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Sentencia AP-828-23 — Registro 19191

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por los delitos de Homicidio Imprudente en Concurso Ideal y Conducción Temeraria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO (11): Que como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Comayagua, en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo.CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, y a su vez confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el a quo, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el auto de formal procesamiento en contra del imputado. CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del imputado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales del Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la audiencia inicial en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento recurrido, no se exige un estado de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados Oscar Reniery Sierra Vásquez y Luis Edgardo Pérez Martínez, a favor del señor Allan Anthony Mendoza Mejía, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Allan Anthony Mendoza Mejía, por suponerlo responsable de los delitos de Homicidio Imprudente en Concurso Ideal y Conducción Temeraria, en perjuicio de Julio Cesar Urbina Rivera, Alicia María Benítez Paguada, Alicia Victoria Benítez Pagoada y la Seguridad Vial, respectivamente. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada Miriam Yadira Ponce Barahona, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Allan Anthony Mendoza Mejía, por suponerlo responsable de los delitos de Homicidio Imprudente en Concurso Ideal y Conducción Temeraria, en perjuicio de Julio Cesar Urbina Rivera, dos personas desconocidas bajo número de autopsia LR-2022-147 y LR-2022-148 y la Seguridad Vial. (Folios 1-2 vuelto de la pieza del A-quo)2)En fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Tener por ratificado, explicado y fundamentado el Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Publico. 2) Tener por admitidos, evacuados e incorporados los elementos de prueba que fueron admitidos en el desarrollo de la presente audiencia y descritos en la misma, ofertados por el representante del Ministerio Publico.- 3) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al señor ALLAN ANTHONY MENDOZA MEJIA por suponerlo responsable de TRES DELITOS DE HOMICIDIO IMPRUDENTE EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JULIO CESAR URBINA RIVERA, ALICIA MARIA BENITEZ PAGUADA Y ALICIA VICTORIA BENITEZ PAGOADA y por el delito de CONDUCCION TEMERARIA en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL.- 4) Decretar la medida de PRISION PREVENTIVA establecida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- 5) Decretar sin lugar la solicitud de Sobreseimiento Definitivo o Provisional a favor de su representado, por parte de la Defensa Privada del acusado, por las consideraciones de hecho y de derecho ya señaladas en la presente resolución.- …” (Folios 90-93 de la pieza del A-quo)3)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Reniery Sierra Vásquez, en su condición de Apoderado Legal del señor Allan Anthony Mendoza Mejía, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado La Defensa Privada contra EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE HOMICIDIO IMPRUDENTE EN CONCURSO IDEAL Y CONDUCCION TEMERARIA, en perjuicio de JULIO CESAR URBINA RIVERA, ALICIA MARIA BENITEZ PAGUADA, ALICIA VICTORIA BENITEZ PAGUADA y la SEGURIDAD VIAL, dictada a favor del acusado ALLAN ANTHONY MENDOZA MEJIA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha nueve de marzo del año dos mil veintidós. SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN de que se ha hecho mención en el acápite primero y que es objeto de recurso. Y MANDA: …” (Folios 8-15 vuelto del antecedente)4)Que los recurrentes, Abogados Oscar Reniery Sierra Vásquez y Luis Edgardo Pérez Martínez, comparecieron ante este Tribunal, en fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del señor Allan Anthony Mendoza Mejía, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.5)Que en fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por los Abogados Oscar Reniery Sierra Vásquez y Luis Edgardo Pérez Martínez, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en el proceso incoado en contra del señor ALLAN ANTHONY MENDOZA MEJIA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO IMPRUDENTE EN CONCURSO IDEAL Y CONDUCCION TEMERARIA en perjuicio de JULIO CESAR URBINA RIVERA, ALICIA MARIA BENITEZ PAGUADA y ALICIA VICTORIA BENITEZ PAGUADA y la SEGURIDAD VIAL, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del imputado, en consecuencia confirmó la resolución de Auto de Formal Procesamiento dictada contra el encausado, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Imprudente En Concurso Ideal y Conducción Temeraria.CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de la acción de amparo promovida, los recurrentes argumenta que en el desarrollo de la audiencia inicial, los medios de prueba consistentes en la declaración testifical del agente de tránsito Merlin Filadelfo Hernández Cáceres y la prueba documental consistente en el dictamen técnico de accidente de tránsito elaborado por el mismo agente en mención, no fueron valorados conforme a las reglas de la sana critica, en virtud de que al momento de rendir su declaración el agente de tránsito no fue preciso, ya que quedo evidenciado la falsedad con la que fue a declarar. Argumenta que tales medios de prueba fueron obtenidos en total violación a garantías procesales establecidas en la constitución de la República y en convenios internacionales, tal como lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal, pues se determina la responsabilidad de señor Allan Anthony Mendoza, de acuerdo a los indicios, el punto de impacto, zona de volcamiento y declaración del mismo encausado, declaración que según el recurrente fue tomada en total violación del artículo 20 del Código Procesal Penal, lo que violenta el derecho de defensa, pues la misma solo fue firmada por el imputado y no por su defensor, sea público o privado. Argumenta que el testigo falto a la verdad al manifestar que el señor Allan Mendoza no estaba en calidad de detenido al momento de tomarle su declaración, y con el acta de lectura de derechos se constata que fue detenido a las 22:30 horas y que dicha declaración fue tomada a las 12:05, según la declaración del policía. Manifiesta el recurrente que constituye violación al debido proceso, el hecho de que el hoy imputado, al momento de tomarle su declaración y practicarle la prueba de alcoholemia ya se encontraba en calidad de detenido y por tanto era indispensable la presencia del defensor para la legalización de dichas actuaciones. Quedando con esto acreditado por parte de la defensa, no solo la falsedad de la declaración del testigo, si no también, la violación a las garantías constitucionales de debido proceso y derecho de defensa, establecidos en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República y 15, 20, 101.10 y 275 del Código Procesal Penal. Pruebas que al ser evacuadas, el aquo, no debió haberles dado ningún valor probatorio, si con ello se acredita el mínimo indicio racional de participación, ya que las mismas son nulas por haber sido obtenidas de manera ilegal. Considerando además que con la misma declaración del testigo en mención se logró acreditar en audiencia inicial que la declaración verbal y manuscrita como también la prueba de alcoholemia tomada a su representado fueron utilizadas para la elaboración del dictamen técnico pericial de accidente de tránsito, en el cual se determina la participación en su grado uno a su representado y consecuentemente considerarlo como autor directo de los delitos de homicidio imprudente en concurso ideal y conducción temeraria. A estos medios de prueba no debió dárseles valor probatorio, ya que las actuaciones inmediatas que el agente de tránsito ejecutó, carecían de legalidad. Argumenta también que la motivación de la Corte de Apelaciones de Comayagua es incongruente, ya que la defensa en ningún momento alegó que no se había acreditado el mínimo indicio probatorio para determinar el Auto de Formal Procesamiento, pues en el recurso de apelación hacemos ver que se han violentado garantías constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, al dársele valor probatorio en audiencia inicial a las actuaciones descritas. En el escrito de formalización del recurso, argumenta que el agente de policía Merlin Filadelfo Hernández, se traslado hasta el lugar donde se encontraba su representado para tomarle su declaración, en completa violación al derecho de defensa, no solo por haberle tomado su declaración, sino porque la misma le sirvió como base fundamental para elaborar un dictamen técnico, el cual fue propuesto como medio de prueba en audiencia inicial, así como la declaración del policía que elaboró el dictamen, quien mintió en su declaración al establecer en el interrogatorio que al momento de tomarle la declaración a nuestro representado, este aún no se encontraba detenido, pues sus derechos le fueron leídos a las 10:00 pm y la declaración fue tomada a las 12:00 de la noche, ha pesar de haberse acreditado la ilegalidad de estos medios de prueba, los mismos fueron valorados erróneamente, pues al momento de tomarle su declaración al imputado no se le respetaron sus derechos y garantías, pues al momento de rendir su declaración debió ser asistido por un profesional del derecho público o privado. Por ello, argumenta el pedidor, que la Sala de lo Constitucional debe declarar la nulidad de las actuaciones denunciadas.CONSIDERANDO (4): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por los abogados OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ Y LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, al considerar que el Tribunal ad-quem ha vulnerado disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. En sustento a su tesis de vulneración del derecho de defensa y debido proceso, los recurrentes se limitan a realizar una relación de los hechos, haciendo alegatos de instancia (los mismos alegatos realizados en el Recurso de Apelación), sin señalar porque la resolución recurrida en amparo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso. En el escrito de interposición del recurso de amparo se limitan a señalar que la resolución dictada en el Recurso de Apelación por la Corte de Apelaciones de Comayagua, en su motivación es incongruente con lo planteado por la defensa, ya que en ningún momento se alegó que no se ha acreditado el mínimo indicio probatorio para determinar el auto de formal procesamiento, sino que mediante el recurso de apelación se hizo ver que se ha violentado el debido proceso y derecho de defensa a su representado, al dársele valor probatorio a las actuaciones ejecutadas (declaración testifical de Merlin Filadelfo Hernández y el Informe de accidente de tránsito) en audiencia inicial.- En el escrito de formalización del recurso de amparo en la explicación de los preceptos constitucionales que considera vulnerados, hace una narración desde que sucedieron los hechos, haciendo también los mismos alegatos de instancia y en relación a la resolución recurrida se limita a señalar que la Corte de Apelaciones al haber confirmado el Auto de Formal procesamiento emitido por el Juez de primera instancia, coloca en total indefensión a su representado. Que de conformidad a lo planteado por los recurrentes advierte esta Sala de lo Constitucional los mismos alegatos realizados en el Recurso de Apelación, alegato que se centra en que las pruebas evacuadas por el A-quo en audiencia inicial no fueron valoradas conforme a las reglas de la sana critica, por haberse evidenciado falsedad en la declaración del testigo, ya que según su argumento, se logró acreditar que falto a la verdad y que al dictamen técnico pericial de accidente de tránsito no debió dársele valor probatorio, ya que las actuaciones inmediatas que el agente de tránsito realizo en la elaboración del dictamen, carecían de legalidad. CONSIDERANDO (5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que, en el caso de autos en primer lugar, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de la recurrente el derecho de defensa y debido proceso. El Tribunal de Alzada fundamenta su resolución en los siguientes términos: “SEGUNDO: … Que del estudio de la resolución recurrida esta Alzada aprecia, que el sustento de la resolución judicial toma como esencia el informe de la Dirección de Viabilidad y Transporte, por señalar ésta que el acusado resulta ser el participante 1; esta Alzada ha fraseado conceptos que la doctrina científica desarrolla en cuanto al tipo imprudente, y que tiene relación con lo que expone el Código penal en relación a la imprudencia grave, la única sancionable según se interpreta del artículo 18 del Código Penal, la que exige previsibilidad del resultado típico, por la vulneración de reglas del debido cuidado elementales aplicables en la situación concreta; de lo sentado implica, que el resultado sea producto de la infracción de esas reglas elementales, en la situación concreta. El informe de la Dirección de Viabilidad y Transporte, establece que el tipo de accidente es una colisión seguida de despiste con personas muertas y que la causa del accidente es por cambio de carril imprudente y ebriedad confirmada colocando al participante 1 que conduce el móvil con sus condiciones motoras reactivas y perspectivas reducidas producto de la ingesta de bebidas alcohólicas, en esa condición maneja el móvil con falta de atención a las condiciones de seguridad vial del entorno, efectúa maniobra de cambio de carril, por rebasar no percatándose de la presencia del participante 2 en la que se conducían los ofendidos (3) en una motocicleta, los cuales fueron proyectados del móvil 2 en dirección al oeste en el derecho de vía, resultando con lesiones graves las cuales le proporcionaron la muerte al instante. Así mismo la Ley de Tránsito, Decreto 205-2005, en su Título V referente a Conducción y Circulación establece el artículo 60 que “Son condiciones básicas obligatorias para la conducción de vehículos en cualquier situación: 1) El conductor debe tener habilidades para conducir, además de encontrarse en estado normal de salud, de ánimo, de alerta y libre de cualquier otra condición que limite física o psicológicamente sus habilidades… 3) Mantenerse en el carril escogido. Rebasar y hacer cambio de carril en forma excepcional, siempre en el lado izquierdo, nunca en curvas, puentes, pendientes, esquinas o cruces de vía, no hacer zigzag entre carriles. Asimismo el artículo 62 del mismo decreto, establece que “En las vías de dos o más pistas o carriles de un mismo sentido, todo conductor debe mantener su vehículo utilizando una sola pista o carril y cuando por razón excepcional o justificada necesite cambiar a otro, debe hacerlo con la debida precaución, manifestando esta intención con la debida anticipación utilizando las luces indicadoras de su vehículo y/o señales permitidas además de percatarse que los otros conductores estén advertidos, de la maniobra a realizar. La pista o carril más próxima a la berma o carril derecho está destinado para el tráfico lento y/o pesado”. En el caso de autos, la conclusión a la que llega el A-quo, sin perjuicio que en la audiencia inicial la prueba tiene la finalidad de acreditar la probabilidad en relación a la existencia del hecho, y la participación del acusado en el mismo, la prueba incorporada, llega a asentar esa probabilidad de participación del acusado en el hecho, en infracción de normas más elementales en la conducción como exige el tipo de homicidio imprudente; no queda duda a este Tribunal de Alzada, que el informe elaborado por los técnicos de viabilidad y transporte, es suficiente para colocar al acusado como participante 1, como responsable principal, por lo que le convierte en infractor de reglas esenciales en la conducción y que ante tal actuación era para este previsible resultado, la muerte de las personas que se conducía en el móvil. TERCERO: … CUARTO: Ahora veamos el artículo 297 numeral 1 párrafo 2do. establece que: “Para decretar Auto de Prisión, el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito “. En cuanto a las primeras dos líneas del citado párrafo esta Corte tiene como acreditado que existe la plena prueba de la comisión del tipo penal de HOMICIDIO IMPRUDENTE EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JULIO CESAR URBINA RIVERA, ALICIA MARIA BENITEZ PAGUADA Y ALICIA VICTORIA BENITEZ PAGUADA y el delito de CONDUCCION TEMERARIA en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL, siendo así que el Juez recurrido ha observado y valorado las probanzas allegadas a la audiencia inicial, pues está debidamente acreditado por el ente fiscal los hechos narrados en el requerimiento fiscal y que dan lugar a los delitos por los cuales se investiga al imputado, no existiendo para esta Corte, duda en cuanto a los elementos del tipo penal imputado a los encausados; por lo que para este Ad-quem, con todos los elementos de prueba, se ha acreditado el hecho y se encuentran suficientes indicios de participación del encartado en los mismos. …”.CONSIDERANDO (6): Que, en relación a los derechos constitucionales considerados vulnerados por los recurrentes, el artículo 82 de nuestra carta magna mismo establece: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; Que el Derecho de Defensa comprende que el imputado haya tenido la asistencia necesaria poder defenderse en juicio, haciendo uso de todos los recursos que la ley le franquea en defensa de sus derechos, haya tenido la oportunidad de confrontar la prueba ofertada por el ente acusador, haya conocido desde el inicio del proceso los hechos que le acusan. En materia penal el derecho de defensa se relaciona con la realización de un juicio justo o debido proceso, con el propósito que la persona enjuiciada no sea un mero objeto del proceso y por ende de la decisión judicial que le concierne; sino que encontrándose afectados sus derechos ha de tener la posibilidad de influir en el resultado participando activamente en el proceso; es decir, ha de tener la oportunidad de ser oído, expresarse y manifestarse con relación a sus derechos, y ello lógicamente con carácter previo a que la decisión se adopte. Este reconocimiento al inculpado de su carácter de sujeto del proceso lleva necesariamente consigo el que se le permita estar presente en todas las fases del proceso desde que éste se dirija contra él y a que el proceso se estructure de tal manera que siempre tenga la posibilidad de intervenir en aquellos actos que puedan afectar a sus derechos, que como parte acusada tenga los mismos derechos que las partes acusadoras. Que respecto a la vulneración del debido proceso señalada por los recurrentes, esto es lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales.CONSIDERANDO (7): La disposición constitucional contenida en el artículo 92 nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 294 último párrafo del Código Procesal Penal señala “En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.”, en armonía con el artículo 297 del mismo Código Procesal Penal que señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (8): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el derecho de defensa y debido proceso, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto de proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables. En ese orden de ideas el artículo 202 del Código Procesal Penal, determina: “Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”, de la lectura de la citada norma procesal penal se desprende que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto, libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”.CONSIDERANDO (9): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de formal procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye.CONSIDERANDO (10): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los recurrentes promueven amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien ratifica la resolución emitida por el A-quo en audiencia inicial, sin establecer porque la decisión del Ad-quem es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, pues los recurrentes en la acción constitucional presentada, se centran hacer alegatos de instancia (los mismos alegatos realizados en el Recurso de Apelación) y en señalar que a los medios de prueba admitidos y evacuados en audiencia inicial no fueron valorados conforme a las reglas de la sana crítica y que no debió dársele valor probatorio. Del argumento anterior, es importante recordar cual es la finalidad de los medios de prueba, al señalar la ley procesal penal que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiabilidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales. Advierte esta Sala que en base a esa mínima actividad probatoria exigida en el artículo 294 del Código Procesal Penal ya señalados, el órgano jurisdiccional de segunda instancia, ha establecido claramente en la resolución que se recurre porque le da valor probatorio a los medios de prueba ofertados por el Ministerio Publico y evacuados en audiencia inicial.CONSIDERANDO (11): Que como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Comayagua, en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, y a su vez confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el a quo, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el auto de formal procesamiento en contra del imputado.CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del imputado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales del Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la audiencia inicial en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento recurrido, no se exige un estado de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ Y LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, a favor del señor ALLAN ANTHONY MENDOZA MEJIA, contra la resolución de fecha once (11) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0828-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL