Sentencia AP-543-23 — Registro 19401
Resumen
Se interpone recurso de amparo contra la sentencia que declaró no ha lugar el recurso de apelación contra la resolución de auto de formal procesamiento y medidas alternas que en audiencia inicial dictara el Juzgado de Letras, con relación a la causa instruida por delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." En cuanto al derecho al debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. El debido proceso pues, “exige que nadie pueda ser privado judicialmente de su libertad, sin el estricto cumplimiento de procedimientos establecidos por la ley; al mismo tiempo, tal ley no puede ser una mera apariencia formal, sino que debe dar al imputado la posibilidad real de exponer razones para su defensa, probar esas razones y esperar sentencias fundadas”, Al examinar la resolución impugnada con los hechos y evidencias incorporadas al proceso, resulta que no es posible tachar de arbitraria la decisión de la Corte de Apelaciones, en tanto ha sido consecuente con la prueba disponible y respetando las garantías constitucionales y procesales para ambas partes enmarcando su proceder en la ley. En consecuencia, de todo los antes expresado, es procedente denegar la acción de amparo promovida..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Franklin Josué García Ramírez, a favor de la señora Vilma Lizzette Cobos Cáceres, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, en fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Vilma Lizzette Cobos Cáceres, por suponerla responsable del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Karla Yessenia Barralaga Rodríguez. ANTECEDENTES 1) En fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, la Abogada Luisa María Ramírez Urbina, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora Vilma Lizzette Cobos Cáceres, por suponerla responsable del delito de Tentativa Inacabada de Homicidio, en perjuicio de Karla Yessenia Barralaga Rodríguez. (Folios 2-3 vuelto del expediente del A-quo) 2) En fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso lo siguiente: “…se decreta el correspondiente AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la señora VILMA LIZETTE COBOS CACERES, a quien se le supone responsable del delito de TENTATIVA INACABADA DE HOMICIDIO en perjuicio de KARLA YESSENIA BARRALAGA RODRIGUEZ; 2) Decretar las medidas alternas a la prisión como ser las consignadas en el artículo 173 numerales 6, 7, 9 y 10 del código procesal penal, consistente en: 6) Obligarla a presentarse los días quince y treinta de cada mes a firmar el libro de presentaciones que lleva este Juzgado; 7) La firmar el libro de presentaciones que lleva este Juzgado; 7) La prohibición de salir del país sin la autorización judicial; 9) Prohibirle a la imputada comunicarse con determinada persona en este caso con la hoy ofendida; 10) Que se constituya a favor del estado de honduras una caución depositaria a razón de TREINTA MIL LEMPIRAS que deberá depositar en la cuenta que mantiene este juzgado de letras en la institución financiara, que para tal efecto se lleva y para lo cual se le debe otorgar el oficio correspondiente, para tal efecto se le concede el término de veinticuatro horas a partir del día lunes para efecto de que se cumpla con lo aquí resuelto y a la vez en este acto se ordena la inmediata libertad de la hoy acusada VILMA LIZETTE COBOS CACERES para lo cual se debe librar el oficio correspondiente.- Con la salvedad de que si el día lunes no hacen efectivo la cantidad acordada por el concepto de fianza depositaria s ele revocara este beneficio y se ordenara su inmediata captura.- Fundamentos de derechos: Artículos 24, 25 relacionados con los artículos 62 y 192 dela norma penal gente; 173 numerales 6, 7, 9 y 10, 294 y 297 del código procesal penal; 88, 89, 90, 91, 92, 303 у 304 de la constitución de la republica.- con lo antes expuesto se da por finalizada la presente audiencia firmando los comparecientes, Fiscal del Ministerio Público, Defensor Público, para constancia por ante el Suscrito Juez y Secretaria por Ley del Despacho que da fe lo actuado…” (Folios 59-73 del expediente del A-quo) 3) En fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, conociendo el recurso de apelación impetrado por el Abogado José Adán Cerrato, en su condición Defensor Privado de la imputada, en contra de la resolución referida en el numeral que antecede, dictó sentencia mediante la cual falló: “…Primero: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada contra la resolución del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón de que se ha hecho mérito, en contra de la encausada VILMA LIZZETE COBOS CÁCERES, por suponerla responsable del delito de TENTATIVA INACABADA DE HOMICIDIO, en perjuicio de KARLA YESENIA BARRALAGA RODRÍGUEZ. Segundo: Confirmando el Auto de Formal Procesamiento en contra la referida encausada por el mencionado delito, con las medidas cautelares distintas a las privativas de libertad…” (Folios 8-16 vuelto del expediente del Ad-quem) 4) En fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Franklin Josué García Ramírez, presentando recurso de amparo a favor de la señora Vilma Lizzette Cobos Cáceres, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que a su representada se le han violentado los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 61, 68, 69, 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 1-9 del antecedente) 5) En fecha treinta de octubre de dos mil veintitrés, esta Sala de lo constitucional dictó auto mediante el cual dispuso: 1º Dejar sin valor y efecto la providencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés (f-23); y. 2° Admitir el escrito de formalización presentado por el Abogado Franklin Josué García Ramírez y siendo que el término concedido (48 horas) venció el treinta y uno de agosto del presente año a las dos de la tarde en punto, se declara caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, omitiendo la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) La resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones que es objeto de esta acción constitucional, ha motivado su decisión principalmente en lo siguiente: “Cuarto: reza el artículo 202 del Código Procesal Penal "Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". Según agravios de la defensa, la resolución del Juez "ha sido emitida sin haberse hecho una verdadera valoración conjunta y armónica y no apegada a los parámetros de la sana crítica ni de los elementos probatorios propuestos y evacuados" Bien, la sana crítica puede entenderse como un régimen de ponderación de la prueba judicial de naturaleza libre, que se caracteriza por una cierta exigencia de racionalidad, garantizada por la sujeción de la operación de valoración de principios de la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicamente afianzados. Fijado lo anterior, observemos lo que brindaron la pruebas que fueron practicadas: primeramente, la declaración de la persona con carácter de víctima Karla Yessenia Barralaga Rodríguez, que entre su deposición se observa que el problema se originó por el cuestionamiento de unos viáticos, lo que generó la molestia, enojo e ira de la imputada, quien arremetió en contra de ella, abalanzándosele, poniendo su cuerpo sobre el de la víctima, tomándole del cuello con el objeto de asfixiarle; sin que la víctima pudiera reaccionar. En relación a ese cuadro factico, la otra testigo Roxana Yadira García Mejía, salió en busca de ayuda, encontrando al señor Gibran Fernando Lozano Urbina, otro testigo, quien de inmediato acudió al lugar de los hechos, y tuvo que interceder, logrando con ello, que la imputada reaccionara, y soltara el cuello de la víctima, dejando claro que en todo el actuar, la imputada externo frases como ser: "te voy a matar". De todo lo antes relacionado, es necesario que recordemos el delito que se imputa a la encausada, el cual es Tentativa inacabada de homicidio, expone nuestro Código Penal en su artículo "21.- TENTATIVA. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y éste no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b)..." Lo anterior lo relacionamos con lo regulado en el artículo 192 del mismo cuerpo legal, que literalmente dice: "HOMICIDIO. Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años". Quinto: fijado el cuadro fáctico y la normativa aplicada, es de ubicarnos en la etapa procesal, y en la audiencia inicial, según lo regula el artículo 294 del Código Procesal Penal, se deberá de efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, y la probabilidad de la participación de la imputada en él. Por ende, es necesario volver a resaltar lo referente al sistema de la sana crítica, el mismo abarca a la lógica, proceso intelectivo que realiza el juzgador sobre las cuestiones debatidas; con el objeto de llegar a una verdad, que surge lógicamente de los hechos. De lo anterior se desprende que existe una gran probabilidad, que en efecto la encausada Vilma Lizzete Cobos Cáceres, haya cometido el delito que le imputa el Ministerio Público, se llega a esa conclusión por lo siguiente: I.- La imputada actuó con intención de hacer daño a la víctima, la declaración de la ofendida concuerda con lo expuesto por los testigos, así como lo ha señalado el señor Juez en su resolución; incluyendo a la testigo que propuso la defensa, ya que la señora Ivis Antonia Matute Turcios, en respuesta a la pregunta hecha por la acusadora privada, estableció que logró ver unos aruñones en el cuello de la víctima, lógicamente, producidos por la imputada; esto junto con lo señalado en el dictamen del perito adscrito al Ministerio Público, que describió los hematomas en el rostro y las equimosis en el cuello; por ende, para este Tribunal, la conclusión a la que llegó el Juzgador de primera instancia es correcta, y dentro de los parámetros de la lógica. II.- Aceptar lo expuesto por la defensa, al detallar que se ha "magnificado o exagerado un hecho o incidente tan pequeño..." o bien "que este hecho de menor relevancia ha llegado a los estrados judiciales..." es ir en contra de las máximas de la experiencia, que es necesario aclarar, las mismas son valores de índole general, y no particular del juzgador; conocimientos generalizados de la experiencia general de vida, que sirven como un elemento establecedor en la terea interpretativa del juzgador. El apoyarse en decir que no "hubo peligro de muerte", pues así lo detalló el perito en su dictamen, este Tribunal puede aceptar tal posición, únicamente como una estrategia de defensa, y solo para ello. Lo anterior en relación a que, de acuerdo al cuadro fáctico, tuvo que intervenir el señor Gibran Fernando Lozano Urbina, al entrar en escena, hizo reaccionar a la imputada, existiendo la probabilidad que con ello, se haya evitado la consumación de un hecho más grave, a tal extremo, que por eso se le acusa de una tentativa inacabada; entonces, atendiendo a la experiencia general, se llega a la convicción de que no hubo peligro de muerte, pero por la oportuna intervención del testigo antes referido. Convicción producto de una labor intelectiva, sin que exista una desviación de la discrecionalidad interpretativa o sesgo particular por parte del Juzgador, descartando una arbitrariedad subjetiva, ya que este Tribunal ha contrastado los agravios con lo resuelto por el A-quo; y en atención a las pruebas practicadas, nos hacen llegar a la misma conclusión. No se debe tergiversar lo mencionado por el señor Lozano Urbina, pues en su deposición nunca dijo que la imputada tuviese el ánimo de darle muerte a la víctima, la que únicamente externó tal expresión: "te voy a matar" fue la propia imputada, expresando con ello una intención, haciendo efectiva una manifestación de voluntad, lo anterior con sus manos, que, para hacer daño, bastan las mismas, no necesariamente tiene que utilizarse un objeto o arma. La propia imputada en su declaración externó que "a veces hay momentos de ira donde uno se descontrola..." En conclusión, el Juzgador emitió una resolución guiado por la lógica y apoyado por las máximas de la experiencia. Sexto: hemos dicho que, corresponde al Ministerio Público investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública; y que es deber del impartidor de justicia, velar que en su actuar el ente acusador no traspase los límites que impone la Ley. En el caso sometido a estudio, y volviendo a recalcar que nos encontramos en una etapa en la cual basta con una mínima actividad probatoria, que arroje material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa; este Tribunal es del criterio que el Ministerio Público ha actuado dentro de los parámetros en Ley; que no se puede atender la tesis de la defensa técnica de la imputada, pues no se comparte por la motivación expuesta en los numerales anteriores, que nos encontremos ante la probable comisión de un delito o falta por lesiones. Por ende, somos del criterio que se debe de confirmar la resolución recurrida”. CONSIDERANDO (4) El recurrente al interponer la acción constitucional de amparo, expone básicamente lo siguiente: “PRIMERO: La Resolución causa serio agravios considerando que la misma consiente un exceso en el ejercicio de la acción penal por parte del ente fiscal, pues ha apresurado una acusación sobre un hecho o conducta por la cual ni siquiera se debió presentar requerimiento fiscal, más aun cuando se supone que predomina ya una sobre carga de trabajo que ya agobia el sistema penal, por lo que no entendemos cómo es que este hecho de menor relevancia ha llegado a los estrados judiciales, pues vemos una denuncia, informe y testimonios que maximizan un incidente de tal manera que llevó a una persona a estar privada de su libertad por una medida cautelar de detención, todo esto sin ser congruentes con la realidad del hecho ni con la prueba pertinente como ser un dictamen médico forense relacionado con declaraciones testificales que palabras más o menos describen la dinámica del incidente, que en resumen no ha sido más que una "pelea" "un agarre" entre dos compañeras de trabajo en su centro de trabajo donde una "trompeo" a la otra, lo que no es normal, no es correcto, no es común, no debe ser tolerado pero tampoco trasciende a la esfera de un delito tan grave como es la tentativa de homicidio como lo han querido hacer ver; mas parece que la supuesta afectada que más sinceramente podemos denominar la que resultó macaneada, el hecho de perder no quiere decir que por sentirse mucho mas enojada, avergonzada o humillada según ella, es que va ir a proponerse meter presa a la otra como su venganza perfecta, o pretender exigir una indemnización por doscientos mil lempiras como lo propuso extrajudicialmente la acusadora privada, este es un caso de aprovechamiento al cual no se puede prestar el sistema penal, por lo que no comprendemos el criterio razonado para acceder a proveer un auto por este cargo sin ningún mérito. SEGUNDO: La Resolución estaría causando también agravios por el auto de formal procesamiento decretado ya que de los medios de prueba evacuados principalmente el dictamen forense como testificales estos no dan margen a sostener una acusación por este cargo de tentativa de homicidio, pues establecen entre otros que no existió naturaleza de alguna lesión grave o de consideración si quiera, menos que haya sido requerida algún tipo de atención médica, ingreso o procedimiento, cero nulo, más que las propias de una pelea por riña, mucho menos un peligro de muerte o cosa que se le parezca, no hay armas de por medio, agresión grave alguna que indique que suscitaron actos inequívocos para causarle la muerte a una persona, nada No existe tal teoría, incluso el mismo testigo de cargo al declarar refiere que bastó sus palabras o llamado a la calma y compostura para ponerle fin al incidente, entonces como es que se dicta un auto de formal procesamiento por tentativa de homicidio cuando el hecho constituye una simple pelea entre dos mujeres, en su trabajo a lo que repercute el procedimiento disciplinario respectivo, la fiscalía no debió gastar esfuerzo en esta baratela, así como no se ha hecho en otros casos similares o parecidos donde en mismas, iguales o parecidas circunstancias mejor dicho idénticas (salvo por la circunstancia que en este caso fue en el centro de trabajo en plena jornada laboral) No se ha presentado acusación penal sino su remisión a un juzgado de paz (como el de las dos muchachas que este año se pelearon en la comunidad de castilla nos referimos al caso de Sairy Funez vrs Maholi Escobar) esto es como si dos escribientes o secretaria de un juzgado se fueran a una pelea por riña en pleno centro de trabajo; a todas luces la causa debió ser desestimada por el Aquo sobreseyendo definitivamente a nuestra representada por el delito de Tentativa de Homicidio y difiriendo al juzgado de paz criminal para el trámite del juicio por faltas de acuerdo a lo preestablecido en el artículo 599 del nuevo código penal vigente, y darle la atención por el tinte político que sabemos que tuvo este caso ya que una y otra parte pertenecen a diferentes partidos políticos. TERCERO: Por todo lo anterior que se interpone el Recurso de Amparo en aras de hacer valer la procedencia del sobreseimiento definitivo principalmente; y que en todo caso de considerarse la procedencia de un auto de formal procesamiento por algún delito se pueda recalificar en todo caso al delito de lesión en segundo párrafo artículo 199 del nuevo código penal vigente al cual aplicaría un rango de pena de 6 meses 1 año, y para que los Honorables magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema examinen las diligencias, y se ordene revocar el Auto de Formal Procesamiento decretado indebidamente. DERECHOS, GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PRINCIPIOS Y NORMAS VULNERADAS Y NO OBSERVADAS. Los derechos, garantías, normas y principios que se consideran inobservados son artículos 59 persona humana fin supremo de la sociedad, 60 no hay clases privilegiadas, todos son iguales ante la ley, 61 inviolabilidad a la vida, seguridad individual, a la libertad, igualdad ante la ley, 68 respeto a integridad física, psíquica y moral, 69 libertad personal, 82 derecho a la defensa, 89 principio de inocencia, 90 debido proceso, 92 No procede auto de prisión sin plena prueba, todos de La Constitución de La República, artículos 1 juicio previo, 2 estado de inocencia, 3 respeto de la dignidad y de la libertad, 4 principio de contradicción, 5 protección de los intervinientes en el proceso, 7 independencia de jueces y magistrados, 8 finalidad del proceso, 12 lealtad para con la justicia, 13 igualdad de los intervinientes, inviolabilidad del derecho a la defensa, 18 indubio pro reo, 19 fuentes auxiliares de la actividad judicial, 20 deber de garantías y principios procesales, 93 principio de objetividad, 198 finalidad de los medios de prueba, 200 pruebas prohibidas o ilícitas, 201 notoriedad de los hechos, 202 valoración de las pruebas de manera conjunta y sana critica, 352, 353, 354 num 3, 356 sobre los medios de impugnación y su tramitación contra que resoluciones caben, 424 del Juicio por faltas todos del Código Procesal Penal, artículos, 1 principio de legalidad, 2 principio de lesividad, 3 principio de humanidad de las penas, 4 responsabilidad subjetiva, 5 principio de proporcionalidad, 6 leyes penales especiales, 599 lesión, golpe y maltrato leve constituye falta contra la persona del nuevo código penal vigente”. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el Tribunal de Apelaciones ha brindado argumentos suficientemente razonables y lógicos y por lo tanto, apartados de toda arbitrariedad, para confirmar la resolución, ofreciendo criterios dentro de los cuales ha de situarse el juzgador para basar su decisión, en ese sentido, este Tribunal Constitucional comparte el criterio de la Corte de Apelaciones que advierte que de las mismas pruebas evacuadas, como ser testimonios y dictamen médico es viable inferir que la encausada actuó con intención de dar muerte a la víctima, no consumándose el hecho por intervención de un tercero. No está en duda la intervención de la acusada en los hechos que se le imputan, se cuestiona más que todo la calificación de los mismos en las primeras etapas del proceso que no son definitivas. La norma constitucional dispone que “Solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”, precepto relacionado con los artículos 294 del Código Procesal Penal que establece que, en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada y el artículo 297 del mismo código prevé que, para dictarse el auto de prisión, basta considerar como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todos hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, por lo tanto, en esta etapa del proceso no se exige un nivel de certeza absoluta en las decisiones que adopta el tribunal de instrucción, sin perjuicio de que en el momento procesal señalado para ello se debata sobre culpabilidad y la concurrencia o no de tentativa de homicidio. CONSIDERANDO (6) Esta Sala de lo Constitucional observa que los análisis de los Juzgadores de instancia muestran un razonamiento lógico que no permite establecer que se haya conculcado los derechos constitucionales que el accionante viene invocando, en tanto que la imputada ha sido llevada ante el órgano jurisdiccional observando las debidas garantías que la ley establece, y bajo las restricciones a la libertad que permite la constitución. CONSIDERANDO (7) En cuanto al derecho al debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. El debido proceso pues, “exige que nadie pueda ser privado judicialmente de su libertad, sin el estricto cumplimiento de procedimientos establecidos por la ley; al mismo tiempo, tal ley no puede ser una mera apariencia formal, sino que debe dar al imputado la posibilidad real de exponer razones para su defensa, probar esas razones y esperar sentencias fundadas”, Al examinar la resolución impugnada con los hechos y evidencias incorporadas al proceso, resulta que no es posible tachar de arbitraria la decisión de la Corte de Apelaciones, en tanto ha sido consecuente con la prueba disponible y respetando las garantías constitucionales y procesales para ambas partes enmarcando su proceder en la ley. En consecuencia, de todo los antes expresado, es procedente denegar la acción de amparo promovida. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 89, ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Franklin Josué García Ramírez, a favor de la señora Vilma Lizzette Cobos Cáceres, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, en fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Vilma Lizzette Cobos Cáceres, por suponerla responsable del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Karla Yessenia Barralaga Rodríguez. Y MANDA: Con la certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE.” Firmada y sellada WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALSe Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticinco, la Certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticinco. recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0543-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL