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Sentencia AP-1543-22 — Registro 19873

Resumen

Se interpuso el Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelación por el delito de Posesión de Droga para el Consumo Personal Inmediato, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “ CONSIDERANDO (18): Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 311 del Código Penal; en donde se puede observar la falta de motivación del Ad-quem en su resolución, al revocar el Sobreseimiento Definitivo emitido por el Juez A-quo, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta, lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Así como se puede observar en el expediente que la droga que se le encontró, según el requerimiento fiscal (f.1 al 3) y dictamen toxicológico (f.17 y 18) de la pieza de los antecedentes que es marihuana, misma que no se encuentran dentro del artículo 321 tercer párrafo del Código Penal Vigente; sino, que en el mismo artículo párrafo segundo, como una droga que no causa grave daño a la salud.- Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, a efecto se sirva realizar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por a la Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, a favor del señor Jorge Alberto Hernández Núñez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto POR EL Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Jorge Alberto Hernández Núñez, por suponerlo responsable del delito de Posesión de Droga para el Consumo Personal Inmediato, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha siete de febrero de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada Eva Lineth Bustillo Turcios, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Jorge Alberto Hernández Núñez, por suponerlo responsable del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Marihuana, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios 1 al 3 de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) En fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Declarar con lugar la excepción por falta de acción, alegada por la parte defensora por los argumentos Jurídicos de hecho y derecho anteriormente expuestos; por ende, se ordena sobreseer las presentes diligencias, por POSESIÓN DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Se revocan las medidas cautelares, impuestas durante la tramitación de la presente causa y se ordena que se extiendan las cartas de libertad correspondientes. TERCERO: Contra la presente resolución cabe el recurso de reposición subsidiario del de apelación. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE…” (Folios 52 al 57 de la pieza de los antecedentes del A-quo A-quo). 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Ana Lizeth Vásquez Vásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de Apelación que ha planteado el Ministerio Público contra el AUTO QUE DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN POR FALTA DE ACCIÓN y consecuente el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO decretado a favor del acusado JORGE ALBERTO HERNANDEZ NUÑEZ, por el delito de POSESIÓN DE DROGAS PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte. – SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. -EN CONSECUENCIA: QUE SE DE CONTINUACIÓN A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO HASTA EMITIR RESOLUCIÓN DE FONDO CONFORME A DERECHO…” (Folios 8 al 10 de los antecedentes del expediente del Ad-quem). 4) Que la recurrente, Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Jorge Alberto Hernández Núñez, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha treinta uno (31) de Agosto del dos mil veintidós (2022), mediante la cual falla en su parte dispositiva: SIC… “FALLA: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de Apelación que ha planteado el Ministerio Público contra el AUTO QUE DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN POR FALTA DE ACCIÓN y consecuente el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO decretado a favor del acusado JORGE ALBERTO HERNANDEZ NUÑEZ, por el delito de POSESIÓN DE DROGAS PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte. – SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. -EN CONSECUENCIA: QUE SE DE CONTINUACIÓN A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO HASTA EMITIR RESOLUCIÓN DE FONDO CONFORME A DERECHO…” Y MANDA: Que una vez notificadas las partes que se encuentren personadas ante este Tribunal, y firme que sea la presente resolución, se remitan las presentes diligencias al Juzgado de su procedencia para los efectos que en derecho correspondan”… CONSIDERANDO (4): Que, entre los antecedentes de hecho y de derecho de la resolución impugnada por la vía constitucional de amparo, en la motivación correspondiente, el Ad-Quem, establece (SIC)…“ PRIMERO: Al Analizar los agravios expresados por el Ministerio Público, se aprecia que la pretensión del censor está orientada a desquiciar el sobreseimiento Definitivo; que se decretó por el A-quo al declarar con lugar la excepción por falta de acción en las diligencias decretado en favor del imputado JORGE ALBERTO HERNANDEZ NUÑEZ, por estimar que hay méritos para declarar auto de formal procesamiento, ya que al decretarse la excepción por falta de acción por el A-quo, tratando el A-quo de calificar los hechos como tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud en su modalidad de transporte al consumo personal, basado en que el dictamen señala que el decomiso era de cero punto tres (0.3) gramos de hierba seca marihuana, por lo que solicita el Ministerio Público que se revoque la resolución recurrida del A-quo.- En este orden de ideas por las razones que se dejan expresadas, en los numerales que preceden, es criterio de esta Sala de Apelaciones que los agravios del impetrante son de recibo y que, en consecuencia carece de sustento el sobreseimiento definitivo, decretado por el A-quo, ya que este hizo caso omiso del obligado análisis objetivo y en conjunto de las pruebas de cargo, las que no solo acreditan plenamente la comisión del injusto penal de tráfico de drogas, si no que constituyen indicio racional suficiente (no sospecha) para conceptuar al señor JORGE ALBERTO HERNANDEZ NUÑEZ, como autor del mismo”… CONSIDERANDO (5): Que, en la formalización del presente recurso de amparo, comparece la recurrente, Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, quien actúa en su condición de defensora pública del señor JORGE ALBERTO HERNANDEZ NUÑEZ; reiterando el contenido de la acción de amparo interpuesta, en aras de que se le restituya a su representado el derecho que se le ha violentado con la resolución, objeto de la acción de amparo comprendido en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República; que le fuera conculcado, mediando flagrante vulneración al principio del debido proceso y derecho de defensa, según ha manifestado por la recurrente, sosteniendo que la violación al debido proceso se produce porque el Ad-quem perjudicó los intereses de su representado al emitir un fallo revocando el sobreseimiento definitivo, al declarar con lugar la excepción por falta de acción dictado por el A-quo CONSIDERANDO (6) Que en el caso de autos que, si bien es cierto, el Juez tiene la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no, a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que se ocupa el derecho a Aplicar.- En el caso venido en estudio se aprecia que concurre una clara y evidente contravención a la ley. CONSIDERANDO (7): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (8): Que, vistos los antecedentes del caso, y sometido a estudio el múltiple agravio constitucional que propone el recurrente; aprecia la Sala de lo Constitucional, la concurrencia de las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas, en motivación del amparo. CONSIDERANDO (9): La Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (10): En el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber revocado la decisión del A-Quo, en declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra del Sobreseimiento definitivo en beneficio de su representado, según la recurrente, no admite que el tribunal de Alzada haya declarado con lugar el Recurso de Apelación, por considerar que el delito acusado es de Trafico de drogas en su modalidad de transporte encontrándose dentro del catálogo de delitos perseguibles, por acción pública. Por lo que el Juez A-quo, decretó la excepción por falta de acción, decretando sobreseimiento definitivo; y no por las dos modalidades como ser la primera cuando tiene relación con la capacidad para ser parte y la legitimación de esta; sólo sí concurrían cualquiera de esas dos modalidades es el A-quo puede declarar con Lugar la excepción por falta de acción; es decir que son circunstancias que no tienen que ver con el análisis de tipicidad o antijurícidad de los hechos, sino, con los requisitos previos para entablar una acción, y en ese mismo orden es que el Juez no puede entrar a análisis de elemento de tipo objetivo o en su defecto a la juricidad de los hechos, que están reservados a una decisión de fondo, que es reservada para la sentencia penal del juicio, o en su defecto, una decisión de la audiencia inicial para decretar sobreseimiento provisional o definitivo, sea porque resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión, resultando ser un aspecto de probanza en sobre el fondo de la cuestión debatida. CONSIDERANDO (11): Vistos que han sido los antecedentes, resulta interesante que el artículo 311 del Código Penal Vigente, establece algunas de las conductas típicas referente a los delitos de drogas, su regulación se ha hecho pensando en la intencionalidad del sujeto, garantizando con ello el principio de lesividad, es decir que la conducta sólo será sancionable, sí lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, de ahí el criterio del legislador de no sancionar penalmente el auto consumo de drogas o cualquiera de las actividades que se regulan en la norma del 311, la decisión del A-quo, de decretar sobreseimiento definitivo, al no declarar punible la conducta de hallazgo de la cantidad de droga en la bolsa izquierda delantera de su pantalón, al momento de darle detención, en que realizaban un patrullaje de rutina en una calle de la colonia 21 de abril de la Ciudad de Comayagua; Y al no portar otros indicios que determinen la finalidad de la conducta de Trafico de drogas imputada por el ministerio Público. CONSIDERANDO (12): Además debemos tener en cuenta que el Derecho Penal entre otros principios se rige por el denominado Principio de Legalidad que según sus postulados en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta, ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, este principio está consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos en donde se establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable; en el nuevo Código Penal está consignado, en el artículo 1 en donde se establece que nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta; en ese sentido corresponde a los jueces en el momento de la aplicación de la ley atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta, de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (13) Todo lo anterior es congruente con el Principio de Lesividad que se postula indicando que solo deben sancionarse las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos y que la actuación del Derecho Penal debe limitarse a los ataques más insoportables contra los bienes jurídicos más relevantes; en cambio el Principio de Proporcionalidad según este, la pena se debe fijar atendiendo a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del sujeto para lo cual es necesario determinar el grado del daño causado por la acción y este resultado tiene que ser producto de la misma acción y no se puede castigar por daños imprevisibles o no imputables a título de dolo o imprudencia. CONSIDERANDO (14) Y en cuanto al principio de Intervención Mínima, armoniza con los anteriores ya que el derecho penal sólo debe intervenir en casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos fundamentales y las perturbaciones más leves del orden jurídico son objetos de otras ramas del ordenamiento jurídico, es importante que dentro de la división de poderes en que se estructura el Estado, corresponde al poder legislativo la potestad exclusiva de definir y decidir qué conductas debe perseguir el Estado mediante el instrumento más grave de que dispone como es la sanción penal, es decir que la Legislación Penal compete de forma única al Estado por medio del órgano legislativo quienes bajo su atribución particular definen los delitos y faltas y sus penas; En el caso concreto el legislador haciendo uso de las facultades que la ley le otorga, determinó en la creación del nuevo Código Penal, que el consumo de marihuana, en realidad no representa un ataque relevante para el bien jurídico protegido de la Salud Pública y que en base a los principios descritos anteriormente como el de lesividad, proporcionalidad e intervención mínima del derecho penal, el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley que a su vez las limita y controla. CONSIDERANDO (15): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (16) En cuanto al artículo 202 del Código Procesal Penal se establece que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica y que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. La Pena y el Derecho Penal tienen como misión la protección de los bienes jurídicos. La pena, por ende, no es moralizadora, no tutela meras desobediencias al orden normativo; sino que se encarga de contener conductas lesivas para los bienes jurídicos más relevantes. Es por ello que la pena, no puede ser un instrumento irracional que pretenda buscar un castigo, como especie de “vindicta pública” ante el escándalo del delito; la pena sólo debe estar dirigida a fines racionales y por ello, porque está erigida sobre la razón, por lo que sólo se justifica, en virtud de que a partir de ella puede reintegrarse el individuo al tejido social, brindándole unas propuesta de readaptación y generar un razonable sentimiento de la importancia de la tutela de los bienes jurídicos; así como también el artículo 615 párrafo segundo del Código Penal Vigente que establece que los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se juzgará. CONSIDERANDO (17): Se aprecia por la Sala de lo Constitucional que, tal como plantea la parte garantista, la motivación del fallo de la honorable Corte de Apelaciones, particularmente en los considerandos SEGUNDO Y TERCERO, vistos los antecedentes del caso, no individualiza ajustadamente a derecho cuál de los diferentes verbos rectores y modalidades típicas, que preceptúa normativamente el artículo 311 y demás aplicables, en concordancia, del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), subsumen la conducta enjuiciada penalmente. Ello resultaría preceptivo, sin embargo, de formalizar el procesamiento penal se trata, no pudiendo llevarse a cabo, en buen derecho, sino con base a legalidad previa, escrita y estricta; a manera de poder constatar la resolución sub iudice ha seguido los parámetros de observancia debida al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que prescribe el juzgamiento por Juez regular en legalidad estricta, y prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizando, a la vez, la sujeción de la función jurisdiccional al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten, a lo largo del proceso penal. CONSIDERANDO (18): Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 311 del Código Penal; en donde se puede observar la falta de motivación del Ad-quem en su resolución, al revocar el Sobreseimiento Definitivo emitido por el Juez A-quo, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta, lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Así como se puede observar en el expediente que la droga que se le encontró, según el requerimiento fiscal (f.1 al 3) y dictamen toxicológico (f.17 y 18) de la pieza de los antecedentes que es marihuana, misma que no se encuentran dentro del artículo 321 tercer párrafo del Código Penal Vigente; sino, que en el mismo artículo párrafo segundo, como una droga que no causa grave daño a la salud.- Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, a efecto se sirva realizar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 99, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, numeral 1), 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 54, 56, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, para los efectos motivados en los considerandos de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días de diciembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1543-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL