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Sentencia AP-926-24 — Registro 20507

Resumen

Alegatos de mera legalidad como causal de inadmisibilidad de acción de amparo, en relación a la causa instruida contra el recurrente, por suponerlo responsable del delito de Uso de Documentos Falsos , en perjuicio de la Fe Pública y otra ciudadana. Las cuestiones planteadas por la impetrante en el presente recurso son cuestiones de mera legalidad, puesto que la mismas deben decidirse por el juez de instancia, a criterio de la Sala Constitucional.

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, que inadmitió un recurso de amparo interpuesto por la abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, a favor del señor GERMAN ASTUL MEJIA MEJIA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en relación a la causa instruida contra el señor GERMAN ASTUL MEJIA MEJIA, por suponerlo responsable del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, en perjuicio de LA FE PUBLICA Y ARGELIA IRIARTE PANCHAME. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 69, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de julio de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor GERMAN ASTUL MEJIA MEJIA, interponiendo recurso de Amparo, contra la resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por estimar el recurrente que la misma es violatoria de los artículos 69, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 11 de la pieza de antecedentes).2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó su sentencia en fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar inadmisible la Acción de Amparo promovida por la Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, en su condición de Defensora Privada a favor del señor GERMAN ASTUL MEJIA MEJIA, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta Sección Judicial, en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro; consecuentemente se sobre dentro del trámite la presente causa, por constar del examen de los antecedes los motivos de inadmisibilidad. Y MANDA…”. (Folios 12 al 13 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta contra la resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta Sección Judicial y consecuentemente sobresee dentro del trámite la presente causa por constar del examen de los antecedentes los motivos de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (4): Que la impetrante expuso en su acción de amparo que el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula en la resolución dictada en fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, ha incurrido en violación al principio de legalidad, derecho de defensa, debido proceso e irretroactividad de la ley, con una argumentación jurídica totalmente equivocada e ilegal al aplicar articulo del Código Penal que entró en vigencia seis años después de la supuesta comisión del delito a una persona que se convirtió en representante legal de la cooperativa denunciada tres años de la supuesta comisión del delito, violentando lo establecido en los artículos 15 y 16 del Código Penal; ya que el referido Juzgado actúa en abierta contravención de los referidos derechos al utilizar fundamentos jurídicos para tipificar delitos que entraron el vigencia seis años después de la supuesta comisión del delito y considerar que el imputado es responsable de supuestos hechos ocurridos tres años antes de convertirse en representante legal de la COACEHL, además de inventar una fundamentación inexistente, incurre en violación a los artículos constitucionales emitiendo una resolución ilegal por la que ahora se recurre en amparo. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en su resolución de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro establece que contra la resolución que se demanda en amparo, la amparista interpuso los recursos de reposición y subsidiariamente apelación con respecto a la excepción interpuesta y reposición contra el auto de apertura a juicio, señalando que se ha utilizado un Código que no procede, hay violación al principio de legalidad, retroactividad de la ley, al derecho de defensa y debido proceso. De dicho planteamiento, a la luz del articulo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que estable la finalidad del recurso de amparo, esta alzada concluye que la acción de amparo que nos ocupa es inadmisible por las razones siguientes: 1)los argumentos o razones en que se funda la demanda de amparo, versan sobre asuntos de mera legalidad, ya que en ellos se expone el desacuerdo de la amparista con la fundamentación de la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, mediante la cual se declaró inadmisible la excepción de prescripción, 2) mediante la resolución ya referida, se decide la inadmisibilidad de la excepción por falta de acción por prescripción opuesta por la defensa, decisión judicial cuyo contenido es susceptible del recurso de apelación, conforme lo dispone el articulo 354 numeral 2 del Código Procesal Penal, de manera que al denegarse el recurso de apelación como ocurre en el presente caso, debió interponerse el recurso de hecho, según lo establece el articulo 351 del referido código; pero no se hizo así, y tampoco se trata de un caso de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. Dichas situaciones se subsumen en las causas de inadmisibilidad contenidas en el articulo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en consecuencia se declara inadmisible la acción de amparo interpuesta y consecuentemente se sobresee dentro del trámite la presente causa por constar del examen de los antecedentes los motivos de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo interpuesta, se aprecia que ciertamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone dicha Corte de Apelaciones, las cuestiones planteadas por la impetrante en el presente recurso de amparo son cuestiones de mera legalidad, puesto que la mismas deben decidirse por el juez de instancia, es decir, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, como al efecto se hizo al declarar el referido Juzgado inadmisible la excepción por falta de acción por prescripción en su resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro y cuya decisión era susceptible del recurso de apelación, el cual fue denegado; y al ser denegado, de acuerdo al articulo 351 del Código Procesal Penal debió interponerse recurso de hecho, lo cual no aconteció en el caso de autos. En ese orden de ideas vemos que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (7): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución que hoy se recurre en amparo debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, no ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la impetrante; por haberse constatado que la resolución que está siendo conocida mediante recurso de amparo por esta Sala; ha seguido el procedimiento adecuado para su tramitación, garantizando en todo momento el debido proceso; ya que tales aspectos han sido valorados desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, defensa, tutela judicial efectiva entre otros. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (9): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 407 Código Procesal Penal; y; 41, 45, 46 numeral 1, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, que inadmitió un recurso de amparo interpuesto por la abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, a favor del señor GERMAN ASTUL MEJIA MEJIA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de mayo del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0926-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL