Sentencia AP-768-24 — Registro 20505
Resumen
La Sala de lo Constitucional considera que la resolución que inadmitió y sobreseyó el recurso de amparo interpuesto a favor de los imputados, es conforme a derecho, ya que la Corte de Apelaciones constató que en audiencia preliminar se dictó auto de formal procesamiento por suponerlos responsables del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio en la Administración Pública del Estado de Honduras; La Sala concluyó que la no aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, no significa una violación al principio de inocencia, ni a derechos establecidos en la norma penal; por lo que procede confirmar la denegatoria.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…a los imputados el Ministerio Público les presentó requerimiento fiscal por el delito de abuso de autoridad en fecha 3 de abril de 2024 bajo el manto del decreto 144-83, el 15 de abril de 2024 se celebra la audiencia preliminar, producto del cual se dictó auto de formal procesamiento y la defensa solicita que en este momento procesal se les aplique la retroactividad de la ley penal establecida en el artículo 96 de la Constitución de la República, la pretensión del recurrente es que el Tribunal A quo deje sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento en virtud de que al ser aplicado el principio de retroactividad de la ley penal la conducta delictiva imputada ha sido despenalizada con privación de libertad por el nuevo ordenamiento jurídico entrado en vigencia y que la aplicación de la norma derogada les perjudica, el juzgador Ad Quem inadmite el recurso de amparo incoado en virtud que con buen tino al hacer un análisis de las etapas del juicio penal, el Ministerio Público previamente y como inicio del proceso ha hecho una investigación del hecho imputado, una vez que se ha hecho dicha investigación, el Juez de primera instancia debe hacer una valoración de los medios probatorios manteniendo el principio de inocencia de los imputados hasta llegar a la convicción de su culpabilidad o su inocencia, aceptar el recurso de amparo en este etapa del juicio y dictar un sobreseimiento como lo peticiona el amparista daría lugar a dejar una nebulosa en el aire sin poder afirmar con claridad si en efecto existió el delito o no, el juzgador al momento de dictar la sentencia correspondiente va a aplicar el principio de retroactividad de la ley penal pero una vez que ha llegado al fondo del proceso y aplicar la ley mas favorable a los imputados en este caso el decreto 130-2017, pero no puede obviar toda su evacuación en vista que no ha desaparecido del estamento legal el delito de abuso de autoridad.- La no aplicación por ahora de este principio consagrado en la Constitución de la República no significa una violación al mismo y tampoco significa que se le restrinja su derecho o se le transgreda, antes bien el juzgador está llevando a cabo el debido proceso con las garantías procesales ya establecidas en la norma adjetiva..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 57 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 59 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que inadmitió el recurso de amparo promovido por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, a favor de los señores Marlon Geovany Paz y Mirna Yolanda Muñoz Mercado, contra la resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con relación al requerimiento fiscal instruido contra los señores Marlon Geovany Paz y Mirna Yolanda Muñoz Mercado. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha trece de junio de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Marlon Geovany Paz y Mirna Yolanda Muñoz Mercado, contra la resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con relación al requerimiento fiscal instruido contra los señores Marlon Geovany Paz y Mirna Yolanda Muñoz Mercado. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 del antecedente) 2) La referida Corte, en fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: INADMITIR la acción de amparo interpuesta por el Abogado Juan Carlos Berganza Godoy, a favor de los señores Mirna Yolanda Muñoz Mercado y Marlon Geovany Paz, y en contra de la resolución judicial de fecha 17 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.-SEGUNDO: SOBRESEER las diligencias registradas bajo el número 0801 2024 00137 CAPCC AM, como consecuencia de la inadmisión de la acción de amparo…” (Folios 7-15 del antecedente) 3) Que en fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2).- Que el recurrente manifiesta que a sus representados se les está violentando su derecho al principio de legalidad, al inadmitir su acción de amparo contra la resolución de fecha 17 de mayo de 2024 dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en el proceso penal incoado contra los señores MIRNA YOLANDA MUÑOZ MERCADO Y MARLON GEOVANY PAZ, por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, el recurrente en su recurso solicita que a sus representados se les aplique la retroactividad de la ley penal dado que el delito del cual son acusados fue cometido cuando estaba en vigencia el decreto 144-83, en el cual el artículo 349 establecía para este delito una pena de mínima de 3 años a una pena máxima de 6 años de reclusión y que en el nuevo Código Penal contenido en el Decreto 130-2017 en su artículo 499 deja los mismos parámetros en tiempo con la diferencia que ya es no es una pena privativa de libertad sino de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. CONSIDERANDO (3).- Que a los imputados el Ministerio Público les presentó requerimiento fiscal por el delito de abuso de autoridad en fecha 3 de abril de 2024 bajo el manto del decreto 144-83, el 15 de abril de 2024 se celebra la audiencia preliminar, producto del cual se dictó auto de formal procesamiento y la defensa solicita que en este momento procesal se les aplique la retroactividad de la ley penal establecida en el artículo 96 de la Constitución de la República, la pretensión del recurrente es que el Tribunal A quo deje sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento en virtud de que al ser aplicado el principio de retroactividad de la ley penal la conducta delictiva imputada ha sido despenalizada con privación de libertad por el nuevo ordenamiento jurídico entrado en vigencia y que la aplicación de la norma derogada les perjudica, el juzgador Ad Quem inadmite el recurso de amparo incoado en virtud que con buen tino al hacer un análisis de las etapas del juicio penal, el Ministerio Público previamente y como inicio del proceso ha hecho una investigación del hecho imputado, una vez que se ha hecho dicha investigación, el Juez de primera instancia debe hacer una valoración de los medios probatorios manteniendo el principio de inocencia de los imputados hasta llegar a la convicción de su culpabilidad o su inocencia, aceptar el recurso de amparo en este etapa del juicio y dictar un sobreseimiento como lo peticiona el amparista daría lugar a dejar una nebulosa en el aire sin poder afirmar con claridad si en efecto existió el delito o no, el juzgador al momento de dictar la sentencia correspondiente va a aplicar el principio de retroactividad de la ley penal pero una vez que ha llegado al fondo del proceso y aplicar la ley mas favorable a los imputados en este caso el decreto 130-2017, pero no puede obviar toda su evacuación en vista que no ha desaparecido del estamento legal el delito de abuso de autoridad.- La no aplicación por ahora de este principio consagrado en la Constitución de la República no significa una violación al mismo y tampoco significa que se le restrinja su derecho o se le transgreda, antes bien el juzgador está llevando a cabo el debido proceso con las garantías procesales ya establecidas en la norma adjetiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definido de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 68, 82, 90,182,303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1 y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 2, 3 numeral primero, 7, 8, 9 numeralprimero,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 y 69 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: declarar CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción declarando SIN LUGAR EL RECURSO DE AMPARO a favor de los señores Marlon Geovany Paz y Mirna Yolanda Muñoz Mercado, interpuesto por el abogado Juan Carlos Berganza Godoy, contra dicha sentencia.-Y MANDA: Que con certificación de la presente resolución se notifique al recurrente. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha veinticinco de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este tribunal con el número SCO-0768-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL