Sentencia AP-871-23 — Registro 19693
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación por el delito de deslealtad Profesional, en perjuicio de la Administración de Justicia. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional no encuentra que, en este caso, el Tribunal de Alzada valorase de manera arbitraria o irracional la prueba aportada en el proceso, limitándose a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, haciendo la autoridad recurrida aplicación de la legislación sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamada a fallar y resolver.La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido suficientemente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO (10): Que es importante acotar además que, según se advierte de las actuaciones, el Ministerio Público autorizó la suspensión de la persecución penal a favor de la señora Katherine Escobar Ferrera, coimputada e hija del señor Guillermo Antonio Escobar Montalván en el proceso penal que nos ocupa, observándose ya transcurrió el periodo de prueba establecido por el juez A Quo en su momento, sin que haya habido incumplimiento de las medidas reguladoras de la conducta que le fueron impuestas a dicha imputada, lo cual tiene como consecuencia la remisión definitiva de la pena según el Código Penal, lo cual es causa de extinción de la responsabilidad penal conforme a ley. Esta circunstancia, si bien beneficia únicamente a la referida coimputada, sí hace patente la eventual pérdida del objeto del proceso, por cuanto se desvanece el interés de sostener la acción penal y obtener la tutela judicial pretendida, en favor de una terminación anticipada del procedimiento.CONSIDERANDO (11): Que siendo así, y de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra los derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado ha sido acordada de conformidad con sus potestades legales sin que se logre observar arbitrariedad o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos, por ende, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la impetrante y así debe declararse."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 43 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Guillermo Antonio Escobar Montalván y Katherine Raquel Escobar Ferrera, por suponerlos responsables del delito de Deslealtad Profesional, en perjuicio de la Administración de Justicia. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1.En fecha diez de junio de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Lourdes Yamileth Valladares, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra los señores Guillermo Antonio Escobar Montalván y Katherine Raquel Escobar Ferrera, a quienes se les supone responsables de del delito de Deslealtad Profesional, en perjuicio de la Administración de Justicia. (Folios 2-5 del antecedente).2.En fecha diez de agosto de dos mil dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1). -SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la encausada KATHERINE ESCOBAR FERRERA por suponerla responsable del delito de DESLEALTAD PROFESIONAL, en perjuicio LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, lo anterior con base al artículo 311 párrafo primero, con el artículo 25 del Código Penal. 2) se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN a quien se le instruyó proceso por el delito de DESLEALTAD PROFESIONAL, en perjuicio LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 3) se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN y KATHERINE ESCOBAR FERRERA a quienes se les instruyó proceso por el delito de ESTAFA IMPROPIA, en perjuicio PAVEL OCXIRE GONZALES Y OTROS. 2). Se le impone las Medidas Cautelares contempladas en el artículo 173 numerales 6 y7 del código procesal penal impuesta en audiencia de declaración de imputado como ser 6) obligar a la Imputada venir a firmar todos los días viernes en el libro que se encuentra en la secretaria de este juzgado para el control de su asistencia. 7) Se le prohíbe a la imputada salir del país sin previa autorización de este Juzgado viernes de cada semana y la prohibición de salir del país…” (Folio 162 del antecedente). 3. Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Andrés Chávez Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “…1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público. 2) CONFIRMAR el Sobreseimiento Definitivo…” (Folios 206-210 vuelto del antecedente).4.Que la recurrente, Abogada Sandra Lorena Zúniga, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5.Que en fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción de mérito, presentado por la Abogada Sandra Lorena Zúniga, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.CONSIDERANDO (4): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente fue del criterio que la resolución de la Alzada que ha sido objeto de la presente acción de amparo, carecía de la debida motivación y resultaba incongruente con la prueba aportada en la audiencia inicial, prueba que el Ministerio Público consideró suficiente para acreditar los elementos del tipo penal y los indicios de participación del señor ESCOBAR MONTALVÁN en el mismo, impetrando que ante estas circunstancias se violentó el derecho a un debido proceso legal y el principio de legalidad por parte del Tribunal de Apelaciones.CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional ha insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.CONSIDERANDO (6): Que en el asunto objeto de estudio, la recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, argumentos relacionados mayormente con valoración o, en este caso, apreciación probatoria, infiriendo que con la prueba aportada en audiencia procedía que se dictase un auto de formal procesamiento en contra del referido imputado, lo cual, según su criterio, debió ser decidido por el Tribunal de Apelación, y que, al no hacerlo, ello constituye una apreciación arbitraria de la prueba y una decisión contraria a derecho. No obstante, del estudio de la resolución denunciada como violatoria, esta Sala no advierte tal arbitrariedad, observándose que la Alzada ha apreciado los elementos probatorios conforme su potestad jurisdiccional, motivando su decisión como lo exige la normativa procesal, y si bien la recurrente difiere con los razonamientos y con la decisión de la Alzada, ello no implica per se la existencia de las violaciones constitucionales alegadas, pues precisamente corresponde a la jurisdicción penal ordinaria determinar si los elementos probatorios aportados en un proceso resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba.CONSIDERANDO (7): Que hemos dicho ya con anterioridad que nuestro sistema de justicia penal se orienta a que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico de las mismas, lo cual le debe permitir establecer la credibilidad que le merezca cada elemento probatorio, siempre que esta valoración se haga dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso.CONSIDERANDO (8): Que en este respecto hemos asentido con el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia, por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.CONSIDERANDO (9): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional no encuentra que, en este caso, el Tribunal de Alzada valorase de manera arbitraria o irracional la prueba aportada en el proceso, limitándose a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, haciendo la autoridad recurrida aplicación de la legislación sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamada a fallar y resolver.La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido suficientemente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO (10): Que es importante acotar además que, según se advierte de las actuaciones, el Ministerio Público autorizó la suspensión de la persecución penal a favor de la señora Katherine Escobar Ferrera, coimputada e hija del señor Guillermo Antonio Escobar Montalván en el proceso penal que nos ocupa, observándose ya transcurrió el periodo de prueba establecido por el juez A Quo en su momento, sin que haya habido incumplimiento de las medidas reguladoras de la conducta que le fueron impuestas a dicha imputada, lo cual tiene como consecuencia la remisión definitiva de la pena según el Código Penal, lo cual es causa de extinción de la responsabilidad penal conforme a ley.Esta circunstancia, si bien beneficia únicamente a la referida coimputada, sí hace patente la eventual pérdida del objeto del proceso, por cuanto se desvanece el interés de sostener la acción penal y obtener la tutela judicial pretendida, en favor de una terminación anticipada del procedimiento.CONSIDERANDO (11): Que siendo así, y de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra los derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado ha sido acordada de conformidad con sus potestades legales sin que se logre observar arbitrariedad o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos, por ende, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la impetrante y así debe declararse.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Guillermo Antonio Escobar Montalván y Katherine Raquel Escobar Ferrera, por suponerlos responsables del delito de Deslealtad Profesional, en perjuicio de la Administración de Justicia; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se ordene el archivo de las presentes actuaciones. Redactó la Magistrada DUBON VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Penal. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0871-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL