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Sentencia AP-640-22 — Registro 17334

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación y decreta la nulidad de juicio oral y publico por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado garantías constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (13): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem no revela un estudio exhaustivo de la resolución proferida por el A-quo en fecha nueve de abril del dos mil veintiuno, que con fundamento en el artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal, declara nulidad del juicio oral y público celebrado en fecha veintiséis de julio del dos mil doce (ver folio 158 al 164 de la pieza del antecedente), pues como lo señala el Tribunal de Sentencia, aunque se haya proferido un fallo absolutorio de manera verbal, no se emitió por parte del Tribunal de Sentencia que celebró el juicio oral y público, una sentencia que reúna los requisitos señalados en el artículo 338 del Código Procesal Penal, por lo cual las juezas que ahora conocen del proceso no pueden dictar sentencia y es por ello que decretan la nulidad del juicio oral y público. Siendo recurrida en Apelación esta resolución, la Corte argumenta que no procede la nulidad del juicio oral y público, pues el mismo no está viciado de nulidad, que el yerro es la omisión de las juezas que condujeron el referido juicio oral y público, al no redactar y firmar materialmente la sentencia, cuya lectura ofrecieron efectuar dentro del plazo legal. CONSIDERANDO (14): Que, el artículo 166 del Código Procesal Penal dispone: Casos de Nulidad de los actos procedimentales. Serán nulos los actos procedimentales realizados: 1)…; 2)…; 3) …; 4)…; 5) Con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por este Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente; 6)…; y 7)….” CONSIDERANDO (15): En ese orden de ideas el artículo 266 del Código Procesal Penal señala cuales son los actos que integran el debate: “El debate o juicio oral y publico estará formado por los actos siguientes: 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio, y, 3) Deliberación y sentencia. Sumado a la norma citada, el artículo 139 último párrafo del mismo cuerpo legal, establece: “Tendrán el carácter de sentencias las que, con vistas de todo lo alegado y probado por los intervinientes son dictadas para dar por concluido el juicio oral y público o el procedimiento abreviado, o el recurso de apelación o de casación que respectivamente proceda contra éstas.”. De lo anterior, esta Sala puede apreciar que la etapa de juicio oral y público en la causa instruida contra los acusados MEIGA NAHUN AYESTAS Y FREDIS LAGOS RIOS, no estaba concluida, pues de la revisión del caso subjudice, y como bien lo señala el a-quo, las jueces que integraban el Tribunal de Sentencia y que celebraron el juicio oral y público en el año 2012, no emitieron sentencia con los requisitos del artículo 338 del Código Procesal Penal, siendo uno de ellos la valoración de la prueba, que a su letra dice: “2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados.”. A este efecto el artículo 202 del mismo Código Procesal Penal, dispone: Valoración de las pruebas. La sana crítica. “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”. Para esta Sala, de la normativa en referencia, se deduce que las juezas que desarrollaron el juicio oral y público, eran las llamadas por ley a emitir el fallo correspondiente, en base al principio de inmediación y concentración, así lo dispone el artículo 304 del Código Procesal Penal en relación a la redacción y lectura de la sentencia que dice, “La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada… Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes. En tal caso, el presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación….” Véase pues, esta norma procesal le impone al Tribunal de Sentencia la obligación de redactar y firmar la sentencia tan pronto como haya sido votada, de no hacerlo de inmediato le otorga un plazo de cinco días para el cumplimiento de tal obligación (redacción y firma de la sentencia), no hacerlo en este plazo es violatorio del principio de concentración y con ello se infringe el debido proceso. Por ello esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio de la Alzada, al indicar está que, el juicio oral y público no está viciado de nulidad, pues como ya lo señala la norma citada, la deliberación y sentencia son actos que integran el debate y al no haber emitido la sentencia correspondiente en el plazo legal, esta etapa no está concluida y no puede ser concluida, pues las juezas que ahora integran ese Tribunal de Sentencia y que ahora conocen de la causa de mérito, no son las mismas que realizaron el juicio oral y público en el año 2012, por ello en base al principio de inmediación no pueden dictar la sentencia, en la cual deben valorar prueba, pues no presenciaron la evacuación de las mismas, pues tal atribución correspondía a las juezas que celebraron la audiencia de juicio oral y público en el momento procesal oportuno. CONSIDERANDO (16): En relación a la prohibición de doble juzgamiento que, sin argumentación alguna, señala vulnerada el Tribunal de Alzada. Esta Sala advierte que en razón de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Procesal Penal, que dispone que los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. El Tribunal de Alzada hace caso omiso a dicha norma, lo cual es violatorio del debido proceso. Por otra parte, el artículo 11 del Código Procesal Penal reza: “Prohibición del doble juzgamiento. Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias.”. Esta Sala entiende que en la presente causa no se vulnera el principio de prohibición de doble juzgamiento, pues siendo que no se emitió sentencia con los requisitos que se señalan en el artículo 338 ya citado, no está concluida la etapa de juicio oral y público como ya lo dijimos antes, y no existiendo sentencia firme, no puede haber un doble juzgamiento. CONSIDERANDO (17): Que siendo la motivación externada por el Tribunal Ad-quem, carente de motivación y no observar lo establecido en las normas procesales previamente citadas, al declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado contra la resolución emitida por el A-quo que decreta la nulidad del juicio oral y público con fundamento en el artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso y el principio de legalidad, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución con acopio en los considerandos que preceden, a efecto de restituir los derechos conculcados al recurrente de la garantía de amparo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO (16): En relación a la prohibición de doble juzgamiento que, sin argumentación alguna, señala vulnerada el Tribunal de Alzada. Esta Sala advierte que en razón de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Procesal Penal, que dispone que los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. El Tribunal de Alzada hace caso omiso a dicha norma, lo cual es violatorio del debido proceso. Por otra parte, el artículo 11 del Código Procesal Penal reza: “Prohibición del doble juzgamiento. Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias.”. Esta Sala entiende que en la presente causa no se vulnera el principio de prohibición de doble juzgamiento, pues siendo que no se emitió sentencia con los requisitos que se señalan en el artículo 338 ya citado, no está concluida la etapa de juicio oral y público como ya lo dijimos antes, y no existiendo sentencia firme, no puede haber un doble juzgamiento. CONSIDERANDO (17): Que siendo la motivación externada por el Tribunal Ad-quem, carente de motivación y no observar lo establecido en las normas procesales previamente citadas, al declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado contra la resolución emitida por el A-quo que decreta la nulidad del juicio oral y público con fundamento en el artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso y el principio de legalidad, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. TE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintitrés. VISTA: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores MEIGAN NAHUM AYESTAS y FREDY LAGOS RÍOS, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de los señores JUAN DE LA CRUZ MERLO, EMILIO ORTIZ ZAMBRANO y FRANCISCO WILMER CHIRINOS MATUTE. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de septiembre del año dos mil cuatro, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal, Abogado CARLOS FABRICIO ERAZO ORDOÑEZ, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores MEIGAN NAHUM AYESTAS y FREDY LAGOS RÍOS, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA Y DAÑOS, en perjuicio de los señores JUAN DE LA CRUZ MERLO, EMILIO ORTIZ ZAMBRANO, FRANCISCO WILMER CHIRINOS MATUTE y el ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2-6 del antecedente) 2) En fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…I). Este Tribunal tiene a bien aclarar que por un error se manifestó de que se había anulado, es en este momento que por eso se les convoco a las partes para tomar una decisión, como lo refiere el Fiscal procede la nulidad en base al artículo 166 numeral 5, que establece con infracción de las normas esenciales del procedimiento establecidos por este código que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente, y esto es que aunque se haya llevado a cabo la audiencia de Juicio Oral y Público y se haya proferido de manera verbal una decisión donde establecía que se absolviera a los imputados, no es menos cierto que esta no se puede equiparar a una sentencia puesto que ya el artículo 338 establece cuales son los requisitos para emitir una sentencia y es por ello que las Juezas que estamos conociendo en este momento no podemos emitir dicha sentencia puesto que no fuimos nosotros quienes realizamos dicha audiencia de Juicio Oral y Público, también se realizó por parte de este Tribunal, porque no solo en este expediente, sino en varios donde la Abogada Eleonora Chang era la ponente de las Sentencias, todas las diligencias con el fin de que pudiese incorporar dichas sentencias, pero también de todos es de conocimiento que la Abogada ya no pertenece a la Corte Suprema de Justicia, no podemos dejar este expediente abierto puesto que como lo dice el artículo 166, debe alcanzar la finalidad que persigue la norma correspondiente, es decir en que se emita la respectiva sentencia para que la parte que se considere agraviada pueda hacer uso del recurso de casación y no puede hacerlo en este caso puesto que no está la respectiva sentencia, es así que no nos queda más a este Tribunal que con el fin de definir realmente la situación jurídica del imputado, así como de la víctima que pueda ejercer los derechos le asisten que declarar la nulidad del Juicio Oral y Público que hemos ya referido. II). Vamos a declarar sin lugar por ahora dicha solicitud de las medidas en virtud que la presente resolución no tiene carácter de firme todavía, tenemos que esperar porque no sabemos las decisiones que pueda tomar la parte Defensora. III). Este Tribunal tiene a bien dar su resolución respecto al recurso de reposición planteada por la Defensa, mantiene la misma por cuanto ya se explicó que no se ha emitido la respectiva sentencia, no se puede equiparar el fallo pronunciado de la audiencia de Juicio Oral y Público a una sentencia puesto que la normativa procesal penal no ha sido derogado el artículo 338, tal como lo ha referido el Fiscal, dicha sentencia será por escrito y en ese sentido mantenemos nuestra resolución, respecto a la solicitud hecha por la Defensa vamos a ordenar que se le dé una copia del acta de Juicio Oral y Público que se encuentra desde los folios 158 al 164, de igual manera vamos a ordenar que se busquen los audios, debemos de informarle a las partes que esta audiencia se llevó a cabo en el 2012, tendríamos que dar búsqueda a dichos casete, vamos a pedirle a la Defensa que tenga un tiempo prudencial para ver si podemos encontrar dichos casetes para darle una copia, pero sin perjuicio que el acta se la vamos a dar en este momento. Si dicha resolución queda firme los convocaremos a la siguiente audiencia.” (Folios 175-176 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN PABLO AGUILAR GALO, en su condición de Defensor de los señores MEIGAN NAHUM AYESTAS y FREDY LAGOS RÍOS; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los señores MEIGAN NAHUN AYESTAS y FREDY LAGOS RIOS; 2) REVOCA la resolución de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial, en la causa relacionada; y, MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio personalmente a los interesados este mismo día o a más tardar el siguiente, la presente resolución y de no ser posible, por medio de cédula en el lugar que hayan designado para ello.” (Folios 198-200 del antecedente) 4) Que la recurrente, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de abril del año dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCÍA, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, por la cual se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN PABLO AGUILAR GALO, en su condición de Apoderado legal de los señores MELGAN NAHUM AYESTA y FREDY LAGOS RIOS, contra la resolución que decreta la NULIDAD DE JUICIO ORAL Y PUBLICO, en la causa instruida contra los señores MELGAN NAHUM AYESTA y FREDY LAGOS RIOS, a quienes se les supone responsable de los delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO en perjuicio de JUAN DE LA CRUZ MEROLO, EMILIO ORTIUZ ZAMBRANO y FRANCISCO WILMER CHIRINOS MATUTE, y DAÑOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, dictada en fecha nueve de abril del año dos mil veintiuno, por el a-quo, por considerar, que concurre la causal de nulidad establecida en el artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal, que establece con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por este Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente, debido a que si bien se celebró la audiencia de juicio oral y público y se haya proferido de manera verbal una decisión que absolvía a los imputados, no se dictó por parte de las juezas que realizaron el juicio oral y público, la sentencia con los requisitos del artículo 338 del Código Procesal Penal, puesto que las juezas que ahora conocen del proceso no pueden dictar sentencia por no ser las que realizaron la audiencia de juicio oral y público. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición y formalización del presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, ha manifestado que la resolución de Alzada de la que se demanda amparo quebranta el debido proceso y el principio de legalidad consagrado en el artículo 90 y 321 en relación con el artículo 304 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente desarrolla la garantía constitucional que se estima quebrantada y el concepto de su violación, según las razones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen: El fallo ha causado perjuicio al Ministerio Publico, en virtud de que el Tribunal de Alzada, estima que la resolución impugnada trasgrede garantías procesales y la prohibición de doble juzgamiento (non bis in idem), postura errada, en virtud que al existir omisión de la sentencia se incumple lo señalado en le artículo 340 de la norma adjetiva, que determina: “La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada. Cumplido lo anterior, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su presidente. Acto seguido, el secretario entregará a las partes o sus apoderados fotocopia de la sentencia, la que equivale a la notificación de ésta…”, lo anterior desencadena vicio en el proceso, derivando motivo de nulidad, conforme lo dispone el artículo 165 en relación al artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal, al instituir: Son nulos los actos procedimentales realizados: 1…, 2…, 3…, 4…, 5) Con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por este Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente. Que al no haberse redactado el fallo correspondiente en el tiempo dispuesto en la norma adjetiva, y pretender el Tribunal de Alzada, que los jueces que participaron en el debate puedan materializar la sentencia, cuando ya han transcurrido mas de nueve años, desde la realización de la audiencia de Juicio Oral y Publico (12 de julio del 2012), veda el principio de concentración, contenido en el artículo 306 del Código Procesal Penal, y consecuentemente el debido proceso, puesto que la norma adjetiva dispone el plazo en que se debe redactar sentencia, en torno a ello, la sala de lo penal a través del fallo SP-477-2015 de fecha 30 de mayo del 2019, ha dejado establecido que concurre trasgresión al Debido Proceso al irrespetar los plazos fundamentales. En consecuencia el Ad-quem debió desestimar la pretensión de la defensa y confirmar la nulidad dictada por el tribunal de sentencia, al ser evidente el quebrantamiento a la norma procesal por no haberse emitido el fallo en el tiempo que la norma determina, lo que vulnera también el principio de legalidad, pues si bien es cierto el juez tiene una facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la noma que se debe aplicar y en el caso venido a estudio se aprecia que concurre una contravención a la normativa procesal. CONSIDERANDO (6): Que en la motivación externada por el Tribunal de alzada en el fallo que es recurrido en Amparo, expone entre otras consideraciones fácticas y jurídicas lo siguiente: (Sic) “7.- En el caso particular, es un hecho inconcuso que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia dictó con fecha veintiséis de julio de dos mil doce, sentencia absolutoria en favor de los señores MEIGAN NAHUN AYESTAS Y FREDY LAGOS RIOS, lo cual está acreditado con el acta de juicio oral y publico (folios 158 al 164), que contiene el registro de lo ocurrido durante el juicio, calzando las firmas que de la Juez que presidió el debate y la Secretaria del Tribunal; como también es un hecho cierto e inequívoco que por causa solo imputable a las jueces que integraron el Tribunal, el fallo no se redactó y firmó con los requisitos del Artículo 338 del Código Procesal Penal. 8) Estima esta sala de Apelaciones, que la nulidad es la sanción que la normativa procesal impone a un acto procesal que está viciado; y para ello, el ordenamiento penal adjetivo establece en numerus clausus (artículo 166) los siete casos de nulidad de los actos procedimentales. - En el subexamine, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia dice fundar la declaratoria de nulidad cuestionada en el recurso de apelación que hoy se decide, en el numeral 5) del artículo 166, asumiendo equivocadamente que el juicio oral y público cuya actuación se recogió en el acta que rola a folios 158 al 164, infringió normas esenciales del procedimiento que impiden que ese acto logre la finalidad que persigue; pero ese criterio del aquo, es a todas luces errado, peregrino, audaz y temerario, porque considera nula a esa actuación procesal que no es nula; el debate oral y público no está viciado de nulidad, el yerro es posterior al fallo absolutorio que verbalmente se notificó a las partes en estrados; ese yerro no es otro sino la omisión irresponsable de las juezas KARLA LIZETH ROMERO DAVILA, JOCELYM MARIE DONAIRE Y ELEONORA CHANG BURGOS, que condujeron el referido juicio oral y público, al no redactar y firmar materialmente la sentencia cuya lectura ofrecieron efectuar dentro del plazo legal. 9.- En consecuencia con las razones legales que preceden y obviamente siendo coherentes con lo expresado, esta Corte considera que son de recibo los agravios del quejoso, habida consideración que la resolución recurrida ultraja las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de doble juzgamiento, por lo que a los efectos de proferir un fallo sustentado en los derechos y garantías fundamentales y los principios rectores del proceso penal, se estima que en el caso particular la resolución recurrida no se encuentra apegada a derecho, por lo que se impone revocarla.”. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados según el escrito de interposición y formalización del recurso de amparo, es el debido proceso y principio de legalidad, contenido en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República que señala por su orden: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”. CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir, para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la Constitución y la ley le permite y todo lo que no está autorizado les está vedado. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal, es decir, a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (10): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. CONSIDERANDO (11): Que la Alzada en la resolución que declara CON LUGAR el recurso de Apelación argumenta que la resolución del A-quo, ultraja las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de doble juzgamiento. En ese orden de ideas y en relación al debido proceso argumenta la Alzada que el A-quo considera nulo el juicio oral y público, el cual no está viciado de nulidad, pues el yerro es la omisión irresponsable de las jueces que condujeron el referido juicio oral y público, al no redactar y firmar materialmente la sentencia cuya lectura ofrecieron efectuar dentro del plazo legal. Ahora bien, en relación a la vulneración a la prohibición de doble juzgamiento, nada argumenta la Corte, solo señala que son de recibo los agravios del quejoso y que la resolución recurrida ultraja las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de doble juzgamiento. CONSIDERANDO (12): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule. CONSIDERANDO (13): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem no revela un estudio exhaustivo de la resolución proferida por el A-quo en fecha nueve de abril del dos mil veintiuno, que con fundamento en el artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal, declara nulidad del juicio oral y público celebrado en fecha veintiséis de julio del dos mil doce (ver folio 158 al 164 de la pieza del antecedente), pues como lo señala el Tribunal de Sentencia, aunque se haya proferido un fallo absolutorio de manera verbal, no se emitió por parte del Tribunal de Sentencia que celebró el juicio oral y público, una sentencia que reúna los requisitos señalados en el artículo 338 del Código Procesal Penal, por lo cual las juezas que ahora conocen del proceso no pueden dictar sentencia y es por ello que decretan la nulidad del juicio oral y público. Siendo recurrida en Apelación esta resolución, la Corte argumenta que no procede la nulidad del juicio oral y público, pues el mismo no esta viciado de nulidad, que el yerro es la omisión de las juezas que condujeron el referido juicio oral y público, al no redactar y firmar materialmente la sentencia, cuya lectura ofrecieron efectuar dentro del plazo legal. CONSIDERANDO (14): Que, el artículo 166 del Código Procesal Penal dispone: Casos de Nulidad de los actos procedimentales. Serán nulos los actos procedimentales realizados: 1)…; 2)…; 3) …; 4)…; 5) Con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por este Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente; 6)…; y 7)….” CONSIDERANDO (15): En ese orden de ideas el artículo 266 del Código Procesal Penal señala cuales son los actos que integran el debate: “El debate o juicio oral y publico estará formado por los actos siguientes: 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio, y, 3) Deliberación y sentencia. Sumado a la norma citada, el artículo 139 último párrafo del mismo cuerpo legal, establece: “Tendrán el carácter de sentencias las que, con vistas de todo lo alegado y probado por los intervinientes son dictadas para dar por concluido el juicio oral y público o el procedimiento abreviado, o el recurso de apelación o de casación que respectivamente proceda contra éstas.”. De lo anterior, esta Sala puede apreciar que la etapa de juicio oral y público en la causa instruida contra los acusados MEIGA NAHUN AYESTAS Y FREDIS LAGOS RIOS, no estaba concluida, pues de la revisión del caso subjudice, y como bien lo señala el a-quo, las jueces que integraban el Tribunal de Sentencia y que celebraron el juicio oral y público en el año 2012, no emitieron sentencia con los requisitos del artículo 338 del Código Procesal Penal, siendo uno de ellos la valoración de la prueba, que a su letra dice: “2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados.”. A este efecto el artículo 202 del mismo Código Procesal Penal, dispone: Valoración de las pruebas. La sana crítica. “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”. Para esta Sala, de la normativa en referencia, se deduce que las juezas que desarrollaron el juicio oral y público, eran las llamadas por ley a emitir el fallo correspondiente, en base al principio de inmediación y concentración, así lo dispone el artículo 304 del Código Procesal Penal en relación a la redacción y lectura de la sentencia que dice, “La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada… Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes. En tal caso, el presidente del Tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación….” Véase pues, esta norma procesal le impone al Tribunal de Sentencia la obligación de redactar y firmar la sentencia tan pronto como haya sido votada, de no hacerlo de inmediato le otorga un plazo de cinco días para el cumplimiento de tal obligación (redacción y firma de la sentencia), no hacerlo en este plazo es violatorio del principio de concentración y con ello se infringe el debido proceso. Por ello esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio de la Alzada, al indicar está que, el juicio oral y público no está viciado de nulidad, pues como ya lo señala la norma citada, la deliberación y sentencia son actos que integran el debate y al no haber emitido la sentencia correspondiente en el plazo legal, esta etapa no está concluida y no puede ser concluida, pues las juezas que ahora integran ese Tribunal de Sentencia y que ahora conocen de la causa de mérito, no son las mismas que realizaron el juicio oral y público en el año 2012, por ello en base al principio de inmediación no pueden dictar la sentencia, en la cual deben valorar prueba, pues no presenciaron la evacuación de las mismas, pues tal atribución correspondía a las juezas que celebraron la audiencia de juicio oral y público en el momento procesal oportuno. CONSIDERANDO (16): En relación a la prohibición de doble juzgamiento que sin argumentación alguna, señala vulnerada el Tribunal de Alzada. Esta Sala advierte que en razón de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Procesal Penal, que dispone que los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. El Tribunal de Alzada hace caso omiso a dicha norma, lo cual es violatorio del debido proceso. Por otra parte, el artículo 11 del Código Procesal Penal reza: “Prohibición del doble juzgamiento. Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias.”. Esta Sala entiende que en la presente causa no se vulnera el principio de prohibición de doble juzgamiento, pues siendo que no se emitió sentencia con los requisitos que se señalan en el artículo 338 ya citado, no está concluida la etapa de juicio oral y público como ya lo dijimos antes, y no existiendo sentencia firme, no puede haber un doble juzgamiento. CONSIDERANDO (17): Que siendo la motivación externada por el Tribunal Ad-quem, carente de motivación y no observar lo establecido en las normas procesales previamente citadas, al declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado contra la resolución emitida por el A-quo que decreta la nulidad del juicio oral y público con fundamento en el artículo 166 numeral 5 del Código Procesal Penal, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso y el principio de legalidad, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución con acopio en los considerandos que preceden, a efecto de restituir los derechos conculcados al recurrente de la garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra el fallo proferido en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-640-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL