Sentencia AP-72-25 — Registro 20347
Resumen
Resolución que confirma auto de formal procesamiento con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Violación Calificada en perjuicio de menor, aprecia Sala Constitucional que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."O: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. "
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46. 1 y 9 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de noviembre de dos mil veinticinco. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA a favor del señor MARCIO JAVIER MATUTE MARTINEZ, contra la resolución emitida por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés; con relación a la causa instruida contra el señor MARCIO JAVIER MATUTE MARTINEZ por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN CALIFICADA, en perjuicio de MENOR. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto de formal procesamiento dictado contra el señor MARCIO JAVIER MATUTE MARTINEZ, y declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en relación a las medidas cautelares revocando las mismas y dictando prisión preventiva contra el encartado, vulnera los derechos contenidos en los artículos 92 y 93 de la Constitución de la República, pues la motivación probatoria jurídica de la Alzada no está apegada a derecho ya que no hizo un valoración en conjunto de toda la prueba; además, no hay evidencia probatoria de la comisión del delito de violación; finalmente, aduce que no puede aplicarse la analogía en el caso de la violación calificada, en relación a la prohibición de otorgar medidas distintas de la prisión preventiva contenida en el artículo 184 del Código Procesal Penal, salvo que ésta beneficie al imputado. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que la Alzada confirmó el auto de formal procesamiento dictado contra el señor Marcio Javier Matute Martínez, ya que luego de analizar los agravios expresados por el recurrente y la normativa aplicable al caso, estimó que en el caso de mérito se encuentran presentes los elementos requeridos en el tipo penal de violación y en esta etapa procesal se exige únicamente la evidencia mínima probatoria de la comisión del ilícito y la participación en dicho ilícito del imputado; asimismo, en relación a las medidas impuestas al imputado en la declaración de imputado, las mismas no se encuentran fundadas en los presupuestos que las legitiman, ya que el artículo 184 del Código Procesal Penal impone una prohibición al respecto, al habérsele dictado un auto de formal procesamiento al imputado por el delito de violación calificada, aconteciendo la circunstancia especial que la víctima es un menor de edad, lo que la agrava, según lo dispuesto en el artículo 178 numeral 1 del referido Código. CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de formal procesamiento, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, la cual fue incorporada mediante el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL en nombre de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 178 numeral 1, 184, 294 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numerales 1) y 9) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA a favor del señor MARCIO JAVIER MATUTE MARTINEZ, contra la resolución emitida por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, además, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintiséis, certificación de la resolución de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0072-2025.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL