Sentencia AP-1466-24 — Registro 20086
Resumen
Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución que desestimó Excepción de extinción de la acción penal por prescripción y decretó auto de formal procesamiento por a título de cómplice necesario del delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; Dicha Corte consideró que es incorrecto el cálculo de tiempo que rebaja el plazo de prescripción en un tercio, por la supuesta calidad de cómplice y no como cómplice necesario, por el cual está siendo procesado; Además, el recurrente desempeñó un papel crucial como representante de Grupo Visión S de R L de C V, en el proceso de licitación y contribuyó a socavar la integridad y transparencia del proceso de contratación, a efectos de que se cometiera un fraude en perjuicio del Estado de Honduras; Por lo que es procedente confirmar el auto de formal procesamiento en su contra.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”..."..."del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo..."..."en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado..."..."de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo..."..."la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de junio del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado GELMER HUMBERTO CRUZ a favor del Señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION, en fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR Y OTROS por suponerlos responsables del delito de FRAUDE A TITULO DE CÓMPLICE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Exp.725-2023) Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 1, 59, 60, 69, 84, 89, 90,-93, 183, 222, 303, 313, de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1). - Que el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogadas YOJANA CASCO LOPEZ Y PATRICIA RIVERA, compareció ante el Juzgado De Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en fecha veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, ANGEL ARMANDO AGUIRIANO CERRATO, JOSE ANTONIO ELVIL VASQUEZ, OTILIA MARIA PINTO AMADOR, MARIO ALEJANDRO CALDERON MALDONADO, MANUEL CASTILLO RODRIGUEZ, OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR, KARL HEINZ KRANICH, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y consecuentemente de INFOP. (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes). 2) Que, habiéndose celebrado la Audiencia Inicial, Juzgado De Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, dictó resolución, en fecha uno de febrero del dos mil veinticuatro, resolvió: “…DECRETA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra los encausados OTILIA MARIA PINTO AMADOR, a quien se le supone responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR, a quien se le supone responsable a título de cómplice necesario de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, se mantienen las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado).- Finalizando la audiencia el primero (01) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), a las ocho con cincuenta y tres minutos de la mañana (8:53 a.m). Sirve de soporte el sistema de grabación conforme al Instructivo para Registros de las Audiencias en el Proceso Penal, 127-A del código procesal penal.. Quedan notificadas las partes de la presente resolución, se decreta el cierre de la presente audiencia, firmando el Suscrito Juez y secretaria que da Fe de todo lo actuado.” (Folio 581 de la pieza denominada Tomo II). 3).- Que los Abogados NELSON IBAN DOMINGUEZ Y GELMER HUMBERTO CRUZ en su condición de representantes procesales del señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR, compareció ante el citado Juzgado, en fecha cinco de febrero del dos mil veinticuatro, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede. (Folios 624 al 630 de la pieza de antecedentes Tomo II). 4).- Que conociendo del recurso de apelación interpuesto los Abogados NELSON IBAN DOMINGUEZ Y GELMER HUMBERTO CRUZ en su condición de representantes procesales del señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción, mediante sentencia de fecha veintitrés de octubre del dos mil veinticuatro, emitió sentencia en la cual Resolvió: “…POR TANTO Esta Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Delincuencia Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, por unanimidad de votos, respecto a los SIETE recursos de apelación que ha conocido, DECIDE: PRIMERO: Declara Sin LUGAR el recurso de apelación contra de la resolución de fecha 01 de febrero de 2024, interpuesto a favor del acusado Oscar Antonio Castro Nazar.- Recurso de Apelación contra la resolución del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que desestimó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. En consecuencia, se CONFIRMA lo decidido en la audiencia inicial; SEGUNDO: Declara Sin LUGAR Ios recursos de apelación siguientes: 1- Dos recursos en contra de la resolución de fecha 01 de febrero de 2024, opuestos por los acusados Oscar Antonio Castro Nazar y Otilia María Pinto Amador; y ii.- Un recurso en contra de la resolución de fecha 14 de Febrero de 2024, opuesto por el acusado José Antonio Elvir Vásquez.- Recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras, en las que desestimó excepciones de falta de acción. En consecuencia, se CONFIRMA lo decidido en las respectivas audiencias Iniciales; TERCERO: Declara SIN LUGAR los recursos de apelación siguientes: - Dos recursos en contra de la resolución de fecha 01 de febrero de 2024, presentados por los acusados Oscar Antonio Castro Nazar y Otilia María Pinto Amador; y - Un recurso en contra de la resolución de fecha 20 de marzo de 2024, presentado por el acusado Ángel Armando Aguiriano Cerrato.- Recursos de Apelación interpuestos en contra de los autos de formal procesamiento dictados por el Juzgado de Letras. - En consecuencia, se CONFIRMA lo decidido en las respectivas audiencias iniciales. CUARTO: Se ordena REFORMAR el Auto de Formal Procesamiento decretado contra el señor Ángel Armando Aguiriano Cerrato, por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad, el que, en su lugar deberá leerse, por suponerlo responsable de un delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. V. MANDA PRIMERO: Que la Secretaría del tribunal notifique en legal y debida forma a las partes personadas en esta instancia la presente resolución, haciéndoles saber que la misma puede ser recurrida vía reposición, que deberá interponerse en el acto de la notificación o por escrito separado, a más tardar el día hábil siguiente al de dicha notificación. SEGUNDO: Notificadas que estuviesen las partes personadas ante este tribunal, que la Secretaría del tribunal proceda a devolver la foliada judicial al órgano jurisdiccional de su procedencia, para el debido cumplimiento de lo resuelto. Es ponente de la resolución el Magistrado GUZMÁN VALLADARES. -NOTIFIQUESE (Folios 04 al 12 de la pieza de antecedentes). 5).- Que en fecha cuatro de diciembre del dos mil veinticuatro, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado GELMER HUMBERTO CRUZ, interponiendo Recurso de Amparo a a favor de la Señora OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR contra el fallo de fecha veintitrés de octubre del dos mil veinticuatro, dictada por Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, de la que se ha hecho relación en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 1, 59, 60, 69, 84, 89, 90,-93, 183, 222, 303, 313, de la Constitución de la República. (Folios 01 al 8 del presente Recurso). 6).- Que en fecha diez de abril del dos mil veinticinco, este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente omitiendo dar vista de las presente diligencias al fiscal del Despacho para que emita su dictamen de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la presente garantía Constitucional de Amparo es promovida por el abogado GELMER HUMBERTO CRUZ, a favor del señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR, contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION, con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR Y OTROS, por suponerlos responsables del delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICES en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente estima quebrantado el Derecho al Debido Proceso, y derecho a la Defensa, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, al confirmar en su resolución un Auto de Formal Procesamiento inobservando la FALTA DE ACCION CUANDO NO HAYA DEBIDO PROMOVERSE Y LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL en el DELITO DE FRAUDE A TITULO DE COMPLICE, de igual forma sin evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice del mismo, vulneración que, también infringe normas que regulan el desarrollo legal del debido proceso, las cuales imponen que las resoluciones dentro del mismo se ajusten a las disposiciones constitucionales y legales que determinan las formalidades del proceso y los derechos del imputado, como procedemos a exponer: PRIMERO: La acusación tiene su génesis en una invitación a presentar ofertas en un Proceso de Licitación Nacional e Internacional, celebrada en el año dos mil doce (2012) por el Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP), donde se invitó a empresas a ofertar para el suministro de servicios para la provisión, instalación, configuración y capacitación de equipo, software, servicios y abastecimiento para el centro de laboratorios y de tres talleres del Centro Regional el Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP), ubicado en el Municipio de Catacamas, departamento de Olancho, donde después de seguido el procedimiento de selección, adjudicación y contratación de los servicios de suministro, se procedió en fecha 21 de enero del año dos mil trece (2013), a suscribir Contrato SC-01-2013 entre Instituto Hondureño de Formación Profesional, en adelante INFOP, a través de su Representante Legal, y mi representado OSCAR ANTIONIO CASTRO NAZAR, en su condición de representante legal de la empresa GRUPO VISION S. DE. R.L. DE. C.V, por un monto de L. 75,837,529.27; procedimiento efectuado de conformidad con la normativa vigente (leyes de contratación), tal como se observó en la documentación del proceso de contratación. SEGUNDO: De la lectura de la resolución reclamada por esta vía constitucional, se aprecia que la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCIÓN, al confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado contra mi representado OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR y otros, y declarar SIN LUGAR la excepción EXTINCION POR PRESCRIPCION consignada en el artículo 46 numeral 3 del CPP, señala: "Finalmente, corresponde indicar que, en su alegato, el Apelante toma en consideración que el auto de formal procesamiento dictado en contra de Castro Nazar es por suponérsele responsable, a título de cómplice necesario, de un delito consumado de Fraude al Estado, en perjuicio del Estado de Honduras; por lo que hace cálculo de tiempo haciendo rebaja al plazo de prescripción en un tercio, por la supuesta calidad de cómplice que tiene su representado, lo que es un criterio erróneo, a razón que el Código Penal 144-83 en su artículo 66 estipula que la rebaja de un tercio es a la pena que le corresponda al cómplice del delito; rebaja que no prevé el artículo 97 para efecto de cómputo de plazo de prescripción, “El auto de formal procesamiento considera al acusado como cómplice necesario, figura de participación al que le corresponde idéntica pena que al autor material, según manda el 32, por lo que, aun partiendo de tal interpretación (errónea) no procedería la rebaja de un tercio..." Razonamiento que no es compartido por esta defensa privada al realizar una interpretación errónea y restrictiva de la norma aplicada, en tanto que el Ministerio Publico fundamentó la injusta acusación por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE, conforme el artículo 376, relacionado con el artículo 66 del Código Penal (Decreto 144-83), en base al cual se dictó el Auto de Formal Procesamiento impugnado, no obstante, el Tribunal de Alza equivoca su motivación al afirmar que la conducta reprochada contra mi representado es por suponérsele responsable, a título de cómplice necesario; imputación penal que fue conteste por el A-quo, violentando con ello el principio acusatorio que garantiza debido proceso. Corolario de lo anterior, conforme al artículo 66 del mismo cuerpo legal, establece: "Al autor de una tentativa y al cómplice de delito consumado se sancionará con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3)...", aspecto que no puede ignorarse es que la pena aplicar al cómplice del delito de fraude es de 6 a 9 años, rebajada en 1/3, lo que nos ubica en una pena concreta de 4 a 6 años, siendo esta la pena que debe observarse por mandato legal para determinar la prescripción, para los imputados que respondan a título de cómplice simple por el delito de Fraude, por lo que pretender que no procede la rebaja de un tercio de la pena aplicar en función de la prescripción significaría ignorar que la pena concreta aplicar a los responsables de un delito de cómplice del delito de Fraude es menor a la que procura imponer el Ad-quem en el caso concreto, vulnerando con ello la taxatividad de la norma penal que regula la prescripción, en franca violación al principio de legalidad y por ende, una vulneración al derecho de defensa de mi representado, a quien, se le estaría agravando la pena concreta al delito imputado, al negarse la rebaja de un tercio a la pena que le corresponda al cómplice del delito, inobservando con ello el derecho reconocido en la norma penal aplicable”. “Que la prescripción como causa extintiva de la responsabilidad penal debe ser tratada, en principio, como una cuestión de mera legalidad, aspecto que debió observar la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCIÓN, pues le corresponde a la jurisdicción ordinaria y no a la constitucional establecer su sentido y alcance, y como acontece en otras incidencias de estricto derecho, el conocimiento de este tipo de asuntos por parte de la justicia constitucional por medio de la Acción Constitucional de amparo, se limita a examinar si las decisiones en cada supuesto de estimación o desestimación de la prescripción por parte de los órganos jurisdiccionales del orden penal han seguido criterios de razonabilidad y ausencia de arbitrariedad, lo que nos ubica a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida por la Constitución, razón por la cual esta representación impetra ante el alto tribunal constitucional a fin que se restituyan derechos, y que efectivamente procede la rebaja de un tercio de la pena aplicar en función de la prescripción en vista que la pena concreta aplicar a los responsables de un delito de cómplice del delito de Fraude es menor a la que procura imponer el Ad-Quem en el caso concreto, vulnerando con ello la taxatividad de la norma penal que regula la prescripción y en consecuencia infracción al debido proceso. El recurrente que el A-Quem atropellando el Principio de legalidad Penal que integra el Derecho al Debido Proceso, interpreta extra legem las normas jurídicas en conflicto, rebasando un imperativo categórico del principio de legalidad, como bien lo enuncian MUÑOZ CONDE Y GARCIA ARAN, al decir que: "El intérprete de la ley penal se encuentra sometido a especiales exigencias derivadas del Principio de Legalidad"..." donde la interpretación gramatical opera como limite -y en tal medida es necesaria- de otros métodos que la complementan y que no podrán desbordar del tenor literal de los términos legales". TERCERO: Siguiendo con el análisis de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Alzada ha vulnerado el Principio de legalidad el artículo 321 de la Constitución de la República, que dispone: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; con relación al artículo 222 Constitucional que, por mandato de la ley suprema, "El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los poderes del estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las Leyes, será responsable ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones”. “Que el Tribunal Superior de Cuentas tiene como función a posteriori de los fondos, bienes, y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier órgano especial o ente publicado o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde, además el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y en general del patrimonio del estado. Para cumplir con su función el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su Ley Orgánica". Este ente Contralor posee una etapa administrativa inicial donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal para poder enmendar los repararos en la ejecución de la administración de bienes públicos que se han señalado por el ente contralor del Estado y en el caso concreto, mediante Informe denominado Investigación Especial No. 004-2019 correspondiente al periodo 01 de enero 2011 al 30 de junio del 2014, practicada al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en relación a la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, el cual en sus conclusiones: "... no genero ningún Pliego de Responsabilidad Civil, Administrativa o Penal, para los funcionarios que participaron en el proceso de licitación en referencia". De aquí que se estime que, en el presente caso, opero la Prejudicialidad y se volvió Cosa Juzgada, de conformidad de lo dispone el artículo 95 Constitucional, que manda: "... ninguna persona podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos", tal como acontece en el caso de autos, en el cual el ente rector no encontró indicio de responsabilidad penal en el proceso de licitación en el que participó el señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR, en su condición de representante legal de la empresa GRUPO VISION S. DE. R.L. DE. C.V., por lo que someterlo a un proceso penal constituye un doble juzgamiento prohibido por la carta magna. En ese contexto, el juzgamiento por los delitos formulados erradamente por el ente acusador denota que ha sido el resultado de vulneraciones a ciertas garantías y formalidades mínimas, al tenor del al artículo 90 de la Constitución de la República que dispone: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...". La trascendencia de este aspecto ha sido resaltada más allá del respeto al rito procesal por esa Sala Constitucional, al establecer: "...el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso conduce al atropello de éste...". “Que en armonía con ello, la Sala de lo Penal puntualizo en su momento: "El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal." Al tenor de lo anterior, el Principio de Legalidad establece que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el derecho a aplicar, si bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio se aprecia que concurre una contravención a la ley. Ante este mandato constitucional, el Tribunal de Alzada deviene aplicar lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 10-2002-E, de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que establece: "Las disposiciones de esta Ley constituyen un régimen especial que por su naturaleza, fines y competencia tiene preeminencia sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia." De este precepto se desprende la preminencia normativa aspecto reforzado por el artículo 5 del Reglamento de la ley del Tribunal Superior de Cuentas establece: - "Las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal, constituyen un régimen especial, que por su naturaleza, fines y competencia tiene preminencia sobre cualquier otra Ley general o especial que verse sobre la misma materia". y el articulo el 31 numeral 3 del mismo cuerpo legal establece: "el Tribunal Superior de Cuentas es el encargado de los sistemas de verificación de control interno", y el artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece: ... "Una vez puesto en conocimiento del Tribunal por las Auditorías Internas la responsabilidad administrativa o civil o los indicios penales, el Tribunal procederá a su revisión y aprobación. El informe que contenga indicios de responsabilidad penal se remitirá al Ministerio Público, para el ejercicio de la acción penal. En el caso de responsabilidad administrativa o civil, se notificará al responsable para los efectos legales correspondientes", El procedimiento ante el sistema de verificación a posteriori del Tribunal Superior de Cuentas, constituye perse un requisito de procedibilidad exigible en todas las causas donde el Ministerio Publico ejecuta el ejercicio de la acción penal pública, imputando ilícitos que tienen su génesis en el manejo o administración de fondos públicos”. “Que en consecuencia pretender la Fiscalía realizar una nueva auditoría con la que procure deducir responsabilidad cuando el Ente Contralor del Estado ya se pronunció eximiendo de toda Responsabilidad administraba, civil y penal, por lo que incoar una nueva acción, es lo que supone el doble Juzgamiento. La jurisprudencia en el ámbito Penal, nos exige el agotamiento de la etapa administrativa, aspecto regulado el artículo 3 del Decreto 10-2002-E, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que establece: "El Tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas."; es decir, se crea un procedimiento previo para que el Ministerio Publico pueda ejercer la acción penal pública en los delitos en el ejercicio de la administración de fondos Públicos, ante lo cual un órgano judicial sería incompetente para conocer una acción penal, hasta que NO se agote tal procedimiento donde en el caso concreto ya opero. Este obligatoriedad de agotamiento de un procedimiento administrativo previo ante ese Ente Contralor del Estado, antes de la interposición de una acción penal ante el órgano jurisdiccional por parte del Ministerio Publico, aspecto conocido por la doctrina como condiciones objetivas de procedibilidad o perseguibilidad, donde existen obstáculos procesales que condicionan no la existencia del delito, sino su persecución procesal; es decir el delito no desaparece, sino que no puede ser objeto de proceso penal hasta el agotamiento de ese requisito previo. Al Respecto esta Sala de lo Constitucional se ha pronunciado sobre el tema en el expediente SCO-0189-2018 RI, dictada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción, por razón de contenido y de forma, contra la totalidad del Decreto Legislativo N° 23-2016. El cual si bien es cierto se encuentra derogado a la fecha no es menos cierto que la Sala de lo Constitucional, resuelve una discusión previa sobre el alcance de los considerandos de una Sentencia de Inconstitucionalidad, dotándolos de fundamental importancia y consecuentemente constituyen antecedentes que pueden citarse sobre un tema en específico. En su considerando tres se lee: ..."el carácter vinculante de los considerandos, argumentos y razones (ratio decidendi) que son relevantes para la adopción de una decisión en concreto, por los cuales no se podría entender por sí mismo el fallo o resolutivo, al ser el soporte de la decisión...". Desde luego en esta sentencia se relaciona la necesidad de establecer esa vía administrativa como de obligatorio cumplimiento, y en el caso concreto es la emisión de un informe emitido por el Tribunal Superior de Cuentas, sin ningún pliego de responsabilidad penal civil o administrativa”. “Que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional el treinta de enero de dos mil diecinueve, resolviendo un Recurso de Inconstitucionalidad registrado bajo el número SCO-0588-2018 RI interpuesto por razón de contenido, bajo la procedencia contra una ley que infringe supuestamente preceptos constitucionales promovida vía acción por el Ministerio Publico, en esta sentencia la Sala de la Constitucional viene a reforzar la posibilidad de tener la etapa administrativa ante el Tribunal SC como obligatoria y de previo agotamiento, lo cual se volvió más latente con la reforma a la Ley de Presupuesto donde el legislador crea con claridad un procedimiento previo ante el Tribunal Superior de Cuentas, como requisito de posesividad al ejercicio de la acción penal pública en cualquier delito derivado de la administración de fondos públicos. La Sala ha dicho en este Recurso lo siguiente "por lo que la lectura de interpretación conforme a la Constitución, es que el Tribunal Superior de Cuentas, como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delitos, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas al constatar los indicios racionales de la comisión del delito...". “Podemos colegir, que la Sala de lo Constitucional como intérprete último de la Constitución de la República, al referirse al artículo 222 Constitucional aclara cual debe ser el procedimiento que debe seguirse en supuestos donde el Tribunal Superior de Cuentas, encuentre indicios de responsabilidad. El contexto, de tal afirmación es porque se cuestiona en el recurso si el TSC pueda realizar una valoración sobre la responsabilidad penal, obviamente que no pues su labor es únicamente de denuncia, la cual se volvió imposible en el caso concreto al no existir ningún pliego de responsabilidad civil, penal ni administrativa, después de una auditoria exhaustiva, en el caso concreto que nos ocupa el TSC con plenas facultades exime de toda responsabilidad civil penal y administrativa tal como consta en el Informe denominado Investigación Especial No. 004-2019 correspondiente al periodo 01 de enero 2011 al 30 de junio del 2014: la sentencia define el diseño constitucional de nuestro sistema de verificación de fondos, así; "el diseño constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización en caso que existan indicios de responsabilidad penal, es garantía del derecho de defensa, en los casos descrito según el artículo 222 de la Constitución”. “Que los argumentos desarrollados a partir de los antecedentes jurisprudenciales citados, establecen que el intérprete último de la Constitución de la República como lo es la Sala Constitucional ha evidenciado en garantía del Derecho de Defensa y consecuentemente del Debido Proceso, a favor de quienes se acusa en supuestos actos ilícitos en el manejos de fondos públicos., que resulta evidente que al existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas, sin indicios de responsabilidad penal no podría acusarse penalmente por el Ministerio Publico, no solo por lo esgrimido por la Sala Constitucional de necesaria denuncia de este órgano, sino por razonamientos probatorios válidos, donde el juez tendría un peritaje de un órgano constitucional especializado y otro de una parte acusadora con posible grado de interés. Por otra parte, el Tribunal de Alzada en su motivación establece: "La imperativa norma citada tiene como implicancia que no se pueden utilizar como precedentes en otros casos lo decidido en una sentencia de amparo, Esto promueve un enfoque especifico de la decisión judicial, evitando la creación de interpretaciones extensivas. - La idea con ello es que, los tribunales constitucionales, mediante sus sentencias de amparo, realicen un control de constitucionalidad especializado y cuidadoso, dirigido a la comprensión y el análisis de los derechos comprometidos en cada caso específico. Por ello, si bien es posible, y hasta plausible, que se citen sentencias de amparo como parte de los argumentos, para efectos ilustrativos, no debe de pretenderse que la decisión judicial sea amoldada y encajada a aquello que se ha decidido en el marco de una acción de amparo en donde se conocieron denuncias a violaciones constitucionales distintas, con relación a personas distintas y respecto a hechos distintos". Los antecedentes jurisprudenciales en la Dogmática jurídica como las decisiones específicas que crea cada órgano judicial con las sentencias que dictan; seria discutible la consideración de jurisprudencia de la Sala Constitucional respecto a las sentencias dictadas conociendo la acción de amparo, pues estas tienen un efecto solo para solucionar el caso concreto y no un efecto erga omnes, pero en sentido general la Sala los ha tenido como antecedentes jurisprudenciales que se pueden citar y valorar su relevancia en el caso específico para eso la misma ley sobre Justicia Constitucional establece la doctrina legal en la acción de amparo. De esa última acotación, surge la necesidad de establecer si las sentencias de inconstitucionalidad en concreto tienen un efecto para todas las personas, más allá de los propios efectos que con respecto al tiempo de creación del acto jurídico tienen estas sentencias. Al respecto, la ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 94, prevé: "La sentencia en que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales". Si bien el fondo de la Inconstitucionalidad no es actos ilícitos en el manejos de fondos públicos., que resulta evidente que al existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas, sin indicios de responsabilidad penal no podría acusarse penalmente por el Ministerio Publico, no solo por lo esgrimido por la Sala Constitucional de necesaria denuncia de este órgano, sino por razonamientos probatorios válidos, donde el juez tendría un peritaje de un órgano constitucional especializado y otro de una parte acusadora con posible grado de interés. Por otra parte, el Tribunal de Alzada en su motivación establece: "La imperativa norma citada tiene como implicancia que no se pueden utilizar como precedentes en otros casos lo decidido en una sentencia de amparo, Esto promueve un enfoque especifico de la decisión judicial, evitando la creación de interpretaciones extensivas. - La idea con ello es que, los tribunales constitucionales, mediante sus sentencias de amparo, realicen un control de constitucionalidad especializado y cuidadoso, dirigido a la comprensión y el análisis de los derechos comprometidos en cada caso específico. Por ello, si bien es posible, y hasta plausible, que se citen sentencias de amparo como parte de los argumentos, para efectos ilustrativos, no debe de pretenderse que la decisión judicial sea amoldada y encajada a aquello que se ha decidido en el marco de una acción de amparo en donde se conocieron denuncias a violaciones constitucionales distintas, con relación a personas distintas y respecto a hechos distintos". “Que los antecedentes jurisprudenciales en la Dogmática jurídica como las decisiones específicas que crea cada órgano judicial con las sentencias que dictan; seria discutible la consideración de jurisprudencia de la Sala Constitucional respecto a las sentencias dictadas conociendo la acción de amparo, pues estas tienen un efecto solo para solucionar el caso concreto y no un efecto erga omnes, pero en sentido general la Sala los ha tenido como antecedentes jurisprudenciales que se pueden citar y valorar su relevancia en el caso específico para eso la misma ley sobre Justicia Constitucional establece la doctrina legal en la acción de amparo. De esa última acotación, surge la necesidad de establecer si las sentencias de inconstitucionalidad en concreto tienen un efecto para todas las personas, más allá de los propios efectos que con respecto al tiempo de creación del acto jurídico tienen estas sentencias. Al respecto, la ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 94, prevé: "La sentencia en que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales". Si bien el fondo de la Inconstitucionalidad no es dieciocho, emitida por esta Honorable Sala de lo Constitucional, están concatenados entre sí, y al unisonó establecen, en considerandos de la parte resolutiva que en el caso concreto, se violentó el debido proceso, por pretender juzgar al señor JOSE OLIVIO RODRIGUEZ, por un Tribunal con falta de Competencia, no solo por ser un alto funcionario, SINO QUE TAMBIEN, POR ESTAR INMERSO EN EL PROCESO DE INVESTIGACION QUE PRIMA FACIE, LE CORRESPONDE SU CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, al tenor de lo establecido en el numeral 3, del artículo 31 de la ley orgánica, cuya ampliación prevalece sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia, según lo refiere el artículo 4 de dicho precepto jurídico, cuya competencia y delimitaciones se encuentran claras, siendo responsabilidad del Órgano contralor del Estado enviar los pliegos de responsabilidad penal cuando así lo determine (El Tribunal Superior de Cuentas) al Ministerio público, para proceder con la acción penal pública. Por mandato de la Sala Constitucional El abogado EDAGARDO ENRRIQUE RIVERA ARGUETA en fecha veinticuatro del mes de octubre el año 2023, mediante comunicación informo al Ministerio Público en su condición de Juez Ejecutor," el cierre de la Investigación por hechos derivados de la licitación INFOP (número 01-2012) al no ser competente, violentando así la garantía del debido proceso, legalidad o competencia reglada, conclusión que procede de una sentencia firme, la cual no se refiere a un delito en particular, sino a los hechos derivados del control de activos, pasivos y en general del patrimonio del estado, CONSIDERANDO 5) es así que al encontrarse una resolución del Tribunal Superior de Cuentas, en la que no se encuentra ningún tipo de responsabilidad, mismo que solo contiene recomendaciones subsanables, sobre los hechos que son objeto de investigación por el Ministerio público, y al fin de dar cumplimiento al fondo de la sentencia sobre la cual recayó la acción de amparo, es imperioso establecer que el Ministerio Publico se encuentra vinculado para proseguir una investigación sobre los hechos descritos en la sentencia que se ejecuta, a la declaratoria de responsabilidad que hiciere el tribunal superior de cuentas, y al no existir índicos de responsabilidad penal, se encuentra carente de investigación el ente investigador, y en aras de no continuar con las violaciones que ya dieron lugar a una sentencia de amparo, se ordena su cumplimiento por tratarse de una orden emanada de la Honorable Sala de lo Constitucional, cuya vinculación y acatamiento de la sentencia recaída es de obligatorio cumplimiento al Ministerio público ordenando el cierre del mismo". La Sala de lo constitucional en múltiples precedentes ha venido reconociendo como una violación al Principio de Legalidad y al Debido Proceso, la vulneración al Principio de Intervención Mínima, como limite al ius puniendi estatal. En ese orden de ideas, la Sala Constitucional ha examinado que el poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de intervención mínima, es decir, el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del derecho, de allí que se diga que el derecho penal tiene carácter subsidiario frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico, interviniendo únicamente cuando fracasan las barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho. Este principio aludido en la Dogmática Penal como Intervención Mínima, implica en la práctica que el Derecho penal debe intervenir solo en los conflictos donde otras ramas del derecho NO puedan dar solución al asunto o conflicto Social, regulación jurídica contenida en el artículo 2 del Código Penal que dice: "La actuación del Derecho Penal se debe limitar a los ataques más graves contra los bienes jurídicos más relevantes". “Que el Derecho Penal debe ser considerado como "ultima ratio". En el mismo sentido al respecto, la sala de lo Constitucional ha reiterado: "Que el derecho penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. El Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía". En conclusión, el Derecho Penal no puede ser opción en la presente causa porque el Derecho Administrativo a través de un informe de auditoría efectuado por el Tribunal Superior de Cuentas dio solución con resolución definitiva a la controversia surgida, sobre todo cuando resulta evidente que los hechos imputados no corresponden a la esfera del Derecho penal. La violación denunciada, solo puede ser corregida a través del reconocimiento de la vulneración a los derechos evidenciados como infringidos. CUARTO: Por otra parte, de la motivación externada por la Corte de Apelaciones recurrida, se observa que su razonamiento se limitó a establecer. "En resumen, Oscar Castro Nazar desempeñó un papel crucial como representante de Grupo Visión en el proceso de licitación, y aunque no fue funcionario ni parte de la comisión evaluadora, su relación con la empresa y los funcionarios del INFOP contribuyó a socavar la integridad y transparencia del proceso de contratación, a efectos de que se cometiera un fraude en perjuicio del Estado de Honduras." Argumentos que, a criterio de esta representación, resultan insuficientes por no pronunciarse sobre los medios de prueba aportados por esta defensa, conforme los parámetros de la debida motivación que exige el artículo 141 del Código Procesal Penal, al no cumplir la exigencia de dar una respuesta suficientemente motivada que muestre que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de esta defensa y su razonamiento se deriva del conjunto de prueba que han sido aportados y examinados”. “Que contrario a lo acontecido en el caso de autos, pues resulta evidente que la argumentación del fallo del Ad-Quem no motiva debidamente las razones por las cuales les resta valor probatorio a las pruebas aportadas por esta defensa, como ser el Informe denominado Investigación Especial No. 004-20191 correspondiente al periodo 01 de enero 2011 al 30 de junio del 2014, practicada al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), realizado por el Tribunal Superior de Cuentas, que como bien lo reconoce la Alzada, es indudable que los informes emitidos por el órgano contralor desempeñan un papel indirecto crítico en las investigaciones criminales, el cual no arrojo ninguna irregularidad financiera en el proceso de contratación antes referidos y sobre el cual no se pronunció el Ad-Quem; de aquí que se estime que la motivación se revela totalmente insuficiente e incongruente con las pruebas allegadas al proceso, por lo que se ha vulnerado en perjuicio de los intereses de mi representado la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos antes plasmados. Por todo lo antes expuesto Honorables señores Magistrados, considero que la actuación realizada por el A-Quem, no es conforme a derecho y violenta los derechos y garantías constitucionales enunciadas". CONSIDERANDO CINCO (5): Que mediante auto de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo, y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales, y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que en este caso de la revisión del expediente, destaca que se pretende deducir responsabilidad penal al señor OSCAR ANTONIO CASTRO NAZAR por el delito de FRAUDE A TITULO DE COMPLICE NECESARIO, en ese sentido, ya el artículo 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que la competencia para revisar la actividad en la administración de los fondos o recursos públicos pertenece al Tribunal Superior de Cuentas. En los casos relacionados con el proceder de los servidores públicos en la administración de fondos o recursos públicos, siendo en virtud de este criterio que la Sala ha insistido que: “… el diseño Constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho de defensa, en los casos descritos según el artículo 222 Constitucional”.- De igual manera, la Sala ha dejado establecido que: “… el Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que del expediente consta informe del Tribunal Superior de Cuentas que audita precisamente el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nacional e Internacional 01-2012, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013, que es el tiempo sobre el que se pretende deducir responsabilidad penal al servidor. Al observar este documento destaca que el Tribunal Superior de Cuentas, no establece responsabilidad civil, administrativa o penal para los funcionarios que participaron en el procedimiento de Licitación mencionado (Folio 419 al 442 del Tomo I), por lo que a criterio de esta Sala, si el órgano facultado para revisar esta actividad, tal como lo señala el artículo 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ha determinado no haber encontrado hallazgos en dicha revisión, no es procedente entonces entender que de esa actividad se derive algún tipo de responsabilidad, pues se reitera, en derecho administrativo la facultad o competencia para revisar la conducta del encausado en la administración de fondos es del Tribunal Superior de Cuentas, que no encontró hallazgos en su auditoria y por lo tanto al no haber una conducta que haga suponer algún tipo de responsabilidad penal, rompe el nexo de causalidad penal necesaria en toda acción de persecución, por esta razón se evidencia la vulneración al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en relación a la excepción de falta de acción que ha venido alegando el recurrente por considerar que existe prescripción de la acción penal, esta Sala la considera improcedente, en vista que al ahora recurrente se le está acusando por el delito de Fraude a título de Cómplice necesario y el Código Penal (Decreto 144-83) lo consideraba como autor, por esa razón no procede la referida prescripción, ya que el cálculo de la pena de la manera que lo está realizando la parte recurrente no es procedente por hacerlo en base al delito de cómplice y no como cómplice necesario que es por lo cual está siendo procesado. CONSIDERANDO ONCE (11): Que de igual manera esta Sala no le da valor al argumento alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Sentencia recurrida, ya que el motivo que refiere para su existencia, es una cuestión de fondo que no puede ser conocida por esta Sala a través de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera, las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando, y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2 y 3 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas; FALLA: PRIMERO: OTORGAR la presente acción de amparo, interpuesta por el Abogado GELMER HUMBERTO CRUZ, a favor del señor OSCAR ANTONIO CSTRO NAZAR, contra la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal Con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024). SEGUNDO: Que la Corte de Apelaciones de lo Penal Con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, proceda a dictar un nuevo fallo en base a los lineamientos contenidos en esta sentencia.- Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha veinticinco de junio del do mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1466-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL