Sentencia AP-696-21 — Registro 19692
Resumen
Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución que decretó auto de formal procesamiento contra recurrente y otro, por considerar que las empresas denunciantes acreditaron el derecho de propiedad siendo que los imputados ingresaron sin autorización, por lo que se ordenó el desalojo de los imputados; Dicha Corte ordenó dar cumplimiento del auto apelado y se proceda al desalojo ordenado contra recurrente, indicando que es necesario imponer medidas cautelares para asegurar la posesión y tradición de dominio a favor del impetrante; Concluyó que se pudo demostrar que a niveles de indicio se configuran los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de usurpación y daños.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem reúne los requisitos señalados en el artículo 338 de la norma citada, asimismo, contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso;..Como se ha observado en el caso de mérito, el Ad quem ha dado respuesta a cado uno de los agravios expresados por el recurrente, explicando de manera amplia, razonada y motivada las causas por la cuales, en este momento no es oportuno la aplicación de la retroactividad de la ley, la cual podrá solicitar si considera que la norma penal vigente es más beneficiosa a sus representados, la fundamentación valida que los lleva a estimar la orden de desalojo, asimismo, los elementos considerados para que la causa sea conocida en la jurisdicción penal.."..."esta Sala aprecia que la resolución impugnada, no se trata de una sentencia condenatoria, porque así se desprende de la lectura de la misma y por el momento procesal en que se encuentran las presentes diligencias (audiencia inicial), asimismo, es importante destacar que en este momento procesal tanto el A quo como el Ad quem únicamente realizan una valoración a nivel de indicio -entiéndase como indicio todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito-,...los órganos jurisdiccionales han realizado pronunciamiento detallado de los elementos valorados a nivel de indicio -presentados las partes en el proceso -Ministerio Publico, Acusador Privado y Defensor privado-, a efecto de determinar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de igual manera para determinar si el conocimiento de la presente causa corresponde a la jurisdicción penal, como así fue estimado por el tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, valorar prueba ni potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un auto de formal Procesamiento o un sobreseimiento definitivo o medidas cautelares, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que en el caso sub júdice, tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Tribunal de Alzada, fue escuchado el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales, sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos y medios de prueba que aduce son de conocimiento nuevo, en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ningún derecho fundamental, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se no se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso..."..."En consecuencia esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 254 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem reúne los requisitos señalados en el artículo 338 de la norma citada, asimismo, contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso;..Como se ha observado en el caso de mérito, el Ad quem ha dado respuesta a cado uno de los agravios expresados por el recurrente, explicando de manera amplia, razonada y motivada las causas por la cuales, en este momento no es oportuno la aplicación de la retroactividad de la ley, la cual podrá solicitar si considera que la norma penal vigente es más beneficiosa a sus representados, la fundamentación valida que los lleva a estimar la orden de desalojo, asimismo, los elementos considerados para que la causa sea conocida en la jurisdicción penal.."..."esta Sala aprecia que la resolución impugnada, no se trata de una sentencia condenatoria, porque así se desprende de la lectura de la misma y por el momento procesal en que se encuentran las presentes diligencias (audiencia inicial), asimismo, es importante destacar que en este momento procesal tanto el A quo como el Ad quem únicamente realizan una valoración a nivel de indicio -entiéndase como indicio todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito-,...los órganos jurisdiccionales han realizado pronunciamiento detallado de los elementos valorados a nivel de indicio -presentados las partes en el proceso -Ministerio Publico, Acusador Privado y Defensor privado-, a efecto de determinar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de igual manera para determinar si el conocimiento de la presente causa corresponde a la jurisdicción penal, como así fue estimado por el tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, valorar prueba ni potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un auto de formal Procesamiento o un sobreseimiento definitivo o medidas cautelares, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que en el caso sub júdice, tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Tribunal de Alzada, fue escuchado el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales, sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos y medios de prueba que aduce son de conocimiento nuevo, en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ningún derecho fundamental, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se no se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso..."..."En consecuencia esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 254 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem reúne los requisitos señalados en el artículo 338 de la norma citada, asimismo, contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso;..Como se ha observado en el caso de mérito, el Ad quem ha dado respuesta a cado uno de los agravios expresados por el recurrente, explicando de manera amplia, razonada y motivada las causas por la cuales, en este momento no es oportuno la aplicación de la retroactividad de la ley, la cual podrá solicitar si considera que la norma penal vigente es más beneficiosa a sus representados, la fundamentación valida que los lleva a estimar la orden de desalojo, asimismo, los elementos considerados para que la causa sea conocida en la jurisdicción penal.."..."esta Sala aprecia que la resolución impugnada, no se trata de una sentencia condenatoria, porque así se desprende de la lectura de la misma y por el momento procesal en que se encuentran las presentes diligencias (audiencia inicial), asimismo, es importante destacar que en este momento procesal tanto el A quo como el Ad quem únicamente realizan una valoración a nivel de indicio -entiéndase como indicio todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito-,...los órganos jurisdiccionales han realizado pronunciamiento detallado de los elementos valorados a nivel de indicio -presentados las partes en el proceso -Ministerio Publico, Acusador Privado y Defensor privado-, a efecto de determinar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de igual manera para determinar si el conocimiento de la presente causa corresponde a la jurisdicción penal, como así fue estimado por el tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, valorar prueba ni potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un auto de formal Procesamiento o un sobreseimiento definitivo o medidas cautelares, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que en el caso sub júdice, tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Tribunal de Alzada, fue escuchado el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales, sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos y medios de prueba que aduce son de conocimiento nuevo, en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ningún derecho fundamental, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se no se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso..."..."En consecuencia esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 254 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem reúne los requisitos señalados en el artículo 338 de la norma citada, asimismo, contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso;..Como se ha observado en el caso de mérito, el Ad quem ha dado respuesta a cado uno de los agravios expresados por el recurrente, explicando de manera amplia, razonada y motivada las causas por la cuales, en este momento no es oportuno la aplicación de la retroactividad de la ley, la cual podrá solicitar si considera que la norma penal vigente es más beneficiosa a sus representados, la fundamentación valida que los lleva a estimar la orden de desalojo, asimismo, los elementos considerados para que la causa sea conocida en la jurisdicción penal.."..."esta Sala aprecia que la resolución impugnada, no se trata de una sentencia condenatoria, porque así se desprende de la lectura de la misma y por el momento procesal en que se encuentran las presentes diligencias (audiencia inicial), asimismo, es importante destacar que en este momento procesal tanto el A quo como el Ad quem únicamente realizan una valoración a nivel de indicio -entiéndase como indicio todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito-,...los órganos jurisdiccionales han realizado pronunciamiento detallado de los elementos valorados a nivel de indicio -presentados las partes en el proceso -Ministerio Publico, Acusador Privado y Defensor privado-, a efecto de determinar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de igual manera para determinar si el conocimiento de la presente causa corresponde a la jurisdicción penal, como así fue estimado por el tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, valorar prueba ni potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un auto de formal Procesamiento o un sobreseimiento definitivo o medidas cautelares, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que en el caso sub júdice, tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Tribunal de Alzada, fue escuchado el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales, sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos y medios de prueba que aduce son de conocimiento nuevo, en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ningún derecho fundamental, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se no se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso..."..."En consecuencia esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 254 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem reúne los requisitos señalados en el artículo 338 de la norma citada, asimismo, contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso;..Como se ha observado en el caso de mérito, el Ad quem ha dado respuesta a cado uno de los agravios expresados por el recurrente, explicando de manera amplia, razonada y motivada las causas por la cuales, en este momento no es oportuno la aplicación de la retroactividad de la ley, la cual podrá solicitar si considera que la norma penal vigente es más beneficiosa a sus representados, la fundamentación valida que los lleva a estimar la orden de desalojo, asimismo, los elementos considerados para que la causa sea conocida en la jurisdicción penal.."..."esta Sala aprecia que la resolución impugnada, no se trata de una sentencia condenatoria, porque así se desprende de la lectura de la misma y por el momento procesal en que se encuentran las presentes diligencias (audiencia inicial), asimismo, es importante destacar que en este momento procesal tanto el A quo como el Ad quem únicamente realizan una valoración a nivel de indicio -entiéndase como indicio todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito-,...los órganos jurisdiccionales han realizado pronunciamiento detallado de los elementos valorados a nivel de indicio -presentados las partes en el proceso -Ministerio Publico, Acusador Privado y Defensor privado-, a efecto de determinar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de igual manera para determinar si el conocimiento de la presente causa corresponde a la jurisdicción penal, como así fue estimado por el tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, valorar prueba ni potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un auto de formal Procesamiento o un sobreseimiento definitivo o medidas cautelares, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que en el caso sub júdice, tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Tribunal de Alzada, fue escuchado el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales, sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos y medios de prueba que aduce son de conocimiento nuevo, en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ningún derecho fundamental, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se no se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso..."..."En consecuencia esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 254 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem reúne los requisitos señalados en el artículo 338 de la norma citada, asimismo, contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso;..Como se ha observado en el caso de mérito, el Ad quem ha dado respuesta a cado uno de los agravios expresados por el recurrente, explicando de manera amplia, razonada y motivada las causas por la cuales, en este momento no es oportuno la aplicación de la retroactividad de la ley, la cual podrá solicitar si considera que la norma penal vigente es más beneficiosa a sus representados, la fundamentación valida que los lleva a estimar la orden de desalojo, asimismo, los elementos considerados para que la causa sea conocida en la jurisdicción penal.."..."esta Sala aprecia que la resolución impugnada, no se trata de una sentencia condenatoria, porque así se desprende de la lectura de la misma y por el momento procesal en que se encuentran las presentes diligencias (audiencia inicial), asimismo, es importante destacar que en este momento procesal tanto el A quo como el Ad quem únicamente realizan una valoración a nivel de indicio -entiéndase como indicio todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito-,...los órganos jurisdiccionales han realizado pronunciamiento detallado de los elementos valorados a nivel de indicio -presentados las partes en el proceso -Ministerio Publico, Acusador Privado y Defensor privado-, a efecto de determinar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de igual manera para determinar si el conocimiento de la presente causa corresponde a la jurisdicción penal, como así fue estimado por el tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, valorar prueba ni potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un auto de formal Procesamiento o un sobreseimiento definitivo o medidas cautelares, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que en el caso sub júdice, tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Tribunal de Alzada, fue escuchado el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales, sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos y medios de prueba que aduce son de conocimiento nuevo, en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ningún derecho fundamental, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se no se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso..."..."En consecuencia esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 254 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 344 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de febrero del dos mil veinticinco. VISTAS: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE a favor de los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en relación la causa instruida contra los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACION y DAÑOS, en perjuicio de las sociedades mercantiles INVANA Y SEMPER FIDELIS, S. DE R.L..- Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los Artículos 96, 321, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) La Abogada JESSICA OCHOA actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando requerimiento Fiscal contra los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS, en perjuicio de las sociedades mercantiles INVANA E INVERSIONES SEMPER FIDELIS, S. DE R.L..- (Folios 02–90 de la pieza principal de antecedentes). 2) Se llevó a cabo celebración de la Audiencia Inicial, en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la que el Ministerio Público solicitó se decretara el desalojo y se les dictara Auto de Formal Procesamiento a los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL por suponerlos responsables de los delitos USURPACION y DAÑOS en perjuicio de las Sociedades Mercantiles SEMPER FIDELIS, S. DE R.L. DE C.V. e INVERSIONES INMOBILIARIAS VALLE NAVARRO S. DE R.L. (INVANA S. DE R.L. DE C.V.) (Folios 261-269 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 3) En fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en su parte resolutiva resolvió entre otros: “…SEGUNDO: Decrétese AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, por suponerlos responsables del delito de USURPACION Y DAÑOS en perjuicio de INVERSIONES SEMPER FIDELIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (SEMPER F.L. S. DE R.L. DE C.V.) E INVRSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (INVANA S. DE R.L. DE C.V.) TERCERO: ORDENAR EL DESALOJO siendo que el Ministerio Público ha acreditado con todos los medios de prueba aportados es procedente acceder a la petición formulada por la fiscal del Ministerio Público, orientada a obtener del desalojo de personas que se encuentran en los predios, los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, a solicitud éste Juzgado se pronuncia de la siguiente manera: Que este Juzgado ordena el desalojo, que se ha acreditado el derecho de propiedad rasgando las esferas penales, en el sentido sobre dicho bien inmueble, que se encuentra usurpado, de acuerdo a la denuncia realizada por los Apoderados de las empresas INVERSIONES SEMPER FIDELIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (SEMPER F.L. S. DE R.L. DE C.V.) E INVRSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (INVANA S. DE R.L. DE C.V.) siendo que los ahora imputados han procedido a ingresar sin autorización, en consecuencia se ordena el desalojo de los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, y de otras personas que se encuentren en dicho bien inmueble.- …”. 4) Conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, en su condición de Defensor Privado, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés emitió resolución en fecha, veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Elmer Roberto Chinchilla en su condición de Defensor Privado contra la resolución de fecha Veintidós (22) de Noviembre del año dos mil Dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal de ésta Sección Judicial, contentiva de la apelación del Auto de Formal Procesamiento y Ordenar el Desalojo en contra de los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de INVERSIONES SEMPER FIDELIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE E INVESIONES EN INMOBILIARIA VALLE NAVARRO SOCIEDAD DE RESPONSBILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución venida en apelación. TERCERO:SE ORDENA, que una vez llegado al Juzgado de su procedencia se PROCEDA a dar cumplimiento con dicho auto apelado, teniendo en cuenta los requerimientos legales, en los Tratados Internacionales a efecto de PROCEDER al DESALOJO ordenado únicamente con respecto a los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL por haber sido individualizados en la presente causa.…”. (Folios 99-116 de la segunda pieza de antecedentes). 5) En fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Sala Constitucional, el abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, contra la Resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 96, 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 del presente Recurso). 6) Este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022), declarando sin lugar la suspensión del acto reclamado, y a la vez, omitió dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 103 del Presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. CONSIDERANDO (3). Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 96 y 321 de la Constitución de la República. El garantista expresa en su escrito de formalización de manera resumida tres agravios: 1) arguye que la resolución que impugna adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202, del Código Procesal Penal, que establece “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Agrega que la resolución condenatoria de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), vulnera la regla de la lógica y la sana critica, ya que los testigos de descargo fueron fidedignos, confiables, creíbles en todos y cada uno de los hechos que estos narraron durante sus deposiciones, asimismo señala que la Juez debió ordenar, se practicara una inspección in situ de los bienes inmuebles, objeto del presente litigio, en el cual se pudiera comprobar de viva voz y vista qué tal como los testigos, por otro lado dice que la prueba documental presentada y admitida en la audiencia inicial, no fue apreciada, revisada, ni mucho menos examinada, por el A quo, ya que al momento de resolver, indica que no se presentó ninguna prueba documental, agrega que con la prueba ofertada , hace valer que los señores José Benedicto Herrera Sarmiento y Gregorio Espinal son legítimos propietarios de los predios, de los cuales se les acusa de usurpar, por lo que si ambas partes presentan documentos sin duda de propiedad, solicitó a la juez que el presente caso se ventilar en los juzgados de competencia civil, razón por la que reitera que la resolución dictada en primera instancia es absolutamente incoherente en todas sus partes, ya que adolece de vicios y no constituye un razonamiento armónico entre cada uno de sus apartados, por lo que no cumple con los requisitos legales de los artículos 338, y 344, del Código Procesal Penal, sin embargo, fueron considerados como validos por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula; 2) El censor manifiesta que el Ad quem ignoró completamente la existencia del artículo 96 de la Constitución de la Republica, al indicar en el fallo que es necesario imponer medidas cautelares para asegurar la posesión y tradición de dominio a favor de la parte impetrante, ya que según su interpretación de la Constitución ese es el espíritu del articulo citado y en consecuencia ordena el desalojo, acción que no contempla el articulo 378 del Código Penal vigente, vulnerando el articulo 321 de la Constitución de la Republica, en relación al articulo 1 y 3 del Código Civil, de la misma manera señala que el articulo 7 de la norma citada dispone que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea mas favorable al delincuente” y nunca favorable al acusador como así fallo la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula. Sostiene que con el fallo la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula a quebrantado el artículo 17 del Código Civil, al realizar interpretaciones del artículo 96 de la Constitución, arrogándose atribuciones que no le confiere la ley. Por otro lado, considera también enunciar la reforma del Código Penal mediante decreto legislativo 93-2021, que en su artículo 224-A párrafo segundo que dispone “En interposición de impugnación sobre la resolución que ordena el desalojo cuando el ocupante acredite plenamente el derecho de posición sobre el bien usurpado”, dejando sin valor y efecto el desalojo inicialmente ordenado por el A quo, señalando a su entender tres relevantes: 1. Lo contentivo del artículo 96 de la Constitución de la República. “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. 2. Que objetiva y legalmente no existe usurpación debido a que sus representados poseen y acreditar justo título de propiedad, debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad correspondiente, y nadie puede usurpar lo que es legítimamente suyo; 3. Los denunciados como usurpadores tienen la posesión de los predios objeto del litigio y ellos tienen construcciones y plantaciones millonarias en sus tierras, por lo que les correspondería también indemnizaciones millonarias justipreciadas, es menester invocar la figura “Indubio pro reo” en este caso concreto; adicionalmente a la exposición de alegatos, el amparista señala que en defensa de sus representados ha tenido conocimiento de hechos nuevos de lo cual describe una serie de documentos que adjunta a este recurso de amparo. CONSIDERANDO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés decidió por unanimidad de votos resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación, confirma la resolución de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y ordena proceder al desalojo contra los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO y GREGORIO ESPINAL. En referente a los puntos expresados en el presente recurso de amparo explica el Ad quem que considera que la Juez de Letras emitió una resolución aceptable en cuanto a su motivación, pues se concreta, básicamente con el objeto toral, que supone la presente causa, que es la supuesta comisión del delito de usurpación y daños que vienen definidos en los artículos 227 y 254 del Código Penal recién derogado, siendo Inversiones Semper Fidelis e Inversiones Valle Navarro, las partes perjudicadas, porque han acreditado la propiedad de dichos predios, en ese sentido considera el Ad-quem que como lo estableció la Juez, se presentaron diversos elementos de prueba documental por las partes -Ministerio Publico, Acusador privado-, con los cuales se pudo demostrar que a niveles de indicio, se configuran los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de usurpación y daños, a tal efecto señalan que artículo 227 del Código Penal derogado dispone que: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado.” Reiterando que en la presente causa se ha podido acreditar que las empresas ya relacionadas son las propietarias de dichos inmuebles, ubicados en la Aldea El Milagro en Dos Caminos, Villanueva, Cortés y en el Municipio de San Manuel, Cortés; agregan que si bien el abogado defensor ha alegado en sus agravios, que la Juez de Letras reconoce que se han presentado escrituras que han sido registradas en el Registro de la Propiedad de esta Sección judicial y que en efecto, ese Tribunal de Alzada de igual manera, menciona que se ha podido corroborar la presentación de estos elementos de prueba propuesto por la defensa, no obstante, han podido valorar que aún y cuando la defensa solicita y argumenta que esta causa debe ser dirimida en el Juzgado Civil correspondiente por mandato del artículo 54 del Código Procesal Penal, el Tribunal considera que esos elementos de prueba presentados por parte del apoderado defensor en la presente causa, no se llega a acreditar que sean realmente las propiedades o los terrenos de los bienes inmuebles que se dicen pertenecen según estas escrituras a los ahora imputados, en consecuencia, para la Alzada no resulta discutible el tema referente a la propiedad como lo establece el artículo 54 del Código Procesal Penal. El Tribunal de Alzada confirma nuevamente que con los elementos de prueba presentados por el Ministerio Publico y el Acusador Privado, quedó acreditado la propiedad de las empresas antes mencionadas sobre los inmuebles reclamados, asimismo añade que sobre el desalojo el abogado defensor presentó en su momento un amparo que fue resuelto en fecha trece de marzo de 2020, el cual fue denegado, por considerar que no se vulneraron derechos fundamentales y que este se decretó una vez que valoraron los elementos probatorios lo cual llevó a concluir en un auto de formal procesamiento, exigencia de deviene al Juez por mandato del articulo 227 del Código Penal derogado y el articulo 294 del Código Procesal Penal, sentencia que fue confirmada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la Alzada considera que se ha podido acreditar los elementos objetivos y subjetivo de los delitos de usurpación y daños. En referencia a la aplicación retroactiva de la ley penal solicitada por el Defensor Privado de los imputados este Tribunal estima que el desalojo que viene ordenado en el artículo 227 del Código Penal derogado no debe entenderse como parte de la estructura de la norma penal, pues la norma penal está estructurada por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, en el presente caso, es claro que el supuesto de hecho está determinado en el artículo 227, cuando establece que: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real y también la consecuencia jurídica, cuando establece que será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años”., el agregado relativo a que sin perjuicio que tan pronto como se acredite los derechos correspondientes el Juez que conoce de la causa debe ordenar el desalojo de que se trate o el reintegro del derecho, este Tribunal entiende que en efecto en cualquiera de los casos se trata de una medida de aseguramiento para la resultas del proceso penal que nos ocupa y no forma parte de una pena, de igual manera el artículo 10 del Código Procesal Penal establece: Neutralización de los efectos del delito. Los jueces y los magistrados adoptarán las medidas necesarias para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible, y para que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de que los mismos se hubieran producido”. Por lo cual considera que esta disposición es una medida de aseguramiento en cualquier caso y tiene relación con lo que establece el artículo 10 anteriormente referido, en cuanto a la aplicación retroactiva de la pena como tal, será un tema que podrá ser dilucidado y discutido en un evento al juicio oral y público, y se considera que las penas que establece la nueva disposición que recoge el nuevo tipo penal en el artículo 378 del Código Penal vigente, le favorece al imputado, discusión a realizarse en un momento procesal oportuno completamente diferente a este, en el presente caso, consideramos que debe darse cumplimiento al desalojo que ha sido ordenado por la Juez de Letras Penal de esta Sección Judicial. CONSIDERANDO (5): Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento de los artículos 96 y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional observa que el censor formaliza la presente garantía constitucional de amparo en la vulneración a los artículos 96 y 321 de la Constitución de la República, asimismo señala que la sentencia infringe el articulo 202 del Código Procesal Penal, en relación a la valoración de la prueba, asimismo aduce que la resolución no cumple con los requisitos legales exigidos en los artículos 338 y 344 del Código Procesal Penal. Este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem reúne los requisitos señalados en el artículo 338 de la norma citada, asimismo, contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento de mérito, los principios, derechos y garantías rectoras del proceso; es dable señalar que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Como se ha observado en el caso de mérito, el Ad quem ha dado respuesta a cado uno de los agravios expresados por el recurrente, explicando de manera amplia, razonada y motivada las causas por la cuales, en este momento no es oportuno la aplicación de la retroactividad de la ley, la cual podrá solicitar si considera que la norma penal vigente es más beneficiosa a sus representados, la fundamentación valida que los lleva a estimar la orden de desalojo, asimismo, los elementos considerados para que la causa sea conocida en la jurisdicción penal. CONSIDERANDO (6): En contexto con lo anterior, en referencia a la supuesta infracción de los artículos 202 y 344 de la norma, esta Sala aprecia que la resolución impugnada, no se trata de una sentencia condenatoria, porque así se desprende de la lectura de la misma y por el momento procesal en que se encuentran las presentes diligencias (audiencia inicial), asimismo, es importante destacar que en este momento procesal tanto el A quo como el Ad quem únicamente realizan una valoración a nivel de indicio -entiéndase como indicio todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito-, en tal sentido el artículo 294 de la norma procesal señala que “…En ésta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada”, en relación con ello, los órganos jurisdiccionales han realizado pronunciamiento detallado de los elementos valorados a nivel de indicio -presentados las partes en el proceso -Ministerio Publico, Acusador Privado y Defensor privado-, a efecto de determinar los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, de igual manera para determinar si el conocimiento de la presente causa corresponde a la jurisdicción penal, como así fue estimado por el tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, valorar prueba ni potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un auto de formal Procesamiento o un sobreseimiento definitivo o medidas cautelares, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que en el caso sub júdice, tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Tribunal de Alzada, fue escuchado el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales, sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos y medios de prueba que aduce son de conocimiento nuevo, en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (7): Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ningún derecho fundamental, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se no se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso. CONSIDERANDO (8): En consecuencia esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, y las medidas cautelares que considera necesarias, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión del delito precedentemente mencionado, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, favor de los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021) dictada por la Corte De Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de junio de dos mil veinticinco. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE contra la sentencia del recurso de amparo dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025), mediante la cual falla DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el recurrente a favor de los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO y GREGORIO ESPINAL, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en relación la causa instruida contra los señores JOSE BENEDICTO HERRERA SARMIENTO Y GREGORIO ESPINAL, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACION y DAÑOS, en perjuicio de las sociedades mercantiles INVANA Y SEMPER FIDELIS, S. DE R.L. I. Conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; notificación que fue efectuada en legal y debida forma en fecha quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025). II. El recurrente abogado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, eleva a conocimiento de esta sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal, argumentando de manera resumida lo siguiente: Indica que el fallo es contrario a derecho nacional e internacional en virtud que produce una vulneración inminente al negar a sus representados el derecho a la propiedad, derechos consignados en los artículos 103 y 106 constitucionales, al negar estos derechos a los supuestos imputados, quienes, a pesar de presentar títulos de propiedad debidamente registradas en el Instituto de la Propiedad, se le niega los derechos a la propiedad que mediante compraventa obtuvieron de buena fe. Por lo cual cuestiona que conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal las prueba será valorada con arreglo a la sana crítica y en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, no obstante, desde la primera instancia judicial solo se valora la prueba de la parte demandante. Agrega, además que el fallo vulnera los derechos constitucionales garantizados en los artículos 96 y 321 en relación con los atinentes a la Convención sobre Derechos Humanos y Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido el a quo, no les admitió distintos medios de prueba como ser, declaraciones de testigos, inspección, sumado a ello la prueba documental no fue apreciada, revisada, examinada y por lo tanto no se le dio ningún valor en la sentencia. En cuanto al considerando (4), que se da por sentado que los acusadores son las partes perjudicadas, y reclama que las dos primeras instancias judiciales reconocen que los supuestos usurpadores tienen títulos de propiedad totalmente legales y que se encuentran inscritos en el Instituto de la Propiedad, sin embargo, solo reconocen en sus fallos a los títulos de los acusadores, está demostrado que no existen los delitos de los cuales acusan, indicando que debe aplicarse el artículo 227 del código penal, para la impartición de justicia. En relación a la retroactividad señala que está de acuerdo, reconociendo que el artículo 378 del Código Penal, le favorece al imputado y que ahí debe discutirse por ser el momento procesal oportuno, pero apunta que ahí debe dilucidarse todo el conflicto, con todos sus apéndices, circunstancias, factores y pretensiones de ambas partes y no solo lo que favorezca a los acusadores en cuanto al desalojo y demás medidas cautelares impuestas. En referencia al considerando (5) del fallo se indica que los que la resolución del ad quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, agregando que han sido tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de las pruebas ha sido analizado, lo cual no es cierto, ya que de la lectura del acta de la audiencia inicial del juzgado de letras, se comprueba que la misma jueza se confunde en su resolución, que no apreció la prueba documental y testifical de la parte injustamente acusada y subjetivamente no siendo justa al no considerar sus pruebas documentales de títulos de propiedad, como no tomar las declaraciones de los testigos propuestos indicando que con uno era suficiente, parcializando sus actuaciones y dejando en indefensión a sus representados. Dice que en el considerando (6) del fallo se aprecia que no se trata de una sentencia condenatoria y que las dos instancias solo valoran los indicios, sin embrago, considera que al ordenar el desalojo se condena a priori a la parte injustamente acusada y le causa agravios irreversibles tanto en el inmueble adquirido legalmente, como en las mejoras y cuantiosas construcciones realizadas. Recalca que a sus representados desde la primera instancia no se les dio la oportunidad de evacuar nuestros medios de prueba, quebrantando el debido proceso. Sostiene que en los considerandos (7) y (8) se niega el contenido del párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, porque se está juzgado a sus representados sin las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello porque a su entender se ha negado la presentación y valoración de las pruebas documentales provocándoles completa indefensión. III. Vista la petición del recurrente, se aprecia que, en el presente recurso las pretensiones expuestas, son coincidentes con las esgrimidas en el respectivo recurso de amparo donde se alegó inconformidad con la admisión, inadmisión y valoración de medios probatorios, asimismo, lo relativo a la motivación de la resolución impugnada. En tal sentido, esta sala reitera que, en cuanto a la valoración conjunta y armónica de la prueba producida, el artículo 202 del código procesal penal manda que, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto, libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”, …”. En tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. IV. Por otra parte, el alegato de la motivación al que refiere el censor, como ha quedado dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. En tal sentido, esta Sala no aprecia vulneración alguna a los derechos constitucionales que se han invocado en el recurrente, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo la autoridad denunciada ha respetado las formalidades establecidas en la ley, estando la decisión resultante, enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, las pretensiones del recurrente no son de recibo, ya que en la sentencia emitida en fecha 27 de febrero del año 2025, se establece manifiestamente en los considerandos 5, 6, y 8, las razones que la sala consideró para denegar el amparo. V. La finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. Por tal razón, se aprecia que la resolución emitida por este tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. VI. El Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado Elmer Roberto Chinchilla Iriarte a favor de los señores José Benedicto Herrera Sarmiento y Gregorio Espinal, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha 27 de febrero del año 2025. Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente garantía constitucional de Amparo. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticinco y la resolución de fecha veinticinco de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-0696-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL