Sentencia AP-153-23 — Registro 19365
Resumen
Corte de Apelaciones declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Tribunal de Sentencia que declaró sin lugar las excepciones de incompetencia y de falta de acción cuando no pueda proseguirse; dicha Corte ordenó continuar con la sustanciación de la causa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna,...dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."los órganos jurisdiccionales civiles, son competentes para conocer litigios fundados en derecho privado. Artículo 28 del CPC. Lo subrayado es nuestro. Sin embargo, cuando la controversia surge de un hecho con apariencia delictiva, su conocimiento se debe separar automáticamente del ámbito privado y se convierte en un asunto de orden público. La postura jurídica que sostiene el recurrente, podría alegarse con relación a la jurisdicción civil, y que en efecto es lo que plantea, a lo cual, esta Sala recuerda, que es precisamente la jurisdicción civil la que se abstiene de conocer cuando en los contratos existe la cláusula de solución de controversia y jurisdicción, y las partes acuerdan que en caso de conflicto éstos se dirimirán mediante el procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Honduras..."..."En este caso, el contrato supra, trata de asuntos de orden privado, pero una de las partes denuncia un hecho que a su juicio se subsume en el tipo penal de estafa, contenido en el artículo 269 del decreto 130-2017, contentivo del Código Penal, de esta manera nace un hecho de orden público derivado de uno de orden privado. Se trata de acciones excluyentes entre sí, por lo que se concluye que al tratarse de la posible comisión de un delito, la acción penal pública, no puede verse restringida o limitada por un acuerdo privado entre partes, como en este caso sería una clausula arbitral. Así las cosas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, esta dictada en observancia al principio de legalidad, y por ende al debido proceso, garantizándose una tutela judicial efectiva, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por no haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales señalados por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna,...dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."los órganos jurisdiccionales civiles, son competentes para conocer litigios fundados en derecho privado. Artículo 28 del CPC. Lo subrayado es nuestro. Sin embargo, cuando la controversia surge de un hecho con apariencia delictiva, su conocimiento se debe separar automáticamente del ámbito privado y se convierte en un asunto de orden público. La postura jurídica que sostiene el recurrente, podría alegarse con relación a la jurisdicción civil, y que en efecto es lo que plantea, a lo cual, esta Sala recuerda, que es precisamente la jurisdicción civil la que se abstiene de conocer cuando en los contratos existe la cláusula de solución de controversia y jurisdicción, y las partes acuerdan que en caso de conflicto éstos se dirimirán mediante el procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Honduras..."..."En este caso, el contrato supra, trata de asuntos de orden privado, pero una de las partes denuncia un hecho que a su juicio se subsume en el tipo penal de estafa, contenido en el artículo 269 del decreto 130-2017, contentivo del Código Penal, de esta manera nace un hecho de orden público derivado de uno de orden privado. Se trata de acciones excluyentes entre sí, por lo que se concluye que al tratarse de la posible comisión de un delito, la acción penal pública, no puede verse restringida o limitada por un acuerdo privado entre partes, como en este caso sería una clausula arbitral. Así las cosas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, esta dictada en observancia al principio de legalidad, y por ende al debido proceso, garantizándose una tutela judicial efectiva, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por no haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales señalados por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna,...dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."los órganos jurisdiccionales civiles, son competentes para conocer litigios fundados en derecho privado. Artículo 28 del CPC. Lo subrayado es nuestro. Sin embargo, cuando la controversia surge de un hecho con apariencia delictiva, su conocimiento se debe separar automáticamente del ámbito privado y se convierte en un asunto de orden público. La postura jurídica que sostiene el recurrente, podría alegarse con relación a la jurisdicción civil, y que en efecto es lo que plantea, a lo cual, esta Sala recuerda, que es precisamente la jurisdicción civil la que se abstiene de conocer cuando en los contratos existe la cláusula de solución de controversia y jurisdicción, y las partes acuerdan que en caso de conflicto éstos se dirimirán mediante el procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Honduras..."..."En este caso, el contrato supra, trata de asuntos de orden privado, pero una de las partes denuncia un hecho que a su juicio se subsume en el tipo penal de estafa, contenido en el artículo 269 del decreto 130-2017, contentivo del Código Penal, de esta manera nace un hecho de orden público derivado de uno de orden privado. Se trata de acciones excluyentes entre sí, por lo que se concluye que al tratarse de la posible comisión de un delito, la acción penal pública, no puede verse restringida o limitada por un acuerdo privado entre partes, como en este caso sería una clausula arbitral. Así las cosas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, esta dictada en observancia al principio de legalidad, y por ende al debido proceso, garantizándose una tutela judicial efectiva, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por no haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales señalados por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna,...dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."los órganos jurisdiccionales civiles, son competentes para conocer litigios fundados en derecho privado. Artículo 28 del CPC. Lo subrayado es nuestro. Sin embargo, cuando la controversia surge de un hecho con apariencia delictiva, su conocimiento se debe separar automáticamente del ámbito privado y se convierte en un asunto de orden público. La postura jurídica que sostiene el recurrente, podría alegarse con relación a la jurisdicción civil, y que en efecto es lo que plantea, a lo cual, esta Sala recuerda, que es precisamente la jurisdicción civil la que se abstiene de conocer cuando en los contratos existe la cláusula de solución de controversia y jurisdicción, y las partes acuerdan que en caso de conflicto éstos se dirimirán mediante el procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Honduras..."..."En este caso, el contrato supra, trata de asuntos de orden privado, pero una de las partes denuncia un hecho que a su juicio se subsume en el tipo penal de estafa, contenido en el artículo 269 del decreto 130-2017, contentivo del Código Penal, de esta manera nace un hecho de orden público derivado de uno de orden privado. Se trata de acciones excluyentes entre sí, por lo que se concluye que al tratarse de la posible comisión de un delito, la acción penal pública, no puede verse restringida o limitada por un acuerdo privado entre partes, como en este caso sería una clausula arbitral. Así las cosas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, esta dictada en observancia al principio de legalidad, y por ende al debido proceso, garantizándose una tutela judicial efectiva, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por no haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales señalados por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 193 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna,...dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."los órganos jurisdiccionales civiles, son competentes para conocer litigios fundados en derecho privado. Artículo 28 del CPC. Lo subrayado es nuestro. Sin embargo, cuando la controversia surge de un hecho con apariencia delictiva, su conocimiento se debe separar automáticamente del ámbito privado y se convierte en un asunto de orden público. La postura jurídica que sostiene el recurrente, podría alegarse con relación a la jurisdicción civil, y que en efecto es lo que plantea, a lo cual, esta Sala recuerda, que es precisamente la jurisdicción civil la que se abstiene de conocer cuando en los contratos existe la cláusula de solución de controversia y jurisdicción, y las partes acuerdan que en caso de conflicto éstos se dirimirán mediante el procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Honduras..."..."En este caso, el contrato supra, trata de asuntos de orden privado, pero una de las partes denuncia un hecho que a su juicio se subsume en el tipo penal de estafa, contenido en el artículo 269 del decreto 130-2017, contentivo del Código Penal, de esta manera nace un hecho de orden público derivado de uno de orden privado. Se trata de acciones excluyentes entre sí, por lo que se concluye que al tratarse de la posible comisión de un delito, la acción penal pública, no puede verse restringida o limitada por un acuerdo privado entre partes, como en este caso sería una clausula arbitral. Así las cosas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, esta dictada en observancia al principio de legalidad, y por ende al debido proceso, garantizándose una tutela judicial efectiva, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por no haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales señalados por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 193 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 269 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de marzo de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ a favor del señor EMERSON HARESH PACHECO ECHEVERRI, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que CONFIRMO el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós (2022); con relación a la causa instruida contra el señor EMERSON HARESH PACHECO ECHEVERRI, por suponerlo responsable del delito ESTAFA, en perjuicio del señor FARID ABEL MORALES VALERIANO.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés (23) de agosto del dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado MARLON DUARTE AMADOR, actuando en representación del señor FARID ABEL MORALES VALERIANO, presentando querella por el delito de ESTAFA, contra el señor EMERSON HARESH PACHECO ECHEVERRI. -(Folios 1–5 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la Audiencia de Excepción dicho Tribunal de Sentencia Resolvió: Declara SIN LUGAR las excepciones planteadas por la defensa…”. -(Folios 452 al 453 de la pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, en su condición de Defensor Privado, en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán Resolvió: (SIC) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ. 2.- CONFIRMAR la resolución apelada y que se continúe con la sustanciación de la presente causa (Folios 478 al 481 de la pieza de antecedentes) 4) Que el Abogado MARLON DUARTE AMADOR, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del señor FARID ABEL MORALES VALERIANO, contra la Resolución de fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023). (Folios 34 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (2): Que, de este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. CONSIDERANDO (3): Se debe mencionar a manera de antecede que, en fecha veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, el abogado Marlon Duarte Amador, compareció ante el tribunal de sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, actuando en representación del señor Farid Abel Morales Valeriano, presentando querella por el delito de ESTAFA, contra el señor Emerson Haresh Pacheco Echeverri, misma que fue admitida en auto fechado tres de septiembre del dos mil veintiuno, y se señala audiencia de conciliación para el día martes 21 de septiembre del 2021 a las ocho con treinta minutos de la mañana. CONSIDERANDO (4): La audiencia de conciliación fracasó, quedando vivo el proceso de querella contra el señor EMERSON HARESH PACHECO ECHEVERRI, por suponerlo responsable del delito ESTAFA, en perjuicio del señor FARID ABEL MORALES VALERIANO. En el momento procesal indicado, el querellado opuso las excepciones de incompetencia y la de falta de acción cuando no pueda proseguirse, artículo 46 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal respectivamente. Argumenta la procedibilidad de las excepciones en el hecho de que el supuesto delito de estafa, surge de un contrato de implementación de servicios, en el cual se pactó que, al haber algún incumplimiento y en caso de requerirse deducir alguna responsabilidad, dicha controversia se dilucidaría mediante el procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Honduras. Con relación a la excepción por incompetencia, apunta que el contrato es civil, por ende, la jurisdicción para conocer de este asunto no es la penal, sino que la jurisdicción civil. Expone el recurrente que, una vez declarada con lugar la excepción por incompetencia, cobra vida, la excepción de falta de acción cuando no pueda proseguirse. CONSIDERANDO (5): En fecha quince de marzo de dos mil veintidós, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, evacuó el procedimiento para excepciones y resolvió declarar sin lugar ambas excepciones planteadas, el recurrente recurre esta decisión vía recurso de apelación, sosteniendo el mismo argumento jurídico, contenido en el artículo 1346 del Código Civil, que dispone que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia, haciendo hincapié que en este caso la obligación nace de un contrato, por ende la jurisdicción debe ser la civil y no penal. La Corte de Apelaciones por unanimidad de votos, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución apelada. CONSIDERANDO (6): El tema a decidir es, sobre el derecho a ser juzgado por un juez competente. Así un juez natural es aquel cuyo conocimiento del pleito le esté atribuido por leyes cuya vigencia sea anterior al conflicto. Artículo 27 del Código Procesal Civil, en adelante CPC. Ahora a los órganos jurisdiccionales civiles, son competentes para conocer litigios fundados en derecho privado. Artículo 28 del CPC. Lo subrayado es nuestro. Sin embargo, cuando la controversia surge de un hecho con apariencia delictiva, su conocimiento se debe separar automáticamente del ámbito privado y se convierte en un asunto de orden público. La postura jurídica que sostiene el recurrente, podría alegarse con relación a la jurisdicción civil, y que en efecto es lo que plantea, a lo cual, esta Sala recuerda, que es precisamente la jurisdicción civil la que se abstiene de conocer cuando en los contratos existe la cláusula de solución de controversia y jurisdicción, y las partes acuerdan que en caso de conflicto éstos se dirimirán mediante el procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Honduras -Artículo 24 numeral 2 inciso d) del Código Procesal Civil-. Que manda: “… 2. Los órganos jurisdiccionales civiles se abstendrán de conocer, de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: a) … b) … c) … y d) Exista convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto a arbitraje.” El subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (7): En este caso, el contrato supra, trata de asuntos de orden privado, pero una de las partes denuncia un hecho que a su juicio se subsume en el tipo penal de estafa, contenido en el artículo 269 del decreto 130-2017, contentivo del Código Penal, de esta manera nace un hecho de orden público derivado de uno de orden privado. Se trata de acciones excluyentes entre sí, por lo que se concluye que al tratarse de la posible comisión de un delito, la acción penal pública, no puede verse restringida o limitada por un acuerdo privado entre partes, como en este caso sería una clausula arbitral. Así las cosas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, esta dictada en observancia al principio de legalidad, y por ende al debido proceso, garantizándose una tutela judicial efectiva, siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por no haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales señalados por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 93, 183, 233, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 46, 1 y 2 del Código Procesal Penal y 269 del Código Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto el Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ a favor del señor EMERSON HARESH PACHECO ECHEVERRI, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que CONFIRMO el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós (2022); con relación a la causa instruida contra el señor EMERSON HARESH PACHECO ECHEVERRI, por suponerlo responsable del delito ESTAFA, en perjuicio del señor FARID ABEL MORALES VALERIANO y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-153-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL