se han hecho relación en los numerales que anteceden, por considerar que la misma es violatoria de los Artículo, 82, 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 06 del presente Recurso). 6. Que en fecha veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 62-73 del Presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que como quedó ya explicado, la presente acción de amparo se dirige contra la resolución de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés la cual declaró no ha lugar una recusación que el recurrente había promovido contra la juez Alejandra Ochoa Sierra por dos causales de recusación contenidas en el Artículo 83 numerales 2) y 10) del Código Procesal Penal. Con respecto a la primera causal, la Alzada estableció entre sus razonamientos que era criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional que no bastaba la simple denuncia contra un juez para que se diera la causal de recusación contemplada en el Artículo 83 numeral 2 antes citada, sino que resultaba imperioso que fuese iniciado un proceso en sede judicial. Sobre la causal 10ª del Código Procesal Penal, el Tribunal de Alzada fue del criterio que no fue debidamente acreditado que la juez recusada hubiese emitido opinión o juicios de valor sobre el asunto que fue llamada a conocer, por lo que, ambos cuestionamientos fueron desestimados. CONSIDERANDO (5): Que como es sabido, la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función. CONSIDERANDO (6): Que, efectivamente y como lo ha señalado con acierto la Alzada, esta Sala en reiterada jurisprudencia se ha referido al alcance de los artículos 188 numeral 3º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 83 numeral 2º del Código Procesal Penal, que establecen idénticas circunstancias de recusación, consistentes ambas en estar o haber sido, el Juez, Magistrado o Auxiliar, acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta. Así, la Sala ha dejado plenamente establecido que el contenido de estas normas no debe ser entendido de manera estrictamente literal, y por ello hemos dicho que para la acreditación de la referida causal de recusación, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere, además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. CONSIDERANDO (8): Que, a modo de conclusión, la Sala ha sostenido en sus fallos, que: “la mera presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquél, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución”. CONSIDERANDO (9): Que, en el caso de autos, se advierte que, si bien se ha presentado denuncia en contra de la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, ante la autoridad correspondiente, no se evidencia que la misma haya sido admitida en sede judicial, que es una de las decisiones que conforme a la ley puede adoptar el Ministerio Público, una vez concluidas las investigaciones preliminares. Siendo así, en atención a las anteriores consideraciones y observando la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional en torno a la causal de recusación que se ha planteado, se estima que al no constituir la mera presentación de la denuncia de que se ha hecho mérito, motivo racional y legítimo para refutar la imparcialidad del juez, es acertada la decisión del Tribunal de Alzada de no considerar suficientemente acreditada la causal de recusación invocada. CONSIDERANDO (10): Que con respecto a la causal de recusación contenida en el precitado Artículo en su numeral 10º, se procura con la misma, prevenir el prejuzgamiento del asunto que el Juez o Magistrado ha sido llamado a resolver, al haber tomado el juzgador, un criterio anticipado del mismo. En el caso de autos el recusante manifestó que la juez había exteriorizado criterios anticipados e incluso un interés ilegitimo en el caso, lo cual constituye una grave desatención a la ley, a los principios éticos y al deber que todo juez tiene de juzgar con imparcialidad. probidad e integridad, sin embargo, no logró sustentar esta argumentación en el trámite de la recusación. CONSIDERANDO (11): Que, no obstante que las argumentaciones del recurrente con respecto a la imparcialidad de la juez en este caso son importantes y deben ser escuchadas, en este caso en particular no lograron ser decisivas, pues para que un juez (a) pueda ser apartado (a) del conocimiento de un determinado asunto, si bien es preciso que existan sospechas objetivas, éstas debe estar legítimamente justificadas y apoyadas en hechos y datos objetivos, para que puedan acreditarse las circunstancias que configuran la causal o causales alegadas, pues así se permitirá afirmar y decidir fundadamente que el Juez o Jueza no es ajeno (a) a la causa, o que, por cualquier interés o relación con las partes o con el caso concreto, utilizará consideraciones contrarias a la ley para decidir o resolver el asunto de que se trate. CONSIDERANDO (12): Que, a pesar de lo anterior, esta Sala considera importante acotar que la primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad de quien juzga, puesto que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares. También debemos decir que la garantía de imparcialidad atinente a todo juzgador, implica que sus decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, alejado de influencias, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La garantía de imparcialidad comporta en el juez lo que algunos autores han denominado como un “desinterés subjetivo” en la resolución del asunto, causa o pleito del que conocen, es decir que el juez o magistrado debe carecer de ideas preconcebidas sobre el caso que está llamado a fallar. CONSIDERANDO (13): Que siendo así, y no obstante que en este caso no han logrado acreditarse las causales de recusación alegadas, es imperioso insistir que la jueza Gladis Alejandra Ochoa, y todos nuestros jueces (zas) y magistrados (as), deben tener presente que un (a) Juez debe mantenerse alejado (a) de los intereses en litigio y de las partes, y que no puede asumir procesalmente funciones de parte, ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner en duda su imparcialidad o exteriorizar una posición previa en favor o en contra de las partes en un proceso. CONSIDERANDO (14): Que, por todo lo anterior, esta Sala observa que si bien las causales invocadas por el recusante revisten de una especial relevancia, no pudieron ser suficientemente demostradas y conformadas en el procedimiento iniciado para su resolución, por lo que correspondía la desestimación de la recusación interpuesta, y, al haber sido así establecido por el Tribunal de Alzada, esta Sala de lo Constitucional, advierte que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo establecido por la normativa para la decisión del asunto objeto de examen, de ahí que no se observe vulneración, disminución o quebrantamiento de derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, por lo que somos del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo presentada por el Abogado JOSSUE ISRRAEL LEMUS NÚÑEZ a favor de los señores EMILIO RODRIGUEZ MILLA, FRANCISCO HERMES POSADAS AVILA, REIMUNDO COREA, YESSENIA MARBEY POSADAS OSORTO Y ALEXI NAHÚM POSADAS AVILA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo del dos mil veintitrés; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes a lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha dos de junio del do mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0954-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL