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Sentencia AP-422-24 — Registro 19875

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación por el delito tráfico ilícito de drogas en su modalidad de comercio, en perjuicio de la salud pública. Que la recurrente expone que solicita la garantía de mérito contra la resolución que impugna por no compartir el parecer de la Alzada referente a que a criterio de la actuante se cumplió con los requisitos y formalidades dispuestas relacionadas a la legitimidad del allanamiento de morada sin orden judicial, misma que fue convalidada por la Juez de Instrucción, refiriendo además la recurrente que en el caso de mérito existieron circunstancias excepcionales que la ley ya determina y por las cuales la acción de la autoridad policial se ajusta a la misma sin vulnerar ningún derecho constitucional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., ocho de enero del año dos mil veinticinco. VISTOS: los antecedentes del recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra una resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinticuatro, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADOS DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra YOSEL WUILY PUERTO ORELLANA, por suponerlo responsable de la comisión del delito TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE COMERCIO, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA. CONSIDERANDO: Que la recurrente expone que solicita la garantía de mérito contra la resolución que impugna por no compartir el parecer de la Alzada referente a que a criterio de la actuante se cumplió con los requisitos y formalidades dispuestas relacionadas a la legitimidad del allanamiento de morada sin orden judicial, misma que fue convalidada por la Juez de Instrucción, refiriendo además la recurrente que en el caso de mérito existieron circunstancias excepcionales que la ley ya determina y por las cuales la acción de la autoridad policial se ajusta a la misma sin vulnerar ningún derecho constitucional. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se desprende que la recurrente señala que con el acto reclamado se vulnera los derechos contenidos en los artículos 82, 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia contrario a lo expuesto por la recurrente, que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes, pues de acuerdo a lo que la Alzada ha indicado los motivos por los que el allanamiento no atiende a las exigencias procesales determinadas en la norma procesal aplicable, motivo por el que se evidencia que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando lo que dispone la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que en consecuencia a lo anterior expuesto resulta oportuno sobreseer el recurso de mérito, en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE:SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra una resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinticuatro; toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinticinco, en el recurso de amparo presentado a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinticuatro, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADOS DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra YOSEL WUILY PUERTO ORELLANA, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que la recurrente eleva en conocimiento de esta Sala el recurso de reposición de mérito con el fin de que se revise la resolución que interpela por estimar que en el escrito de interposición de la garantía de amparo, expuso el perjuicio causado a los derechos constitucionales causados a los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, con la emisión del acto reclamado, por lo que es del criterio que no concurre la causal bajo la cual se ha sobreseído la presente acción, por lo que debe continuarse con el conocimiento del presente asunto y obtener un fallo justo y acorde con el procedimiento debido. CONSIDERANDO: Que revisada de nueva cuenta los antecedentes, el escrito de interposición, el acto reclamado como la resolución interpelada, esta Sala no advierte motivos por los que resulten atendibles los alegatos de la impetrante, por lo que no procede revocar la resolución objetada. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que el afectado con una providencia pida a la misma autoridad que emitió un determinado pronunciamiento proceda a su examen con el objeto de enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinticinco, que sobresee el recurso de merito por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que, una vez notificado el presente auto, y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. - NOTIFIQUESE. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinticinco, en el recurso de amparo presentado a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinticuatro, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADOS DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra YOSEL WUILY PUERTO ORELLANA, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que la recurrente eleva en conocimiento de esta Sala el recurso de reposición de mérito con el fin de que se revise la resolución que interpela por estimar que en el escrito de interposición de la garantía de amparo, expuso el perjuicio causado a los derechos constitucionales causados a los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, con la emisión del acto reclamado, por lo que es del criterio que no concurre la causal bajo la cual se ha sobreseído la presente acción, por lo que debe continuarse con el conocimiento del presente asunto y obtener un fallo justo y acorde con el procedimiento debido. CONSIDERANDO: Que revisada de nueva cuenta los antecedentes, el escrito de interposición, el acto reclamado como la resolución interpelada, esta Sala no advierte motivos por los que resulten atendibles los alegatos de la impetrante, por lo que no procede revocar la resolución objetada. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que el afectado con una providencia pida a la misma autoridad que emitió un determinado pronunciamiento proceda a su examen con el objeto de enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinticinco, que sobresee el recurso de merito por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que, una vez notificado el presente auto, y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del dos mil veinticinco, certificación de las resoluciones de fecha ocho de enero y doce de mayo del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0422-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL