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Sentencia AP-364-24 — Registro 19182

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso de amparo con relación a la causa instruida el delito de Usurpación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (4): Que, entre los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo, se encuentra en: “…”.CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional observa, que el concepto de la violación expuesto por el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, consiste en estimar vulnerado el derecho a la defensa y consecuentemente el derecho al debido proceso, por haber determinado la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el sobreseimiento de la acción constitucional de amparo, por constar en autos la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 3 del artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional. Al respecto, esta Sala manifiesta que el sobreseimiento dictado y venido en consulta, está fundamentado en derecho congruente, puesto que la resolución incidental debió haber sido impugnada mediante el recurso de apelación, y al no haberlo hecho, con sintió el acto reclamado, revisando minuciosamente si se trataba de un mero error al momento de escribir los fundamentos legales, no obstante se observa, que se señala como fundamentos, los artículos 352 y 353 procesales, y nunca el 354 que es el contentivo del recurso de reposición. Lo anterior obliga a confirmar el sobreseimiento dictado, en base a lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (4): Que, entre los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo, se encuentra en: “…”.CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional observa, que el concepto de la violación expuesto por el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, consiste en estimar vulnerado el derecho a la defensa y consecuentemente el derecho al debido proceso, por haber determinado la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el sobreseimiento de la acción constitucional de amparo, por constar en autos la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 3 del artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional. Al respecto, esta Sala manifiesta que el sobreseimiento dictado y venido en consulta, está fundamentado en derecho congruente, puesto que la resolución incidental debió haber sido impugnada mediante el recurso de apelación, y al no haberlo hecho, con sintió el acto reclamado, revisando minuciosamente si se trataba de un mero error al momento de escribir los fundamentos legales, no obstante se observa, que se señala como fundamentos, los artículos 352 y 353 procesales, y nunca el 354 que es el contentivo del recurso de reposición. Lo anterior obliga a confirmar el sobreseimiento dictado, en base a lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil veinticinco. VISTA: En consulta las diligencias que contieenen la sentencia de fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo promovido por el Abogado Aarol René Rodríguez, a favor del señor José Leonardo Torres Ortíz, contra la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra el señor Víctor Manuel García Vaca, por suponerlo responsable del delito de Usurpación, en perjuicio del señor José Leonardo Torres. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 78, 82, 90, 103 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, los Abogados Carlos Miguel Cantillano y Ernesto Jesús Flores Bardales, promoviendo querella contra los señores José Armando Zavala Ventura, Bernardo Arguijo Reyes, Juan Francisco Valdez, Gloria Migtania Núñez Martínez, Octavio Velásquez Rosales, José Leonardo Torres Ortíz y José Elmer Domínguez, por suponerlos responsables del delito de Usurpación, en perjuicio del señor Víctor Manuel García Baca. (Folios 1-8 del del tomo I del expediente del A-quo)2) En fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, resolvió: “…UNICO: Se tiene por recibido el escrito presentado por el abogado Carlos Miguel Cantillano, agréguese a sus antecedentes. En cuanto a lo solicitado, este Tribunal ordena que previo a ordenar el desalojo mediante la fuerza, que la receptora de este Tribunal se constituya a la propiedad que se ha descrito en el segundo numeral de los antecedentes procesales y en caso de encontrarse en dicho lugar los señores JOSÉ ARMANDO ZAVALA VENTURA, BERNARDO ARGUIJO REYES, JUAN FRANCISCO VALDEZ, GLORIA MIGTANIA NUÑEZ MARTÍNEZ, OCTAVIO VELASQUEZ ROSALES, JOSÉ LEONARDO TORRES ORTIZ Y JOSÉ ELMER DOMÍNGUEZ, proceda a requerirlos, así mismo a las demás personas que se encontraran en dicho bien inmueble, indicándole que tienen un plazo de TREINTA (30) días a partir de dicho requerimiento para que procedan a desalojar de manera pacífica dicha propiedad: advirtiéndoles que si transcurrido dicho plazo no desalojan el bien inmueble, se procederá a desalojarlos mediante la fuerza con el auxilio de la Policía Nacional. Por lo que una vez firme la presente resolución procédase a dársele cumplimiento a lo ordenado. NOTIFIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION A CADA UNA DE LAS PARTES PROCESALES Y UN AVEZ FIRME CUMPLACE…” (Folios 214-216 vuelto del tomo II del expediente del A-quo) 3) El Tribunal de Sentencia en fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…UNICO: Se tiene por recibido el escrito presentado por el abogado Aarol Rene Rodríguez Gutiérrez, agréguese a sus antecedentes. En cuanto al recurso de reposición interpuesto se declara SIN LUGAR por considera este tribunal que lo resuelto mediante auto de fecha veinte de junio del presente año dos mil veintitrés es conforme a derecho.- NOTIFIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION A CADA UNA DE LAS PARTES PROCESALES…” (Folios 291-292 del tomo II del expediente del A-quo) 4) En fecha nueve de enero de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Aarol René Rodríguez Gutiérrez, interponiendo recurso de amparo a favor del señor José Leonardo Torres Ortíz, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar que es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 78, 82, 90, 103 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-15 del expediente del Ad-quem) 5) La referida Corte, en fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: SOBRESEER la presente acción de Amparo interpuesta por el abogado AAROL RENE RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE LEONARDO TORRES ORTIZ, contra la resolución de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, Yoro. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en CONSULTA a la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.-.” (Folios 74-77 del expediente del Ad-quem) 6) Que en fecha veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el caso que se conoce en consulta es la sentencia de fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo promovido por el Abogado Aarol René Rodríguez, a favor del señor José Leonardo Torres Ortíz, contra la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra el señor Víctor Manuel García Vaca, por suponerlo responsable del delito de Usurpación, en perjuicio del señor José Leonardo Torres. CONSIDERANDO (3): Que, del análisis de los antecedentes consultados, se concluye que el tema en consulta es meramente procesal, por lo que se prescinde de entrar a la revisión del fondo del asunto. Así las cosas, la ley procesal penal establece que es susceptible del recurso de apelación las resoluciones que decidan un incidente o una excepción, -artículo 354.2 CPP-. Se debe mencionar que, de la revisión de los antecedentes, consta a folio 255 de la primera pieza, la interposición del incidente de nulidad absoluta de actuaciones y a folios 276 y 277, consta la resolución incidental dictada por el tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, fechada en ocho de noviembre del año dos mil veintitrés, que resuelve por unanimidad de votos, sin lugar el incidente de nulidad planteado. El recurrente en amparo, impugno esta resolución vía recurso de reposición, señalando como fundamentos jurídicos los artículos 352 y 353 del Código Procesal Penal, disposiciones que desarrollan el recurso de reposición, el que fue declarado sin lugar, razón por la cual interpuso recurso de amparo. CONSIDERANDO (4): Que, entre los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo, se encuentra en: “…”.CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional observa, que el concepto de la violación expuesto por el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, consiste en estimar vulnerado el derecho a la defensa y consecuentemente el derecho al debido proceso, por haber determinado la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el sobreseimiento de la acción constitucional de amparo, por constar en autos la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 3 del artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional. Al respecto, esta Sala manifiesta que el sobreseimiento dictado y venido en consulta, está fundamentado en derecho congruente, puesto que la resolución incidental debió haber sido impugnada mediante el recurso de apelación, y al no haberlo hecho, con sintió el acto reclamado, revisando minuciosamente si se trataba de un mero error al momento de escribir los fundamentos legales, no obstante se observa, que se señala como fundamentos, los artículos 352 y 353 procesales, y nunca el 354 que es el contentivo del recurso de reposición. Lo anterior obliga a confirmar el sobreseimiento dictado, en base a lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 199 del Código Procesal Penal.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo promovido por el Abogado Aarol René Rodríguez, a favor del señor José Leonardo Torres Ortíz, contra la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra el señor Víctor Manuel García Vaca, por suponerlo responsable del delito de Usurpación, en perjuicio del señor José Leonardo Torres. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redacto Magistrado Vallecillo Paredes. Redactó Magistrado Vallecillo Paredes.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0364-2024

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL