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Sentencia AP-570-22 — Registro 20297

Resumen

en relación la causa instruida contra imputados , por suponerlos responsables de los delitos de Fraude y Falsificación de Documentos Públicos , en perjuicio de La Administración y la Fe Publica del Estado de Honduras y otros ,donde corte de apelaciones declaró con lugar excepción de incompetencia, la Sala Constitucional concluye que en tal sentido,En tal sentido, los acusados deben estar en una condición de defender adecuadamente sus derechos, por lo que someter al conocimiento del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, pondría a los encausados en una posición de desventaja de recursos económicos, proximidad del órgano, entre otros, frente al Estado mismo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala aprecia el análisis realizado por el Ad quem en el recurso que conoció, así como que ha explicado, justificado su decisión debidamente, cumpliendo con los requerimientos esenciales, teniendo como resultado que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, lo que permite su subsistencia jurídica, y que las partes procesales conozcan el iter lógico seguido por el A quo y Ad quem para llegar a la resolución de la que hoy se hace mérito. En consecuencia, ha observado los principios constitucionales, la ley y la normativa internacional Sobre Derechos Humanos, que el Estado ha ratificado y por ende deviene obligado a cumplir como parte de su derecho interno. Por todo ello no se han quebrantado los derechos del recurrente. XI. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. "

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. XXI (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de enero de dos mil veinticinco. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción; en relación la causa instruida contra los señores MARCO TULIO LUQUE MEDINA, HECTOR ANDRES CONTRERAS LICONA, JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS Y CARLOS JOSUE PACHECO GUEVARA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra JOSE ALEJANDRO FLORES ZUNIGA, CLAUDIO MARCELO VILLAFRANCA NUÑEZ, OSCAR MARIO ESCOBAR CARIAS Y OTROS por suponerlos responsables a título de cómplices necesarios del delito de FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representada, los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha diez de enero de dos mil veintidós, los abogados LUIS JAVIER SANTOS CRUZ y DIVINA FATIMA LAINEZ ROQUE, actuando en su condición de Agentes de Tribunales adscritos a la Fiscalía Especial Contra Redes de Corrupción del Ministerio Público (UFERCO), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal Con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MARCO TULIO LUQUE MEDINA, HECTOR ANDRES CONTRERAS LICONA, JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS Y CARLOS JOSUE PACHECO GUEVARA por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra JOSE ALEJANDRO FLORES ZUNIGA, CLAUDIO MARCELO VILLAFRANCA NUÑEZ, OSCAR MARIO ESCOBAR CARIAS, CARLOS BACILA MACDERMOTH, JERZON RODRIGO MIRANDA MARTINEZ, MANUEL ANTONIO FRANCO SABILLON, JORGE ARTURO MARTINEZ GONZALEZ, GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTEÑEDA, TANIA MICHELLE MONTOYA ZEPEDA y DEYCI MARIBEL MALDONADO RODRIGUEZ, por suponerlos responsables a título de cómplices necesarios del delito de FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.(Folios 01 al 21 del Tomo I de antecedentes). 2) En la Audiencia Inicial celebrada en fecha 22 de enero de 2022, la Abogada BERTHA ALICIA SARABIA COREA, interpuso excepción de Incompetencia de Tribunal, señalando al Juzgado de Letras Seccional de Tela como competente, y se remitiera la causa a dicho Juzgado, adhiriéndose a la misma el Abogado DANIEL FLORES VELAQUEZ; el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la cual resolvió: 1) Declarar CON LUGAR la Excepción de Incompetencia interpuesta por las defensas privadas de los señores MARCO TULIO LUQUE MEDINA, JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS, CARLOS JOSUE PACHECO GUEVARA, JERZON RODRIGO MIRANDA MARTINEZ, JORGE ARTURO MARTINEZ GONZALEZ, GUDIET MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA, a quienes se les instruye proceso penal por los delitos expuestos en el preámbulo de esta sentencia…” (Folios 367 al 370 del Tomo I de la pieza de antecedentes). 3. Conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por los Fiscales del Ministerio Público, contra la resolución de la que se hace referencia en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, emitió resolución en fecha nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022), en la cual Resolvió: “PRIMERO: Declarar sin lugar, el Recurso de Apelación. SEGUNDO: Se confirma la resolución de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán.” (Folio 10 al 14 de la segunda pieza de antecedentes). 4.En fecha seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022), dictada por el Ad-quem, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 08 del presente Recurso). 5. Este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, en fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 44 del Presente Recurso). FUNDAMENTACION I. Sobre la garantía constitucional de amparo. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer del recurso de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el decreto legislativo No. 244-2003. II. La acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.III Objeto del recurso. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del Estado de Honduras, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que en fecha nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022), resolvió declarar SIN HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra de una resolución emitida por parte del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós (2022), decidió declarar CON LUGAR la excepción de incompetencia interpuesta por la defensa privada. IV.Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República. La recurrente, en la Formalización de Acción de Amparo de manera resumida argumenta que la resolución impugnada vulnera el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, ello porque, si bien es cierto los órganos jurisdiccionales de nuestro país, se les ha atribuido una competencia territorial en donde ejercerán sus funciones, sin embargo, pese a que el numeral QUINTO del acuerdo 01-2016, establece, que el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en San Pedro Sula, Cortés ejercerá su jurisdicción en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Cortes, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara y Yoro, el mismo no ha sido creado, por ende el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en Tegucigalpa, es el competente para conocer el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con fundamento en la competencia objetiva que gozan por la territorialidad y por razón de la materia, y en atención al principio de supletoriedad, por lo dispuesto en el Decreto legislativo 247-2010, artículos 3, 5 y 6-. Asimismo, alega la recurrente que la resolución vulnera la tutela judicial efectiva, considera que el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, si es competente para conocer del requerimiento fiscal incoado en el que se establece la estructura organizada creada por lo imputados con el ánimo de fraude (art. 376 Código Pena), en relación con el articulo 2 numeral 1 del decreto 89-2016. Agrega que la reforma a la Ley especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional, decreto 89-2016, estipula la competencia objetiva por razón de la materia es el conocimiento de los delitos por grupos delictivos cometidos en cualquier lugar del territorio nacional, por el principio de supletoriedad y porque no se han creado los Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en San Pedro Sula, en consecuencia los juzgado especializados están llamados a conocer los hechos denunciados. Por último, señala que se le vulnera el principio de legalidad, el cual establece que en un Estado de Derecho, el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho, si bien el juez tiene facultad dada por la ley, esta debe estar orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el presente caso existe una contravención a la ley y a la Constitución. V. Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. En su fundamentación Ad quem explica el: “…TERCERO: … Es preciso señalar, que, la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional comprende la materia, el territorio, la cuantía y el grado; específicamente en cuanto a la competencia por territorio del Juzgado de Letras de Corrupción, se encuentra delimitada en el acuerdo de creación, no en la Ley, por lo cual se puede afirmar que, en ambos instrumentos normativos está establecida la competencia objetiva a la cual debe acudirse para resolver una cuestión de competencia puesto que la Ley establece solamente la competencia por razón de materia y de grado. CUARTO: Como regla, a todos los órganos jurisdiccionales de los distintos órdenes jurisdiccionales que existen en Honduras se les atribuye una competencia territorial en base al lugar del territorio en donde ejercerán sus funciones y es la Corte Suprema de Justicia quien fija la circunscripción territorial en donde ejercerán su jurisdicción los juzgados y tribunales de la Republica, atribución que le confiere la Constitución de la Republica en el Articulo 313 numerales 1, 11 y 12. Por su parte el artículo 61 del Código Procesal Penal establece, que, los órganos jurisdiccionales serán competentes para conocer de los delitos y faltas que se cometan en el territorio en que ejercen jurisdicción. De esa lectura, es importante reconocer que estas normas de competencia territorial poseen un carácter imperativo y que, no queda a criterio de las partes renunciar al juzgado que la ley señala como el competente, ya que, las reglas de la competencia obedecen a conceptos de interés público los cuales, por ende, no pueden quedar sujetos a la libre disposición de las partes, o, a la posibilidad de alguna excepción a la regla. Conocidos grosso modo los hechos planteados en el requerimiento fiscal, lo que importa es el lugar, en donde ejercerá su jurisdicción el juzgado o tribunal, y, lo que queda por dilucidar, es la competencia territorial para conocer de este caso en concreto de conformidad con los numerales Cuarto y Quinto del Acuerdo 01-2016… QUINTO: Centrando la atención en la competencia por razón del territorio la cual es improrrogable de forma expresa en los numerales Cuarto y Quinto del Acuerdo 01-2016, la Corte es el parecer que no es posible, que la Juez de garantía con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán radique este proceso penal por carecer de competencia por el territorio.” VI. Honduras es un Estado de Derecho, sujeto a la Constitución de la República, como norma suprema, “norma básica del ordenamiento jurídico que obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la primacía de la ley como expresión de voluntad popular y, de otro somete al Estado al Ordenamiento Jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos que forman parte de él. Las Leyes como actos unilaterales del poder público interno y los Tratados Internacionales como un acto emanado de un acuerdo de voluntades entre los Estados que una vez ratificados son normas directamente aplicables en el Derecho Interno. “…. Al aprobar los Tratados Sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”. Citando la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado de Honduras, entre los deberes generales asumidos por los Estados – Partes de la Convención, para cada uno de los Derechos Consagrados en la misma son, por una parte el de “… respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y… garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna (Artículo 1.1 de la Convención), y por la otra adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art.2, párrafo segundo de la Convención). Para tal efecto estos derechos tendrán el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento frente a las autoridades públicas. VII. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Este Derecho constitucional se encuentra en armonía con lo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es así que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de emplearse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal. En ese orden de ideas, se crea el instrumento jurídico del Código Procesal Penal, cuya normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, entre ellos el derecho a la defensa del acusado. De esta manera se armoniza el Código Procesal Penal con las normas internacionales sobre derechos humanos, específicamente con el artículo antes citado. De igual manera y en cumplimiento a sus facultades la Corte Suprema de Justicia ha de crear y crea los órganos de acuerdo a la jurisdicción y competencia de los asuntos que han de conocer dentro del ámbito de sus atribuciones. VIII. Por otro lado, el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. IX. En relación a los párrafos anteriores, y, de acuerdo al estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala encuentra que la resolución del Ad Quem es conforme a derecho en virtud que, si bien es cierto el Acuerdo 01-2016 dispone la creación de los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, a los que asigna la competencia objetiva dentro de la cual se encuentra un catálogo de delitos, incluyendo los delitos por el que el Ministerio Público ha presentado el requerimiento fiscal (fraude y falsificación de documentos), y competencia territorial estableciendo la creación de un Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y otro con sede en San Pedro Sula, Cortés, este último ejercerá su jurisdicción en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Cortes, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara y Yoro, no es menos cierto, que materialmente este Juzgado no se instaló, y que los hechos imputados sucedieron en el departamento de Cortés, y tal como lo dejó apuntado el Ad-quem la competencia por razón de territorio es improrrogable, por ello, esta Sala comparte el criterio del Tribunal de Alzada, siendo importante resaltar además que la cuestión del tribunal competente o de la predeterminación legal del juez está estrechamente ligada a los derechos fundamentales, por lo que, en aplicación al principio Pro Homine que no es otro que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano, este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho. De esta forma el sistema de libertad que garantizan los derechos fundamentales deja fuera del alcance de la acción del Estado, ya sea por medio de la ley, de la actividad administrativa o de los Tribunales de Justicia, una esfera intangible de libertad, la cual no puede ser tocada por ninguna autoridad, porque es el hombre, no la sociedad, quien tiene la dignidad y, por lo tanto, corresponde a él la titularidad de los derechos fundamentales. El ser humano es alfa y omega de las normas jurídicas, por lo que éstas y especialmente las que consagran derechos fundamentales, deben interpretarse en la forma que más le favorezcan. En tal sentido, los acusados deben estar en una condición de defender adecuadamente sus derechos, por lo que someter al conocimiento del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, pondría a los encausados en una posición de desventaja de recursos económicos, proximidad del órgano, entre otros, frente al Estado mismo. X Esta Sala aprecia el análisis realizado por el Ad quem en el recurso que conoció, así como que ha explicado, justificado su decisión debidamente, cumpliendo con los requerimientos esenciales, teniendo como resultado que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, lo que permite su subsistencia jurídica, y que las partes procesales conozcan el iter lógico seguido por el A quo y Ad quem para llegar a la resolución de la que hoy se hace mérito. En consecuencia, ha observado los principios constitucionales, la ley y la normativa internacional Sobre Derechos Humanos, que el Estado ha ratificado y por ende deviene obligado a cumplir como parte de su derecho interno. Por todo ello no se han quebrantado los derechos del recurrente. XI. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha nueve (09) de febrero de dos mil veintidós (2022) dictada por la Corte De Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días de marzo del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veintinueve de enero del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0570-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL