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Sentencia AP-462-23 — Registro 19359

Resumen

Sobreseimiento con relación a la demanda ordinaria para que se declare la nulidad de Sentencia Judicial, contra Municipalidad y Demanda Reivindicatoria de Dominio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

ue las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO (11): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso; esta Sala de lo Constitucional encuentra que debe procederse a sobreseer de la presente acción de Amparo, por las razones aquí expresadas

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DEJUSTICIA SALA DE LOCONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo del dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Vidal Hernández, a favor del señor Nilson Roberto Rivera Castellanos, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de reposición impetrado contra el auto dictado por la misma Corte en fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, que resolvió el recurso de apelación incoado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la demanda ordinaria para que se declare la nulidad de una sentencia judicial, promovida por el señor Nilson Roberto Rivera Castellanos, contra la Municipalidad de San Luis, departamento de Santa Bárbara. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 1 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha dos de noviembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el señor Nilson Roberto Rivera Castellanos, presentando “…POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO SE PROMUEVE DEMANDA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UNA SENTENCIA JUDICIAL…”, contra la Municipalidad de San Luis, departamento de Santa Bárbara, a través de su representante legal, el señor Edwin Alexander Peña Mateo, José Roberto Rivera Giménez, Yonny Wilson Hernández Villalvir, Elvira Muñoz Castillo, Elmer Madrid Muñoz y Otros. (Folios 1-9 vuelto del tomo I del antecedente).2)En fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA SE DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA DE NULIDAD DEL INSTRUMENTO PUBLICO Y DEL CONTRATO QUE LA CONTIENE Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL, referente al instrumento del número mil veintiséis (1,026) otorgado en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, con fecha Treinta de Marzo del Año Dos Mil Diez, ante los oficios del NOTARIO WILFREDO SILVA ORTEGA, en donde el Señor MIGUEL RIVERA SABILLON, conocido también como MIGUEL RIVERA S, y donde se le otorga la venta de un Inmueble con una área de Ochocientos Noventa y un punto varas cuadradas (891. Varas cuadradas) al Señor JOSE ROBERTO RIVERA GIMENEZ, el cual fue inscrito bajo el número 1, del tomo 1176 del libro de registro de la Propiedad Inmueble Mercantil de esta Ciudad, y se ordena que una vez firme la Sentencia se proceda a librar mandamiento juridicial al Instituto de la Propiedad de este Departamento de Santa Bárbara, para que proceda a la cancelación del asiento Registral antes aludido. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA PROFERIDA DEL JUZGADO DE LETRAS TERCERO DEPARTAMENTAL, en aquel entonces, con fecha 29 de agosto del Año Dos Mil Catorce, (2014) que obra en el Expediente Número Quince (15-2013) del Dos Mil Trece, de la Demanda de REINVINDICATORIA DE DOMINIO, promovida por el Señor NILSON ROBERTO RIVERA CASTELLANOS, contra el Señor JOSE ROBERTO RIVERA GIMENEZ. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACUERDO MUNICIPAL CONTENIDO EN EL NUMERAL OCTAVO LITERAL L, DEL ACTA NUMERO TREINTA Y OCHO (38) DE FECHA CUATRO (04) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011). CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEMANDA DE NULIDAD DE LOS INTRUMENTOS PUBLICOS DEL CONTRATO QUE LA CONTIENE Y DE SU INSCRIPCION REGISTRAL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD BAJO LOS NUMEROS 399, DEL 17 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, (2012) OTORGADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO TOMAS NEPTALY VALDEZ ROSALES, y otorgado por el Señor JUAN JOSE SAGASTUME PERDOMO A FAVOR DE JONNY WILSON VILLALVIR. INSTRUMENTO NUMERO QUINCE OTORGADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO TOMAS NEPTALY VALDEZ ROSALES, bajo el número Mil Doscientos Cincuenta y Nueve (1,259), otorgado por el Señor JOSE ROBERTO RIVERA GIMENEZ, a favor de JONNY WILSON VILLALVIR.- INSTRUMENTO NUMERO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO (1898) CON FECHA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, (2014) con exequátur Número NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (0973) bajo el número UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1858) otorgado por el Señor JOSE ROBERTO GIMENES A FAVOR DE GEMA DINORA RIVERA SABILLON. INSTRUMENTO Numero DOSCIENTOS (208,) del 19 de Abril del Año Dos Mil Doce (2012) otorgado en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, ante el notario TOMAS NECTALY VALDEZ ROSALES. INSTRUMENTO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) del Dieciocho de Abril del año dos mil doce, extendido en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés. - Instrumento Número cuatrocientos cuarenta (440,) de fecha veintisiete (27) de Septiembre del Año Dos Mil Doce, en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por el Notario TOMAS NECTALY VALDES ROSALES. INSTRUMENTO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) con fecha Dieciocho de Abril del Año Dos Mil Doce, (2012), ante el Notario TOMAS NECTALY VALDEZ ROSALES, con Exequátur MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1,259), otorgado por el Señor JOSE ROBERTO RIVERA GIMENEZ, a favor de ELMER MADRID MUÑOZ.- INSTRUMENTO NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA (440) de fecha Veintisiete de Septiembre del Año Dos Mil Doce, ante los oficios del Notario TOMAS NECTALY VALDES ROSALES, con numero de Exequátur MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, (1,259), ante los oficios del Notario TOMAS NECTALY VALDEZ ROSALES, otorgado por el Señor JOSE ROBERTO RIVERA GIMENEZ, a favor de la Señora SELENY MARITZA ZAMORA FERNANDEZ. QUINTO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA DE RESTITUCION DE UN BIEN INMUEBLE. SEXTO: SIN CONDENA LITIGANTES EN POR CONSIDERAR COSTAS QUE A LAS PARTES TIENEN MOTIVOS RACIONALES PARA LITIGAR. SEPTIMO: Se instruye a la Secretaria de este órgano Jurisdiccional, para que notifique la presente Sentencia a los Abogados de la parte Demandante y Demandada; haciéndole saber a las partes que contra dicha Sentencia procede el Recurso de Apelación.- Hasta esta fecha se dicta la presente Sentencia en virtud de que el ABOGADO EDWAR CABALLERO MEJIA, Juez Dos (2) del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, se encuentra evacuando audiencias penales con reos presos y Audiencias Civiles y sobre admisión de Demandas.- Redacto el Juez dos ABOGADO EDWAR CABALLERO MEJIA, del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara…” (Folios 256-268 vuelto del tomo II del antecedente).3)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Vidal Hernández, actuando en su condición de Representante Procesal del señor Nilson Roberto Rivera Castellanos, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic)“…PRIMERO: DECLARA DE OFICIO LA NULIDAD de sentencia definitiva dictada en fecha tres la de septiembre del año dos mil diecinueve venida en apelación que obra a folio doscientos cincuenta y siete (257) al folio doscientos sesenta y nueve (269) a efecto de que el Juez, retrotrayendo las actuaciones al estado inmediatamente anterior, proceda a dictarla de nuevo con apego a derecho, bajo la normativa procesal adjetiva y sustantiva aplicable una nueva sentencia y respetando los parámetros que esta Corte le ha hecho saber tanto en este fallo como en el anterior de fecha siete de agosto del año dos mil diecinueve. SEGUNDO: Este auto puede ser impugnado mediante el recurso de reposición de acuerdo con el Artículo 694 Numeral 1 del Código Procesal Civil. Y MANDA: Que se notifique el presente auto a las partes, firme que sea el mismo, sin interponer recurso alguno se devuelvan los autos originales al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales correspondientes…” (Folios 10-13 del expediente del Ad-quem).4)Conociendo del recurso de reposición interpuesto por el Abogado Bolívar Castellanos Mercado, en su condición de Representante Procesal del señor Nilson Roberto Rivera Castellanos, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Reposición, interpuesto por el Profesional del Derecho BOLIVAR CASTELLANOS MERCADO, en su condición indicada, contra el Auto dictado por este Tribunal de Alzada, con fecha veintisiete (27) de Agosto del año dos mil veinte (2020). SEGUNDO: Contra este auto no procede recurso alguno. Y MANDA: Que se notifique a los apoderados legales de las partes litigantes lo resuelto y se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia con la certificación de ambas resoluciones, para los fines legales consiguientes…” (Folios 45-47 del expediente del Ad-quem).5)En fecha trece de abril de dos mil veintitrés, Compareció ante esta Sala, el Abogado José Vidal Hernández, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Nilson Roberto Rivera Castellanos, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1 y 321 la Constitución de la República.6)En fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por presentado el escrito de formalización presentado por el Abogado José Vidal Hernández, téngase por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 97 del recurso de mérito). 7)En fecha veintidós de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de la interposición del recurso se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículo 1, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara al resolver el Recurso de Reposición interpuesto en fecha veinte (20) de enero del año 2021; contra el auto de fecha veintisiete (27) de agosto del 2020, no realizo una debida motivación razonada e inobservo las normas adjetivas de la sustanciación del remedio planteado, refiere además el recurrente que con su resolución violenta el principio de legalidad consagrado en el artículo 1 de la Constitución de la República, pues el recurso de Reposición, cumple los requisitos de admisibilidad por estar ajustado a los paragones que impone el Código Procesal civil y Código Civil, constituyendo esto una violación directa al derecho que legalmente le asiste y negándole así el derecho de defensa. Sobre el particular, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo emitida por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, es clara y congruente con la petición planteada por el recurrente, en tanto expone que llega a la conclusión que el fallo proferido por esa Corte, está conforme a derecho ya que la nulidad ordenada de oficio, obedece estrictamente a puntos procesales sobre requisitos de la sentencia y que el Ad-quem, no entro a conocer el fondo del litigio, en razón de esto se confirmó la resolución por estar debidamente motivado y en armonía con la norma adjetiva que resuelve el fondo del caso. Siguiendo este orden de ideas, esta representación del Ministerio Público estima que la motivación expuesta por el Tribunal de Alzada se encuentra ajustada a derecho y cumple con la función revisora que le manda la norma procesal civil, en cuanto dispone que el recurso de apelación tiene por objeto realizar una revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, que le permita lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como el cumplimiento de las garantías del proceso. De tal suerte, que la Corte de Apelaciones, al apreciar de oficio que la sentencia apelada no reunía los requisitos procesales de la sentencia, pues aprecia que la valoración de la prueba, no ha sido clara ni determinante como manda el articulo 245 numeral 1 y 2, 200, 206 y 208 del Código Procesal Civil, por lo que se aprecia una incongruencia entre los hechos probados y la parte dispositiva del fallo en consecuencia declaro la nulidad de la sentencia en aplicación al artículo 715 numeral 3 del código Procesal Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 715.2, con relación al artículo 212.4 del Código Procesal Civil, a efecto que el A-quo dicte una nueva sentencia, lo que le permite a las partes poder nuevamente recurrir la sentencia dictada. Que de los argumentos expuestos, la suscrita estima que la resolución venida en amparo no ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el amparista, los que a su vez deben ser también observados por el juzgado de primera instancia, cuando se emita una nueva sentencia definitiva que sea congruente con el petitorio en la demanda y con las demás pretensiones de las partes, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Del análisis de los autos se aprecia además que el recurrente arguye que el recurso de reposición que planteo, contra el auto de fecha catorce (14) de febrero del 2023, cumple los requisitos de admisibilidad por estar ajustado al Código Procesal Civil y Código Civil respectivamente, apreciando la suscrita, que el Ad-quem resuelve conforme a derecho lo peticionado con el recurrente, pues la nulidad que se ordenó de oficio obedece a puntos procesales sobre requisitos de la sentencia en consecuencia que no se vulnera el Debido Proceso, ya que se ha seguido el procedimiento establecido en la ley y que el recurrente hizo uso de los recursos legales que la ley le otorgo cuando no estuvo conforme con las resoluciones emitidas a lo largo del proceso y tampoco se irrespeta el derecho de Defensa, pues tuvo la oportunidad de presentar las acciones o recursos que la ley le otorga para estos casos, por lo que no se aprecia que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías Constitucionales invocadas por el amparista. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que no se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados por la impetrante…” (Folios 100-104 del recurso de mérito).CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce de la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JOSE VIDAL HERNANDEZ, a favor del señor NILSON ROBERTO RIVERA CASTELLANOS contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara en fecha veintisiete de agosto de dos mi veinte que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, con relación a la demanda ordinaria para que se declare la nulidad de una sentencia judicial de instrumento público promovida por el señor NILSON ROBERTO RIVERA CASTELLANOS contra la Municipalidad del Municipio de San Luis, Santa Bárbara.CONSIDERANDO (4): Que el recurrente sustenta el presente recurso de amparo en que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara violenta la garantía del debido proceso puesto que en el numeral cuarto expone que “…cumpliendo las exigencias de admisibilidad del recurso de reposición, una vez analizado y discutido que fue cada uno de los tres puntos centrales que ataca el recurrente, se llega a la conclusión que el fallo proferido por esta corte, está conforme a derecho, ya que la nulidad obedece estrictamente a puntos procesales sobre requisitos de la sentencia y que este Ad-Quem no entró a conocer el fondo del litigio”. Asimismo, violenta el principio de legalidad consagrado en el artículo 1 constitucional, pues la Corporación Municipal de San Luis, Santa Bárbara no esta facultada para extender dominio pleno sobre un sitio de naturaleza privada, tal como lo ha instruido el director general de regularización predial, basado en el articulo 91 de la Ley de Propiedad.CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara establece en su resolución de fecha veintisiete de agosto de dos mi veinte que el A-Quo no observó ni tomó en cuanta lo que se le establecía en la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, donde este tribunal de alzada declaró la nulidad de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, y únicamente se limitó a volver a emitir una nueva sentencia en los mismos términos que la que había sido anulada; lo que conlleva a una franca violación a la garantía constitucional del debido proceso y faltando nuevamente el A-Quo a los requisitos internos de la sentencia desarrollados en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO (6): Continúa manifestando la Corte de Apelaciones que del análisis y examen de la sentencia que se conoce en alzada, se aprecia que en relación al hecho probado primero, el juzgador da por acreditado que la sentencia por la cual el demandante fue declarado heredero ab intestato de los bienes y acciones del causante, el señor Miguel Rivera Sabillón, fue inscrita bajo número treinta y tres del tomo 1530 del Instituto de la Propiedad; con este documento lo único que se establece en el proceso es que el demandante por derecho de representación de su difunto padre se declaró heredero ab intestato de todos los bienes, derechos y acciones que dejara el causante su abuelo, señor Miguel Rivera Sabillón, y la tradición del dominio del derecho que le pudiera corresponder sobre un remanente de terreno; pero no lo hace dueño de la totalidad de dicho remanente hasta que no pruebe la no existencia de otros herederos de igual o mejor derecho o se llegue a una partición del remanente para poder legitimarlo como único dueño; además tampoco quedó probado con prueba pericial que ese remanente que le fue transferido en tradición de bienes hereditarios, se tratara del mismo bien inmueble que el demandado José Roberto Rivera Gimenez, obtuviera mediante contrato de compraventa, cuya nulidad se pidió en el proceso y que fue otorgada por el A-Quo sin ningún sustento jurídico. Asimismo, la nulidad de la sentencia dictada en el proceso civil 15-2013 solicitada por el demandante, constituye autoridad de cosa juzgada y el A-Quo debió haberse amparado en la defensa que le interpuso la parte demandada al momento de presentar el defecto procesal, puesto que existe una total inobservancia del contenido del articulo 210 del Código Procesal Civil relacionado con el articulo 455 del mismo cuerpo legal; por lo que, al analizar toda la prueba en su conjunto, se determina que ninguna de las pretensiones del actor prosperaran en el presente proceso y así se le hizo saber al A-Quo; por lo que, se concluye que la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve incurre en los vicios de nulidad señalados puesto que la valoración de la prueba no ha sido clara ni determinante como manda el articulo 245 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. En consecuencia, se declara de oficio la nulidad de la sentencia definitiva de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve a efecto de que el juez, retrotrayendo las actuaciones al estado inmediatamente anterior, proceda a dictarla de nuevo con apego a derecho, respetando los parámetros que esta Corte le ha hecho saber. CONSIDERANDO (7): Que en fecha veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, el Ministerio Público emite opinión exponiendo que de la interpretación del recurso se desprende que la resolución cuestionada es clara y congruente con la petición planteada por el recurrente, en tanto expone que llega a la conclusión que el fallo proferido por esa Corte, esta conforme a derecho, ya que la nulidad ordenada de oficio, obedece estrictamente a puntos procesales sobre requisitos de la sentencia y que el Ad-Quem no entro a conocer el fondo del litigio, en razón de esto se confirmo la resolución por estar debidamente motivado y en armonía con la norma adjetiva que resuelve el fondo del caso, puesto que al apreciar de oficio la referida corte que la sentencia apelada no reunía los requisitos procesales de la sentencia, pues aprecia que la valoración de la prueba no ha sido clara ni determinante como lo manda el articulo 245 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil; por tanto, no se aprecia una incongruencia entre los hechos probados y la parte dispositiva del falo; en consecuencia declaró la nulidad de la sentencia, en aplicación al artículo 715 numeral 3 del referido código a efecto que se dicte una nueva sentencia, lo que le permite a las partes poder nuevamente recurrir la sentencia dictada. Por tanto, esta representación fiscal, considera que no se ha vulnera el debido proceso, ya que se ha seguido el procedimiento establecido que la ley le otorgó cuando no estuvo conforme con las resoluciones emitidas a lo largo del proceso; además de respetarse el derecho de defensa, pues tuvo la oportunidad de presentar las acciones o recursos que la ley le otorga para estos casos; por lo que no se han violentado las garantías constitucionales invocadas por el amparista y se estima que no se otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que el recurrente ha comparecido en busca de justicia constitucional, por considerar que se le han disminuido y conculcado las garantías constitucionales contempladas en los artículos 1, 82 y 90 de la Constitución de la República, estimando este Alto Tribunal que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO (9): En ese orden de ideas vemos que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO (11): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso; esta Sala de lo Constitucional encuentra que debe procederse a sobreseer de la presente acción de Amparo, por las razones aquí expresadas.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 211, 212 numeral 4, 215 numeral 1, 690 y demás aplicables del Código Procesal Civil; 4, 6, 7, 46 numeral 1, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por el Abogado JOSÉ VIDAL HERNÁNDEZ, a favor del señor NILSON ROBERTO RIVERA CASTELLANOS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, en fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0462-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL