Sentencia AP-300-24 — Registro 19403
Resumen
Resolución que declara sin lugar recurso de apelación contra resolución que declara Ha lugar Excepción de Falta de Acción Cuando no haya debido promoverse. en la causa que se instruye contra imputados por suponérseles responsables de los delitos de Otros Fraudes Continuados, la Sala Constitucional considera que decisión de declarar sin lugar la apelación y confirmar la resolución recurrida que declara ha lugar excepción del Juzgado Apelado no han quebrantado los derechos de legalidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."(7): Que esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones deducidas en juicio o trámite de que se trate. CONSIDERANDO (8): A su vez este Alto Tribunal ha declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (9): Que ante el cuadro fáctico y jurídico supra, esta Sala considera que el principio del debido proceso como garantía Constitucional consignada en el artículo 90, entendido como el conjunto de derechos y garantías, es concluyente que no ha sido conculcada, pues el amparista, ha desplegado en plenitud su derecho de defensa, y es visto que la resolución recurrida proferida por el Ad-Quem, muestran de una manera clara, precisa y coherente con el cuadro fáctico y acervo probatorio de cuyo conocimiento se impuso, por lo que, la decisoria de declarar sin lugar la apelación y confirmar la resolución del Juzgado Apelado no han quebrantado los derechos de legalidad (artículo 321 Constitucional) y debido proceso invocados por el amparista, proyección a las disposiciones adjetivas y sustantivas penales atinentes al caso. En consecuencia, es procedente denegar la acción Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, en su carácter supra indicado.".......
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 78 numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 34-A (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."(7): Que esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones deducidas en juicio o trámite de que se trate. CONSIDERANDO (8): A su vez este Alto Tribunal ha declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (9): Que ante el cuadro fáctico y jurídico supra, esta Sala considera que el principio del debido proceso como garantía Constitucional consignada en el artículo 90, entendido como el conjunto de derechos y garantías, es concluyente que no ha sido conculcada, pues el amparista, ha desplegado en plenitud su derecho de defensa, y es visto que la resolución recurrida proferida por el Ad-Quem, muestran de una manera clara, precisa y coherente con el cuadro fáctico y acervo probatorio de cuyo conocimiento se impuso, por lo que, la decisoria de declarar sin lugar la apelación y confirmar la resolución del Juzgado Apelado no han quebrantado los derechos de legalidad (artículo 321 Constitucional) y debido proceso invocados por el amparista, proyección a las disposiciones adjetivas y sustantivas penales atinentes al caso. En consecuencia, es procedente denegar la acción Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, en su carácter supra indicado.".......
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024) en su condición de Apoderado Legal de los señores: NELSON MAURICIO PERDOMO, CESAR ONEVIS PEÑA, KAREN YANETH FLORES BONILLA, MANUEL BONILLA COLINDRES, RUBIDIA TRINIDAD CHAVEZ RODRIGUEZ, JOSE ALFREDO COCA SIERRA, SELVIN ALEXANDER ESCOBAR, JUANA GALEAS BONILLA, RAFAEL ESPINAL ALVAREZ, DANIEL ALEXANDER MUNGUIA SUAZO, DALISSE ANANY CRUZ RAUDALES, CLAUDIA WALESKA BANEGAS IZAGUIRRE, KARLA NOHELIA ALVARADO CANACA, REINA MARIA FLORES IRIAS, MARISELA AGUILERA MONTOYA, JOSE ADAN LOPEZ MOREL, KARLA YESENIA URBINA GARCIA, JORGE ARTURO GALVEZ VENTURA, CARLOS ANTONIO NARVAEZ CORRALES, YENI ELIZABETH AMADOR FLORES, CARLOS GERARDO GUILLEN LAGOS, ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ, SANTOS ANGEL GARCIA AMADOR, BONIFACIA RHODER CLOTTER CASTILLO, MARLENY ZULEMA GUEVARA GARCIA, RAMON ALBERTO BENITEZ ALEMAN, GISELLY SARAHI AGUILAR MENDEZ, GLORIA ESPERANA SANCHEZ ROMERO, EDGARDO DAVID CASTILLO CASTELLANOS, JAVIER RENE SUAZO MARTINEZ, RIGOBERTO CACERES AVELAR, VILMA LILIANA RUEDA RIVERA, JOSE GUILLERMO OBANDO MARADIAGA, JANIS CLAUDIA AREVALO MURILLO, LUIS ALONSO MARTINEZ Y OTROS, contra resolución dictada el ocho de diciembre del año dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante el cual, declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y los acusadores privados, contra resolución dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el uno de diciembre del año dos mil veintidós, judicatura que declara HA LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE ACCION CUANDO NO HAYA DEBIDO PROMOVERSE, a favor de los señores LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI y ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA, en la causa que se les instruye por suponérseles responsables de los delitos de OTROS FRAUDES CONTINUADOS, en perjuicio de NELSON MAURICIO PERDOMO, CESAR ONEVIS PEÑA, KAREN YANETH FLORES BONILLA, MANUEL BONILLA COLINDRES, RUBIDIA TRINIDAD CHAVEZ RODRIGUEZ, JOSE ALFREDO COCA SIERRA, SELVIN ALEXANDER ESCOBAR, JUANA GALEAS BONILLA, RAFAEL ESPINAL ALVAREZ, DANIEL ALEXANDER MUNGUIA SUAZO, DALISSE ANANY CRUZ RAUDALES, CLAUDIA WALESKA BANEGAS IZAGUIRRE, KARLA NOHELIA ALVARADO CANACA, REINA MARIA FLORES IRIAS, MARISELA AGUILERA MONTOYA, JOSE ADAN LOPEZ MOREL, KARLA YESENIA URBINA GARCIA, JORGE ARTURO GALVEZ VENTURA, CARLOS ANTONIO NARVAEZ CORRALES, YENI ELIZABETH AMADOR FLORES, CARLOS GERARDO GUILLEN LAGOS, ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ, SANTOS ANGEL GARCIA AMADOR, BONIFACIA RHODER CLOTTER CASTILLO, MARLENY ZULEMA GUEVARA GARCIA, RAMON ALBERTO BENITEZ ALEMAN, GISELLY SARAHI AGUILAR MENDEZ, GLORIA ESPERANA SANCHEZ ROMERO, EDGARDO DAVID CASTILLO CASTELLANOS, JAVIER RENE SUAZO MARTINEZ, RIGOBERTO CACERES AVELAR, VILMA LILIANA RUEDA RIVERA, JOSE GUILLERMO OBANDO MARADIAGA, JANIS CLAUDIA AREVALO MURILLO, LUIS ALONSO MARTINEZ Y OTROS, confirma demás el Ad-Quem, la resolución de la A-Quo. Estima el recurrente como infringidos los derechos Constitucionales consignados en los artículos 59, 64, 321 y 90 de nuestra Carta Magna. ANTECEDENTES 1) Que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, requerimiento fiscal entre otros, contra los señores LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI y ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA, por suponerlos autores del delito de OTROS FRAUDES CONTINUADOS en perjuicio de NELSON MAURICIO PERDOMO, CESAR ONEVIS PEÑA, KAREN YANETH FLORES BONILLA, MANUEL BONILLA COLINDRES, RUBIDIA TRINIDAD CHAVEZ RODRIGUEZ, JOSE ALFREDO COCA SIERRA, SELVIN ALEXANDER ESCOBAR, JUANA GALEAS BONILLA, RAFAEL ESPINAL ALVAREZ, DANIEL ALEXANDER MUNGUIA SUAZO, DALISSE ANANY CRUZ RAUDALES, CLAUDIA WALESKA BANEGAS IZAGUIRRE, KARLA NOHELIA ALVARADO CANACA, REINA MARIA FLORES IRIAS, MARISELA AGUILERA MONTOYA, JOSE ADAN LOPEZ MOREL, KARLA YESENIA URBINA GARCIA, JORGE ARTURO GALVEZ VENTURA, CARLOS ANTONIO NARVAEZ CORRALES, YENI ELIZABETH AMADOR FLORES, CARLOS GERARDO GUILLEN LAGOS, ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ, SANTOS ANGEL GARCIA AMADOR, BONIFACIA RHODER CLOTTER CASTILLO, MARLENY ZULEMA GUEVARA GARCIA, RAMON ALBERTO BENITEZ ALEMAN, GISELLY SARAHI AGUILAR MENDEZ, GLORIA ESPERANA SANCHEZ ROMERO, EDGARDO DAVID CASTILLO CASTELLANOS, JAVIER RENE SUAZO MARTINEZ, RIGOBERTO CACERES AVELAR, VILMA LILIANA RUEDA RIVERA, JOSE GUILLERMO OBANDO MARADIAGA, JANIS CLAUDIA AREVALO MURILLO, LUIS ALONSO MARTINEZ Y OTROS. 2) Que en audiencia Ad-Hoc, del uno de diciembre del año dos mil veintidós, el A-Quo resolvió HA LUGAR, la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse, en la causa instruida contra los precitados señores. 3) Que la resolución declarativa indicada, fue impetrada por el apoderado amparista Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, en su carácter indicado, para ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que profirió Fallo el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, resolviendo la cuestión recursiva, declarando Sin Lugar, los recursos de Apelación interpuestos por el Ministerio Público y por los Apoderados Acusadores Privados, entre ellos el Amparista Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA. Así mismo el Ad-Quem confirma la resolución impugnada, proferida por la Judicatura de primer grado el uno de diciembre de dos mil veintidós, determinación del Tribunal de Alzada que ha causado el malestar del recurrente. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo, acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República, así como el artículo 3 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional (Decreto Legislativo 244-2003). CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho de interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en al goce y disfrute los derechos o garantías que la Constitución establece. Así mismo de conformidad con el artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, en su condición de Apodero Legal y a favor de los señores: NELSON MAURICIO PERDOMO, CESAR ONEVIS PEÑA, KAREN YANETH FLORES BONILLA, MANUEL BONILLA COLINDRES, RUBIDIA TRINIDAD CHAVEZ RODRIGUEZ, JOSE ALFREDO COCA SIERRA, SELVIN ALEXANDER ESCOBAR, JUANA GALEAS BONILLA, RAFAEL ESPINAL ALVAREZ, DANIEL ALEXANDER MUNGUIA SUAZO, DALISSE ANANY CRUZ RAUDALES, CLAUDIA WALESKA BANEGAS IZAGUIRRE, KARLA NOHELIA ALVARADO CANACA, REINA MARIA FLORES IRIAS, MARISELA AGUILERA MONTOYA, JOSE ADAN LOPEZ MOREL, KARLA YESENIA URBINA GARCIA, JORGE ARTURO GALVEZ VENTURA, CARLOS ANTONIO NARVAEZ CORRALES, YENI ELIZABETH AMADOR FLORES, CARLOS GERARDO GUILLEN LAGOS, ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ, SANTOS ANGEL GARCIA AMADOR, BONIFACIA RHODER CLOTTER CASTILLO, MARLENY ZULEMA GUEVARA GARCIA, RAMON ALBERTO BENITEZ ALEMAN, GISELLY SARAHI AGUILAR MENDEZ, GLORIA ESPERANA SANCHEZ ROMERO, EDGARDO DAVID CASTILLO CASTELLANOS, JAVIER RENE SUAZO MARTINEZ, RIGOBERTO CACERES AVELAR, VILMA LILIANA RUEDA RIVERA, JOSE GUILLERMO OBANDO MARADIAGA, JANIS CLAUDIA AREVALO MURILLO, LUIS ALONSO MARTINEZ Y OTROS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre del dos mil veintitrés, que confirma la resolución de primer grado que estima y declara ha lugar la excepción de falta de acción cuando no ha debido promoverse, a favor de los señores LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI y ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4): Que el Amparista reprocha la resolución del Ad-Quem del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, por estimarla nula, por violar las Garantías Constitucionales o derechos de las víctimas del delito, así como la garantía del debido proceso y carecer de fundamento legal alguno, señalando, además, que la decisión de la A-Quo confirmada por el Ad-Quem, fue tomada sin haberse iniciado el proceso. Al respecto y previo análisis de las decisorias del Ad-Quem, esta Sala estima que las excepciones procesales, incluyendo la de falta de acción preceptuada en el artículo 46 del Código Procesal Penal, junto con la incompetencia y la extinción de la acción penal, son medios técnicos de defensa, que otorga al justiciable la potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación y es visto y concluyente que en el caso de autos el Ministerio Público, como bien lo determina el Ad-Quem imputó cargos, entre otros. Citamos: “en el presente caso el Ministerio Público imputa cargos contra los señores JOSE SANTOS ARIAS CHICAS, LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI, ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA Y VICTOR ENRIQUE TORIELLO PASSARELLI por suponerlos responsables como autores del delito de FRAUDES CONTINUADOS en perjuicio de varias personas, así como también imputa responsabilidad a los señores LESTER ALBANY SANDOVAL PALMA y YENI CAROLINA IZAGUIRRE GARCIA, como cómplices necesarios de aquellos delitos. Aduce el ente acusador que particularmente los señores LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI, ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA Y VICTOR ENRIQUE TORIELLO PASSARELLI actuaron en representación de la sociedad BIENES Y RAICES ARIAS, S.A. DE C.V.; en la promoción y venta de viviendas del complejo residencial conocido como “Ciudad del Ángel” en esta ciudad y que su actuar se subsume en el delito de fraude continuado en los términos que establece el artículo 240 relacionado con el 34-A, ambos del Código Penal (Decreto 144-83), precepto este último que expresa por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita; la responsabilidad civil recaerá en la persona jurídica.” De ahí pues, que esta Sala estima que el artículo 34-A del Código Penal (Decreto 144-83), amerita una interpretación a fin de establecer si los señores LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI Y ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA, fueron o no representantes legales de la sociedad BIENES RAICES ARIAS S.A. DE C.V., a efecto de establecer si les es, o no aplicables lo prescrito en el artículo 34-A del Código Penal (Decreto 144-83), vale decir, si los delitos que supuestamente cometieron los efectuaron como representantes legales de dicha persona jurídica, y así encontrar la posibilidad de subsumir sus actuaciones en el tipo penal de otros fraudes continuados. En esa perspectiva las reglas de interpretación de la Ley determinada en el artículo 17 y 18 del Código Civil son de recibo y ante una literalidad de la citada disposición penal sustantiva y a la luz de una interpretación exegética, es pertinente para esa Sala referirnos a la institución jurídica de la “representación legal”, y a la representación voluntaria, en el primer caso nuestra legislación es exquisita en ejemplos claros de representación legal, verbigracia, el caso de los padres respecto a sus hijos menores (patria potestad) o la tutela o curatela, etc, y por el contrario la representación voluntaria es aquella que se materializa por mandato o poder, es decir, es aquella que se produce no por imperativo legal, sino, por la propia voluntad del representado. Sin embargo, como bien lo argumenta el Ad-Quem, en el caso de las sociedades de capital, que comprende también a las anónimas, como ser BIENES RAICES ARIAS S.A. DE C.V., la representación legal, tenor del artículo 209 del Código de Comercio le corresponde al administrador único o al consejo de administración que actuará por medio de su presidente, incluyendo la firma social. Y es visto que con la documentación que obra en los antecedentes, los señores LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI Y ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA, nunca ostentaron funciones o carácter de administradores únicos o de presidentes de Consejo de Administración de la sociedad BIENES Y RAICES ARIAS S.A. DE C.V., que pudiese haber evidenciado alguna calidad de representantes legales, por manera, que su posible calidad de socios no los califica ni denota ser representantes legales de dicha persona jurídica, podrían haber actuado como mandatarios con poder o facultades pero otorgadas por el representante legal de dicha sociedad mercantil, debe recordarse que el representante legal no requiere poder o mandato, habida cuenta que su gestión y su carácter de representación se lo otorga la Ley, artículo 209 del Código de Comercio. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala en base a los argumentos expuestos, determina que el artículo 34-A del Código Penal (Decreto 144-83), invocado en la cuestión recursiva contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal el uno de diciembre de dos mil veintidós, y confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, es desde luego, no aplicable a los señores LUIS PEDRO TORIELLO PASSARELLI Y ENRIQUE EDUARDO TORIELO BARBERENA, por lo que, reafirmamos que no es posible vincularles a la conducta ilícita penal de OTROS FRAUDES CONTINUADOS, por no haber asumido, ni haber tenido el carácter de representantes legales de la persona jurídica BIENES Y RAICES ARIAS S.A. DE C.V., condición sine qua non, que exige como condicionante el citado artículo 34-A del Código Penal (Decreto 144-83). CONSIDERANDO (6): Que las razones de hecho de derecho expuestas, conducen a la procedencia de la excepción procesal de falta de acción para promoverla, misma, que como bien lo expresa el artículo 47 del Código Procesal Penal, puede interponerse en cualquier etapa del proceso, y en el caso de autos en correspondencia con la etapa preparatoria. Artículos 763 numeral 1 y 264 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones deducidas en juicio o trámite de que se trate. CONSIDERANDO (8): A su vez este Alto Tribunal ha declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (9): Que ante el cuadro fáctico y jurídico supra, esta Sala considera que el principio del debido proceso como garantía Constitucional consignada en el artículo 90, entendido como el conjunto de derechos y garantías, es concluyente que no ha sido conculcada, pues el amparista, ha desplegado en plenitud su derecho de defensa, y es visto que la resolución recurrida proferida por el Ad-Quem, muestran de una manera clara, precisa y coherente con el cuadro fáctico y acervo probatorio de cuyo conocimiento se impuso, por lo que, la decisoria de declarar sin lugar la apelación y confirmar la resolución del Juzgado Apelado no han quebrantado los derechos de legalidad (artículo 321 Constitucional) y debido proceso invocados por el amparista, proyección a las disposiciones adjetivas y sustantivas penales atinentes al caso. En consecuencia, es procedente denegar la acción Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, en su carácter supra indicado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 62, 183, 303, 315 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República, 1, 11, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 numeral 2, 41, 54 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 615 del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), 34-A del Código Penal (Decreto 144-83), 209 del Código de Comercio, 46, 47, 263, 264 del Código Procesal Penal, 17 y 18 del Código Civil, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición indicada, contra la resolución de fecha ocho de diciembre del años dos mil veintitrés, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación de la Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto el magistrado Wagner Vallecillo Paredes. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. WAGNER VALLECILLO PAREDES. MARIO ROLANDO DIAZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0300-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL