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Sentencia AP-586-24 — Registro 20499

Resumen

Alegatos de mera legalidad como causal de inadmisibilidad de acción de amparo en proceso por suponer a recurrente responsable del delito de lesiones graves en perjuicio de testigo, queda excluido de conciliación este delito, porque su pena mínima es superior a los cinco años y por ser un delito de orden público, pues el ejercicio de la acción pública le corresponde al Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere inadmisible y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WILMER ADÁN BARAHONA LEON a favor del señor DANY RAFAEL SOLÓRZANO DURÁN, contra la resolución emitida por CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el diez de octubre de dos mil veintitrés, en la causa instruida contra el señor DANY RAFAEL SOLÓRZANO DURÁN, por suponerlo responsable del delito de LESIONES GRAVES en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A 0915. CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, en fecha veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, al estimar que esta ha sido dictada transgrediendo normas esenciales de procedimiento, lo que violenta el artículo 90 Constitucional, pues se ha valorado erróneamente lo establecido en los artículos 25 y 26 del Código Procesal Penal, ya que el delito de lesiones graves imputado a su representado, según lo dispuesto en el artículo 26 antes citado, queda exento o excluido de ser perseguido solo a instancia particular o de la víctima sino que las mismas serán perseguidas de oficio por el Ministerio Público. Lo anterior, en virtud de que los tipos penales de Lesiones a que hace referencia el artículo 26, estaba consignado en el Código Penal derogado, el que se limitaba a graduar las penas, sin que definiera las lesiones leves, menos graves y culposas, por lo que los jueces atendían la gravedad de la pena; con el Código Penal vigente, sí se gradúan los tipos penales de Lesiones y se establecen los grados leves, menos graves y graves, y para determinar a qué tipo de acción penal se refiere el ya citado artículo, se debe entender que todos los tipos penales de lesiones son delitos de instancia particular porque afectan directamente la integridad física de la víctima, quien conforme al Principio Dispositivo tiene la facultad de instar la acción penal, así como detener el proceso y poder desautorizar al órgano acusador para que no pueda ejercer la acción penal en su nombre, por lo que la desautorización suscrita dirigida al Ministerio Público por la víctima mediante un acuerdo extrajudicial previo al inicio de la acción penal es legal. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se logra establecer, que la Alzada estimó declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el sobreseimiento definitivo decretado a favor del señor DANY RAFAEL SOLÓRZANO DURÁN, por el delito de Lesiones Graves y en su lugar ordena que se continúe con la sustanciación de la causa de mérito, al apreciar que el artículo 26 del Código Procesal Penal recoge las acciones públicas que son dependientes de instancia particular, quedando exentas o excluidas de ser perseguidas las lesiones graves a instancia particular o de la víctima, sino que las mismas serán perseguidas de oficio por el Ministerio Público. Asimismo, el artículo 633 del Código Penal, reforma el artículo 45 del Código Procesal Penal, referente a la conciliación, el cual reza: “En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliaciónentre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio.…”, por lo que queda excluido de conciliación el delito de lesiones graves, porque su pena mínima es superior a los cinco años y por ser un delito de orden público, pues el ejercicio de la acción pública le corresponde al Ministerio Público.CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere inadmisible y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 25, 26 y 45 del Código Procesal Penal; 201 y 633 del Código Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WILMER ADÁN BARAHONA LEON a favor del señor DANY RAFAEL SOLÓRZANO DURÁN, contra la resolución emitida por CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación de la Resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticinco recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0586-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL