Sentencia AP-480-11 — Registro 4207
Resumen
La Corte de Apelaciones declaró de oficio nulidad a partir de la Audiencia Celebrada por el Juzgado de Letras para que proceda de acuerdo a los términos de la sentencia. Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio de su representado el contenido del Artículo 90 de la Constitución de la República, ya que la Corte de Apelaciones al resolver el recurso de apelación tenía que pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, y no recurrir al expediente, propio de los procesos inquisitivos, de desconocer su pretensión y decantarse por declarar una nulidad de oficio de las actuaciones.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque, la parte actora dirige su recurso a cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por esta Sala Constitucional, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, imputados, motivando de manera razonada su decisión, respetando al encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 89 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil catorce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARCELINO VARGAS, a favor de la Sociedad Mercantil LAFARGE-CEMENTOS, S.A DE C.V, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA; en fecha siete de abril de dos mil once, que declara de oficio la nulidad de la audiencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA; en fecha tres de septiembre de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra el señor JOSEP DUCLAX, quien fungía en su condición de Gerente General la sociedad mercantil LAFARGE-CEMENTOS, S.A DE C.V, por suponerlo responsable del delito de USURPACION DE UN DERECHO REAL Y DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de las comunidades de PALO PINTADO, EL MOTOTAL, ILAMAPA Y OJO DE AGUA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado Seccional de Comayagua Departamento de Comayagua, el Abogado ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor LUIS ALBERTO VALLECILLO ISAGUIRRE, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS AMBIENTALES AGRAVADOS, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha tres de septiembre del año dos mil diez, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado resolvió Declarar SIN LUGAR la SOLICITUD NULIDAD DE ACTUACIONES presentada por el Apoderado Defensor de la Sociedad Mercantil denominada LAFARGE CEMENTO, S.A de C.V por suponerla responsable de los delitos de USURPACION DE UN DERECHO REAL Y DAÑO AGRAVADOS en perjuicio de las comunidades de PALO PINTADO EL MOTATAL, ILAMAPA Y OJOS DE AGUA. 3) Que en fecha siete de abril del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de Comayagua departamento de Comayagua, “FALLA: 1) Declarando de OFICIO NULIDAD a partir de la Audiencia Celebrada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, el tres de septiembre del año dos mil diez (Folio 304 y 307) de los antecedentes y posteriores actuaciones inclusive, a efecto de que el Juzgado de primera instancia proceda a la luz de los términos de la presente sentencia. 4) El recurrente Abogado JOSE MARCELINO VARGAS, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés de junio del año dos mil once, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil LAFARGE-CEMENTOS, S.A DE C.V, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete de abril del año dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua; en fecha siete de abril de dos mil once, que declara de oficio la nulidad de la audiencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial De Comayagua, Comayagua; en fecha tres de septiembre de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra el señor JOSEP DUCLAX, quien fungía en su condición de Gerente General la sociedad mercantil LAFARGE-CEMENTOS, S.A DE C.V, por suponerlo responsable del delito de USURPACION DE UN DERECHO REAL Y DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de las comunidades de PALO PINTADO, EL MOTOTAL, ILAMAPA Y OJO DE AGUA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio de su representado el contenido del Artículo 90 de la Constitución de la República, ya que la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, al resolver el recurso de apelación que se interpuso contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional tenia que pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, y no recurrir al expediente, propio de los procesos inquisitivos, de desconocer su pretensión y decantarse por declarar una nulidad de oficio de las actuaciones, utilizando para ello el argumento por demás discutible, pues no es cierto que para plantear cualquier incidencia inicial, dado que el Artículo 47 del Código Procesal penal, estipula que las excepciones de falta de acción y prescripción de la acción penal pueden interponerse en cualquier etapa del proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua; en fecha siete de abril de dos mil once, esta se fundamenta principalmente en es evidente al violación a disposiciones de orden público, que generan nulidad de actos procedimentales, como las determinadas en el Artículo 166 numerales 3 y 5 del Código Procesal Penal, de tal manera, que ese Tribunal de Alzada se ve en la obligación de decretar la nulidad de oficio por propia iniciativa. Ya que la Corte de Apelaciones cuestiona la procedencia de una audiencia Ad-Hoc son la comparecencia del imputado; o, si por el contrario hay base legal suficiente para sustentar la nulidad de un auto de admisión de un requerimiento fiscal, formulado según se advierte bajo el amparo del Artículo 166 numeral 2) del Código Procesal Penal, con inobservancia a las disposiciones concernientes a la iniciativa de los fiscales y a su participación en los actos en que su intervención es necesaria. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque, la parte actora dirige su recurso a cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por esta Sala Constitucional, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, imputados, motivando de manera razonada su decisión, respetando al encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de julio de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil catorce, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 480-p810-p861=11.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.