Sentencia AP-249-24 — Registro 20296
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa penal que se instruyó por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Se declaró con lugar el Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Público. La Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 111 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “…el agraviado podrá desistir en cualquier estado del procedimiento de la acción interpuesta, mediante su comparecencia personal…”. Asimismo, que los Procuradores Judiciales son los representantes de las partes, en virtud de poder conferido por éstas, para defenderlas en los Juzgados o Tribunales, haciendo las peticiones y demás diligencias necesarias para el logro de sus pretensiones, en consecuencia, de conformidad a lo establecido en la norma adjetiva aplicable al caso de autos, procede tener por desistida el recurso de reposición interpuesto contra el fallo de la acción de Amparo Penal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 111 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, a favor del Señor JIN BIAO ZHOU SU, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, en fecha seis de febrero de dos mil veinticuatro (2024), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, con relación a la causa penal que se instruyó contra el Señor JIN BIAO ZHOU SU por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90, 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES Primero: Que el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogada Karla Marcela Reyes, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha doce de abril del dos mil veintiuno, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JIN BIAO ZHOU SU, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 18 de la pieza de antecedentes).Segundo: Que, habiéndose celebrado la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó resolución, en fecha cuatro de agosto del dos mil veintitrés, en la cual resolvió: “…El señor Juez resuelve: Habiendo evacuado la presente audiencia y de haber escuchado la intervención de cada una de las partes, quedó probado que se cometió el delito LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, sin embargo no existen indicios racionales para conceptuar los señores IRMA CABRERA y JIN BIAO ZHOU SU, como participes en dicho delito, por lo que este Juzgado DECRETA: I) DECLARAR CON LUGAR LA EXCEPCIÓN POR FALTA DE ACCION, planteada por parte de las Defensas Técnicas de los imputados, en virtud de que la acusación recae sobre algo que no es constitutivo de delito, el artículo 46 numeral 2 del Código Procesal Penal.- SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO, a favor de los señores IRMA CABRERA Y JIN BIAO ZHOU SU, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA CONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- II). Encontrándose los antes referidos imputados con la Medida Cautelar de Detención Judicial contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, la misma se revoca por el Sobreseimiento Definitivo decretado. - III) Procédase a extender su respectiva Carta de Libertad Provisional a los señores IRMA CABRERA Y JIN BIAO ZHOU SU, quedando las partes intervinientes notificadas en estrados de la presente resolución.” (Folio 207 de la de la pieza de antecedentes). Tercero: Que la Abogada HEIDI MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el citado Juzgado, en fecha once de agosto del dos mil veintiuno, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede. (Folios 220-224 de la pieza de antecedentes).Cuarto: Que conociendo del recurso de apelación interpuesto la Abogada HEIDI MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, mediante auto de fecha seis de febrero del dos mil veinticuatro, emitió resolución en la cual Resolvió: “PARTE DISPOSITIVA En atención a toda la fundamentación y motivación antes expuesta, ésta Corte de Apelaciones, ejerciendo la potestad emanada del pueblo de impartir justicia de forma gratuita en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos RESUELVE: PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo a favor de Jin Biao Zhou Su por el delito de Lavado de Activos. TERCERO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo a favor de Irma Cabrera por el delito de Lavado de Activos. CUARTO: SE ORDENA al Juzgado de Letras penal con competencia territorial nacional en materia de delitos de delincuencia organizada y corrupción: REVOCAR la resolución que puso fin proceso penal, y declaró con lugar incidente de falta de acción y valorar la prueba evacuada en Audiencia Inicial celebrada el ocho de agosto dos mil veintitrés y dictar resolución que corresponda. (Folios 8 al 17 de la segunda pieza de antecedentes).Quinto: Que en fecha veintinueve de febrero del dos mil veinticuatro, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado Andres Wilfredo Urtecho Jeamborde, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor JIN BIAO ZHOU SU, contra la resolución de fecha seis de febrero del dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal Con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, de la que se ha hecho relación en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 64, 69, 80, 90, 304, 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 14 del presente Recurso).Sexto: Que en fecha trece de agosto del dos mil veinticuatro, este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente omitiendo dar vista de las presente diligencias al fiscal del Despacho para que emita su dictamen de conformidad a lo establecido en el articulo 37 de la ley del Ministerio Publico. I. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. 1. Que la acción de Amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de Amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley. II. OBJETO DEL RECURSO. 1. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de Amparo, lo constituye la resolución emitida en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, resolución que es denunciada ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso y derecho de defensa. 2. La sentencia impugnada decidió un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra una resolución dictada de fecha ocho (8) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada. III. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA. 1. Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada estimó declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución emitida en fecha ocho (8) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), en la que dicho tribunal declara ha lugar, y revocando la resolución emitida por el Juez de garantías, que dicto un sobreseimiento definitivo. IV. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE. 1. Para la defensa la resolución del seis (6) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), en la que el tribunal de segunda instancia declara ha lugar y revocando los sobreseimiento definitivos emitidos por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, es violatoria de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa; ya argumenta la defensa que la Corte de Apelaciones motiva que aunque se haya eliminado el elemento objetivo del tipo penal “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” no es la única modalidad para subsumirá la conducta típica, y que debió el Juez examinar si los comportamientos atribuibles a los imputados pueden encajar en los demás elementos objetivos del delito de lavado de activos, por lo que el tribunal de alzada va más allá del verbo rector utilizado. Establece igualmente la Corte de Apelaciones que la ley intermedia no debe aplicarse al caso concreto porque no es ley pues fue derogada, vulnerando el principio constitucional de la retroactividad de la ley penal más favorable. La Corte de Apelaciones hace un análisis subjetivo del expediente, dándole valor a una denuncia, en cuanto a que la investigación ni siquiera hace señalamiento de la misma, descartando en relacion a mi defendido la compra de pseudoefedrina o venta de medicamentos de esta sustancia. Existe vulneración al debido proceso, principio de legalidad y defensa, al pretender la Corte de Apelaciones que el Juez de Letras, emita un auto de formal procesamiento arbitrario, pues no existen indicios suficientes para sostener razonablemente, que el imputado es autor de un hecho tipificado como delito. V. RAZONAMIENTO DE LA SALA. 1. Esta Sala ha establecido, que el recurso de Amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. 2. En el presente caso, el Tribunal de Alzada no ha vulnerado derechos o garantías constitucionales, en lo que respecta a la resolución de fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), ya que ordenó revocar la resolución apelada en la que el Juez de garantías de primera instancia declara con lugar el incidente de falta de acción promovido por la defensa y ordena el sobreseimiento definitivo. En el presente caso, el A-quo, procedió en la audiencia inicial a declarar con lugar la excepción del 46.2 del CPP, “La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse”, y ordenó dictar un sobreseimiento definitivo, sin entrar en el fondo del asunto para razonablemente determinar después de una valoración exhaustiva de la prueba y basada en los criterios de la sana crítica, si procede o no subsumir la conducta de los acusados dentro de los delitos imputados, teniendo el Ministerio Público la plena facultad de proseguir con sus pretensiones, hasta entre tanto el juzgador conozca del fondo una vez evacuada la prueba objetivamente admitida, confiable y proceder a su valoración; porque si bien, el delito de Lavado de Activos sufrió algunas reformas en los elementos objetivos del tipo, y que están plasmados en la normativa penal; eso no significa que las conductas que sanciona dicho delito han sido despenalizadas por completo, por lo que no han desaparecido las imputaciones que puedan provenir del lavado de activos, es por ello que este alto Tribunal considera, que es acertada la decisión de la Corte de Apelaciones en cuanto a declarar ha lugar el recurso de apelación y revocar los sobreseimientos definitivos dictados por el A-quo; y en el presente caso que nos ocupa, el Juez de garantías admitió la excepción de falta de acción aduciendo que la acusación recae en hechos que no son constitutivos de delito, sin que ese razonamiento se desprenda de una valoración objetiva de la prueba evacuada en la audiencia inicial, sino que puramente basada en criterios de legalidad, y como ya se dijo, el tipo penal de Lavado de Activos no ha sido despenalizado, como para apreciar aplicar retroactividad de la ley penal más favorable, y si bien se modificaron alguno elementos objetivos del delito, eso no es óbice para que el órgano acusador pueda proseguir con la acción, y que sean los juzgadores los que decidan al conocer sobre el fondo acerca de si existen indicios racionales suficientes para dictar un auto de formal procesamiento o en su defecto el sobreseimiento que conforme a derecho corresponda, razón por la cual, la sentencia recurrida en Amparo no ha vulnerado el debido proceso ni el derecho de defensa, ya que está de acuerdo a derecho, al ordenar revocar los sobreseimientos definitivos dictados, y también revocar la resolución que declaró con lugar el incidente de falta acción, y que el juez de garantías proceda a la valoración mediante los criterios de la sana crítica, de los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial, y conforme a una motivación suficiente, dictar la resolución que conforme a derecho corresponda; y como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, este solo debe intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, que no es el caso de autos. 4. Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, que no le corresponde en un recurso de Amparo pronunciarse sobre el fondo de los procesos penales, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia; a menos claro está que se haya dictado resolución, lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, por lo que el recurso de Amparo interpuesto debe ser DENEGADO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos: 1, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, a favor del JIN BIAO ZHOU SU, contra la resolución de fecha seis de febrero de dos mil veinticuatro (2024), dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, M. D. C., veinte de marzo de dos mil veintiséis. Visto el escrito de desistimiento del recurso de reposición presentado por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE en el Recurso de Amparo Penal, a favor de JIN BIAO ZHOU SU, en la causa se le instruyo por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO: Que en fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinticinco, compareció personalmente ante este Tribunal el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE en el cual presento escrito de desistimiento del recurso de reposición interpuesto contra el fallo de la acción de Amparo Penal. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República reconoce en su artículo 80 el derecho que tiene toda persona u asociación de personas de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 111 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “…el agraviado podrá desistir en cualquier estado del procedimiento de la acción interpuesta, mediante su comparecencia personal…”. Asimismo, que los Procuradores Judiciales son los representantes de las partes, en virtud de poder conferido por éstas, para defenderlas en los Juzgados o Tribunales, haciendo las peticiones y demás diligencias necesarias para el logro de sus pretensiones, en consecuencia, de conformidad a lo establecido en la norma adjetiva aplicable al caso de autos, procede tener por desistida el recurso de reposición interpuesto contra el fallo de la acción de Amparo Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 4, 111 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; RESUELVE: Tener por desistido el recurso de reposición interpuesto contra el fallo de la acción de Amparo Penal del Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE como apoderado legal de JIN BIAO ZHOU SU, relacionado en el preámbulo de la presente resolución, lo anterior, por concurrir en el caso de autos lo dispuesto en el artículo 111 en relación con el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, quedando subsistente las acciones y recursos que pueda corresponder a las partes con independencia de esta acción desistida; y MANDA: Que una vez firme esta resolución, con certificación de la misma, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia y en definitiva se archiven las presentes diligencias.- NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticinco y Resolución de fecha veinte de marzo de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal Registrado en este Tribunal con el número SCO-0249-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL