Sentencia AP-653-23 — Registro 19876
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de abuso de autoridad. Se dictó auto de formal procesamiento, (abuso de autoridad), es la misma y está contenida en el tipo penal (prevaricato administrativo), el proceso penal debe continuar y dicha disposición legal debe ser aplicada, máxime, si esta ley es más beneficiosa para el imputado, aun y cuando el nombre del tipo penal sea diferente, pues lo que se sanciona es la conducta que a juicio del A-quo y Adquem.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Así las cosas, se transcribe a continuación las dos disposiciones penales en comento: 1.- El artículo 349 del Código Penal derogado establece: “… será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) ... 2) Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3)... 4) ... 5) .. .-2.- El artículo 498 del Código Penal vigente, dice: “El funcionario o empleado público que, a sabiendas de su injusticia, dicta resolución arbitraria en un asunto administrativo, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para cargo u oficio público de cinco (5) a diez (10) años…”. -Al respecto se manifiesta que en la ley sustantiva penal vigente, ha desaparecido la redacción referente a la acción de “dictar y/o ejecutar ordenes, providencias, resoluciones, acuerdos decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes”, contenida en el numeral dos del artículo 349 del código derogado, sin embargo, en la normativa vigente, el legislador castiga la misma conducta y/o los mismos hechos, nombrando dicho tipo penal de manera diferente; describiéndola de forma general y haciendo referencia al funcionario o empleado público que “dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Es imperativo determinar que por la frase “una resolución arbitraria” debe entenderse igual a lo redactado en el numeral dos del artículo 349 del Código Penal derogado, es decir: “contraria a la Constitución de la República o a las leyes”. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española (RAE); Arbitrario: “Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón.” Se concluye que la conducta atípica o el hecho de dictar o emitir resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, o sea una resolución arbitraria, en efecto esta contenida en el Código Penal vigente, por lo que hay una aplicación errónea del artículo 96 constitucional, es decir, es procedente aplicar la figura penal del prevaricato administrativo, pues este tipo penal si subsume la conducta ilícita señalada, como ser el artículo 46 numeral dos, del Código Procesal Penal, referente a la excepción de falta de acción por no poder proseguirse el proceso, por lo que hay una conducta criminosa que está tipificada en el Código Penal, solo que con un nombre diferente ya no se trata de abuso de Autoridad sino que prevaricato administrativo. CONSIDERANDO (8): Continuando con el hilo de la sentencia se señala que, si la conducta por la cual se dictó auto de formal procesamiento, (ABUSO DE AUTORIDAD), es la misma y está contenida en el tipo penal (PREVARICATO ADMINISTRATIVO), el proceso penal debe continuar y dicha disposición legal debe ser aplicada, máxime, si esta ley es más beneficiosa para el imputado, aun y cuando el nombre del tipo penal sea diferente, pues lo que se sanciona es la conducta que a juicio del A-quo y Adquem es: “… haber legalizado un acto administrativo consistente en el otorgamiento del permiso de construcción a favor de la Empresa DESA, extremo que quedó acreditado en el acta 19-2011 del 15 de septiembre del 2011, firmada por el Alcalde Municipal y sus regidores donde se establece de manera precisa el otorgamiento del permiso de construcción.” Asimismo, se señala otro motivo de vulneración del debido proceso, en tanto en cuanto, la disposición legal contenida en la nueva ley es aplicable por ser más favorables a los imputados, ya que el legislador eliminó la pena de reclusión, que, por ser privativa de la libertad de la persona, es mucho más gravosa y al haber desaparecido en la nueva ley, surge la aplicación del principio de la retroactividad de la ley, cuando es más favorable al delincuente, como ocurre en este caso. CONSIDERANDO: (9) Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del Recurso en estudio, no observó ni interpreto la norma procesal penal ajustada al caso concreto, tal como se reseña en los acápites que anteceden, por todo ello su decisión no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como sucede en caso sub judice, por todo ello es conforme a derecho Otorgar el Amparo demandado."
Legislación citada
- Código Penal, art. 349 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 498 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Claudia Suyapa Mejía, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores Edwin Funez Romero, Oliver Tobert Mejía Cabrera, Nelly Senobia Sánchez, Florentino Pineda Cabrera y Otros. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, la Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores: (Sic) Edwin Fúnez Romero, Olber Robert Mejía Cabrera, Nelly Zenobia Sánchez, Florentino Pineda Cabrera, Marlon Otoniel Méndez Cabrera y Wilfredo Mejía Leiva. (Folios 1-14 del tomo I del antecedente. 2) En fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Declarar sin lugar la excepción Primeramente en base a las valoraciones presentadas previamente relacionadas del que ha fundamentado del porque declara sin lugar la excepción de falta de acción en base a los mismos y además de ello al establecer con precisión que dicha excepción se está declarando sin lugar no solamente por la prescripción, sino por una serie de valoraciones que ya fueron esgrimidas en la resolución, y que efectivamente este Tribunal encuentra que la acción pública, que ejerce el Ministerio Público está latente, está vigente, es decir no hay ningún obstáculo para que no pueda proseguirse con la marcha regular del proceso, esto al tenor de lo que establece el artículo 46 Numeral 2 del Código Procesal Penal, es que decir que no pueda proseguirse la acción, en este caso remarcamos y ratificamos, que no encontramos ningún obstáculo en ese sentido no solamente por la prescripción como lo alega la defensa, en ese orden y teniendo bien claro que para poder resolver dicha excepción, se debe ir al fondo del asunto, y hacer valoraciones que puedan establecer con precisión si existe o no el delito por el cual se les sigue a los encausados, este tribunal declara sin lugar la reposición, y por ende habiéndose propuesto e interpuesto subsidiariamente la apelación, la misma se declara con lugar y que sea remitida dicha causa a la Corte de Apelaciones, para que sea este quien resuelva sobre lo aquí ya resuelto por este Tribunal, en el sentido que se declara sin lugar la reposición y se admite la apelación ante la Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial.- Habiéndose notificado a las partes la presente resolución. Se cierra la presente audiencia…” (Folios 118-119 vuelto del tomo II del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados José Cruz Castellanos y Nery Armando Betancourt Rodríguez, en su condición de Defensores de los imputados, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA, en su condición de defensor privado de los imputados EDWIN FUNEZ ROMERO, OLBERT ROBERT SENOBIA NELLY CABRERA, MEJIA SANCHEZ, FLORENTINO PINEDA CABRERA, MARLON OTONIEL MENDEZ CABRERA Y WILFREDO MEJIA LEIVA, en la causa que se les sigue por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISRACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: SE REVOCA el auto impugnado. TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR la Excepción de Falta de Acción para que no pueda proseguirse el presente caso. CUARTO: Se dicta a favor de los imputados EDWIN FUNEZ ROMERO, OLBERT ROBERT MEJIA CABRERA, NELLY SENOBIA SANCHEZ, FLORENTINO PINEDA CABRERA, MARLON OTONIEL MENDEZ CABRERA Y WILFREDO MEJIA LEIVA, Sobreseimiento Definitivo de conformidad a los parámetros de este fallo. Y MANDA: Que se notifique esta resolución a las partes personadas en esta instancia y firme que sea la misma, con la certificación de estilo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto el Magistrado MIRANDA SANABRIA.-NOTIFIQUESE…” (Folios 1-11 del expediente del Ad-quem) 4) Que la recurrente, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del señor Juan Jiménez Castro, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, comparece a favor del Estado de Honduras, interponiendo acción de Amparo ante la Sala de lo Constitucional, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores Edwin Fúnez Romero, Oliver Tobert Mejía Cabrera, Nelly Zenobia Sánchez, Florentino Pineda Cabrera y Otros. CONSIDERANDO (3): El Ministerio Público, en su condición de representante de la sociedad, y recurrente en el presente caso, sostiene que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, le vulnera el derecho contenido en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. El Tribunal de alzada determinó en su fallo, la procedencia procesal de revocar el auto impugnado como consecuencia de declarar con lugar la Excepción de Falta de Acción por no poder proseguirse el presente caso, excepción interpuesta por la defensa, alegando que la normativa penal vigente excluyó del tipo penal de abuso de autoridad la conducta atípica por la cual se acusa a la corporación municipal del municipio de Ojuera, Santa Bárbara, y por ende el ente acusador no debe seguir con la acción interpuesta por esta figura contenida en el artículo 349 del Código Penal. En el por tanto también falla Sobreseyendo Definitivamente a favor de los imputados EDWIN FUNEZ ROMERO, OLBERT ROBERT MEJIA CABRERA, NELLY SENOBIA SANCHEZ, FLORENTINO PINEDA CABRERA, MARLON OTONIEL MENDEZ CABRERA Y WILFREDO MEJIA LEIVA. CONSIDERANDO (4): El Ministerio Público, en su condición de recurrente, en el presente Amparo expuso en la formalización de la acción, que la resolución de la Corte de Apelaciones no es razonable al declarar con lugar la excepción por falta de acción interpuesta y señala como concepto de la violación lo siguiente: “Sobre el particular, debemos referir que la figura penal de ABUSO DE AUTORIDAD. conforme al Código Penal derogado establecía lo siguiente, artículo 349: será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) ... 2) Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contarlos a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3)...4)...5)... ; si bien es cierto, esta acción no se encuentra tipificada como tal en el nuevo Código Penal, sin embargo los hechos que se les atribuyen a los acusados sí se enmarcan en el tipo penal regulado en el artículo 498 del nuevo Código Penal, que señala: PREVARICATO ADMINISTRATIVO, que establece lo siguiente: “El funcionario o empleado público que, a sabiendas de su injusticia, dicta resolución arbitraria en asunto administrativo, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para el cargo u oficio público de cinco (5) a diez (10) años. Si la resolución arbitraria es manifiestamente injusta y se dicta por imprudencia grave, se castiga con pena de inhabilitación especial para el cargo u oficio público de tres (3) a cinco (5) años.” En ese sentido la conducta que la norma derogada tipificaba en el artículo 349 denominada ABUSO DE AUTORIDAD, aunque bajo otra figura legal sigue siendo castigada y encuadra con el tipo penal de PREVARICATO ADMINISTRATIVO del artículo 498 del nuevo texto punitivo. El tipo penal descrito en el supra mencionado artículo implica: 1. Que exista una resolución administrativa, 2. Que la arbitrariedad de la que se habla, sea grave e incompatible con el ordenamiento jurídico, 3. Que sea dictada a sabiendas de que es injusta. Es preciso acotar, que el actor de este delito, deber ser dictada por un empleado o funcionario público, ya que al haber legalizado un acto administrativo consistente en el otorgamiento del permiso de construcción a favor de la Empresa DESA, extremo que quedó acreditado en el acta 19-2011 del 15 de septiembre del 2011, firmada por el Alcalde Municipal y sus regidores donde se establece de manera precisa el otorgamiento del permiso de construcción. Asimismo, en este acto administrativo y en cada una de las actas aparece la participación de cada uno de los encausados en su condición de Alcalde y Regidores de la Corporación Municipal, para que la empresa en mención procediera a desarrollar el proyecto Hidroeléctrico, agua Zarca en el rio Gualcarque del Municipio de San Francisco de Ojuera, al no haberse realizado el proceso de consulta previa a las comunidades de indígenas lencas, que habitan esos territorios desde tiempos ancestrales, violentando lo establecido en el Convenio 169 de La OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En países independientes, específicamente en su artículo 1, 6, 13, 15.- CONSIDERANDO (5): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho fundamental constitucional o convencional, y del estudio de los antecedentes y del recurso de amparo interpuesto, la recurrente ha manifestado la vulneración a los derechos constitucionales al debido proceso, por faltar a lo dispuesto en el artículo 498 del nuevo Código Penal, y la falta de aplicación del artículo 96 constitucional en relación con el 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que al apreciarse las violaciones indicadas, es procedente en derecho otorgar el amparo. CONSIDERANDO (6): El haber declarado con lugar la Excepción de Falta de Acción para que no pueda proseguirse el presente proceso penal, por haberse excluido la conducta señalada de ilícita, del tipo penal de abuso de autoridad, constituye la vulneración cometida por el tribunal de alzada al debido proceso, determinando que, concluyendo que, al no estar tipificado el delito no puede proseguirse el proceso. No obstante, esta Sala estima que el análisis radica en examinar, si el legislador destipificó la conducta subsumida en el delito de abuso de autoridad, o la misma conducta sigue siendo considerada como delito solo que con otro nombre. CONSIDERANDO (7): Así las cosas, se transcribe a continuación las dos disposiciones penales en comento: 1.- El artículo 349 del Código Penal derogado establece: “… será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) ... 2) Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3)... 4) ... 5) .. .-2.- El artículo 498 del Código Penal vigente, dice: “El funcionario o empleado público que, a sabiendas de su injusticia, dicta resolución arbitraria en un asunto administrativo, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para cargo u oficio público de cinco (5) a diez (10) años…”. -Al respecto se manifiesta que en la ley sustantiva penal vigente, ha desaparecido la redacción referente a la acción de “dictar y/o ejecutar ordenes, providencias, resoluciones, acuerdos decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes”, contenida en el numeral dos del artículo 349 del código derogado, sin embargo, en la normativa vigente, el legislador castiga la misma conducta y/o los mismos hechos, nombrando dicho tipo penal de manera diferente; describiéndola de forma general y haciendo referencia al funcionario o empleado público que “dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Es imperativo determinar que por la frase “una resolución arbitraria” debe entenderse igual a lo redactado en el numeral dos del artículo 349 del Código Penal derogado, es decir: “contraria a la Constitución de la República o a las leyes”. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española (RAE); Arbitrario: “Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón.” Se concluye que la conducta atípica o el hecho de dictar o emitir resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, o sea una resolución arbitraria, en efecto esta contenida en el Código Penal vigente, por lo que hay una aplicación errónea del artículo 96 constitucional, es decir, es procedente aplicar la figura penal del prevaricato administrativo, pues este tipo penal si subsume la conducta ilícita señalada, como ser el artículo 46 numeral dos, del Código Procesal Penal, referente a la excepción de falta de acción por no poder proseguirse el proceso, por lo que hay una conducta criminosa que está tipificada en el Código Penal, solo que con un nombre diferente ya no se trata de abuso de Autoridad sino que prevaricato administrativo. CONSIDERANDO (8): Continuando con el hilo de la sentencia se señala que, si la conducta por la cual se dictó auto de formal procesamiento, (ABUSO DE AUTORIDAD), es la misma y está contenida en el tipo penal (PREVARICATO ADMINISTRATIVO), el proceso penal debe continuar y dicha disposición legal debe ser aplicada, máxime, si esta ley es más beneficiosa para el imputado, aun y cuando el nombre del tipo penal sea diferente, pues lo que se sanciona es la conducta que a juicio del A-quo y Adquem es: “… haber legalizado un acto administrativo consistente en el otorgamiento del permiso de construcción a favor de la Empresa DESA, extremo que quedó acreditado en el acta 19-2011 del 15 de septiembre del 2011, firmada por el Alcalde Municipal y sus regidores donde se establece de manera precisa el otorgamiento del permiso de construcción.” Asimismo, se señala otro motivo de vulneración del debido proceso, en tanto en cuanto, la disposición legal contenida en la nueva ley es aplicable por ser más favorables a los imputados, ya que el legislador eliminó la pena de reclusión, que, por ser privativa de la libertad de la persona, es mucho más gravosa y al haber desaparecido en la nueva ley, surge la aplicación del principio de la retroactividad de la ley, cuando es más favorable al delincuente, como ocurre en este caso. CONSIDERANDO: (9) Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del Recurso en estudio, no observó ni interpreto la norma procesal penal ajustada al caso concreto, tal como se reseña en los acápites que anteceden, por todo ello su decisión no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como sucede en caso sub judice, por todo ello es conforme a derecho Otorgar el Amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 16, 17 y 96 del Código Procesal Penal. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores Edwin Funez Romero, Oliver Tobert Mejía Cabrera, Nelly Senobia Sánchez, Florentino Pineda Cabrera y Otros. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-653-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL