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Sentencia AP-253-24 — Registro 19812

Resumen

Corte de Apelaciones declaró ha lugar recurso de apelación contra resolución que dictó auto de formal procesamiento en contra de recurrente por suponerlos responsables del delito de usurpación en perjuicio de empresa afectada; Dicha Corte estimó la excepción por incompetencia interpuesta por su defensa privada; Revocó el auto de formal procesamiento y ordenó remitir a los juzgados en materia civil para resolver el caso, ya que la controversia tiene su origen en la pretensión de ser dueños de un bien inmueble que sólo la justicia civil puede dirimir a quien corresponde el mismo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."los argumentos de la recurrente es que el Iudex Ad-Quem ha hecho una interpretación errónea del párrafo último del artículo 54 de la normal procesal penal, vigente al momento de los hechos, el cual establece “Jurisdicción penal… “No obstante, lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y de las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” lo que no comparte esta Sala, ya que del análisis de los hechos planteados del caso sub iudice, atinente a la naturaleza de la pretensión deducida se evidencia que el asunto en conflicto versa sobre derechos de carácter patrimoniales por consiguiente de índole privado con respecto al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, por lo que es dispuesta a ser resuelta con antelación por un tribunal de la jurisdicción civil, siendo que ambas partes señalan tener derechos sobre la propiedad en litigio, siendo así, es obvio, que la controversia no debe tramitarse mediante la jurisdicción penal, teniendo en cuenta que el derecho penal desde su concepción y como se ha indicado anteriormente es la última ratio con respecto a la solución de conflictos, a contrario sensus, si permitimos que dicho conflicto sea dirimido por la instancia penal estaríamos vulnerando la exclusividad civil que plantea el precitado artículo, quebrantando de esta forma los principios de legalidad y debido proceso..."..."En el caso de autos, así como de las actuaciones y antecedentes analizados, esta sala no advierte violación o limitación alguna a este derecho puesto que el mismo se ha ejercido por ambas partes en igualdad de condiciones y dentro del marco constitucional correspondiente; razón por la cual no puede estimarse afectación a la garantía individual de propiedad reconocida en la carta magna, consecuentemente será un tribunal de instancia civil el encargado de dilucidar quien se encuentra en mejor derecho entre las partes en conflicto, garantizando de esta forma el principio de legalidad y debido proceso, así como la seguridad jurídica entre particulares, en consecuencia debe desestimarse la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."los argumentos de la recurrente es que el Iudex Ad-Quem ha hecho una interpretación errónea del párrafo último del artículo 54 de la normal procesal penal, vigente al momento de los hechos, el cual establece “Jurisdicción penal… “No obstante, lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y de las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” lo que no comparte esta Sala, ya que del análisis de los hechos planteados del caso sub iudice, atinente a la naturaleza de la pretensión deducida se evidencia que el asunto en conflicto versa sobre derechos de carácter patrimoniales por consiguiente de índole privado con respecto al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, por lo que es dispuesta a ser resuelta con antelación por un tribunal de la jurisdicción civil, siendo que ambas partes señalan tener derechos sobre la propiedad en litigio, siendo así, es obvio, que la controversia no debe tramitarse mediante la jurisdicción penal, teniendo en cuenta que el derecho penal desde su concepción y como se ha indicado anteriormente es la última ratio con respecto a la solución de conflictos, a contrario sensus, si permitimos que dicho conflicto sea dirimido por la instancia penal estaríamos vulnerando la exclusividad civil que plantea el precitado artículo, quebrantando de esta forma los principios de legalidad y debido proceso..."..."En el caso de autos, así como de las actuaciones y antecedentes analizados, esta sala no advierte violación o limitación alguna a este derecho puesto que el mismo se ha ejercido por ambas partes en igualdad de condiciones y dentro del marco constitucional correspondiente; razón por la cual no puede estimarse afectación a la garantía individual de propiedad reconocida en la carta magna, consecuentemente será un tribunal de instancia civil el encargado de dilucidar quien se encuentra en mejor derecho entre las partes en conflicto, garantizando de esta forma el principio de legalidad y debido proceso, así como la seguridad jurídica entre particulares, en consecuencia debe desestimarse la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."los argumentos de la recurrente es que el Iudex Ad-Quem ha hecho una interpretación errónea del párrafo último del artículo 54 de la normal procesal penal, vigente al momento de los hechos, el cual establece “Jurisdicción penal… “No obstante, lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y de las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” lo que no comparte esta Sala, ya que del análisis de los hechos planteados del caso sub iudice, atinente a la naturaleza de la pretensión deducida se evidencia que el asunto en conflicto versa sobre derechos de carácter patrimoniales por consiguiente de índole privado con respecto al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, por lo que es dispuesta a ser resuelta con antelación por un tribunal de la jurisdicción civil, siendo que ambas partes señalan tener derechos sobre la propiedad en litigio, siendo así, es obvio, que la controversia no debe tramitarse mediante la jurisdicción penal, teniendo en cuenta que el derecho penal desde su concepción y como se ha indicado anteriormente es la última ratio con respecto a la solución de conflictos, a contrario sensus, si permitimos que dicho conflicto sea dirimido por la instancia penal estaríamos vulnerando la exclusividad civil que plantea el precitado artículo, quebrantando de esta forma los principios de legalidad y debido proceso..."..."En el caso de autos, así como de las actuaciones y antecedentes analizados, esta sala no advierte violación o limitación alguna a este derecho puesto que el mismo se ha ejercido por ambas partes en igualdad de condiciones y dentro del marco constitucional correspondiente; razón por la cual no puede estimarse afectación a la garantía individual de propiedad reconocida en la carta magna, consecuentemente será un tribunal de instancia civil el encargado de dilucidar quien se encuentra en mejor derecho entre las partes en conflicto, garantizando de esta forma el principio de legalidad y debido proceso, así como la seguridad jurídica entre particulares, en consecuencia debe desestimarse la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."los argumentos de la recurrente es que el Iudex Ad-Quem ha hecho una interpretación errónea del párrafo último del artículo 54 de la normal procesal penal, vigente al momento de los hechos, el cual establece “Jurisdicción penal… “No obstante, lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y de las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” lo que no comparte esta Sala, ya que del análisis de los hechos planteados del caso sub iudice, atinente a la naturaleza de la pretensión deducida se evidencia que el asunto en conflicto versa sobre derechos de carácter patrimoniales por consiguiente de índole privado con respecto al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, por lo que es dispuesta a ser resuelta con antelación por un tribunal de la jurisdicción civil, siendo que ambas partes señalan tener derechos sobre la propiedad en litigio, siendo así, es obvio, que la controversia no debe tramitarse mediante la jurisdicción penal, teniendo en cuenta que el derecho penal desde su concepción y como se ha indicado anteriormente es la última ratio con respecto a la solución de conflictos, a contrario sensus, si permitimos que dicho conflicto sea dirimido por la instancia penal estaríamos vulnerando la exclusividad civil que plantea el precitado artículo, quebrantando de esta forma los principios de legalidad y debido proceso..."..."En el caso de autos, así como de las actuaciones y antecedentes analizados, esta sala no advierte violación o limitación alguna a este derecho puesto que el mismo se ha ejercido por ambas partes en igualdad de condiciones y dentro del marco constitucional correspondiente; razón por la cual no puede estimarse afectación a la garantía individual de propiedad reconocida en la carta magna, consecuentemente será un tribunal de instancia civil el encargado de dilucidar quien se encuentra en mejor derecho entre las partes en conflicto, garantizando de esta forma el principio de legalidad y debido proceso, así como la seguridad jurídica entre particulares, en consecuencia debe desestimarse la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de octubre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa penal que se instruyó contra los señores ARMANDO RIVERA RIOS, EDWIN REINIERI ROSALES JACOME, CESAR ALBERTO DIAZ FLORES Y JOSE DE LA CRUZ JACOME por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL DROGUERIA INSEFARMA S. DE R.L. DE C.V. (Exp.609-23/1215-2023). Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 90, 304, 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1)Que el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogada CLAUDIA ALVARADO, compareció ante el Juzgado De Letras Penal De La Sección Judicial De Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán en fecha veintidós de junio del dos mil veintitrés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ARMANDO RIVERA RIOS, EDWIN REINIERI ROSALES JACOME, CESAR ALBERTO DIAZ FLORES Y JOSE DE LA CRUZ JACOME, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL DROGUERIA INSEFARMA S. DE R.L. DE C.V.. (Folios 01 al 08 de la pieza de antecedentes)2)Que, habiéndose celebrado la Audiencia Inicial, el Juzgado De Letras Penal De La Sección Judicial De Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán dictó resolución, en fecha veintiocho de agosto del dos mil veintidós, resolvió: “…EL SUSCRITO JUEZ RESUELVE: 1) Tener por ratificado el requerimiento fiscal y admitir el medio de prueba documentales y testificales; 2) la defensa rechaza y solicita excepción y presenta medios de prueba. 3) JUEZ RESUELVE: 1)Dicta auto de formal procesamiento en contra de ARMANANDO RIVERA RIOS, CESAR ALBERTO DIAZ FLORES, JOSE DE LA CRUZ JACOME Y EDWIN REINIERI ROSALES JACOME a quien se le supone responsable del delito de USURPACION en perjuicio de DROGUERIA INSEFARMA S DE R.L. DE C.V. representada por su Gerente General IVAN RODRIGUEZ VADO, basado en el artículo 227, delito de Usurpación y 32 de autor del Código Penal anterior representada por el Gerente General Iván Rodríguez Vado, modifica la medida cautelar numero 6 a la de presentarse cada 15 días a esta judicatura.-” (Folio 207 de la pieza de antecedentes)3)Que los Abogados TANIA LETICIA CANO, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico y al abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA en su condición de defensor privado comparecieron ante el citado Juzgado, en fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede. (Folios 209-213 de la pieza de antecedentes).4)Que conociendo del recurso de apelación interpuesto los Abogados TANIA LETICIA CANO y el abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, actuando en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante Auto de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, emitió resolución en la cual Resolvió: “PARTE DISPOSITIVA Esta Corte de Apelaciones de lo Penal, ejerciendo la potestad emanada del pueblo de impartir justicia de forma gratuita en nombre del Estado de Honduras, por MAYORIA DE VOTOS, disintiendo la Abogada Sandra Lizeth Avelar Rajo, RESUELVE: 1.- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las Defensas Privadas, en relación a la excepción por incompetencia, en consecuencia se Revoque Auto de Formal Procesamiento y se ordena al A-Quo dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil 2.- se resuelve hasta esta fecha por exceso de trabajo. MANDA Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio esta resolución, directamente a las partes personadas, este mismo día o a más tardar al día siguiente de su fecha; de no ser esto posible, por medio de Cédula de Notificación entregada el lugar que se haya designado para ello.” (Folios 241 al 251 de la pieza de antecedentes)5)Que en fecha veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la Resolución de fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, de la que se ha hecho relación en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 90, 304, 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 07 del presente Recurso)6)Que en fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en los artículos 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público (Folio 37 del Presente Recurso).CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. -CONSIDERANDO (3): Que del estudio de la foliada, es evidente que no obra la resolución de fecha dieciséis (16) de noviembre del dos mil veintitrés (2023) recurrida en amparo, que la que corre a folio 15 de la pieza principal de amparo es de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), cuyo error de hecho ha quedado subsanado de conformidad a lo que dispone el artículo 170 numeral 2 del Código Procesal Penal, el cual sitúa que los actos viciados se tendrán por subsanados cuando las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto viciado de nulidad, tal como ha ocurrido en el presente caso, las partes se notificaron personalmente de una resolución de fecha 16 de agosto del 2023 como se observa a folio 253 de frente y vuelto del caso en comento y recurrida en reposición con la misma fecha y año -es decir- 16 de noviembre del 2023, por lo tanto, la resolución impugnada ha quedado subsanada únicamente en cuanto al año, teniéndose como correcta e impugnada con la fecha de 16 de Noviembre del 2023.CONSIDERANDO (4): Que, del desarrollo de audiencia inicial de fecha 28 de agosto del 2023 los abogados MARLON JAVIER ARÉVALO CERNA en su condición de Defensor Privado de los señores CÉSAR ALBERTO DIAZ FLORES Y JOSÉ DE LA CRUZ JACOME y el abogado CARLOS MANUEL ARÉVALO CERNA en su condición de Defensor Privado de los señores ARMANDO RIVERA RÍOS, EDWIN REINERI ROSALES JACOME, interponen excepción por incompetencia, tomando como fundamento el articulo 46 numeral 1 del código procesal penal, ya que consideran que las diligencias debe de conocerlas un juzgado de lo civil para poder determinar los derechos de propiedad que le amparan a cada parte interviniente en el proceso, seguidamente el A-Quo en su parte resolutiva declara sin lugar la excepción supra mencionada y manda a continuar con el trámite normal del proceso dictando un auto de formal procesamiento.CONSIDERANDO (5): Por otra parte, el Ad Quem emite fallo de fecha 16 de noviembre del 2022 que se desprende de la interposición de los recursos de apelación promovido por las defensas privadas de los encausados, donde sostienen que se debe de declarar ha lugar la excepción por incompetencia, en ese sentido los jueces de instancia advierten que la prueba aportada en audiencia inicial se logra apreciar que tanto los imputados como el ofendido tienen escritura de propiedad legalmente inscrita en el Instituto de la Propiedad, los primeros que data de fecha 12 de agosto del 1881 y el segundo de fecha 09 de enero del 2004, y que en la actualidad dicho bien inmueble se encuentra proindiviso, teniendo en consideración que debe darse una partición de bienes relacionado con la propiedad en conflicto, donde resulta pertinente señalar la falta de competencia del órgano jurisdiccional penal para conocer la acusación por el delito de usurpación interpuesta, especialmente porque aun no se ha determinado a quien pertenece el derecho real sobre la propiedad en cuestión, de tal modo que este tipo de disputas de índole privada deberán ser considerados exclusivamente por los jueces de la materia civil, evitando de esta forma se produzcan graves injusticias contra los derechos humanos de las personas intervinientes en el caso, por lo tanto por mayoría declara pertinente el recurso de apelación por incompetencia del A-Quo y procede a revocar el auto de formal procesamiento y ordena se remitan los antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil.CONSIDERANDO (6): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJIA, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARLON JAVIER ARÉVALO CERNA en su condición de Defensor Privado de los señores CÉSAR ALBERTO DIAZ FLORES Y JOSÉ DE LA CRUZ JACOME y el abogado CARLOS MANUEL ARÉVALO CERNA en su condición de Defensor Privado de los señores ARMANDO RIVERA RÍOS, EDWIN REINERI ROSALES JACOME como parte apelante y la Abogada ELISA AMADOR MARADIAGA en su condición de Fiscal del Ministerio Publico como parte Apelada, en contra de la resolución de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), en donde el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó auto de formal procesamiento en la causa instruida contra los señalados ARMANDO RIVERA RÍOS, EDWIN REINERI ROSALES JACOME, CESAR ALBERTO DIAZ FLORES Y JOSÉ DE LA CRUZ JACOME, por suponerlos responsables de la comisión del delito de USURPACIÓN, en perjuicio DE DROGUERÍA INSEFARMA S. de R.L. de C.V. representada por su Gerente General el señor IVÁN RODRÍGUEZ VADO.-CONSIDERANDO (7): Que la postulante, en la condición antes indicada, motiva como vulnerados los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de Carta Magna relativos al debido proceso, principio de legalidad y tutela judicial efectiva, al señalar que la corte impugnada vulneró el debido proceso al exponer en el numeral sexto de su resolución “que el asunto en litigio es el derecho de propiedad sobre un bien inmueble, cuestión que de conformidad al precitado artículo 54 del Código Procesal Penal, es susceptible de ser resuelta con antelación por un tribunal de la jurisdicción civil. Teniendo en cuenta que el derecho penal es la última ratio de solución de conflictos, por las consecuencias que el mismo tiene, en cuanto a la magnitud de su gravedad. Por lo cual, del estudio de los antecedes y de la resolución recurrida, la mayoría de esta Corte estima que ambas partes señalan ser los propietarios del terreno en litigio. Siendo así, es obvio, que la controversia no debe dirimirse por la jurisdicción penal, todo tiene su origen en la pretensión de ser dueños de un bien inmueble que solo la justicia civil puede dirimir a quien corresponde el mismo. Pues ya el artículo 90 de la Ley de Propiedad referente a los inmuebles en comunidad de bienes nos indica que antes de proceder la partición los órganos jurisdiccionales competentes decidirán toda disputa sobre los derechos sujetos a partición siguiendo el procedimiento ordenado en dicha ley, relacionado lo anterior con lo establecido en los artículos 2213 al 2234 del Código Civil referentes a la comunidad de bienes. CONSIDERANDO (8): Sigue argumentando, que la resolución vulnera la tutela judicial efectiva y que comparte el criterio esgrimido en el voto disidente que expone “que los acusados no han podido demostrar que el terreno que aparece invadido sea sin lugar a dudas de su propiedad o que el mismo coincida con el bien inmueble propiedad del ofendido Droguería Insefarma S. de R.L. de C.V. por lo tanto, no concurriría litigio de propiedad alguna puesto que los documentos presentados por los acusados no demuestran que el terreno invadido y que incuestionablemente aparece inscrito a nombre del ofendido sea el mismo, no aparece que a ellos también les ampare un derecho de propiedad sobre dicho inmueble, por tanto, al no concurrir conflicto alguno sobre la propiedad del mismo, no corresponde diferir las presentes diligencias a los tribunales civiles”; manifestando que existe una interpretación errónea por parte del Ad-Quem en la aplicación del último párrafo del artículo 54 del código procesal penal, lo que vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo que, se debe de continuar el trámite en la materia penal para juzgar la conducta de los encausados por la comisión del delito de usurpación, y no ante un mero conflicto de naturaleza civil, con lo que se vulnera el derecho de propiedad y seguridad jurídica, garantía que el Estado debe brindar a sus ciudadanos, resultando que la resolución no se encuentra apegada a derecho al no existir conflicto en relación a la propiedad del bien inmueble, vulnera, el principio de legalidad, que establece que en un Estado de derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, imponiendo al juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones apegadas a derecho. CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO (10): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (11): Que de los argumentos de la recurrente es que el Iudex Ad-Quem ha hecho una interpretación errónea del párrafo último del artículo 54 de la normal procesal penal, vigente al momento de los hechos, el cual establece “Jurisdicción penal… “No obstante, lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y de las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles” lo que no comparte esta Sala, ya que del análisis de los hechos planteados del caso sub iudice, atinente a la naturaleza de la pretensión deducida se evidencia que el asunto en conflicto versa sobre derechos de carácter patrimoniales por consiguiente de índole privado con respecto al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, por lo que es dispuesta a ser resuelta con antelación por un tribunal de la jurisdicción civil, siendo que ambas partes señalan tener derechos sobre la propiedad en litigio, siendo así, es obvio, que la controversia no debe tramitarse mediante la jurisdicción penal, teniendo en cuenta que el derecho penal desde su concepción y como se ha indicado anteriormente es la última ratio con respecto a la solución de conflictos, a contrario sensus, si permitimos que dicho conflicto sea dirimido por la instancia penal estaríamos vulnerando la exclusividad civil que plantea el precitado artículo, quebrantando de esta forma los principios de legalidad y debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que, conforme a lo que establece el artículo 103 de la Constitución de la Republica de Honduras, el derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza en beneficio de todos los habitantes, reconociendo únicamente las limitaciones que la ley impone. En el caso de autos, así como de las actuaciones y antecedentes analizados, esta sala no advierte violación o limitación alguna a este derecho puesto que el mismo se ha ejercido por ambas partes en igualdad de condiciones y dentro del marco constitucional correspondiente; razón por la cual no puede estimarse afectación a la garantía individual de propiedad reconocida en la carta magna, consecuentemente será un tribunal de instancia civil el encargado de dilucidar quien se encuentra en mejor derecho entre las partes en conflicto, garantizando de esta forma el principio de legalidad y debido proceso, así como la seguridad jurídica entre particulares, en consecuencia debe desestimarse la presente acción de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 103, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 3, 24, 28, 29, 32 y 34 del Código Procesal Civil; 1, 8, 13, 54, 294 y 296 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el magistrado Vallecillo Paredes.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0253-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL