Sentencia AP-872-23 — Registro 19985
Resumen
El Ministerio Público no formalizó acusación y solicitó sobreseimiento definitivo, en base a la condena dictada en proceso civil que ordenó al pago de daños y perjuicios. Posteriormente, la Unidad de Impugnaciones del ente acusador retomó la acusación interponiendo el recurso de apelación por considerar que se violentó el debido proceso en primer lugar por no haber instado la acción penal pública y en segundo lugar porque el Juez no utilizó la figura jurídica de la Disconformidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional estima que el Juez A-quo y el tribunal de alzada debió actuar en obediencia al principio de legalidad, no obstante, omitieron la aplicación de lo establecido en artículo 296 del Código de Procesal Penal, que señala los supuestos que deben darse para que se dicte sobreseimiento definitivo. Esta disposición manda que se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1)...,2)...,3)...Está acreditado en autos que la razón que esgrimió el fiscal para no formalizar la acusación por el delito de homicidio culposo o por otro tipo penal, no se subsumen en ninguno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 296 del Código de Procesal Penal, ya que el hecho de que la pareja del occiso y el menor hijo de esta haya recibido una indemnización civil por daños y perjuicios, no hace que desaparezca el proceso penal incoado mismo que está en la etapa preliminar, previo a tomar la decisión si se desarrolla el juicio oral y público o no. Es así que la inobservancia por parte del Juez de instancia a la aplicación en su momento de la figura de la disconformidad, y el hecho de que la alzada no lo señalara en su sentencia, y ahora al confirmar que se dicte sobreseimiento definitivo cuando un agente de Tribunales lo solicite sin fundamentarse en el 299 del Código Procesal Penal, constituyen razones sobradas para determinar una violación al debido proceso, por lo que procede otorgar el amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 264 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 299 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional estima que el Juez A-quo y el tribunal de alzada debió actuar en obediencia al principio de legalidad, no obstante, omitieron la aplicación de lo establecido en artículo 296 del Código de Procesal Penal, que señala los supuestos que deben darse para que se dicte sobreseimiento definitivo. Esta disposición manda que se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1)...,2)...,3)...Está acreditado en autos que la razón que esgrimió el fiscal para no formalizar la acusación por el delito de homicidio culposo o por otro tipo penal, no se subsumen en ninguno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 296 del Código de Procesal Penal, ya que el hecho de que la pareja del occiso y el menor hijo de esta haya recibido una indemnización civil por daños y perjuicios, no hace que desaparezca el proceso penal incoado mismo que está en la etapa preliminar, previo a tomar la decisión si se desarrolla el juicio oral y público o no. Es así que la inobservancia por parte del Juez de instancia a la aplicación en su momento de la figura de la disconformidad, y el hecho de que la alzada no lo señalara en su sentencia, y ahora al confirmar que se dicte sobreseimiento definitivo cuando un agente de Tribunales lo solicite sin fundamentarse en el 299 del Código Procesal Penal, constituyen razones sobradas para determinar una violación al debido proceso, por lo que procede otorgar el amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 264 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 299 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional estima que el Juez A-quo y el tribunal de alzada debió actuar en obediencia al principio de legalidad, no obstante, omitieron la aplicación de lo establecido en artículo 296 del Código de Procesal Penal, que señala los supuestos que deben darse para que se dicte sobreseimiento definitivo. Esta disposición manda que se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1)...,2)...,3)...Está acreditado en autos que la razón que esgrimió el fiscal para no formalizar la acusación por el delito de homicidio culposo o por otro tipo penal, no se subsumen en ninguno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 296 del Código de Procesal Penal, ya que el hecho de que la pareja del occiso y el menor hijo de esta haya recibido una indemnización civil por daños y perjuicios, no hace que desaparezca el proceso penal incoado mismo que está en la etapa preliminar, previo a tomar la decisión si se desarrolla el juicio oral y público o no. Es así que la inobservancia por parte del Juez de instancia a la aplicación en su momento de la figura de la disconformidad, y el hecho de que la alzada no lo señalara en su sentencia, y ahora al confirmar que se dicte sobreseimiento definitivo cuando un agente de Tribunales lo solicite sin fundamentarse en el 299 del Código Procesal Penal, constituyen razones sobradas para determinar una violación al debido proceso, por lo que procede otorgar el amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 264 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 299 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional estima que el Juez A-quo y el tribunal de alzada debió actuar en obediencia al principio de legalidad, no obstante, omitieron la aplicación de lo establecido en artículo 296 del Código de Procesal Penal, que señala los supuestos que deben darse para que se dicte sobreseimiento definitivo. Esta disposición manda que se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1)...,2)...,3)...Está acreditado en autos que la razón que esgrimió el fiscal para no formalizar la acusación por el delito de homicidio culposo o por otro tipo penal, no se subsumen en ninguno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 296 del Código de Procesal Penal, ya que el hecho de que la pareja del occiso y el menor hijo de esta haya recibido una indemnización civil por daños y perjuicios, no hace que desaparezca el proceso penal incoado mismo que está en la etapa preliminar, previo a tomar la decisión si se desarrolla el juicio oral y público o no. Es así que la inobservancia por parte del Juez de instancia a la aplicación en su momento de la figura de la disconformidad, y el hecho de que la alzada no lo señalara en su sentencia, y ahora al confirmar que se dicte sobreseimiento definitivo cuando un agente de Tribunales lo solicite sin fundamentarse en el 299 del Código Procesal Penal, constituyen razones sobradas para determinar una violación al debido proceso, por lo que procede otorgar el amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 264 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 299 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional estima que el Juez A-quo y el tribunal de alzada debió actuar en obediencia al principio de legalidad, no obstante, omitieron la aplicación de lo establecido en artículo 296 del Código de Procesal Penal, que señala los supuestos que deben darse para que se dicte sobreseimiento definitivo. Esta disposición manda que se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1)...,2)...,3)...Está acreditado en autos que la razón que esgrimió el fiscal para no formalizar la acusación por el delito de homicidio culposo o por otro tipo penal, no se subsumen en ninguno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 296 del Código de Procesal Penal, ya que el hecho de que la pareja del occiso y el menor hijo de esta haya recibido una indemnización civil por daños y perjuicios, no hace que desaparezca el proceso penal incoado mismo que está en la etapa preliminar, previo a tomar la decisión si se desarrolla el juicio oral y público o no. Es así que la inobservancia por parte del Juez de instancia a la aplicación en su momento de la figura de la disconformidad, y el hecho de que la alzada no lo señalara en su sentencia, y ahora al confirmar que se dicte sobreseimiento definitivo cuando un agente de Tribunales lo solicite sin fundamentarse en el 299 del Código Procesal Penal, constituyen razones sobradas para determinar una violación al debido proceso, por lo que procede otorgar el amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 264 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 299 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de octubre de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de San Pedro Sula, en fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Félix Yanes Oliva, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de Diógenes Alberto Diaz Banegas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 321 y 304 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha siete de octubre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Vilma Menocal, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Félix Yanes Oliva, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de Diógenes Alberto Diaz Banegas. (Folios 1-3 de la pieza principal) 2) En fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Se dicta un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A favor Del señor FELIZ YANES OLIVA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio DIOGENES ALBERTO DIAZ BANEGAS. SEGUNDO: Se revocan las medidas cautelares impuestas en declaración de imputado. TERCERO: Se ordena a la secretaria General certificar el sobreseimiento definitivo a efecto que el procesado pueda limpiar sus antecedentes policiales una vez adquiera el carácter de firme. Quedando las partes notificas en estrado de la presente resolución…” (Folios 113-114 de la pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Sabrina Desiree Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución judicial proferida en audiencia preliminar por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintidós (2022). SEGUNDO: CONFIRMAR el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del imputado FELIX YANES OLIVA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO, en perjuicio de DIOGENES ALBERTO DIAZ BANEGAS, venido en apelación…” (Folios 11-15 de la pieza del Ad-quem) 4) Que la recurrente, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por la Corte Suprema, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 321 y 304 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Sandra Lorena Zuniga, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (2): Que, de este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. CONSIDERANDO (3): Que, la Abogada Vilma Menocal, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, en fecha siete de octubre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Félix Yanes Oliva, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de Diógenes Alberto Díaz Banegas. El ocho de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró audiencia inicial en la cual dispuso, dictar sobreseimiento definitivo a favor del señor Feliz Yanes Oliva por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo en perjuicio Diógenes Alberto Díaz Banegas, y revocó las medidas cautelares impuestas en declaración de imputado. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Es necesario señalar que se trata de un accidente de tránsito ocurrido el seis de octubre del año dos mil catorce, a las nueve con treinta minutos de la noche cuando ocurrió una triple colisión, quedando acreditada en la audiencia inicial lo siguiente: En la Colonia Ideal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, estaba estacionada una rastra sobre la acera a la orilla de la calle, de la cual se descargaba mercadería con un vehículo llamado HYSTER (vehículo carga cajas), conducido por el señor Félix Yanes Oliva, quién comenzó a conducir en retroceso, y por atrás, en esa misma vía venía el señor Diógenes Alberto Díaz Banegas conduciendo una motocicleta, quién no vio a la rastra que tenía por delante y fue a colisionar con dicho vehículo pesado. Esta colisión lo expulsó a la vía contraria, siendo colisionado por él móvil 2 quien en ese momento venía por su vía, e impactó con el hoy occiso y al caer pegó en el pavimento con su cabeza perdiendo la vida. Se celebró audiencia inicial el tres de noviembre de dos mil catorce, decretando auto de formal procesamiento por suponerlo responsable del delito de homicidio culposo, en perjuicio de Diógenes Alberto Díaz Banegas, con imposición de medidas sustitutiva a la prisión preventiva, de presentarse cada quince días a la secretaría del tribunal a firmar el libro respectivo demostrando así su disposición a estar presente en cada momento procesal que el juicio lo requiera. La audiencia preliminar fue celebrada ocho años después de la celebración de la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público no formalizó acusación como manda el artículo 300 del Código Procesal Penal, solicitando sobreseimiento definitivo a favor del imputado. CONSIDERANDO (5): El argumento expuesto por el fiscal para no formalizar acusación en la audiencia preliminar, lo basa en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, ello en el proceso civil de indemnización de daños y perjuicios en materia de tránsito, incoado por la señora Mirsille Sabina Marcos, pareja del occiso contra el imputado señor Félix Yáñez Oliva, en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual Félix Yáñez Oliva fue condenado a pagar DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS (L.19,540), en concepto de daño emergente, más CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS (L.14,626); en concepto de lucro cesante y QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.500,000.00), en concepto de daño moral al menor hijo del occiso representado por su madre la señora Mirsille Sabina Marcos, quién era la compañera de hogar del occiso y una vez firme y ejecutado el fallo decretado salió del país junto con su hijo menor sin conocerse su paradero actual. El Ministerio Público, a través de otro agente de Tribunales, interpuso recurso de apelación, exponiendo su desacuerdo con la no formalización de la acusación, y señala que causa agravios la decisión del Juez de no haber utilizado la figura jurídica de la disconformidad, decisión confirmada por el Ad-quem. CONSIDERANDO (6): El Ministerio Público ha interpuesto el recurso de amparo de mérito a favor del Estado de Honduras, sosteniendo que, en la audiencia preliminar, la misma institución a través de otro agente Fiscal, no formalizó acusación y solicitó que se dictara un sobreseimiento definitivo. Al tener conocimiento la unidad de impugnaciones del Ministerio Público recurre sosteniendo que el legislador dispuso darle la facultad al Juez, de corregir los “errores” del fiscal cuando no formaliza acusación y es la figura de la disconformidad (artículo 299 Código Procesal Penal), que si bien es discrecional el Juez tiene la potestad de dirigirse al superior del Fiscal y de manera motivada exponer las razones jurisprudenciales en las cuales basa su desacuerdo con la decisión de no formalizar acusación, sin embargo en este caso el Juez no dictó auto de apertura a juicio sino que manifiesta que no le queda más que dictar sobreseer definitivamente el caso. CONSIDERANDO (7): El artículo 299 del Código Procesal Penal establece la figura de la disconformidad y manda: “El juez que no esté de acuerdo con la solicitud que el fiscal le presente, a efecto de que se dicte sobreseimiento, se decrete la suspensión condicional del proceso, o se siga el procedimiento abreviado, lo hará saber exponiéndole las razones en que se funde al superior del fiscal, quien está obligado a pronunciarse al respecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sea propuesta en conocimiento la resolución del juez. Si el superior está de acuerdo con la decisión del juez, le asignará el caso a otro fiscal, con el fin de que éste formule requerimiento. En caso contrario, el Juez resolverá de conformidad con lo pedido.” CONSIDERANDO (8): La Sala de lo Constitucional estima que el Juez A-quo y el tribunal de alzada debió actuar en obediencia al principio de legalidad, no obstante, omitieron la aplicación de lo establecido en artículo 296 del Código de Procesal Penal, que señala los supuestos que deben darse para que se dicte sobreseimiento definitivo. Esta disposición manda que se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal. Los tres supuestos antes transcritos, son los únicos legalmente aceptables para solicitar un sobreseimiento definitivo. Está acreditado en autos que la razón que esgrimió el fiscal para no formalizar la acusación por el delito de homicidio culposo o por otro tipo penal, no se subsumen en ninguno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 296 del Código de Procesal Penal, ya que el hecho de que la pareja del occiso y el menor hijo de esta haya recibido una indemnización civil por daños y perjuicios, no hace que desaparezca el proceso penal incoado mismo que está en la etapa preliminar, previo a tomar la decisión si se desarrolla el juicio oral y público o no. Es así que la inobservancia por parte del Juez de instancia a la aplicación en su momento de la figura de la disconformidad, y el hecho de que la alzada no lo señalara en su sentencia, y ahora al confirmar que se dicte sobreseimiento definitivo cuando un agente de Tribunales lo solicite sin fundamentarse en el 299 del Código Procesal Penal, constituyen razones sobradas para determinar una violación al debido proceso, por lo que procede otorgar el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 47, 51, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, y artículos 264, 269 y 299 del Código Procesal Penal; FALLA: 1.- OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de San Pedro Sula, en fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Félix Yanes Oliva, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de Diógenes Alberto Diaz Banegas. 2.- Se revoca la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de San Pedro Sula, en fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, y consecuentemente: 3.- Que la alzada revoque el sobreseimiento definitivo y se procesa a ordenar la celebración de una audiencia ad Hoc a efecto de que se garantice el derecho a la defensa al Ministerio Público, se proceda a formalizar acusación, y a la normal prosecución del juicio. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrado Vallecillo Paredes.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-872-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL