Sentencia AP-740-23 — Registro 19367
Resumen
Resolución que revoco sobreseimiento definitivo , interpuesto en el proceso contra recurrente por suponerla responsable del delito de Estafa, argumentando recurrente se le esta volviendo a juzgar por los mismo hechos, sosteniendo la Sala Constitucional que no se reúnen los elementos para dar lugar al principio de prohibición de doble juzgamiento, pues, aunque concurre el mismo sujeto, resulta ser distinto el fundamento en tanto tienen asidero en normas jurídicas que dan distinto tratamiento a la infracción, por lo tanto, es procedente denegar la acción constitucional incoada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Dispone el artículo 95 de la Constitución de la República que, ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, dejando de esta manera de manifiesto que este principio está íntimamente relacionado con el principio de legalidad y debe observarse en materia penal al referirse expresamente a “hechos punibles”, sin embargo, este tribunal no ignora la concurrencia de situaciones que pueden ser constitutivas de delito y a su vez, pueden considerarse como infracciones administrativas o disciplinarias por las que puede imponerse la correspondiente sanción, como por ejemplo el delito de “Quebrantamiento de condena o medida” previsto en el artículo 526 del Código Penal que también encuentra sanción administrativa de conformidad con el artículo 55 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional en relación con los artículos 43, 46 preámbulo número 2 y 50 del REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, en consecuencia, el principio constitucional de non bis in ídem prohíbe castigar dos veces lo mismo; en apoyo a este criterio la doctrina ha sostenido que solo concurre lo mismo en los supuestos de triple identidad, esto es, “de sujeto”, “de hecho” y “fundamento o bien jurídico protegido por la norma”, este acierto doctrinal ha sido recogido por el actual código penal expresamente en su artículo 7, al afirmar que “un mismo “hecho” o circunstancia no debe ser utilizado más de una vez para la calificación jurídica de la conducta de un sujeto, siempre que responda a un mismo “fundamento”… En ese sentido, al examinar el caso subjudice resulta notorio que no se reúnen los elementos que la doctrina y la ley demandan para dar lugar al principio de prohibición de doble juzgamiento, pues, aunque concurre el mismo sujeto, resulta ser distinto el fundamento en tanto tienen asidero en normas jurídicas que dan distinto tratamiento a la infracción, por lo tanto, es procedente denegar la acción constitucional incoada. CONSIDERANDO (6) Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el Tribunal de Apelaciones ha brindado argumentos suficientemente razonables y lógicos, apartados de toda arbitrariedad, para revocar la resolución del Juez de primera instancia, ofreciendo criterios normativos en los cuales basa su decisión, particularmente el artículo 98 de la Ley Protección al Consumidor, y si bien la resolución administrativa es basamento para una futura acción civil, cierto es que la acción penal no tiene los mismo fines que la primera y que no se contraponen las mismas, en virtud de que se busca imponer sanciones distintas. CONSIDERANDO (6): El Derecho de defensa concebido en nuestra constitución, importa el conjunto de oportunidades de que dispone el encausado y las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la ley procesal, los que ha sido permitido al encausado en igualdad de condiciones; en cuanto al derecho al debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.El debido proceso pues, “exige que nadie pueda ser privado judicialmente de su libertad, sin el estricto cumplimiento de procedimientos establecidos por la ley; al mismo tiempo, tal ley no puede ser una mera apariencia formal, sino que debe dar al imputado la posibilidad real de exponer razones para su defensa, probar esas razones y esperar sentencias fundadas”, apreciando esta Sala de lo Constitucional que se ha respetado el derecho de defensa y debido proceso del encausado, en tanto que no se ha visto conculcado el principio del artículo 95 constitucional"....
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley de Protección al Consumidor, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley de Protección al Consumidor, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley de Protección al Consumidor, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley de Protección al Consumidor, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley de Protección al Consumidor, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Derecho de defensa concebido en nuestra constitución, importa el conjunto de oportunidades de que dispone el encausado y las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la ley procesal, los que ha sido permitido al encausado en igualdad de condiciones; en cuanto al derecho al debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. El debido proceso pues, “exige que nadie pueda ser privado judicialmente de su libertad, sin el estricto cumplimiento de procedimientos establecidos por la ley; al mismo tiempo, tal ley no puede ser una mera apariencia formal, sino que debe dar al imputado la posibilidad real de exponer razones para su defensa, probar esas razones y esperar sentencias fundadas”, apreciando esta Sala de lo Constitucional que se ha respetado el derecho de defensa y debido proceso del encausado, en tanto que no se ha visto conculcado el principio del artículo 95 constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo del año dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en la acción de Amparo interpuesta por el Abogado Oscar Jesús Leveron Romero, a favor de la señora Maria Josselin Vásquez, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra la señora Maria Josselin Vásquez, por suponerla responsable del delito de Estafa, en perjuicio del señor Adolfo Castro. ANTECEDENTES 1) En fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Marlon Mejía, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora Maria Josselyn Vásquez Perdomo, en su condición de propietaria de la empresa MOTOTRAIKING, por suponerla responsable del delito de Estafa, en perjuicio del señor Adolfo Castro. (Folios 2-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora MARIA JOSSELYN VASQUEZ PERDOMO, por los hechos que se le imputan en la causa del delito de ESTAFA, en perjuicio de ADOLFO CASTRO, en virtud de la excepción planteada como presupuesto para declarar la extinción de la acción penal…” (Folios 174-175 del expediente del A-quo) 3) En fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo el recurso de apelación impetrado por el Abogado José Francisco Flores, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en contra de la resolución referida en el numeral que antecede, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución judicial dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), en el proceso instruido contra MARIA JOSSELYN VASQUEZ PERDOMO, por suponerla responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de ADOLFO CASTRO. SEGUNDO: REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo en la presente causa. TERCERO: Se ORDENA la remisión de los antecedentes al Juzgado de su procedencia para la continuación normal del proceso. Cedida que le fue la palabra al Fiscal del Ministerio Público quien se notifica "ENTENDIDA". Cedida que le fue la palabra al Defensor Privado quien se notifica "ENTENDIDO", Y una vez firme sin Interponer recurso alguno, con certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos legales pertinentes. En este estado se da por terminada la presente audiencia, a los tres (03) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), firmando la presente los suscritos Magistrados y la secretaria del Despacho que da fe de todo lo actuado.” (Folios 8-11 vuelto del antecedente) 4) En fecha uno de junio de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado Oscar Jesús Leverón Romero, presentando recurso de amparo a favor de la señora Maria Josselin Vásquez, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que a su representado se le ha violentado el derecho consagrado en el artículo 95 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del antecedente) 5) En fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma el recurso de amparo, presentado por el abogado OSCAR JESUS LEVERON ROMERO, en su condición con que actúa, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) La resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones que es objeto de esta acción constitucional, ha motivado su decisión principalmente en que: (SIC) “Considera del análisis del Artículo 98 de la Ley de Protección al Consumidor que establece lo siguiente: "El consumidor podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados independientemente de su derecho de ocurrir ante la autoridad administrativa. La acción corresponderá al consumidor... y al Ministerio Público..."; entiende esta Corte que del referido Artículo se extrae que las acciones judiciales interpuestas por el consumidor o por el Ministerio Público son independientes a las acciones administrativas derivadas de la Ley de Protección al Consumidor, es decir, en el presente caso independientemente que se haya promovido y tramitado el reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, Dirección Regional No-Occidental de Protección al Consumidor de esta ciudad y que exista en el expediente administrativo ya una resolución administrativa, el caso puede ser sustanciado por la vía penal, lo anterior se confirma de la lectura del Artículo 97 de la Ley de Protección al Consumidor que dice: "SANCIONES. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se derive de las violaciones a esta Ley, la asociaciones de consumidores que infrinjan las disposiciones de la presente Ley serán sancionadas de la manera siguiente..." (a continuación señala el citado Artículo sanciones administrativas); es decir que en el caso que nos ocupa las sanciones administrativas derivadas de la Ley de Protección al Consumidor son independientes a las acciones penales derivadas de las violaciones a la referida Ley, tampoco aprecia esta Corte que es un argumento válido lo referido por el Tribunal de Sentencia al manifestar en el acta el que no conste en la sentencia proferida de la vía administrativa que se haya determinado la presunta comisión del delito de Estafa, como tampoco la remisión de las actuaciones al Ministerio Público de conformidad al Artículo 87 de la citada Ley, ya que estima esta Corte que si bien es cierto se dispone la obligación por el referido Artículo a la "Autoridad de Aplicación" de remitir las actuaciones al Ministerio Público si determinase la presunta comisión de delito, ello no obsta para considerar que porque la autoridad no lo remitió al Ministerio Público la acción penal se extingue, dado que como se ha señalado anteriormente ambas acciones: La Administrativa y la Penal son independientes, de ello hay abundante doctrina al respecto sobre la "Autonomía del Derecho Administrativo Sancionador", al respecto citamos lo siguiente: "En palabras del maestro Rebollo Puig, indica que la persecución y represión estatal de un Estado es la misma que detenta el juez y autoridad administrativa con competencia para sancionar, toda vez que la potestad sancionadora del Estado o ius puniendi estatal es una sola que emana del Estado y puede manifestarse a través de la responsabilidad civil, penal o administrativa sancionadora. Esto es así, debido a que, los principios generales del derecho y principios constitucionales son aplicados como bastión horizontal a una y Otra responsabilidad; sin desmedro o distinción en la aplicación de una u otra o en cada proceso independiente. Se precisó acerca de la autonomía de responsabilidades, como aquella consecuencia civil, penal o administrativa es independiente en la función de las autoridades; de esta manera lo resuelto en la vía penal o civil no es vinculante ni preclusivo de la responsabilidad administrativa. Cada proceso va tener sus propias peculiaridades, plazos, autoridades, tribunales, etapas, principios, deberes y obligaciones propias de su vía independiente; por ejemplo, la responsabilidad penal va venir dictada por juez colegiado o unipersonal; mientras que la responsabilidad administrativa por funcionario competente en el cargo. La instrucción en lo penal la lleva un órgano constitucionalmente autónomo; mientras tanto, en el procedimiento administrativo lo ejerce la misma institución, las responsabilidades son autónomas e independientes pero que emanan de un solo aparato estatal, esto es, de la unidad del ius puniendi del Estado."”. CONSIDERANDO (4): El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, expone básicamente lo siguiente: El Ministerio Público Apeló dicha sentencia, ante la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, dicha Corte falló declarando sin lugar la sentencia del Tribunal de Sentencia, razonando dicha Corte, los artículos 98 de la ley de protección al consumidor, qué dice " el consumidor podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados independientemente de su derecho de ocurrir ante la autoridad administrativa..." también razona el artículo 97 de la misma ley qué dice " SANSIONES. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se derive de las violaciones a esta ley, la asociaciones de consumidores que infrinjan las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de la manera siguiente..." véase Honorable Corte Suprema de Justicia, que la Corte de Apelaciones aplica el artículo 98 de la ley de protección al consumidor, que sanciona a las asociaciones de consumidores que infrinjan dicha ley y lo aplica erróneamente al proveedor, aduciendo la Corte de Apelaciones que la acción administrativa y la acción penal son independientes, sin embargo esta sentencia de la Corte de Apelaciones viene a producir contra mi defendida la señora MARÍA JOSSELIN VÁSQUEZ, una violación a la garantía constitucional protegida por el artículo 95 de la constitución de la República: "ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" siendo el caso de mérito que la Dirección de Protección al Consumidor, dependencia de la Secretaria de Industria y Comercio, es un ente facultado por el Estado para sancionar este tipo de situaciones, es por eso que sabiamente el legislador incluyó en la Ley De Protección Al Consumidor, el artículo 99, (decreto 24-2008 que es el que estaba vigente a la fecha de los hechos) el cual literalmente dice; "REGLAS DEL PROCESO, en las causas judiciales iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en la presente ley o en otras que regulen relaciones de consumo regirán las normas de procedimiento civil más breve aplicable", se entiende por tanto que la intención del legislador es separar los asuntos meramente civiles de los que el actor quiera interpretar como de la esfera del campo penal, por tanto que en caso de incumplimiento del pago o devolución, de parte del proveedor al consumidor, la sentencia obtenida en dicha sede administrativa se convierte en un título ejecutivo, por lo que ya nos indica el único procedimiento a seguir, es decir la vía civil, así mismo el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor (decreto 15-2009 dice "en caso de que el consumidor vea afectados o amenazados sus intereses y decida ocurrir en primera instancia ante la autoridad administrativa, deberá agotar dicha vía para poder iniciar acciones judiciales sobre el caso" normas legales que el legislador planteó precisamente con el objeto de evitar el doble juzgamiento, puesto que define qué proceso judicial debe ser consecuencia del proceso administrativo, y sólo debe tener como fin hacer valer la sentencia o resolución obtenida en dicha sede, siendo todos estos mandamientos jurídicos, ignorados por la Corte de Apelaciones, y exponiendo con su resolución, a la señora MARÍA JOSSELIN VÁSQUEZ, a ser juzgada por los mismos hechos por los cuales ya fue condenada: Dice FRANCESCO CARNELUTTI en su obra titulada DERECHO PROCESAL CIVIL Y PENAL, páginas 306 y 307 "DISTINCION ENTRE PARTE CIVIL RESPONSABLE CIVIL. Surge de cuanto se ha dicho en los puntos precedentes que el proceso, que se desarrolla en virtud de demanda del ministerio público para el castigo del acusado, es un proceso voluntario, mientras que el proceso que se desarrolla en virtud de demanda del ofendido para que se declare la obligación del ofensor de restituir y de resarcir el daño, es, por el contrario un proceso contencioso, por tanto, aquel instituto que la ley llama constitución de la parte civil en el proceso penal, mediante el cual se inserta en el proceso penal el proceso civil para la composición de la litis entre el ofensor y el ofendido, pone juntos dos procesos de naturaleza profundamente diversa. No es necesaria otra cosa para concluir que otro principio de derecho procesal pena debe contemplar la neta separación de los dos procesos y por tanto la eliminación de la parte civil y del responsable civil del proceso penal. El inconveniente más grave ocasionado por la conmixtión de los dos procesos heterogéneos es el que se refiere a la paridad de las dos partes, actor y demandado, en el proceso civil: La posición penal del demandado, con todas las consecuencias que es de ello derivan, entre las cuáles, en primer lugar, la eventual detención preventiva lo pone, en comparación con el actor, en una condición de inferioridad que altera profundamente la estructura y compromete la función del proceso civil, precisamente para obtener tal posición privilegiada, no es raro, incluso se hace cada vez más frecuente, el caso de que uno de los litigantes se las arregle para calificar penalmente la conducta del adversario, trasladando así la litis y el respectivo proceso al campo penal; de aquí el peligro de influencia en el juicio penal de los intereses civiles, que perjudica seriamente su marcha y su resultado". CONSIDERANDO (5): Dispone el artículo 95 de la Constitución de la República que, ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, dejando de esta manera de manifiesto que este principio está íntimamente relacionado con el principio de legalidad y debe observarse en materia penal al referirse expresamente a “hechos punibles”, sin embargo, este tribunal no ignora la concurrencia de situaciones que pueden ser constitutivas de delito y a su vez, pueden considerarse como infracciones administrativas o disciplinarias por las que puede imponerse la correspondiente sanción, como por ejemplo el delito de “Quebrantamiento de condena o medida” previsto en el artículo 526 del Código Penal que también encuentra sanción administrativa de conformidad con el artículo 55 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional en relación con los artículos 43, 46 preámbulo número 2 y 50 del REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, en consecuencia, el principio constitucional de non bis in ídem prohíbe castigar dos veces lo mismo; en apoyo a este criterio la doctrina ha sostenido que solo concurre lo mismo en los supuestos de triple identidad, esto es, “de sujeto”, “de hecho” y “fundamento o bien jurídico protegido por la norma”, este acierto doctrinal ha sido recogido por el actual código penal expresamente en su artículo 7, al afirmar que “un mismo “hecho” o circunstancia no debe ser utilizado más de una vez para la calificación jurídica de la conducta de un sujeto, siempre que responda a un mismo “fundamento”… En ese sentido, al examinar el caso subjudice resulta notorio que no se reúnen los elementos que la doctrina y la ley demandan para dar lugar al principio de prohibición de doble juzgamiento, pues, aunque concurre el mismo sujeto, resulta ser distinto el fundamento en tanto tienen asidero en normas jurídicas que dan distinto tratamiento a la infracción, por lo tanto, es procedente denegar la acción constitucional incoada. CONSIDERANDO (6) Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el Tribunal de Apelaciones ha brindado argumentos suficientemente razonables y lógicos, apartados de toda arbitrariedad, para revocar la resolución del Juez de primera instancia, ofreciendo criterios normativos en los cuales basa su decisión, particularmente el artículo 98 de la Ley Protección al Consumidor, y si bien la resolución administrativa es basamento para una futura acción civil, cierto es que la acción penal no tiene los mismo fines que la primera y que no se contraponen las mismas, en virtud de que se busca imponer sanciones distintas. CONSIDERANDO (6): El Derecho de defensa concebido en nuestra constitución, importa el conjunto de oportunidades de que dispone el encausado y las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la ley procesal, los que ha sido permitido al encausado en igualdad de condiciones; en cuanto al derecho al debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.El debido proceso pues, “exige que nadie pueda ser privado judicialmente de su libertad, sin el estricto cumplimiento de procedimientos establecidos por la ley; al mismo tiempo, tal ley no puede ser una mera apariencia formal, sino que debe dar al imputado la posibilidad real de exponer razones para su defensa, probar esas razones y esperar sentencias fundadas”, apreciando esta Sala de lo Constitucional que se ha respetado el derecho de defensa y debido proceso del encausado, en tanto que no se ha visto conculcado el principio del artículo 95 constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 89, ,90 párrafo primero, 95, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Oscar Jesús Leveron Romero, a favor de la señora Maria Josselin Vásquez, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra la señora Maria Josselin Vásquez, por suponerla responsable del delito de Estafa, en perjuicio del señor Adolfo Castro. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia y que se continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-740-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL