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Sentencia AP-657-25 — Registro 20181

Resumen

De la interposición del Recurso de Amparo se desprende que la recurrente es del parecer que la resolución emitida por la Alzada al declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, revocando el auto de formal procesamiento decretado, ordenando dictar un sobreseimiento definitivo a favor del acusado, no es correcto manifestando que existe quebrantamiento del debido proceso, al haber emitido una resolución sin cumplir con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias del procedimiento penal, así como también aplicación errónea del artículo 311 del Código Penal, causando perjuicio al Ministerio Publico, en particular a la sociedad en general.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor de LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el catorce (14) de enero de dos mil veinticinco (2025); con relación a la causa instruida contra el señor FERNANDO ENRIQUE SALGADO MORENO por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp. N° 14-2025/055-2025). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que la recurrente es del parecer que la resolución emitida por la Alzada al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, revocando el auto de formal procesamiento decretado, ordenando dictar un sobreseimiento definitivo a favor del señor FERNANDO ENRIQUE SALGADO MORENO, no es correcto manifestando que existe quebrantamiento del debido proceso, al haber emitido una resolución sin cumplir con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias del procedimiento penal, así como también aplicación errónea del artículo 311 del Código Penal, causando perjuicio al Ministerio Publico, en particular a la sociedad en general. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición la recurrente señala quebrantamiento de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, con relación a lo preceptuado en el artículo 311 del Código procesal Penal. CONSIDERANDO: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento definitivo: 1) cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, al considerar que el delito de tráfico de drogas requiere necesariamente la presencia de al menos dos personas, por un lado, la que entrega la droga y, por otro, la que entrega a cambio de esta o algo, que la configuración de dicho delito requiere no solamente la emisión de un dictamen, sino también que se pruebe en audiencia que el imputado se encontraba realizando actividades determinadas al comercio de droga o sustancias prohibidas, por ende procedió a ordenar que se sobresea definitivamente la causa de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del Código Penal. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor de LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025), en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de noviembre de dos mil veinticinco. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor de LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el catorce (14) de enero de dos mil veinticinco (2025); con relación a la causa instruida contra el señor FERNANDO ENRIQUE SALGADO MORENO por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp. N° 14-2025/055-2025). CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala ha pronunciado en forma motivada las razones por las que consideró procedente inadmitir el recurso de amparo que fue promovido. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor de LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), y de que se ha hecho mérito, en virtud de no advertirse por parte de esta Sala, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del dos mil veintiséis, certificación de las resoluciones de fechas veintiséis de septiembre y catorce de noviembre del mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0657-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL