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Sentencia AP-615-24 — Registro 19687

Resumen

Se interpone recurso de amparo contra la sentencia de apelaciones, por estimar que carece de motivación fáctica y no valoró la totalidad de la prueba evacuada, que el razonamiento es totalmente aislado de la ocurrencia de los hechos; después de su análisis, es dictado un sobreseimiento por considerar que son alegatos propios de instancia procesal ordinaria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de marzo del año dos mil veinticinco.VISTOS los antecedentes del recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación que fue interpuesto contra la resolución dictada por el JUEZ NATURAL DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO y ANTONIO JOSÉ OVIEDO PRIETO, por suponerlos responsables de la comisión a título de autores directos de los delitos de CORTE ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES, DAÑOS AGRAVADOS y URBANIZACIÓN ILEGAL en perjuicio del EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS, MEDIO AMBIENTE y ORDEN TERRITORIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, asimismo, se instruyó proceso en contra JOSÉ LUIS GUTIERREZ HERMOSILLA por suponerlo responsable por la comisión del delito de URBANIZACIÓN ILEGAL en perjuicio del ORDEN TERRITORIAL DEL ESTADO DE HONDURAS; igualmente se instó la causa en contra de WILFREDO UMANZOR SABILLÓN, en su condición de representante legal de la empresa YASERA UMANZOR, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de USO ILEGAL DE EXPLOSIVOS COMERCIALES, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; así como se incoo proceso en contra de SAMUEL ALEXANDER FAJARDO ESCALANTE, MARTÍN RAMÓN GALO ROLDAN, SANTOS TURCIOS GARCÍA y FAUSTO DANIEL BOGRÁN CÁRCAMO por suponerlos responsables de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO: Que del examen del petitorio en amparo se aprecia que la actuante denuncia el acto reclamado por estimar que carece de la motivación fáctica que traiga como consecuencia el sobreseimiento definitivo a favor de los encausados en sus diferentes conductas reprochadas, refiriendo además la actuante que la Alzada no valoró la totalidad de la prueba evacuada y como consecuencia, vertió una motivación insuficiente e incongruente toda vez que el razonamiento efectuado resulta totalmente aislado de la ocurrencia de los hechos lo cual vulnera el derecho al acceso a la justicia, principio de la tutela judicial efectiva, principio de legalidad, debido proceso establecidos en la Constitución de la República en sus artículos 82 y 90 entre otros de la norma primaria. CONSIDERANDO: Que revisados los antecedentes y en especial la resolución recurrida, se desprende que, la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, advirtiéndose que declara sin lugar los argumentos de la recurrente en virtud de que no logró establecer la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal del tipo penal, indicando porque de la prueba aportada no discurren los indicios racionales de que los acusados hayan tenido participación en la comisión de los hechos imputados, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó el órgano jurisdiccional denunciado.CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte, luego de revisado el acto reclamado que las alegaciones en que basa la denunciante su acción de amparo, son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, el cual se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto no se le deniega las garantías constitucionales que señala vulneradas, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia,, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintitrés; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WALTER RAUL MIRANDA SABIO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticinco. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinticinco, en el recurso de amparo presentado a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación que fue interpuesto contra la resolución dictada por el JUEZ NATURAL DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO y ANTONIO JOSÉ OVIEDO PRIETO, por suponerlos responsables de la comisión a título de autores directos de los delitos de CORTE ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES, DAÑOS AGRAVADOS y URBANIZACIÓN ILEGAL en perjuicio del EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS, MEDIO AMBIENTE y ORDEN TERRITORIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, asimismo, se instruyó proceso en contra JOSÉ LUIS GUTIERREZ HERMOSILLA por suponerlo responsable por la comisión del delito de URBANIZACIÓN ILEGAL en perjuicio del ORDEN TERRITORIAL DEL ESTADO DE HONDURAS; igualmente se instó la causa en contra de WILFREDO UMANZOR SABILLÓN, en su condición de representante legal de la empresa YASERA UMANZOR, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de USO ILEGAL DE EXPLOSIVOS COMERCIALES, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO: Que la accionante expone su inconformidad con la resolución emitida por esta Sala por estimar que no resulta aplicable la causal en que se cimenta la decisión de sobreseer la presente acción, siendo del criterio que debe continuarse con el conocimiento del presente asunto y obtener un fallo justo y acorde con el procedimiento debido.CONSIDERANDO: Que revisada de nueva cuenta los antecedentes, el escrito de interposición, el acto reclamado como la resolución interpelada, esta Sala no advierte motivos por los que resulten atendibles los alegatos de la impetrante, por lo que no procede revocar la resolución objetada.CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que el afectado con una providencia pida a la misma autoridad que emitió un determinado pronunciamiento proceda a su examen con el objeto de enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinticinco, que sobresee el recurso de merito por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WALTER RAUL MIRANDA SABIO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de las Resoluciones de fechas doce de marzo de dos mil veinticinco y de fecha diez de abril de dos mil de veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0615-2024

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL