Sentencia AP-1525-23 — Registro 19689
Resumen
En primera instancia se estimó el motivo de oposición de prescripción o caducidad de la pretensión promovido en condición de representante procesal de la sociedad mercantil demandada. Se interpuso Recurso de Amparo con relación a la demanda de ejecución forzosa de titulo extrajudicial Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIEZ 10): Que conforme lo dispone el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, como acontece en el caso de autos, pues no se interpuso en los agravios los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y los efectos del acto reclamado han cesado. Como ocurren en el caso de autos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de Amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como consta la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 6 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIEZ 10): Que conforme lo dispone el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, como acontece en el caso de autos, pues no se interpuso en los agravios los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y los efectos del acto reclamado han cesado. Como ocurren en el caso de autos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de Amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como consta la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 6 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diez de mayo de dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de ejecución forzosa de titulo extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra la Sociedad Mercantil CONCRETOS PREESFORZADOS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V en su condición de deudor principal a través de su representante legal el Señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA, asimismo en contra el Señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA en su condición de responsable solidario. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de septiembre del dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula Departamento de Cortes, el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA a favor del ESTADO DE HONDURAS, promoviendo la demanda de pago de deuda mediante la ejecución forzosa de titulo ejecutivo extrajudicial contra la Sociedad Mercantil CONCRETOS PREESFORZADOS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V (Folios 02-22 de la pieza de antecedentes.) 2) Que, seguido el procedimiento, Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha diez de mayo del año dos mil veintitrés, resolvió: “…III.- Parte Dispositiva o Fallo 1.- Estimar el motivo de oposición de prescripción o caducidad de la pretensión promovido por la abogada Lourdes Mejía Haward en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil demandada Concreto Preesforzado de Centroamérica S.A. de C.V., a través de su representante legal Jesús Hernandez Tardaquila, como responsable solidario. 2.- Declarando sin lugar el procedimiento de demanda judicial para el pago de deuda mediante ejecución forzosa de título ejecutivo extrajudicial promovida por el abogado José Alfredo Molina Varela en su condición de Procurador General de la República en la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial en contra de la sociedad mercantil denominada Concreto Preesforzado de Centroamérica S.A. de C.V., con RTN 0501 9004005420, a través de su representante legal Jesús Hernández Tardaguila, como responsable solidario.-El presente acto procesal se emite a la fecha en virtud de que estaba pendiente de resolver el incidente de nulidad que obra Empieza a separada en las presidentes diligencias y de que el asunto era conocido por otro juzgador así como las múltiples audiencias a evacuarse y de la excesiva carga procesal. Hola rompía escribo 3.- Sin costas. - La presente resolución es recurrible mediante recurso de apelación el cual deberá interponerse dentro de los 10 días hábiles posteriores a su notificación. -NOTIFIQUESE. -(Folios 131-134 de la primera pieza de antecedentes) 3) En fecha diez de mayo del del año dos mil veintitrés el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dicto sentencia en la que establece: “…Estimar el motivo de oposición de prescripción o caducidad de a pretensión promovida por la abogada Lourdes Mejia Haward en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil demandada Concreto Preesforzado de Centroamérica, S.A. de C.V. a través de su representante legal Jesús Hernández Tardaguila, como responsable solidario. 2. Declarando sin lugar e procedimiento de demanda judicial para e pago de deuda mediante ejecución forzosa de título ejecutivo extrajudicial promovida por el abogado José Alfredo Molina Varela en su condición d Procurador General de la República en la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial en contra de la Sociedad Mercantil denominada Concreto Preesforzado de Centroamérica, S.A. de C.V., con RTN 0501-9004005420 a través de su representante legal Jesús Hernández Tardaguila, como responsable solidario. El presente acto procesal se emite a la fecha en virtud de que estaba pendiente de resolver el incidente de nulidad que obra empieza separada en las presentes diligencias y de que el asunto era conocido por otro juzgador, así como las múltiples audiencias a evacuarse y de la excesiva carga procesal. 3. Sin Costas. La Presente resolución es recurrible mediante recurso de apelación el cual deberá interponerse dentro de los 10 días hábiles posteriores a su notificación. NOTIFIQUESE- 4) Que conociendo de los Recursos de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE DAVID GUILLEN, en su condición señalada anteriormente, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, dictó fallo en fecha dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés, mediante la cual resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA En consecuencia ESTA CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA.- Por unanimidad de votos, RESUELVE: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE DAVID GUILLEN en su condición de Procurador Judicial Delegado del Estado de Honduras a través SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) contra la sentencia definitiva de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por el abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA contra la sociedad CONCRETOS PREESFORZADOS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. en su condición de deudor principal a través de su representante legal el señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA, asimismo en contra del señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA en su condición de Responsable Solidario, para el pago de TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L 13,700,044.25) en concepto de impuestos, multas y recargos, más los intereses devengados y los que sigan devengando hasta la fecha en que se haga efectivo el pago total de la cantidad adeudada, más costas procesales. 2.- CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha diez de mayo del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula venido en apelación; 3.- Sin Costas. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Es ponente la abogada Edna Judith Gonzales, Magistrada Integrante Permanente. – NOTIFIQUESE. (Folios 6 al 9 de la segunda pieza de los antecedentes) 5) Que la Abogada ODETH JASMIN JOSE URQUIA, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS contra el fallo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San pedro Sula Departamento de Cortes, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 86, 90, 183, 321, de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha once de marzo del dos mil veinticinco. (Folios 01 al 05 y 32 al 40 del recurso de amparo) 6) Que en fecha veinticuatro de abril del dos mil veinticinco, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada DIONNE MARIA OSORIO DERAS y por emitido su dictamen, quien concluyó que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo” (Folios 43 al 49 del recurso de amparo). FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, según lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a efecto que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, ello en consonancia con lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional en los artículos 3 y 41. CONSIDERANDO DOS (2): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional la jurisdicción constitucional, debiendo observar en la substanciación de la acción de amparo los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, según lo dispone la normativa sobre justicia constitucional en el artículo 45. Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fechas, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE DAVID GUILLEN en su condición de Procurador Judicial Delegado del Estado de Honduras a través de SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha diez de mayo del año dos mil veintitrés, en la demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial promovida por el Abogado José Alfredo Molina Varela en su condición de Procurador General de la República contra la Sociedad Concretos Preesforzados de Centro América, S.A. de C.V. en su condición de deudor principal a través de su representante señor Jesús Hernández Tardaguila, asimismo contra el señor Jesús Hernandez Tardaguila en su condición de responsable solidario. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente invoca la violación de los derechos constitucionales del Debido Proceso, contenidos en los artículos 90 de la Nuestra Constitución de la República, norma Fundamental, violación que expresa al considerar que el Ad-quem violento los derechos de su representado pues la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ha perpetuado una serie de irregularidades, desde que se vulnera el derecho a la representación del Estado a hacer uso del término de los tres (03) días para contestar la Oposición, tomando como base una notificación que no cuenta con las formalidades legales de esta. En Consecuencia, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, en la Motivación, se limita a hacer una narración de los hechos que se han suscitado a lo largo del proceso, expresándose brevemente sobre cada uno de los puntos, mostrando con ello la falta de profundidad en su análisis ya que si bien la parte ejecutante no pudo asistir a la audiencia por causa mayor y debido a ello no presentó prueba, es restricto al análisis que desde el A-quo se debió realizar, puesto basta con la lectura del escrito de Oposición de la parte ejecutada para comprender la clara contradicción en la que esta incurrió al señalar como motivo de oposición dos que se excluyen entre si por sus justificación. Nulidad del Mandamiento por no cumplir con el título ejecutivo los requisitos legales exigidos. Vulneración al Derecho a la Defensa. Artículo 82 de la Constitución de la República, por considerarse que se está violentando debido a que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula convalida el acto de indefensión cometido por el A-quo, pues se hizo constar en acta que la representante judicial de la parte ejecutante envió excusa en recetario medico recibido ese mismo día 14 de octubre de año 2022 a las 1:23 pm, resolviendo el Juez que no era un medio idóneo por que reuniera los requisitos de verosimilitud a criterio del juzgador para efectos procesales y que debió presentarse con antelación, siguiendo el curso normal de la audiencia. Vulneración al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro sula, vulnera el principio de legalidad y/o Tutela Judicial Efectiva, el cual establece que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas que deben prevalecer en todas las instancias. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Alzada al examinar el recurso de Amparo interpuesto, observa que el recurrente en el amparo aduce que la Corte de Apelaciones de lo Civil convalido el acto de indefensión cometido por el A-quo, pues no se le acepto a la representante del Ejecutante la excusa en recetario medico recibido el mismo día de la audiencia, día 14 de octubre del año 2022, a la 1:23 pm, por considerar que no era el documento idóneo que reuniera los requisitos de verosimilitud a criterio del Juzgado, presentada por la Abogada Kimberly Yulissa Deras representante de la parte ejecutante, quien establece su no comparecencia a la audiencia señalada para el día catorce de octubre del año dos mil veintidós, a la una con treinta minutos de la mañana, en virtud de encontrarse enferma con dolor abdominal, acompañado de diarrea verdosa fétida y con fiebre, solicitud que fue rechazada en virtud de considerar el Juez que la misma debe de constar en una certificación médica u otro documento fehaciente que acredite la misma que si esta convaleciente o padece de alguna enfermedad, asimismo que se le violento el derecho del debido proceso, pues se le violenta al Estad el derecho a la representación del Estado a hacer uso del término de los tres días para contestar la Oposición, tomo como base una notificación que no cuenta con las formalidad legales de esta. Asimismo observa que en la expresión de agravios presentada anta la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, por parte de la recurrente no hace alusión a la violación señalada en este recurso, limitándose únicamente a señalar que la deuda se encuentra firme, liquida y exigible para cobro a la fecha de presentar la ejecución, y que el Juzgado de lo Civil en el momento procesal oportuno admitió la demanda por considerar que cumplía todos los requisitos legales la demanda interpuesta por su representada y el Titulo Ejecutivo Extrajudicial reconocido la legitimación del actor y la fuerza del título, por lo tanto le dio tramite a la demanda. También señalo que el contribuyente CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICAN, S.A. DE C.V. no pago la deuda que tiene con el Estado de Honduras, pues no presento recibo alguno y por tanto en fundamentando en el artículo 1422 del Código Civil no se puede tener por extinguida la obligación por el pago. CONSIDERANDO SEIS (6): El Debido Proceso se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, por disposición constitucional, el derecho de defensa es inviolable. La Garantía de referencia implica que toda persona natural o jurídica debe tener libre acceso a los Tribunales de la República, el libre ejercicio de acciones y recurso legales, en la forma que establecen las leyes a ser oídos en los plazos que fija la ley, a ser juzgado por Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, con las formalidades, derechos y garantáis que fija el debido proceso, a la sustanciación de su causa y a la determinación de los derechos y obligaciones en cualquiera de los asuntos de su interés, regulados por la ley. COSIDERANDO OCHO (8): Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 701 numeral 1. Del Código Procesal Civil establece: AMBITO DEL RECURSO. 1. Que el Tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación…” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa, el derecho del Debido Proceso y la tutela Judicial Efectiva, pues se desprende de la sentencia objeto de este recurso de amparo que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, le dio respuesta a todos lo expresado por el recurrente en sus agravios. CONSIDERANDO DIEZ 10): Que conforme lo dispone el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, como acontece en el caso de autos, pues no se interpuso en los agravios los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y los efectos del acto reclamado han cesado. Como ocurren en el caso de autos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de Amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como consta la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 46 NUMERAL 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en Representación del Estado de Honduras, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil veintitrés, en la demanda de Ejecución forzosa de Titulo Extrajudicial promovida por el Estado de Honduras, contra la Sociedad Mercantil CONCRETOS PREESFORZADOS DE CENTRO AMARICA, S.A. DE C.V., en su condición de deudor principal a través de su representante legal señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA, asimismo contra el señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA EN SU CONDICIÓN DE REPONSABLE SOLIDIARIO.Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días de octubre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticinco de agosto del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1525-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL