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Sentencia AP-1605-23 — Registro 19194

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la recurso de apelación contra la sentencia condenatoria por del delito de portación ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del recurrente o su representado, y siendo que, no obstante, se invocan como violados derechos específicos, a través del acto que impugna, se aprecia ante la no determinación del agravio, que procede sobreseer la acción de amparo intentada.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, M. D. C., cinco de febrero del año dos mil veinticinco. VISTOS los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JAIRO JOHAN CASTILLO, a favor de SANTOS ENRIQUE SORTO CABRERA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós, relacionada a la causa incoada en contra de SANTOS ENRIQUE SORTO CABRERA, quien fue condenado por la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que revisado el escrito de interposición como los antecedentes, esta Sala no ha podido concretizar la afectación a los derechos fundamentales que señala el recurrente como violentados, al no derivarse de sus alegatos el perjuicio que relaciona le ocasiona a su representado, toda vez que la Alzada se sujetó a lo prescrito en la norma aplicable al asunto puesto en su conocimiento y que hoy se plantea en amparo, no logrando percibir esta Sala la vulneración a los derechos constitucionales que señala como quebrantados el actuante, toda vez que el Ad-quem recurrido plasmó en la resolución cuestionada de manera motivada el por qué no procede lo solicitado por el recurrente. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el impugnante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice, aprecia que con la emisión del acto reclamado ha sido emitido en aplicación al ordenamiento jurídico vigente, garantizando de ésta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándo las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del recurrente o su representado, y siendo que, no obstante, se invocan como violados derechos específicos, a través del acto que impugna, se aprecia ante la no determinación del agravio, que procede sobreseer la acción de amparo intentada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado JAIRO JOHAN CASTILLO, a favor de SANTOS ENRIQUE SORTO CABRERA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintitrés; al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del recurrente o su representado, y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación de la resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1605-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL