Sentencia AP-60-23 — Registro 18863
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juez de instancia que declaró sin lugar Excepción por falta de Acción interpuesta por la Defensa Privada de recurrente, por considerar que no es el momento procesal oportuno para la oposición de excepciones; La Corte de Apelaciones determina que no se ha iniciado ninguna actuación procesal, ya que el recurrente no ha sido habido, por lo que la resolución impugnada es conforme a derecho
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem hace una relación parcial de las acciones que se derivan del contenido del artículo 285 del Código Procesal Penal, en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, asimismo trascribe lo motivado por el A-quo en cuanto a que: (Sic)“Por otra parte no debemos confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad y/o materia, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común, la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado como se reitera ya sea en la audiencia respectiva que puede ser la audiencia inicial o en el juicio oral y público…”; para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones, por lo que se declara No Ha Lugar el recurso y se Confirma la resolución apelada..."...."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en la obligación de motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada que resolvió declarar sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado...en la resolución impugnada, solamente se cita y relaciona el contenido de los artículos 46 y 285 del Código Procesal Penal; el primero relacionado con la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse y el segundo relacionado con las acciones que se derivan en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones; pero no realiza el Tribunal recurrido un análisis del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la ley penal adjetiva en relación a la Excepción por Falta de Acción promovido por la defensa, en consideración a que se ratifica la resolución dictada por el A-quo; obvia asimismo el Ad-quem pronunciarse en cuanto a la institución de las excepciones en el proceso penal y la normativa en que fundamenta su decisión para concluir que no es el momento procesal oportuno para oponer excepciones, así como tampoco brinda respuesta a todos los agravios promovidos por el recurrente, en cuanto a la aplicación retroactiva de la norma penal más favorable, que es el asunto fundamental en que se ampara el peticionario para promover la Excepción por Falta de Acción, para conforme a ello ordenar se confirme la resolución dictada por el A-quo y se declare no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, ..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que realice un análisis debidamente motivado de la institución de las Excepciones en el proceso penal y la normativa legal aplicable al caso concreto en que fundamenta su decisión, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, dictada por el A-quo y por consiguiente se declara sin lugar el recurso de apelación promovido por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 285 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem hace una relación parcial de las acciones que se derivan del contenido del artículo 285 del Código Procesal Penal, en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, asimismo trascribe lo motivado por el A-quo en cuanto a que: (Sic)“Por otra parte no debemos confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad y/o materia, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común, la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado como se reitera ya sea en la audiencia respectiva que puede ser la audiencia inicial o en el juicio oral y público…”; para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones, por lo que se declara No Ha Lugar el recurso y se Confirma la resolución apelada..."...."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en la obligación de motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada que resolvió declarar sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado...en la resolución impugnada, solamente se cita y relaciona el contenido de los artículos 46 y 285 del Código Procesal Penal; el primero relacionado con la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse y el segundo relacionado con las acciones que se derivan en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones; pero no realiza el Tribunal recurrido un análisis del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la ley penal adjetiva en relación a la Excepción por Falta de Acción promovido por la defensa, en consideración a que se ratifica la resolución dictada por el A-quo; obvia asimismo el Ad-quem pronunciarse en cuanto a la institución de las excepciones en el proceso penal y la normativa en que fundamenta su decisión para concluir que no es el momento procesal oportuno para oponer excepciones, así como tampoco brinda respuesta a todos los agravios promovidos por el recurrente, en cuanto a la aplicación retroactiva de la norma penal más favorable, que es el asunto fundamental en que se ampara el peticionario para promover la Excepción por Falta de Acción, para conforme a ello ordenar se confirme la resolución dictada por el A-quo y se declare no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, ..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que realice un análisis debidamente motivado de la institución de las Excepciones en el proceso penal y la normativa legal aplicable al caso concreto en que fundamenta su decisión, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, dictada por el A-quo y por consiguiente se declara sin lugar el recurso de apelación promovido por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 285 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem hace una relación parcial de las acciones que se derivan del contenido del artículo 285 del Código Procesal Penal, en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, asimismo trascribe lo motivado por el A-quo en cuanto a que: (Sic)“Por otra parte no debemos confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad y/o materia, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común, la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado como se reitera ya sea en la audiencia respectiva que puede ser la audiencia inicial o en el juicio oral y público…”; para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones, por lo que se declara No Ha Lugar el recurso y se Confirma la resolución apelada..."...."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en la obligación de motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada que resolvió declarar sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado...en la resolución impugnada, solamente se cita y relaciona el contenido de los artículos 46 y 285 del Código Procesal Penal; el primero relacionado con la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse y el segundo relacionado con las acciones que se derivan en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones; pero no realiza el Tribunal recurrido un análisis del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la ley penal adjetiva en relación a la Excepción por Falta de Acción promovido por la defensa, en consideración a que se ratifica la resolución dictada por el A-quo; obvia asimismo el Ad-quem pronunciarse en cuanto a la institución de las excepciones en el proceso penal y la normativa en que fundamenta su decisión para concluir que no es el momento procesal oportuno para oponer excepciones, así como tampoco brinda respuesta a todos los agravios promovidos por el recurrente, en cuanto a la aplicación retroactiva de la norma penal más favorable, que es el asunto fundamental en que se ampara el peticionario para promover la Excepción por Falta de Acción, para conforme a ello ordenar se confirme la resolución dictada por el A-quo y se declare no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, ..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que realice un análisis debidamente motivado de la institución de las Excepciones en el proceso penal y la normativa legal aplicable al caso concreto en que fundamenta su decisión, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, dictada por el A-quo y por consiguiente se declara sin lugar el recurso de apelación promovido por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem hace una relación parcial de las acciones que se derivan del contenido del artículo 285 del Código Procesal Penal, en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, asimismo trascribe lo motivado por el A-quo en cuanto a que: (Sic)“Por otra parte no debemos confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad y/o materia, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común, la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado como se reitera ya sea en la audiencia respectiva que puede ser la audiencia inicial o en el juicio oral y público…”; para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones, por lo que se declara No Ha Lugar el recurso y se Confirma la resolución apelada..."...."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en la obligación de motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada que resolvió declarar sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado...en la resolución impugnada, solamente se cita y relaciona el contenido de los artículos 46 y 285 del Código Procesal Penal; el primero relacionado con la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse y el segundo relacionado con las acciones que se derivan en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones; pero no realiza el Tribunal recurrido un análisis del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la ley penal adjetiva en relación a la Excepción por Falta de Acción promovido por la defensa, en consideración a que se ratifica la resolución dictada por el A-quo; obvia asimismo el Ad-quem pronunciarse en cuanto a la institución de las excepciones en el proceso penal y la normativa en que fundamenta su decisión para concluir que no es el momento procesal oportuno para oponer excepciones, así como tampoco brinda respuesta a todos los agravios promovidos por el recurrente, en cuanto a la aplicación retroactiva de la norma penal más favorable, que es el asunto fundamental en que se ampara el peticionario para promover la Excepción por Falta de Acción, para conforme a ello ordenar se confirme la resolución dictada por el A-quo y se declare no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, ..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que realice un análisis debidamente motivado de la institución de las Excepciones en el proceso penal y la normativa legal aplicable al caso concreto en que fundamenta su decisión, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, dictada por el A-quo y por consiguiente se declara sin lugar el recurso de apelación promovido por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de enero del año dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ORINSON LOBO GALO, a favor del señor JESÚS AMÍLCAR MEJÍA CASTILLO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós (2022), que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha de dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve declarar sin lugar la Excepción por Falta de Acción interpuesta por la Defensa, en relación a la causa instruida contra el señor JESÚS AMÍLCAR MEJÍA CASTILLO, por suponerlo responsable de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado en perjuicio de su representado, el derecho a la defensa, debido proceso, principio de legalidad y la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 46, 47 y 141 del Código Procesal Penal; artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de junio del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Agente de Tribunales, Abogado JOSÉ ROGELIO COREA CASTILLO, presentando Ampliación a Requerimiento Fiscal en contra de los señores MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RIVERA, SELVIN JAVIER LÓPEZ GABARRETE, JESÚS AMÍLCAR MEJÍA CASTILLO y LUIS ALONZO CASTRO FUNEZ, por suponerlos responsables de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1-20 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, el Abogado ORINSON LOBO GALO, interponiendo Excepción de Falta de Acción Penal en la causa instruida contra el señor Jesús Amílcar Mejía Castillo, argumentando que en el caso que nos ocupa, se puede precisar que la tipicidad de la conducta denunciada mediante este acto resulta ser palmaria de la mera descripción efectuada en el acto promotor, no requiriendo debate alguno sobre cuestiones subjetivas, hechos controvertidos o producción de prueba. (Folios del 66-68fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Conociendo de la Excepción por Falta de Acción supra relacionada, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “I).- Admitir el escrito de excepción por falta de acción, que antecede, presentado por el Abogado ORINSON LOBO GALO, en su condición de Apoderado Legal, del imputado JESUS AMILCAR MEJIA CASTILLO, a quien se le supone responsable de los delitos de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; mismo que se manda agregar a sus demás antecedentes procesales. II)-. DECLARAR SIN LUGAR, la interposición de la excepción por falta de acción, interpuesta por el Abogado ORINSON LOBO GALO, en su condición de Apoderado Legal del acusado ante mencionado. NOTIFIQUESE…” (Folios 86-87 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ORINSON LOBO GALO, en su condición de Apoderado Defensor del señor JESÚS AMÍLCAR MEJÍA CASTILLO; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de agosto del año dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada. 2) CONFIRMAR la resolución apelada…” (Folios del 109-111fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que el recurrente, el Abogado ORINSON LOBO GALO, compareció ante este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha trece de enero del año dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del señor JESÚS AMÍLCAR MEJÍA CASTILLO, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, vulnera en perjuicio de su representado, el derecho a la defensa, debido proceso, principio de legalidad y la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 46, 47 y 141 del Código Procesal Penal; artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Folios del 1-13 de los autos) 6) Que en fecha ocho de septiembre del año dos mil veintitrés, ésta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, presentado por el Abogado ORINSON LOBO GALO, en su condición antes indicada, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 49 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha quince de agosto del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo, contra la resolución de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que resuelve declarar sin lugar la Excepción de Falta de Acción promovida por la defensa y consecuencia de ello confirma la resolución apelada dictada por el A-quo, por considerar el Ad-quem que: (Sic) “1.- De conformidad con el artículo 285 del Código Procesal Penal cuando el Ministerio Público Presenta un requerimiento fiscal… Si bien el Artículo 46 del Código Procesal Penal, establece que la excepción por falta de acción se puede interponer en cualquier tapa del proceso, es precisamente cuando al imputado se le notifique los hechos del requerimiento fiscal, que éste enterado d que se le acusa, que puede hacer uso de todos los medios para defenderse; porque se debe tomar en consideración de que el Ministerio Público, puede ampliar el requerimiento fiscal, y los hechos y circunstancias pueden cambiar, es así dentro de cada etapa procesal hay también momentos para interponer esas excepciones procesales.- Al revisar las diligencias de investigación y el requerimiento respectivo se colige que efectivamente se presento l mismo contra el señor JESUS AMILCAR MEJIA CASTILLO, pero resulta evidente que únicamente se ha admitido el requerimiento fiscal, mas no se ha iniciado ninguna actuación procesal, en virtud de que el señor MEJIA CASTILLO no ha sido habido, consecuentemente no puede interponer excepciones, por no ser el momento procesal.- Por otra parte no debemos confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad y/o materia, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común, la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado como se reitera ya sea en la audiencia respectiva que puede ser la audiencia inicial o en el juicio oral y público, en consecuencia esta Alzada reitera como lo señala el A-quo no es el momento procesal para la oposición de excepciones por lo que se declara No Ha Lugar el recurso y se Confirma la resolución apelada…” -Subrayado añadido- (Ver folios del 109-111fv de la pieza de antecedentes del A-quo) CONSIDERANDO (4): Que, de la foliada del escrito de interposición y formalización de la acción de mérito, esta Sala observa que el recurrente señala como vulnerados los derechos a la defensa, debido proceso, principio de legalidad y la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 46, 47 y 141 del Código Procesal Penal; así como el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En defensa de su tesis de vulneración de garantías constitucionales, el recurrente argumenta que el razonamiento y valoración de la Corte de Apelaciones, respecto de la garantía de la defensa, es contrario a los postulados jurisprudenciales y doctrinarios mas elementales, sobre el ejercicio del debido proceso y el principio de legalidad, pues la norma adjetiva en su artículo 46 establece cuales excepciones son admisibles en el procedimiento penal, señalando en su numeral segundo “La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse”; en este sentido no condiciona la excepción de falta de acción, a otras circunstancias como lo refiere el Ad-Quem. CONSIDERANDO (5): Que, continuando con sus argumentos de vulneración de garantías constitucionales, el recurrente aduce que contrario sensu a lo motivado por la Corte de Apelaciones, la defensa en ningún momento observa que la norma procesal que refiere el artículo 46 que hasta que se notifique en la audiencia inicial al imputado del requerimiento fiscal sea el momento procesal para interponer excepciones; asimismo considera el peticionario de Amparo que la resolución judicial recurrida vulnera la garantía a la Tutela Judicial Efectiva por inexistente motivación y falta de pronunciamiento judicial respecto de uno de los agravios, dado que en el recurso de apelación interpuesto, se incluyó como uno de los motivos o agravios, la infracción al mandamiento constitucional y convencional de la aplicación retroactiva de la norma penal más favorable, ante la inexistencia del delito de Lavado de Activos acusado; considera el recurrente que la Corte de Alzada ha eludido el pronunciamiento y resolución de fondo de los agravios expresados en cuanto a la tipicidad de la conducta imputada y a la aplicación retroactiva de la nueva norma penal por ser más favorable, no obstante la claridad con la que percibe el vicio denunciado, infringiendo la obligación de motivar su resolución y especialmente de resolver todos los agravios que fueron sometidos a su conocimiento por parte del legítimo derecho a recurrir, con lo cual se quebranta las reglas esenciales del debido proceso legal y la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva; la inexistencia motivación, en aplicación directa de los alcances de la norma procesal 141 párrafo segundo del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (7): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es fundamental establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al confirmar la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que resuelve declarar sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo, contiene la motivación suficiente y exteriorizada de la justificación razonada que permita llegar a esa decisión. CONSIDERANDO (10): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule. CONSIDERANDO (11): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (12): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem hace una relación parcial de las acciones que se derivan del contenido del artículo 285 del Código Procesal Penal, en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, asimismo trascribe lo motivado por el A-quo en cuanto a que: (Sic)“Por otra parte no debemos confundir las excepciones de falta de acción y de falta de tipicidad y/o materia, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común, la falta de tipicidad o de inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino es un extremo de fondo que debe ser dilucidado como se reitera ya sea en la audiencia respectiva que puede ser la audiencia inicial o en el juicio oral y público…”; para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones, por lo que se declara No Ha Lugar el recurso y se Confirma la resolución apelada. -Lo subrayado es añadido- CONSIDERANDO(13): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en la obligación de motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar la resolución apelada que resolvió declarar sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo; ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se cita y relaciona el contenido de los artículos 46 y 285 del Código Procesal Penal; el primero relacionado con la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse y el segundo relacionado con las acciones que se derivan en caso de presentación de Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Público, para concluir que no es el momento procesal para la oposición de excepciones; pero no realiza el Tribunal recurrido un análisis del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la ley penal adjetiva en relación a la Excepción por Falta de Acción promovido por la defensa, en consideración a que se ratifica la resolución dictada por el A-quo; obvia asimismo el Ad-quem pronunciarse en cuanto a la institución de las excepciones en el proceso penal y la normativa en que fundamenta su decisión para concluir que no es el momento procesal oportuno para oponer excepciones, así como tampoco brinda respuesta a todos los agravios promovidos por el recurrente, en cuanto a la aplicación retroactiva de la norma penal más favorable, que es el asunto fundamental en que se ampara el peticionario para promover la Excepción por Falta de Acción, para conforme a ello ordenar se confirme la resolución dictada por el A-quo y se declare no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada. CONSIDERANDO (14): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción promovida por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que realice un análisis debidamente motivado de la institución de las Excepciones en el proceso penal y la normativa legal aplicable al caso concreto en que fundamenta su decisión, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar la resolución que declara sin lugar la Excepción por Falta de Acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, dictada por el A-quo y por consiguiente se declara sin lugar el recurso de apelación promovido por la defensa del imputado Jesús Amílcar Mejía Castillo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ORINSON LOBO GALO, a favor del señor JESÚS AMÍLCAR MEJÍA CASTILLO, contra la Resolución dictada en fecha QUINCE (15) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiocho de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0060-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL