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Sentencia AP-1501-24 — Registro 19872

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que estimó declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación y ordena al juzgado que dicte un sobreseimiento provisional contra el imputado en la causa instruida contra el del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCÍA a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el diecisiete de julio de dos mil veinticuatro; con relación a la causa instruida contra el señor FREDYS ALEXANDER ESTRADA GRANADOS por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA ACABADA, en perjuicio de NELSON YOVANNY SANCHEZ VILLAFRANCA. CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución dictada por la citada Corte de Apelaciones, al estimar que ésta vulnera los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que veda el derecho del Ministerio Público a obtener una sentencia congruente y fundada en derecho, pues inobserva los requisitos establecidos en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, en cuanto al deber inexcusable de expresar los hechos y fundamentos de derecho en que basa su resolución, al no desarrollar un análisis intelectivo que lo lleva a tomar su decisión y se contrae a señalar aspectos subjetivos que no desvirtúan el indicio racional de participación del encartado; su falta de motivación, lo lleva a la conclusión de que no hay indicio suficiente de que el encausado haya disparado con dolo, existiendo a su juicio únicamente sospechas, circunstancia que no es fruto de las probanzas evacuadas en el proceso, lo que atenta contra la tutela judicial efectiva que incluye el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta motivada y congruente con las pretensiones puestas a su conocimiento. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se logra establecer que la Alzada, estimó declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación y ordena al A-Quo que dicte un sobreseimiento provisional contra el imputado, ya que al hacer un análisis de la prueba propuesta y de los fundamentos de derechos aplicables al caso de mérito, determinó que se ha acreditado la existencia de un hecho punible, no así el indicio racional de participación dolosa del encartado en los hechos, sino solo sospechas, pues se han acreditado varias circunstancias que arrojan dudas, pudiendo incorporarse en el futuro pruebas que acrediten la participación del imputado en el hecho delictivo. CONSIDERANDO: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento provisional, si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba; extremos que, igual se aprecian en la motivación de resolución recurrida, en la cual para el Ad-Quem, lo antes preceptuado se cumple en la presente causa. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 295 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación de la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1501-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL