Sentencia AP-698-23 — Registro 20080
Resumen
Acción de amparo con relación a sobreseimiento decretado en la causa instruida contra imputados por el delito de Asesinato y la falta de valoración de elementos probatorios argumentada por impetrante en que se fundamento la sobreseimiento definitivo; la Sala Constitucional reitera que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse ésta, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." En lo relativo a la valoración conjunta y armónica de la prueba producida, (en aplicación al artículo 198 y 202 del código procesal penal), lo que trajo como consecuencia a criterio del amparista se dictara una resolución incoherente e injusta, el artículo 202 citado manda que, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto, libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”, …”. En tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la corte en fecha 44 de marzo del año 2023, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida tanto en audiencia inicial como preliminar, y de la cual el tribunal de alzada ha formado su convicción y ha procedido a ratificar en consecuencia la resolución emitida por el a-quo.CONSIDERANDO (8): Se hace necesario recordar un vez más, que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los juzgados y tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el juez constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice, en atención a la valoración de la prueba como uno de los argumentos expuestos por la recurrente en amparo.CONSIDERANDO (9): Por otra parte, el alegato de la motivación al que refiere el censor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”.CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales.CONSIDERANDO (11): En contexto con ello, esta Sala no aprecia vulneración alguna a los derechos constitucionales que se han invocado en el recurso de amparo, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo la autoridad denunciada ha respetado las formalidades establecidas en la ley, estando la decisión resultante, enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, con lo cual se ha dado efectividad a las garantías constitucionales que se invocan como violadas. Asimismo, se observa que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la sentencia una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho.CONSIDERANDO (12): Así pues, esta Sala no advierte, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra los derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo cual, al no observar vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado los derechos constitucionales invocados por el quejoso por parte del tribunal de alzada, el cual se ha limitado a aplicar la normativa vigente al caso sometido a su conocimiento, este alto tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Gustavo Mejía Perla, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fechas diez de septiembre y catorce de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, con relación a la causa instruida contra los señores Jorge Luis Muñoz Trochez, Edwin Josué Muños Castellanos y Yovin Osmery Orellana Muñoz, a quien se le supone responsable del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Luis Fernando Cáceres Santamaria. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha tres de enero de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, el Agente Fiscal, Abogado Osmin Leonel Sevilla Herrera, presentando requerimiento fiscal en contra los señores Jorge Luis Muñoz Trochez y Edwin Josué Muñoz Castellanos, por suponerlos responsables del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Luis Fernando Cáceres Santamaria. (Folios 1-3 del antecedente) 2)En fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1. Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores EDWIN JOSUE MUÑOZ CASTELLANOS Y JORGE LUIS MUÑOZ TROCHEZ a quienes se les supone responsables de la comisión delito de ASESINATO en perjuicio de LUIS FERNANDO CÁCERES SANTAMARIA. 2. Se revoca las medidas cautelares a los imputados EDWIN JOSUE MUÑOZ CASTELLANOS Y JORGE LUIS MUÑOZ TROCHEZ, que le fueron impuestas en la audiencia de Declaración de Imputado, en el caso de JORGE LUIS MUÑOZ TROCHEZ se ordena su inmediata libertad, debiendo la secretaria del despacho en el caso de enviar orden de excarcelación al señor director del centro penal de Siria del Departamento de Francisco Morazán para que proceda a ponerlo en inmediata libertad, quedando revocado el arresto domiciliario que cumple el imputado EDWIN JOSUE MUÑOZ CASTELLANOS. 3. Se declara no haber lugar el dictado de un auto de apertura a juicio solicitado por el Ministerio Público. SE ORDENA: 1.- Que a través de la secretaria del despacho notifique las partes procesales el presente auto. 2.-Se entregue copia de la misma a las partes a sus costas.” (Folio 237-240 del expediente del A-quo) 3)En fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en la celebración de la audiencia inicial, resolvió: “…1. Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado YORVIN OSMERY ORELLANA MUÑOZ a quien se le supone responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de LUIS FERNANDO CÁCERES SANTAMARIA, de generales conocidas este proceso. 2. Se le revoca al encausado YORVIN OSMERY ORELLANA MUÑOZ las medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado. 3. Se declara no haber lugar a la solicitud de dictado de auto de formal procesamiento solicitado por el Ministerio Público. SE ORDENA: 1.- Que a través de la secretaria del despacho notifique las partes procesales el presente auto. 2. Se entregue copia de la misma a las partes a sus costas…” (Folios 264-272 del expediente del A-quo)4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Nolvia Larissa Romero Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra las resoluciones referidas en los numerales dos y tres del preámbulo de esta sentencia, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic)“…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la abogada NOLVIA LARISSA ROMERO MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra las resoluciones de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) y catorce (14) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) dictadas por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara. SEGUNDO: SE CONFIRMAN las resoluciones impugnadas…” (Folios 6-16 del expediente del Ad-quem)5)Que el recurrente, Abogado Gustavo A. Mejía Perla, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.6)Que en fecha treinta de octubre de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito presentado por el Abogado Gustavo A. Mejía Perla, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de amparo. Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos de los garantistas denunciando violación a los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El garantista expresa en su escrito de formalización de manera resumida lo siguiente:El censor expone que la sentencia impugnada confrontada con lo ocurrido en audiencia inicial desarrollada en fecha 08 de enero del año 2021, en relación a lograr la vinculación de los imputados Jorge Luis Muñoz Trochez y Edwin Josué Muñoz Castellanos, en la cual la fiscalía precisaba únicamente de la mínima actividad probatoria, para alcanzar la convicción del juez de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del código procesal penal. Asimismo, pone en contexto los dos pronunciamientos del juez de garantías en aplicación a los artículos 198 (desproporcionalidad e inutilidad) y 202 (la sana critica) del código procesal penal, al momento de resolver la utilidad y pertinencia de la prueba reconocimiento en rueda que el ente fiscal propuso, y la defensa se oponía, estableciendo el juzgado que el medio de prueba era desproporcionado e inútil en virtud de que el testigo ya había tenido a la vista mediante fotografías los rostros de los acusados, sin control jurisdiccional, del mismo modo, que el testigo ALFA 04-2020, ya había rendido una declaración de prueba anticipada, indicando que el testigo fue capaz de identificar a los imputados o los conocía, por lo cual inadmite el medio de prueba (ver acápite cuarto folio 85, y el resuelve del juzgado folio 86, ambos de la audiencia inicial de fecha 8 de enero del año 2021, de la primera pieza).El recurrente denuncia que aproximadamente 5 meses después de agotada la audiencia inicial y a solicitud de la defensa, quien se opuso al medio de prueba reconocimiento en rueda propuesto por la fiscalía en audiencia inicial, el 8 de septiembre del año 2021, y una vez finalizada la audiencia intermedia/preliminar, el juzgado emite auto en fecha 10 de septiembre del año 2021, otorgándole un valor probatorio contundente de descargo al reconocimiento en rueda, descalificando al testigo ALFA 04-2020 y decidiendo un sobreseimiento definitivo para los acusados Jorge Luis Muñoz Trochez y Edwin Josué Muñoz Castellanos, con una escueta motivación.El censor expone que la sentencia que se reclama en amparo, reafirma el quebrantamiento al debido proceso y derecho de defensa en atención a los artículos 198 y 202 antes indicados, en la exposición de los acápites séptimo y noveno de los fundamentos de derecho de la sentencia de fecha 22 de marzo del año 2023, ya que no razonó la estratagema de la defensa de los señores Jorge Luis Muñoz Trochez y Edwin Josué Muñoz Castellanos, así transcribe. Es así que manifiesta el amparista que acredita que la decisión del juzgado tomada en etapa intermedia/audiencia preliminar, en fecha 10 de septiembre del año 2021, es incoherente al sobreseer definitivamente la acción penal pública ejercida por el Ministerio Público por la supuesta participación a título de autores de los señores Jorge Luis Muñoz Trochez y Edwin Josué Muñoz Castellanos, al momento de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, en especial el reconocimiento en rueda, propuesto por el ente acusador en la audiencia inicial, y ante el cual la defensa se opuso a que se realizara, sin embargo, 5 meses después que se llevó a cabo la audiencia inicial, la defensa propuso el mismo medio de prueba y fue evacuado en fecha 28 de junio del año 2021.Por otro lado, agrega que la resolución impugnada es injusta, al manifestar que realizó un examen exhaustivo y no observar lo expuesto por el juzgado en relación a la prueba, reconocimiento en rueda que consideró que era desproporcional e inútil en audiencia inicial, para sin fundamento autorizar su realización y sobreseer arbitrariamente.Concluye el recurrente que es imprescindible que los sujetos participantes en el proceso posean una tutela judicial efectiva de las garantías judiciales del debido proceso legal implícitas en el de igualdad de partes; todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la constitución, en tratados internacionales de los que el Estado Hondureño sea parte, y en las leyes que de ellos deriven y derecho de defensa de las víctimas; el derechos a la verdad consistente e que las personas victimas y la persona imputada puedan conocer jurídicamente lo que pasó, asimismo, establece que la actuación del a quo y ad quem constituye lesión a la seguridad jurídica, ya que los juicios penales tiene por objeto: a) esclarecer la verdad d ellos hechos; b) proteger al inocente y procurar que el culpable no quede sin castigo; c) que se repare el daño. En otras palabras, dice que el órgano judicial criticado al ejercer su función no cumplió el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto a garantías judiciales, en el examen del actuar del Ministerio Público en el verdadero contradictorio, es decir, el juicio oral y público o debate.CONSIDERANDO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía constitucional de amparo. El tribunal de alzada por unanimidad de votos dispuso declarar sin lugar los recursos de apelación, en consecuencia, confirma las resoluciones impugnadas. En su fundamentación explica el ad quem:“…SEXTO: Al hacer un análisis de la resolución tomada por el Juez de garantías de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, se observa que se decretó un sobreseimiento definitivo, enfatizando en su escueta motivación, que después de haber realizado un reconocimiento en rueda, el testigo protegido Alfa 04-2020 no reconoció a ninguna de las personas que observó cómo participantes del delito que se investiga, y que por tanto no participaron en el mismo. SÉPTIMO: … OCTAVO: Sobre los agravios, esta Corte de Apelaciones, estima que el A-quo realiza una ponderación de hechos enmarcada en lo que establece el artículo 302 del Código Procesal Penal, pues consideró que vista la circunstancia en que el único testigo presentado por el Ministerio Público, fue tajante al establecer en el reconocimiento en rueda de los procesados, no reconocía a ninguno de ellos como las personas que dieron muerte al señor Luis Fernando Cáceres Santamaría; cabe recordar aquí, que el hecho (asesinato) no está en tela juicio, el problema está en determinar quiénes fueron los responsables de ese hecho, y sobre ello versa la decisión tomada por el Juez de Garantías. La controversia gira para el Ministerio Público en que también su pudo haber tomado la decisión de establecer un provisional y con ello dejar vía abierta al Ente Fiscal para que en un término prudencial presente otros medios de prueba para acreditar la participación de los señores Jorge Muñoz y Edwin Muñoz en los hechos, sin embargo, esta Corte, realizado un examen exhaustivo, observa que no consta en autos otro medio de prueba que identifique a los señores Jorge Muñoz y Edwin Muñoz como participes del ilícito que se les imputa, y que únicamente el testigo Juan Carlos Murillo Ortiz como investigador los relaciona pero como referencia, a partir de lo que indicó el testigo protegido ALFA 04-2020. NOVENO: Señala el artículo 295 del Código Procesal Penal que "El juez dictará sobreseimiento provisional sí, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que, si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva. ..." (lo subrayado y en negrita es resaltado por esta Corte); según lo anterior es necesario entonces que el ente acusador haya establecido un margen para sospechar que los señores Jorge Muñoz y Edwin Muñoz, sin embargo el único nexo entre el hecho y estos señores es la declaración del testigo protegido ALFA 04-2020, nexo que se destruyó completamente con la diligencia de reconocimiento en rueda, ya que el mismo, in situ, frente a Juez, Ministerio Público y defensa, estableció de forma clara no reconocer a nadie de los ahí observados como las personas que le quitaron la vida a el señor Luis Cáceres. Por lo cual como Corte compartimos del criterio del Juez de Garantías, ya que no hay otro ya que no hay otro medio de prueba aportado por el ente acusador que decrete un sobreseimiento provisional, siendo 1o procedente emitir un sobreseimiento definitivo, por cuanto no existe un medio de prueba que indique que los acusados participaron en el hecho y tampoco hay motivos para sospecharlo, puesto que el único testigo para establecerlo no los ha reconocido como tales. Por todo ellos consideramos no es de recibo los agravios aducidos por el Ministerio Público. DECIMO... DECIMO PRIMERO: Analizados los agravios en contra de la resolución de fecha catorce de octubre del año 2021, consideramos referente a la no admisión de la introducción mediante lectura autorizada de la declaración del testigo protegido ALFA 04-2020 a dicha audiencia, estimamos procedente establecer en primer lugar la finalidad de una lectura autorizada, es así que el artículo 311 del Código Procesal Penal establece números clausus sobre este aspecto, relacionando el Ministerio Público el numeral sexto, el cual reza: "Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas", el análisis esta Corte 1o determina partiendo del punto de si cabe el sometimiento de la contradicción, para ello es válido establecer que es el mismo testigo, el que en un momento del proceso declaró ante Juez de Garantías, y por otro lado, dicho testigo declara nuevamente ya que otro de los supuestos participes esta habido, el que estaba prófugo al momento de la primera declaración de este testigo, dicho esto, la etapa procesal en que nos encontramos aun y cuando no es juicio oral y público podría dar lugar a verificar algún tipo de contradicción, sin embargo, de la simple lectura de la audiencia de prueba anticipada de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, se aprecia que el Ministerio Público observó una actitud exhaustiva en sus preguntas y acuciosa, con lo cual tuvo el tiempo y el momento para preguntar de forma certera al testigo, el que en todo momento reconoció no saber quienes participaron en el hecho; es así que consideramos como Corte, primero que de acuerdo al anterior relato, si el objetivo del Ministerio Público era verificar una contradicción directa, lo hizo en esa audiencia ya que se deja entrever que en efecto el testigo dice que los nervios 10 hacen decir cualquier cosa, y segundo, reconocer, que en el acto de la primera declaración del testigo protegido ALFA 04-2020, el señor Yorvin Orellana, no contaba con representación procesal que velara por sus derechos, lo cual dificultaría por circunstancias de garantía procesal el derecho a defensa, el que se introduzca contradicciones, por todo ello, y sobre todo al considerar que no era necesaria la introducción mediante lectura autorizada de la declaración rendida por el testigo protegido ALFA 04-2020, al estar el Ministerio Público in situ con él para poder preguntar de forma directa, consideramos que la resolución del A-quo es conforme a derecho, no directamente por la argumentación que se hizo en audiencia, más si por la valoración de las circunstancias realizadas por este tribunal Ad-Quem, por tanto no siendo de recibo este agravio por parte del Ministerio Público. DECIMO SEGUNDO: …DÉCIMO TERCERO: Continuando con el segundo agravio expresado por el Ministerio Público, […]. Observa esta Corte que durante lo que ha sido la sustanciación de la declaración rendida por el testigo protegido ALFA 04-2020, se han respetado por parte del Juez todas y cada una de las garantías que establece el artículo 236 del Código Procesal Penal, a la vez, sobre la relación que hace que ese testimonio se debe tomar como si estuviésemos en debate, recalcamos los argumentos expuesto es el acápite décimo tercero, puesto que enfatizamos, el Ministerio tuvo a mano al testigo para poder preguntar sobre lo que creía oportuno, así mismo, también tuvo la diligencia de reconocimiento en rueda donde el mismo testigo dijo que no reconocía a nadie, y por último, consideramos declaración hecha por el testigo protegido ALFA 04-2020, el señor Yorvin Orellana no estaba debidamente representado, lo que dificulta el hecho de poder someter ese antiguo testimonio de acuerdo a las reglas del 311 numeral 6 del Código Procesal Penal. Por lo anterior, no es de recibo este segundo agravio. DECIMO CUARTO: […] Visto lo anterior, este Tribunal de Alzada, es del criterio que para que se dicte un auto de prisión, es necesaria no solo la concurrencia de los elementos para establecer que se ha cometido un delito, lo cual es claro en el presente proceso, si no también, es necesario el establecimiento de indicio racional que permita inferir que el procesado ha tenido participación en el delito (ver art. 297 del CPP), pues bien, en el presente proceso las pruebas arrojan ningún tipo de elemento que permita al menos inferir atisbos de participación de Yorvin Orellana en el hecho, con 1o cual no es posible el establecimiento de un autor de prisión. También la Corte de conformidad a la totalidad de los agravios, y habida cuenta de las garantías procesales, analiza si existe elementos para que se emita un sobreseimiento provisional, en base a ello la norma indica que "... no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba ..." (ver art, 295 CPP), observa este tribunal Ad-Quem, que no hay otro medio de prueba que al menos como referencia ubique al señor Yorvin Orellana como participe del delito, por tanto no pesa margen de sospecha sobre él, a la vez, en sus argumentaciones tanto en conclusiones como en sus agravios el Ministerio Público, no sustenta ningún tipo de circunstancias que permitan aseverar que a futuro puedan introducir otros elementos probatorios que permitan establecer indicios de participación de Yorvin Orellana en el delito que se le imputa, pues la tesis acusatoria del Ministerio Público se sustenta en un cien por ciento en la declaración del testigo protegido ALFA 04-2020, el que ya quedo claro no reconoce a Yorvin Orellana como participe de delito alguno. DÉCIMO QUINTO: Continuando con lo anterior, dicta la norma que cabe sobreseimiento definitivo cuando resulte probado que el imputado no participo en el delito o no existen motivos para sospechar que tuvo participación en el mismo (ver art, 296 CPP), resultó probado en audiencia que el testigo protegido no lo reconoce como una de las personas que ocasionó la muerte de Luis Cáceres, y además, no existe otro medio de prueba que lo infiera participación de Yorvin en los hechos, por lo cual no se ha establecido ni si quiera mínimamente que éste sea participe del delito que se le imputa. Dicho lo anterior, como Corte consideramos que este último agravio del Ente Fiscal no es de recibo, y procede por tanto la confirmación de la resolución recurrida.”CONSIDERANDO (5): Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del debido proceso y derecho de defensa. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias da respuesta a lo demandado por el recurrente en la formalización del amparo de mérito, así: El garantista basa el recurso de amparo en la violación del derecho al debido proceso y derecho de defensa, porque disiente de la valoración probatoria que hizo la corte de apelaciones, específicamente del reconocimiento en rueda propuesto por la defensa, no obstante, es importante hacer las siguientes observaciones: a) Consta que le ente acusador en fecha 8 de enero del año 2021, durante el desarrollo de la audiencia inicial propuso como medio de prueba el reconocimiento en rueda entre los imputados y el testigo protegido ALFA-04-2020 (ver folios 83, 84 y 85 de la primera pieza de autos), asimismo, consta que la defensa de los acusados objeta el medio de prueba argumentando que el medio de prueba ya había sido solicitado y admitido y que el ente acusador no se presentó, el juzgado por su parte al resolver funda el motivo por lo cual consideró inadmisible el medio de prueba; b) en la audiencia antes referida el juzgado dictó auto de formal procesamiento contra los acusados Edwin Josué Muñoz Castellanos y Jorge Luis Muñoz Trochez (folio 99 vuelto); c) en fecha 3 de junio del año 2021, los abogados Carlos Antonio Chávez e Isis Paola Morazán presentan solicitud de prueba anticipada consistente en reconocimiento en rueda (folio 214), y en folio 215 se aprecia escrito del Ministerio Público, quien considera que en virtud de encontrarse en etapa intermedia del proceso penal, toda fuente de prueba de interés para las partes debe ser planteada ante el órgano jurisdiccional, en pro de no vulnerar derechos fundamentales; d) en fecha 7 de junio del año 2021, el a quo decide admitir la realización de la diligencia (folio 216 y 217), y se lleva a cabo en fecha 28 de junio (folio 221); e) en fecha 8 de septiembre del año 2021, se llevó a cabo audiencia preliminar y en fecha 10 de septiembre el juzgado resuelve dictar sobreseimiento definitivo contra los señores Edwin Josué Muñoz Castellanos y Jorge Luis Muñoz Trochez (quienes se encontraban habidos en el proceso); e) posteriormente en fecha 29 de septiembre del año 2021, se presentó de forma voluntaria el acusado Yorvin Osmery Orellana Muñoz, y en fecha 14 de octubre del año 2021 se realizó el reconocimiento en rueda (folio 256), asimismo, audiencia de prueba anticipada (folio 259 al 263) y finalmente audiencia inicial (folio 264 al 272), donde se decreta sobreseimiento definitivo a Yorvin Osmery Orellana Muñoz.CONSIDERANDO (6): De lo anterior vemos que, después del desarrollo de la audiencia inicial en fecha 8 de enero del año 2021, donde se le inadmitió el medio de prueba reconocimiento en rueda, el ahora recurrente no hizo uso de los recursos que la ley le franquea, ya que si consideraba que el medio de prueba, era útil y pertinente para acreditar el requerimiento presentado, debió instar los recursos que la ley le confiere por haber sido inadmitido, por otro lado, una vez que la defensa de los acusados solicitaron el mismo medio de prueba (reconocimiento en rueda) al que antes se oponían, el Ministerio Público no presentó objeción ni oposición a dicho medio de prueba. En tal sentido analizamos que no se vislumbra el quebrantamiento a los derechos de defensa y debido proceso alegados por el recurrente. Del mismo modo, durante la tramitación del proceso cuando se presentó el acusado Yorvin Osmery Orellana Muñoz, las actuaciones se desarrollaron respetando los derechos fundamentales de las partes en el proceso.CONSIDERANDO (7): En lo relativo a la valoración conjunta y armónica de la prueba producida, (en aplicación al artículo 198 y 202 del código procesal penal), lo que trajo como consecuencia a criterio del amparista se dictara una resolución incoherente e injusta, el artículo 202 citado manda que, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto, libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”, …”. En tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la corte en fecha 44 de marzo del año 2023, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida tanto en audiencia inicial como preliminar, y de la cual el tribunal de alzada ha formado su convicción y ha procedido a ratificar en consecuencia la resolución emitida por el a-quo.CONSIDERANDO (8): Se hace necesario recordar un vez más, que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los juzgados y tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el juez constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice, en atención a la valoración de la prueba como uno de los argumentos expuestos por la recurrente en amparo.CONSIDERANDO (9): Por otra parte, el alegato de la motivación al que refiere el censor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”.CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales.CONSIDERANDO (11): En contexto con ello, esta Sala no aprecia vulneración alguna a los derechos constitucionales que se han invocado en el recurso de amparo, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo la autoridad denunciada ha respetado las formalidades establecidas en la ley, estando la decisión resultante, enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, con lo cual se ha dado efectividad a las garantías constitucionales que se invocan como violadas. Asimismo, se observa que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad judicial ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta el Tribunal de Alzada a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, determinándose de la sentencia una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho.CONSIDERANDO (12): Así pues, esta Sala no advierte, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra los derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo cual, al no observar vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado los derechos constitucionales invocados por el quejoso por parte del tribunal de alzada, el cual se ha limitado a aplicar la normativa vigente al caso sometido a su conocimiento, este alto tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos esta Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución y haciendo aplicación de los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 141, 172, 174, 184, 297, 445 del Código Procesal Penal;1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo, interpuesto por el Abogado Gustavo Mejía Perla, en representación del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0698-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL