Sentencia AP-852-23 — Registro 19192
Resumen
Acción de amparo interpuesto contra auto de formal procesamiento emitido contra impetrante por el delito de Incitación a la Discriminación, y el recurso de apelación declarado sin lugar y la forma en que fue tomada la declaración del ofendido de manera virtual, ya que no cumple los requisitos que establece el Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos Penales ; Esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución en la que no dio respuesta a los agravios interpuesto por la Defensa, así como también no establece los argumentos impetrados por las partes en audiencia inicial, que fue grabada, la establece los minutos de participación que tuvieron las partes con sus exposiciones y con las solicitudes que manifestaron las partes en el transcurso de la Audiencia Inicial, observando además falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución en la que no dio respuesta a los agravios interpuesto por la Defensa, así como también no establece los argumentos impetrados por las partes en audiencia inicial, que fue grabada, misma que no se establece los minutos de participación que tuvieron las partes con sus exposiciones y con las solicitudes que manifestaron las partes en el transcurso de la Audiencia Inicial, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias que se llevaron a cabo en Audiencia Inicial; pues el ad-quem se limita en relacionar que no puede resolver cuestiones que no hayan sido objeto de impugnación, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación de la Defensa, en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a ser escuchado en audiencia como lo establece el derecho de Defensa, conforme lo establece la ley procesal penal; buscando por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades del titular de los derechos en conflicto, con atención a los juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 127-A.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada GIOVANEZZA DUBOIS ZAVALA a favor del señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , en fecha dos de mayo del dos mil veintitrés, que resolvió SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA ,con relación a la causa penal que se instruyó contra el señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ por el delito de INCITACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN en perjuicio de JAVIER FRANCISCO COREA MOLINA. 1)Que en fecha veinticinco (25) de octubre del dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Comayagua, el Abogado JOSE RENE ALVAREZ en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de INCITACION A LA DISCRIMINACION en perjuicio del señor JAVIER FRANCISCO COREA MOLINA.(Folios 1 al 4 de la pieza de los antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha ocho (08) de noviembre del dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua dictando resolución, en la cual: RESUELVE: 1).- DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ, a quien se le sigue proceso por el delito de INCITACION A LA DISCRIMINACION, en perjuicio de JAVIER FRANCISCO COREA MOLINA. 2) Imponer al imputado NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ, a quien se le sigue proceso por el delito de INCITACION A LA DISCRIMINACION, en perjuicio de JAVIER FRANCISCO COREA MOLINA, la medida cautelar establecidas en el artículo 173 numeral 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal consistente en presentarse periódicamente en este juzgado cada quince días, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir al casa, trabajo del ofendido y la prohibición de comunicarse con el ofendido .- FUNDAMENTACION JURIDICA: Artículo: 213 numeral 2, 211. 212 en relación al 17 del Código Penal. - Quedando notificados por Estrado las partes de la presente Resolución. (Folios 51 al 52 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que el Abogado ALEX GERMAN FLORES GUILLEN en su condición de apoderado legal del señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ comparecieron ante el citado Juzgado, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede. (Folios 54 al 55 pieza de antecedente) 4) Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en apelación con sus antecedentes a decretar AUTO DE FORMAL PROSESAMIENTO dictó resolución en fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), en la cual, por unanimidad de votos, RESUELVE: Por todo lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, con fundamento en los artículos 1, 61, 69, 88.3, 89, 90, 92, 303, 321 de la Constitución de la República de Honduras, 8.1, 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 1, 4, 13, 166.5 y 7, 167, 168, 169, 294, 297, 347, 349, 354, 356, 358 del Código Procesal Penal; FALLA PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de Apelación que ha planteado el Defensor Público del acusado, CONTRA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, resolución de fecha ocho de noviembre del 2022, decretado por el Juzgado de Letras de la sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en las Diligencias de proceso penal seguido al señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ, a quien la acusación le supone responsable del delito de INCITACION A LA DESCRIMINACION, en perjuicio de JAVIER FRANCISCO COREA MOLINA.- EN CONSECUENCIA:SE CONFIRMA la resolución recurrida. - Y MANDA: Que una vez notificadas las partes que se encuentren personadas ante este Tribunal, y firme que sea la presente resolución, se remitan las diligencias al Juzgado de su procedencia. - NOTIFIQUESE. (Folios 07 al 09 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Que en fecha veintiuno (21) de junio del dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada GIOVANEZZA DUBOIS ZAVALA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ, contra la sentencia de fecha dos de mayo del dos mil veintitrés, de las que se han hecho relación en los numerales que anteceden, por considerar que la misma es violatoria de los Artículo, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 del presente Recurso) 6) Que en fecha dieciséis (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 21 de la pieza del recurso). CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, compareció en fecha veintiuno de junio del año dos mil veintitrés, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha dos (2) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), vulnera en perjuicio de su representado, los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello al dictarse una resolución que resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por el Defensor Público contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha ocho de noviembre del 2022; con referente a la forma en que fue tomada la declaración del ofendido de manera virtual, ya que no cumple los requisitos que establece el Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos Penales. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de sus argumentos la impetrante aduce que se infringen las normas constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso; en defensa de su tesis la recurrente indica que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua perjudicó los intereses de su representado al emitir su fallo declarando sin lugar el Recurso de Apelación; confirmando la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua del Departamento de Comayagua, quien había dictado Auto de Formal Procesamiento, por el delito de Incitación a la Discriminación en contra de su representado; lo anterior en virtud que la apreciación del Tribunal Ad-quem constituyó, que al momento de realizar el estudio del caso, determinó no resolver sobre el fondo del asunto, ya que se consintió el acto por parte de la Defensa Pública del señor Nelson Joel Henríquez Sánchez, al no impugnar la decisión del Juez de lo Penal; expresando en el numeral tercero; que no puede resolver sobre situaciones que no fueron objeto de impugnación por el apelante en la instancia; Y es así en ese mismo orden de ideas la defensa está en desacuerdo con lo resuelto por la Corte de Apelaciones; ya que no puede negarse a resolver el Recurso de Apelación, en virtud de que la defensa se opuso a la declaración de la víctima al momento de la participación de las partes, que se puede observar en el acta segmentada a las 2:38 p.m. donde se le cedió la palabra a la Defensa concerniente a los medios de prueba y se puede leer que se opone a la declaración por video llamada y a las 2:45 p.m. se encuentra establecido que la defensa interpuso el Recurso de Reposición; violentando de esta forma el Tribunal Ad-quem los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en la Motivación de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Pública, en relación a declarar Sin Lugar, el recurso de Apelación que ha planteado el Defensor Público del acusado, contra el Auto de Formal Procesamiento de fecha ocho de noviembre del 2022, en el acápite Tercero de la referida resolución al argumentar: (Sic) “Que ante lo pretendido por el apelante, el libelista desconoce tres aspectos de la materia recursiva, sobre todo en la apelación a saber: a) Que en materia recursiva existe un principio de Non reformatio in pejus, regulado en el artículo 350 del Código Procesal Penal, que implica que el recurso solo podrá resolver cuestiones que hayan sido objeto de impugnación; en otras palabras, no se puede apelar lo que no se cuestionó en la instancia; porque de lo contrario se transgrediera otro principio como lo es de agravio o afectación; en el caso de los antecedentes de estudio, no se constata que el apelante halla cuestionado en la audiencia inicial la prueba de declaración de la supuesta víctima, que en todo caso al señalar que no se llevó a cabo mediante lo que previene un reglamento, no generó en aquella audiencia incidente de nulidad sobre el medio de prueba cuestionado, siendo este el acto apelable, como lo señala el artículo 354 numeral 2 del Código Procesal Penal “ El que deniegue un incidente o una excepción”, por lo tanto no puede entrar en discusión en la decisión del recurso el cuestionamiento que hace el recurrente, por haber consentido formalmente el acto, por lo que el Tribunal de Apelación no puede atribuirse funciones del Tribunal de instancia y desestimar de manera directa medios de prueba, a excepción de los plateados con ocasión del recurso….” CONSIDERANDO (5): Que, de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido en la audiencia Inicial de fecha ocho (8) de noviembre del dos mil veintidós (2022); a la admisión de la prueba consistente en la toma de la declaración del ofendido JAVIER FRANCISCO COREA MOLINA, por video llamada que solicitó el Ministerio Público en virtud que no se encontraba en el País sin cumplirse los requisitos que establece el Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos Penales de acuerdo al artículo 7 que establece: “….En caso que las partes pretendan hacer uso del mecanismo de videoconferencia o audiencia Virtual, deberán presentar la respectiva solicitud ante el Órgano Jurisdiccional Competente, con por lo menos setenta y dos (72) horas de antelación a la actuación procesal que corresponda, justificando las razones que motivan su petición, salvo casos de urgencia, en los cuales la actuación de que se trate precise realizarse de forma inmediata…”. Y que la Corte no se haya pronunciado en resolver sobre el fondo del asunto expresado como ser la declaración del ofendido por video llamada sin cumplir con los requisitos que establece el artículo 7 del Reglamento para la realización de audiencias virtuales. CONSIDERANDO(6): Que la recurrente en Amparo aduce como vulnerado el artículo 7 del Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos penales, en atención a la infracción del contenido constitucional del derecho a la defensa y el debido proceso. Articulado que hace referencia al fundamento del mecanismo a la presentación de la solicitud de video conferencia o audiencias virtuales. Que, como fundamento legal de la resolución en comento, atendiendo las razones por las cuales procedería declarar sin lugar el auto de formal procesamiento en cuanto a la declaración de la víctima que se recibiera por video llamada; la alzada expone un razonamiento ilógico en cuanto a la oposición de que se admitiera por el A-quo la declaración de la víctima sin cumplir los requisitos que establece el artículo 7 del Reglamento para la realización de Audiencias Virtuales; razonamiento que no comparte la recurrente en Amparo, pues a su criterio se han inobservado preceptos contenidos en el Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en procesos penales con relación al artículo 127-A numeral 3 del Código Procesal Penal y constitucionales 82 y 90 como ser el derecho de Defensa y Debido Proceso, como el que se haya admitido la declaración del ofendido, sin cumplirse los requisitos que establece el artículo 7 del Reglamento para la audiencias Virtuales en los Procesos Penales y decretar el Auto de Formal Procesamiento sin haberse acreditado los elementos objetivos, ni subjetivos en la comisión del Ilícito Penal por el delito de Incitación a la Discriminación. CONSIDERANDO(7): La Audiencia Inicial la parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que se incorpore. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1. Dictando Sobreseimiento Provisional; 2. Dictando Sobreseimiento Definitivo; y, 3. Decretando Auto de formal procesamiento o declaración de Reo. Y es aquí donde en el Recurso de Apelación que obra a folios del 54 al 55 de la pieza de los antecedentes del A-quo, presentado por la Defensa Pública establece los agravios en las cuales se logra observar en el numeral del agravio primero que es por la injusta declaración del ofendido y del Sobreseimiento definitivo solicitado a favor de su representado; declarando con lugar la declaración del ofendido de acuerdo a lo que establece el artículo 127- A. 3 del Código Procesal Penal que establece Que por cualquier tipo de delito a petición de parte o de oficio. El Órgano Jurisdiccional Competente podrá acordar que con carácter excepcional, las audiencias se puedan efectuar en forma virtual, a través de la tecnología de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultanea de la imagen, el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre personas geográficamente distantes siempre y cuando exista indicios de no poder realizarse la misma de manera presencial por concurrir alguno de los supuestos siguientes:1,2,3. Aquellos casos donde los testigos, perito o cualquier otro sujeto procesal, por cualquier causa, se encuentren en lugar distinto donde deba verificarse la audiencia.- En el numeral segundo y tercero siempre del escrito de apelación presentado en contra de la Audiencia Inicial donde se le decretó Auto de Formal Procesamiento al imputado, establece como agravios que la declaración del ofendido que se tomó por video llamada sin cumplir lo que establece el artículo 7 del Reglamento para realizar audiencias virtuales, así como la solicitud del sobreseimiento definitivo por no existir los elementos subjetivos y objetivos para sustentar las participación de su representado el señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ.CONSIDERANDO(8): Que el Código Procesal Penal en su artículo 354 establece las resoluciones apelables, en la cual procede contra las resoluciones siguientes 1,2,3. El Auto de Prisión o declaratoria de Reo, por lo que la Corte no respondió a los agravios interpuesto por la defensa en su escrito de Apelación; ya que no resolvió sobre el fondo del asunto en cuanto a la solicitud del Sobreseimiento Definitivo por no existir los elementos objetivos y subjetivos del tipo Penal y la declaración de la víctima que fue tomada por video llamada, en base al artículo 127-A.3 del Código Procesal Penal, sin cumplir los requisitos que establece el artículo 7 del Reglamento para la realización de Audiencias Virtuales en los Procesos Penales; no establece el Ad-quem los minutos de participación de las partes sobre todo en donde la defensa fundamenta su planteamiento; ya que se puede observar según la revisión del expediente en la audiencia Inicial en la Segmentación de la audiencia en el bloque segundo en el planteamiento de la Defensa que se manifiesta su oposición a la declaración por video llamada de la víctima; y a la admisión de la declaración administrativa del señor JULIO CESAR MONTOYA, que no fue tomada ante Juez competente. En el bloque cuarto de la Segmentación del Acta siempre de la Audiencia Inicial, se observa que la defensa interpone recurso de reposición a las dos y cuarenta y cinco (2:45) de la tarde; Sin que la Corte haya resuelto sobre estos extremos relacionados; por los cuales interpuso el recurso de Amparo; por no haber resuelto el Ad-quem sobre el fondo de lo solicitado. Ante esta circunstancia, el Tribunal de Alzada en un razonamiento ilógico y no fundamentado en la ley penal adjetiva, declara sin lugar el recurso de Apelación; al no resolver las pretensiones de la defensa, en virtud de que el Ad-quem no ha emitido una resolución de fondo, motivada, fundada en derecho y congruente. CONSIDERANDO (9): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, la recurrente se limita a enunciar que el Ad-quem no resuelve los agravios presentados en el escrito de Apelación, que sucedieron en la audiencia Inicial en donde el A-quo admitió la declaración virtual de la víctima sin cumplirse con los requisitos que establece el artículo 7 del Reglamento para la realización de audiencias virtuales en los procesos penales y del Auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (11): Para la Jurisprudencia Constitucional ha ido mucho más allá, no contentándose, con exigir que dicha resolución sea de fondo cuando no existan óbices o defectos procesales, sino reclamando también que la misma sea motivada y fundada en Derecho, así como también congruente. En efecto, en relación con los requisitos que han de observar las resoluciones judiciales, de fondo o no, para satisfacer las exigencias del derecho fundamental a la tutela efectiva de jueces y tribunales se encuentran, en primer término, los de la motivación y fundamentación jurídica, los cuales pese a poseer una diferente naturaleza, mientras que la motivación es un requisito externo de las resoluciones judiciales, la fundamentación jurídica configura su estructura interna, que suelen ser tratados conjuntamente, sí bien distinguiendo debidamente el uno del otro, por la Jurisprudencia Constitucional. CONSIDERANDO 12: Las resoluciones y sentencias son exigible en primer lugar han de estar motivadas, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Y en segundo término dicha motivación ha de estar fundada en derecho, carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe der consecuencia de una exegesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, pues tanto sí la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho.CONSIDERANDO (13): La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (14): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda, en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (15): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (16): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución en la que no dio respuesta a los agravios interpuesto por la Defensa, así como también no establece los argumentos impetrados por las partes en audiencia inicial, que fue grabada, misma que no se establece los minutos de participación que tuvieron las partes con sus exposiciones y con las solicitudes que manifestaron las partes en el transcurso de la Audiencia Inicial, asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias que se llevaron a cabo en Audiencia Inicial; pues el ad-quem se limita en relacionar que no puede resolver cuestiones que no hayan sido objeto de impugnación, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la reposición del recurso de Apelación de la Defensa, en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a ser escuchado en audiencia como lo establece el derecho de Defensa, conforme lo establece la ley procesal penal; buscando por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades del titular de los derechos en conflicto, con atención a los juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 13, 14, 141, 127-A.3 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA a favor del señor NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ, contra la Resolución de fecha dos (2) de mayo del dos mil veintitrés (2023), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA; 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia, restituyendo los derechos conculcados al ciudadano NELSON JOEL ENRIQUEZ SANCHEZ. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE. – FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0852-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL