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Sentencia AP-1434-23 — Registro 19188

Resumen

Corte de Apelaciones de lo Penal denegó recurso de amparo a favor de recurrente en contra de resolución de Tribunal de Sentencia que declaró sin lugar petición de la defensa para declarar firme una sentencia condenatoria de manera parcial por el delito de Tráfico Ilegal de Personas, siendo absuelto por el delito de Asociación para Delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales de las personas; Dicho Tribunal argumentó que la condena por el delito por el cual se le condenó, adquirió firmeza, al no ser objeto de recurso alguno por parte del Ente Acusador, pero la absolución por el segundo delito fue objeto de recurso de casación ya que la Procuraduría General de la República incluyó a un co procesado como autor de ambos delitos, por lo que tiene implicaciones para el recurrente; Dicha Corte consideró que la resolución impugnada es conforme a derecho y no vulnera derechos fundamentales ya que la sentencia en el recurso de casación en curso podría resultar extensiva para ambos imputados por lo que procede denegar la acción de amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…", analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, se observa que las consideraciones de la misma en cuanto al fondo, del amparo se refiere, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales en particular los atinentes a la garantía del debido proceso, derecho de defensa pues tal como lo señala en Ad-quem en su sentencia con el recurso de casación se discuten situaciones que efectivamente podrían resultar extensiva para ambos imputados; y si bien es cierto como lo señalan los recurrentes, el recurso de casación fue interpuesto contra la resolución que absolvió al imputado EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA, aspecto que resulta relevante toda vez que conforme el artículo 385 del Código Procesal Penal Solo las sentencias condenatorias que hayan adquirido el carácter de firme podrán ser ejecutadas y el 386 del mismo cuerpo legal señala que el juez de ejecución practicara el computo de las penas, y cuando se trate de penas privativas de la libertad, dentro del cómputo deberá quedar comprendido el tiempo en que el condenado haya permanecido tanto en detención, como en prisión preventiva, señalará asimismo, la fecha en que terminara la condena y en, su caso la fecha a partir de la cual el condenado podrá solicitar la libertad condicional; y en el caso en particular al existir un recurso de casación en en trámite sobre dicha sentencia, y al solicitar la defensa de los acusados se declare la firmeza del fallo condenatorio al señor Euceda Barahona, resulta improcedente, pues el efecto suspensivo que produce el recurso de casación, impide la declaración de firmeza de la sentencia y en consecuencia su ejecución, ya que de resultar favorable al recurrente el recurso que invoca, aplica para los demás procesados( artículo 349 cpp) que señala que, Cuando en un proceso participen varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos, favorecerá a los demás siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sean aplicables los motivos alegados por este, pues la finalidad del recurso es casación es precisamente la modificación o anulación de la sentencia emitida por el Tribunal..."..."esta sala, encuentra que al emitir la Sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la Justicia Constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la Republica, por ende, confirma la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia Nacional en delitos de criminalidad organizada que deniega el recurso de amparo, ya que lo razonado, va afecto de tales disposiciones legales, siendo procedente confirmar en todas sus partes la Sentencia venida en Consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción, que denegó el recurso de amparo promovido por los Abogados Adán Alfredo Castellanos y Alina Armida Aguilera, a favor del señor Edwin Elixcenover Euceda Barahona, contra la resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, en relación a la causa instruida contra el señor Edwin Elixcenover Euceda Barahona, por suponerlo responsable del delito de Tráfico Ilícito de Personas Agravado, en perjuicio de Allison Daniel Vilches, Antoni Josué Cruz Vilches y otras Personas, así como del delito de Asociación para Delinquir, en perjuicio de los Derechos Fundamentales de las Personas. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 16, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, comparecieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción, los Abogados Adán Alfredo Castellanos y Alina Armida Aguilera, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Edwin Elixcenover Euceda Barahona, contra la sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción, con relación a la causa instruida contra el señor Edwin Elixcenover Euceda Barahona, por suponerlo responsable del delito de Tráfico Ilícito de Personas Agravado, en perjuicio de Allison Daniel Vilches, Antoni Josué Cruz Vilches y otras Personas, así como del delito de Asociación para Delinquir, en perjuicio de los Derechos Fundamentales de las Personas, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-15 del expediente del A-quo)2)La referida Corte, en fecha veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…DENEGAR el recurso de amparo interpuesto contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de agosto de 2023, dictada por una de las Salas del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción. Y MANDA Que, una vez notificada esta sentencia, 1) Se remitan las presentes diligencias a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en consulta obligatoria, y 2) Evacuado lo anterior, que la secretaría de este despacho remita certificación de la presente sentencia al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.” (Folios 161-165 del antecedente)3)Que, en fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL 1.-Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.2.-Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos.3.-Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. -Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las Cortes de Apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. -En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA 1. Que la Sentencia que se conoce en consulta es la resolución de fecha veinticinco de octubre del 2023, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia Nacional en delitos de Criminalidad organizada y Corrupción, mediante la cual falla : DENEGAR el recurso de amparo interpuesto a favor, del señor EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA BARAHONA en el proceso seguido por el delito de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS AGRAVADO, en perjuicio de ALLISON DANIEL VILCHEZ, ANTONI JOSUE CRUZ VILCHEZ y otras personas, así como por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR en perjuicio de los derechos fundamentales de las personas; en contra de la resolución dictada por la Sala del Tribunal de Sentencia ahora conocido como Tribunal de sentencia con Competencia Nacional en delitos de criminalidad Organizada y Corrupción de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés en donde resolvió declarar sin lugar la petición de declarar firmeza de una sentencia condenatoria por el delito de Tráfico de Personas , sin perjuicio del recurso interpuesto por otro delito cuya sentencia fue absolutoria a favor de los procesados, bajo el expediente número 5-62-22, por la vulneración del derecho contemplado en el artículo 82 y de la garantía establecida en el artículo 90 de la Constitución de la Republica.2.-Que el acto reclamado por los recurrentes, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad organizada y Corrupción, lo constituye una resolución emanada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de Agosto del 2023, en la que se declara sin lugar la solicitud planteada por la defensa donde solicitó que se declare la firmeza de una sentencia condenatoria de manera parcial por el delito de Tráfico Ilegal de personas Agravado, al considerar que el Ministerio Público no interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de fecha dos de junio del dos mil veintitrés, que Condena al señor EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA BARAHONA, por el delito de Trafico Ilícito de Personas Agravado en perjuicio de ALLISON DANIELA VILCHEZ, ANTONIO JOSUE CRUZ VILCHEZ, imponiéndole la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISION; y lo absuelve por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR en perjuicio de otros derechos fundamentales de las personas; que en la misma sentencia se absuelve por ambos delitos al señor JUAN LEONARDO ROMERO GARCIA; sin embargo, el Representante de la Procuraduría General de la República presenta recurso de Casación por infracción de ley y Doctrina Legal por la Absolución del delito de Asociación Para delinquir en favor del recurrente y por la Absolución por ambos delitos en favor del otro procesado; entendiéndose del recurso interpuesto que la sentencia quedó firme por el delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS AGRAVADO, delito por el cual se condenó a uno de los procesados en el mismo fallo, siendo necesario separar las diligencias en cuestión y declarar la firmeza parcial, y que se ordene testimoniar las mismas remitiéndolas al juzgado de Ejecución en materia Penal con Competencia Territorial a Nivel nacional, y en cuanto al Recurso de Casación interpuesto por la Procuraduría General de República contra la sentencia Absolutoria por el delito de Asociación para delinquir, que el mismo se maneje por pieza separada; debiéndose tomar en consideración que por el delito que fue condenado el recurrente, no se interpuso el recurso de casación; sin embargo al denegar dicha petición el tribunal resuelve declarar sin lugar la solicitud planteada en virtud que en la presente causa existe un recurso de casación en curso, mismo que es extensivo para todos los imputados, siendo la Procuraduría General de la República parte procesal en la causa quien en tiempo y forma interpuso el recurso de casación; resolución que fue objeto de recurso de reposición por la defensa del imputado; sin embargo el mismo fue resuelto, y declarado sin lugar bajo el mismo argumento que no se puede declarar la firmeza de la sentencia al existir un recurso de casación que se encuentra en trámite. 3.-Que los recurrentes, exponen en el Recurso de Amparo promovido, que la resolución de fecha 24 de agosto del año 2023, les ha violentado a su representado el derecho al debido proceso y al principio de legalidad que contiene la tutela judicial efectiva, cuando el Tribunal se sentencia declara sin lugar la solicitud planteada por la defensa del señor EDWIN EUCEDA, para que se declare firme la sentencia condenatoria decretada contra su representado por el delito de TRAFICO DE PERSONAS AGRAVADO, argumentando que la condena por este delito adquirió el carácter de firme, en vista que el fallo No fue objeto de recurso alguno por parte del ente acusador, como si lo fue el fallo absolutorio por el delito de Asociación para Delinquir cuya sentencia fue objeto de recurso de casación por parte del representante de la Procuraduría General de la República, quien incluyó en el recurso de casación el fallo absolutorio del co procesado señor Juan Leonardo Romero García como autor de ambos delitos, no obstante al darse tramite al recurso invocado, se hace el efecto suspensivo que caracteriza la acción recursiva, que debe ser aplicado al fallo absolutorio por el delito de Asociación para delinquir y no al fallo condenatorio sujeto de la presente acción de amparo, por considerar violatorio al debido proceso regulado en el articulo 90 de la constitución que implica el derecho a ser juzgado por Tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las leyes preexistentes, derivado de lo anterior considera violado el derecho a la Tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, pues estima que la resolución recurrida se fundamente en el artículo 385 del código procesal penal que indica que solo las sentencias condenatorias que hayan adquirido el carácter de firme podrán ser ejecutadas; sim embargo, considera que a través del principio de legalidad se garantiza el derecho a la obtención de una respuesta motivada y fundada en derecho congruente y en este caso, a su criterio, la resolución recurrida adolece de una deficiente motivación por la arbitrariedad en los razonamientos utilizados por el tribunal de sentencia, dado que al no haberse interpuesto recurso alguno contra la resolución que condena a Edwin Euceda por el delito de tráfico ilegal de personas agravado, lo que correspondía era separar las diligencias y ordenar la firmeza del fallo y remitirlo al juez de ejecución. Estima que el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la Republica fue indebidamente propuesto debido que a su criterio el abogado Erick Rodríguez no tenía capacidad legal para ello. Y en todo caso, tal recurso de casación no incluye al acusado Edwin Euceda, y no obstante la resolución recurrida afirma que el recurso de casación es extensivo a este. 4.- En la Sentencia objeto de Consulta de fecha veinticinco de Octubre del 2023, La Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción, determinó Denegar la garantía de amparo peticionada al señalar entre otra cosas, que haciendo un contraste entre los derechos que la defensa estima vulnerados con la resolución emitida por el tribunal de sentencia, se denota que en efecto, con el recurso de casación se discuten situaciones que efectivamente podrían resultar extensivo ambos imputados; en este punto es relevante establecer que, contrario a lo que en un punto expreso la defensa, el recurso de casación fue interpuesto contra la resolución que absolvió al imputado Edwin Elixcenover Euceda, aspecto que resulta relevante toda vez que conforme al Código procesal penal en su artículo 386 el Juez de ejecución tiene la función de practicar el computo de la pena, que tratándose de penas privativas de libertad, deberá quedar comprendido dentro del cómputo, el tiempo en que el condenado haya permanecido tanto en detención como en prisión preventiva y deberá señalar fecha en la que terminara la condena. Ello ciertamente implica estimar la sentencia como una sola resolución donde se deben tomar en cuenta todas las penas privativas de libertad, mismas que no se determinan sino hasta que, en su caso, una vez firme la sentencia, quede claramente definido cada una de las penas a las que la persona acusada y condenada quedaría sujeto. En el presente caso, se denota que Edwin Elixcenover Euceda fue absuelto del delito de Asociación para delinquir, absolución que contrario a lo que expreso en un momento la defensa, fue objeto de recurso de casación y tiene implicaciones para su representado, Ciertamente existe tanto la posibilidad de mantener la absolución por el delito de Asociación para delinquir, como también que este tipo Penal quede considerado para los efectos de condena. En tal sentido, en este último caso el tiempo de condena resultaría necesario tomarlo en consideración para los efectos de computo que posteriormente debe realizar el Juez de Ejecución, sobre todo para efecto de determinar la fecha en que el acusado pueda optar a beneficios. Las normas deben guardar coherencia, y en este sentido, basta advertir a vía de ejemplo, varios casos en que el legislador evidencia su intención de considerar todas las penas a las que una persona es condenada para los efectos de determinación de computo; sean éstas consideradas en concurso real o en concurso ideal, o en su caso queden con una sola pena, todo ello conforme a las reglas del código Penal vigente y para los efectos de determinar beneficios como para el caso, la libertad condicional u otros. Ello permite establecer que efectivamente el cuestionamiento conocido a través del recurso de casación interpuesto en relación a la absolución del cargo de Asociación para Delinquir, no excluye la posibilidad de tener una implicación integral en la situación Jurídica del Acusado Edwin Elixcenover Euceda. Por tanto al rechazar el tribunal de sentencia la pretensión de la defensa, esta Corte de Apelaciones considera que la resolución de fecha veinticuatro de agosto de 2023, dictada por una de las salas del Tribunal de sentencia con Competencia Nacional en delitos de Criminalidad Organizada y corrupción que ha sido objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones, no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, a la tutela Judicial y menos a un al principio de legalidad, es así que con base en las razones expuestas en los acápites precedentes, Falla denegar el recurso de amparo interpuesto contra la resolución de fecha veinticuatro de Agosto de 2023, dictada por una sala del Tribunal de sentencia con competencia Nacional en delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción. RAZONAMIENTO DE LA SALA I.Esta sala, ha establecido que el Recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegitima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el Juez Constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.Siendo así, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, se observa que las consideraciones de la misma en cuanto al fondo, del amparo se refiere, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales en particular los atinentes a la garantía del debido proceso, derecho de defensa pues tal como lo señala en Ad-quem en su sentencia con el recurso de casación se discuten situaciones que efectivamente podrían resultar extensiva para ambos imputados; y si bien es cierto como lo señalan los recurrentes, el recurso de casación fue interpuesto contra la resolución que absolvió al imputado EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA, aspecto que resulta relevante toda vez que conforme el artículo 385 del Código Procesal Penal Solo las sentencias condenatorias que hayan adquirido el carácter de firme podrán ser ejecutadas y el 386 del mismo cuerpo legal señala que el juez de ejecución practicara el computo de las penas, y cuando se trate de penas privativas de la libertad, dentro del cómputo deberá quedar comprendido el tiempo en que el condenado haya permanecido tanto en detención, como en prisión preventiva, señalará asimismo, la fecha en que terminara la condena y en, su caso la fecha a partir de la cual el condenado podrá solicitar la libertad condicional; y en el caso en particular al existir un recurso de casación en en trámite sobre dicha sentencia, y al solicitar la defensa de los acusados se declare la firmeza del fallo condenatorio al señor Euceda Barahona, resulta improcedente, pues el efecto suspensivo que produce el recurso de casación, impide la declaración de firmeza de la sentencia y en consecuencia su ejecución, ya que de resultar favorable al recurrente el recurso que invoca, aplica para los demás procesados( artículo 349 cpp) que señala que, Cuando en un proceso participen varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos, favorecerá a los demás siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sean aplicables los motivos alegados por este, pues la finalidad del recurso es casación es precisamente la modificación o anulación de la sentencia emitida por el Tribunal.IV. Dicho lo anterior, esta sala, encuentra que al emitir la Sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la Justicia Constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la Republica, por ende, confirma la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia Nacional en delitos de criminalidad organizada que deniega el recurso de amparo, ya que lo razonado, va afecto de tales disposiciones legales, siendo procedente confirmar en todas sus partes la Sentencia venida en Consulta. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 60, 61, 70, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República;18 de la Declaración Americana de los derechos del Hombre,1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 41,48, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en delitos de Criminalidad organizada y corrupción, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintitrés; que denegó el recurso de amparo por las razones que se dejan aquí establecidas, interpuesto por los abogados Adán Alfredo Castellanos y Alina Armida Aguilera a favor del señor EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA BARAHONA, contra la resolución de fecha 24 de agosto del año 2023 dictado por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en materia Penal.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, la secretaria del despacho devuelva los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1434-2023

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL