Sentencia AP-823-23 — Registro 20108
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la fe pública del estado de Honduras. Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, en vista que la resolución impugnada mediante esta acción carece de motivación suficiente, tornando la misma incongruente al arribar a una decisión adversa con el catalogo probatorio, de manera que al inobservar el deber de motivación contraviene garantías reconocidas en nuestra Constitución e instrumentos internacionales desarrollados en el artículo 202 del Código Procesal Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de la revisión de la presente causa se estima que el acto que se recurre es en función de dos situaciones específicas: 1).- La falta de los requisitos de la sentencia dictada por parte de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida; 2).- La falta de valoración probatoria.- De la revisión del presente expediente se desprende que para que un amparo sea procedente siquiera su admisibilidad, se deben de alegar violaciones de derechos Constitucionales, es decir que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, vulnere derechos establecidos en la Constitución de la República, en el presente caso, el derecho a que una resolución contenga los requisitos indispensables para alcanzar su fin se encuentran contemplados en el Código Procesal Penal y no precisamente en la Constitución de la República, de igual forma la valoración probatoria del órgano penal es un requisito que está regulado por parte del Código Procesal Penal y tampoco por la Constitución de la República, es decir, que la Sala pretende dejarle claro al recurrente que las dos violaciones que está alegando radican en la norma legal secundaria en este caso en el Código Procesal Penal y por lo tanto se entiende que las violaciones que alega son de mera legalidad y que no es la acción de amparo para conocer esas violaciones de mera legalidad, por lo tanto de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe de sobreseer la presente acción, tomando en cuenta que las 2 violaciones alegadas por el recurrente son de mera legalidad. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1).- Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, es del criterio que se debe de sobreseer la presente acción de amparo por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe una causa de inadmisibilidad de la acción que impide al órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de la revisión de la presente causa se estima que el acto que se recurre es en función de dos situaciones específicas: 1).- La falta de los requisitos de la sentencia dictada por parte de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida; 2).- La falta de valoración probatoria.- De la revisión del presente expediente se desprende que para que un amparo sea procedente siquiera su admisibilidad, se deben de alegar violaciones de derechos Constitucionales, es decir que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, vulnere derechos establecidos en la Constitución de la República, en el presente caso, el derecho a que una resolución contenga los requisitos indispensables para alcanzar su fin se encuentran contemplados en el Código Procesal Penal y no precisamente en la Constitución de la República, de igual forma la valoración probatoria del órgano penal es un requisito que está regulado por parte del Código Procesal Penal y tampoco por la Constitución de la República, es decir, que la Sala pretende dejarle claro al recurrente que las dos violaciones que está alegando radican en la norma legal secundaria en este caso en el Código Procesal Penal y por lo tanto se entiende que las violaciones que alega son de mera legalidad y que no es la acción de amparo para conocer esas violaciones de mera legalidad, por lo tanto de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe de sobreseer la presente acción, tomando en cuenta que las 2 violaciones alegadas por el recurrente son de mera legalidad. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1).- Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, es del criterio que se debe de sobreseer la presente acción de amparo por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe una causa de inadmisibilidad de la acción que impide al órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco.VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fechas catorce de noviembre y cinco de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, con relación a la causa instruida contra los señores Edson Roberto Laboriel Álvarez y Víctor Andrade García, por los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1).- En fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, los Abogados Claudia Zenaida Paz Hernández y Luany Michel Rodríguez Fugón, en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra el señor Víctor Antonio Andrade García, por suponerlo responsable del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en prejuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras, Edson Roberto Laboriel Álvarez, por suponerlo responsable del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, asimismo, contra el señor Mauricio Peralta Espinoza, por suponerlo responsable del delito de Uso de Documentos Públicos Falsos, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras. (Folios 1-5 vuelto del expediente del A-quo).2).- En fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de EBSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCINARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACCION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- con base en el artículo 96 de la Constitución de la Republica; 499, y 615 del Código Penal vigente y 296 del Código Procesal Penal que consiste en que NO EXISTEN FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DECRETAR AUTO DE PRISION O DECLARATORIA DE REO.- Y en atención a lo anterior se debe levantar cualquier restricción que sobre la libertad del encausado exista, por lo que se suspenden las medidas impuestas en audiencia declaración de imputado, debiéndose extender su carta de libertad definitiva.- NOTIFIQUESE…” (Folios 158-161 vuelto del expediente del A-quo).3).- En fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual dispuso lo siguiente: “…LO PROCEDENTE ES QUE SE DECRETE A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR ANTONIO ANDRADES GARCIA UN SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL POR SUPONERLO RESPONSABLE DE LA COMISION DEL DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, todo con base a lo establecido en el artículo 25 y artículo 456 del código penal vigente, por lo que por lo Interior SE ORDENA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO EXTENDER LA CARTA DE LIBERTAD PROVISIONAL A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR ANTONIO ANDRADES GARCIA POR SUPONERLO RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, EN PERJUICIO DE LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo anterior se revocan las medidas cautelares que le fueron impuestas al señor VICTOR ANTONIO ANDRADES GARCIA en la audiencia de Declaración de imputado por lo que se le pone en conocimiento al mismo que no deberá continuar cumpliendo con las medidas cautelares que le fueron impuestas, asimismo lo anterior con relación en base a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República, 615 del Código Penal vigente relacionados con los artículos 29 numeral 7 de la Ley de Registro Nacional de las Personas y 118 del mismo cuerpo legal…” (Folios 186-198 del expediente del A-quo). 4).- Conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las Abogadas Claudia Zenaida Paz Hernández y Luany Michel Rodríguez Fugón, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, contra las resoluciones referidas en los numerales dos y tres del preámbulo de esta sentencia; la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por las Abogadas CLAUDIA ZENAIDA PAZ HERNANDEZ Y LUANY MICHEL RODRIGUEZ FUGON, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y parte apelante, contra la resolución del Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se dictó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del Señor EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, en la causa que se sigue en su contra por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada CLAUDIA ZENAIDA PAZ HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y parte apelante, contra la resolución del Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se dictó SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del señor VICTOR ANTONIO ANDRADES GARCIA, en la causa que se sigue en su contra por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: ORDENAR a la Jueza A-quo que en audiencia Ad-Hoc a la que convoque a las partes, provea el correspondiente SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ, en la causa que se sigue en su contra por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: PRIMERO: Notificar la presente resolución personalmente a los intervinientes, a más tardar el día siguiente al de su fecha, de no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de Cédula o Edictos. SEGUNDO: Con Certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales. - NOTIFIQUESE…” (Folios 10-17 vuelto del expediente del Ad-quem).5).- Que la recurrente, Abogada Sandra Lorena Zuniga, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de junio de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.6).- Que en fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sandra Lorena Zuniga, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que la presente garantía Constitucional de Amparo es promovida por la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fechas catorce de noviembre y cinco de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, con relación a la causa instruida contra los señores Edson Roberto Laboriel Álvarez y Víctor Andrade García, por los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, en vista que la resolución impugnada mediante esta acción carece de motivación suficiente, tornando la misma incongruente al arribar a una decisión adversa con el catalogo probatorio, de manera que al inobservar el deber de motivación contraviene garantías reconocidas en nuestra Constitución e instrumentos internacionales desarrollados en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En vista que el ente acusador acredito el mínimo indicio de participación que la norma adjetiva exige en el artículo 294 párrafo cuarto, al establecer que EDSON ROBERTO LABORIEL, ostento el cargo de oficial civil, departamento de Trujillo y bajo esa condición efectuó trámite de inscripción de reposición por omisión de nacimiento a favor de Mauricio Peralta Espinoza, sin contar con los documentos de respaldo establecidos en el artículo 84 de la Ley del Registro, extremo acreditado con el informe número 47-IG-2016, emitido por Inspectoría de Registro Nacional de las Personas y, es inexistente de registro de expediente de reposición por omisión en el Registro Civil Municipal de la Ceiba ni en Oficialía Civil de Trujillo, Colon, probanza que se concatena con el informe de fecha 25 de Julio del 2022, emitido por el Abogado Fredy Torres, Oficial Civil de Trujillo, al determinar que no existe en libro de reposiciones ingreso de solicitud de reposición de inscripción de nacimiento a favor de Mauricio Peralta Espinoza, y de la búsqueda se encontró que la resolución OCR-0201-2011-028, se encuentra asignada a la ciudadana Martha Elizabeth Melgar Blanco, y el expediente número 0201-2011-028, contiene la resolución 040 de fecha 21 de enero de 2011, asignado a Katherine Yuliana Martínez, tratándose de personas diferentes a Mauricio Peralta Espinoza, siendo de esta manera irrelevante hacer llegar como probanza la resolución utilizada para realizar la inscripción de nacimiento por omisión, pues se colige de la prueba que la misma no fue emitida, al resultar evidente que se tomó la numeración de una resolución atinente al trámite de reposición de otro persona. De tal modo que el elenco probatorio materializo el indicio de participación requerido en este momento procesal en relación al delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, al omitir los requisitos que exige la Ley de Registro Nacional, para el trámite en referencia e hizo caso omiso de aperturar un expediente con la documentación soporte que respalda la solicitud de inscripción por reposición por omisión de nacimiento, por lo que el razonamiento de la alzada, es arbitrario por tanto no guarda congruencia con la prueba evacuada ya que lo que corresponde es el dictado del auto de formal procesamiento.CONSIDERANDO CINCO (5): Que continua manifestando el recurrente que también se le vulnera la tutela judicial efectiva, al haber dictado sobreseimiento provisional a favor del señor Víctor Antonio Andrade por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, aun y cuando que se acreditaron suficientes indicios de participación de imputado en dicho ilícito.- Señala a su vez que se le vulnera el Principio de Legalidad, al existir una contravención a la ley y a la Constitución, ya que establece que la aplicación del principio de legalidad debe de ser total, en vista que los jueces son los encargados de guardar y hacer guardar las leyes, su cumplimiento y es determinante su estricta aplicación porque de ello depende la validez de su creación.CONSIDERANDO SEIS (6): Que mediante auto de fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo, y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado (Ver folio 33 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de la revisión de la presente causa se estima que el acto que se recurre es en función de dos situaciones específicas: 1).- La falta de los requisitos de la sentencia dictada por parte de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida; 2).- La falta de valoración probatoria.- De la revisión del presente expediente se desprende que para que un amparo sea procedente siquiera su admisibilidad, se deben de alegar violaciones de derechos Constitucionales, es decir que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, vulnere derechos establecidos en la Constitución de la República, en el presente caso, el derecho a que una resolución contenga los requisitos indispensables para alcanzar su fin se encuentran contemplados en el Código Procesal Penal y no precisamente en la Constitución de la República, de igual forma la valoración probatoria del órgano penal es un requisito que está regulado por parte del Código Procesal Penal y tampoco por la Constitución de la República, es decir, que la Sala pretende dejarle claro al recurrente que las dos violaciones que está alegando radican en la norma legal secundaria en este caso en el Código Procesal Penal y por lo tanto se entiende que las violaciones que alega son de mera legalidad y que no es la acción de amparo para conocer esas violaciones de mera legalidad, por lo tanto de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe de sobreseer la presente acción, tomando en cuenta que las 2 violaciones alegadas por el recurrente son de mera legalidad. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1).- Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, es del criterio que se debe de sobreseer la presente acción de amparo por constar en el expediente judicial de mérito, que efectivamente existe una causa de inadmisibilidad de la acción que impide al órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 64, 90 párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1 y 63 de la Ley sobre justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes; Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNÁNDEZ. - NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0823-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.