Sentencia AP-1425-23 — Registro 19402
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar un recurso de reposición interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Militar de la Séptima Región, El Ocotal, con relación a la causa penal que se instruyó por el delito de destrucción de armas o equipo y abandono de destino en perjuicio del Vigésimo Primer Batallón de Policía Militar. Estimando la recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 304, 321 de la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que el caso sujeto a revisión reúne los presupuestos para una aplicación de control difuso de constitucionalidad; de igual modo, para realizar un control de convencionalidad. Al respecto la CIDH, ha manifestado sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, señalando que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona frente a la cual es incomparable toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que si se reconoce a quienes no se consideran incursos en tal situación. CONSIDERANDO (6): Continua manifestando la Corte de Apelaciones que, bajo los postulados de protección igual ante la ley, considerar que, estando vigente la conmuta al momento de los hechos por los cuales se ha juzgado al acusado, que el mismo sea beneficiado con la institución establecida en el artículo 61 del Código Penal vigente al momento de los hechos, en consecuencia, esta Corte de Apelaciones, por control de convencionalidad y de constitucionalidad, aprecia la inaplicación del artículo 76 del Código Militar que dispone que las penas militares son inconmutables; dicho precepto es incompatible con la Convención y con la Constitución; en consecuencia, de conformidad al artículo 1.1 de la Convención: Los Estados parte de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra condición social.”CONSIDERANDO (7): Que, en consecuencia, la Corte de Apelaciones estima, que el señor Cesar Omar Murillo Dubón, por disposición convencional, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley en relación al beneficio de la institución de la conmuta, como sucede con todos los ciudadanos del país. Asimismo, por control de constitucionalidad, el articulo 60.2 establece: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley”; siendo de rango superior la norma contenida en la Constitución; corresponde desaplicar la norma del articulo 76 del Código Militar y aplicar preferentemente la disposición constitucional en correspondencia al articulo 320 que prescribe: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Cediendo por control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad, la disposición de inconmutabilidad de las penas en materia militar por la protección o igualdad ante la ley; estimando que, en cualquier caso, corresponde a la jurisdicción, tutelar ese derecho y en general los derechos fundamentales. Siendo del parecer la alzada que se declare ha lugar el recurso de reposición y en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Sánchez; revocando el auto de fecha cinco de febrero de dos mil catorce y se proceda con arreglo a la ley a la aplicación de la conmuta.. CONSIDERANDO (9): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que, en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, deberá aplicarse la primera; tal como lo establece el artículo 320 de la Constitución de la República. En ese orden de ideas, vemos que, aplicar el articulo 76 del Código Militar, que dispone que las penas militares son inconmutables, no es compatible con lo dispuesto en nuestra Constitución; ya que, tal como lo establece el articulo 60 constitucional, todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Es así que, las disposiciones vigentes al momento de los hechos, contemplan el beneficio de conmuta cuando la pena no exceda de cinco años de reclusión, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, decreto 144-83. Resultando aplicable esta disposición, ya que la norma contentiva en nuestra Constitución, es de rango superior en relación al Código Militar. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Sala estima procedente denegar la presente acción de amparo intentada por la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado. CONSIDERANDO (10): Que la Convención Americana de Derechos Humanos establece literalmente en su artículo 1 que: ”Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.CONSIDERANDO (11): En ese orden de ideas, podemos apreciar que, igualmente por disposición convencional, el señor César Antonio Murillo Dubón, se encuentra bajo la protección de la ley en cuanto al beneficio de conmuta se refiere, ya que, no solo el referido artículo 1 de la Convención, sino que el artículo 24 del mismo cuerpo legal, lo ampara, al establecer que todas las personas son iguales ante la ley. Resultando de esta manera, una protección de sus derechos como sucede con todos los hondureños; respetando tales derechos y libertades garantizados tanto en nuestra Constitución como en los convenios internacionales de los que Honduras es parte. CONSIDERANDO (12): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, al haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 61 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Militar, art. 76 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 320 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha nueve de octubre de dos mil veintitrés, que declaró con lugar un recurso de reposición interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MILITAR DE LA SEPTIMA REGION, EL OCOTAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa penal que se instruyó contra CESAR OMAR MURILLO DUBON por suponerlos responsables del delito de DESTRUCCION DE ARMAS O EQUIPO Y ABANDONO DE DESTINO en perjuicio del VIGESIMO PRIMER BATALLON DE POLICIA MILITAR. Estimando la recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 304, 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que el Coronel de Infantería Abogado HERNAN BERRIOS QUINTEROS, compareció ante el Juez de Primera Instancia Militar Séptima Región del Departamento De Francisco Morazán en fecha veintidós de junio del dos mil veintitrés, presentando denuncia contra el señor CESAR OMAR MURILLO DUBON, por suponerlos responsables del delito de DESTRUCCION DE ARMAS O EQUIPO Y ABANDONO DE DESTINO en perjuicio de VIGESIMO PRIMER BATALLON DE POLICIA MILITAR. (Folios 01 al 30 de la pieza de antecedentes).2)Que, habiéndose seguido el tramite el referido Juzgado dictó resolución, en fecha cinco de febrero del dos mil catorce, resolvió: “…Admítase el escrito que antecede, en cuanto a lo solicitado por el señor representante de la defensa Abogado MARCO ANTONIO SÁNCHEZ, SIN LUGAR en virtud que en nuestra legislación Militar las penas son inconmutables y las fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulan su funcionamiento. Artículo 274 de la Constitución de la Republica, 76 del Tratado Primero, Libro Primero, Disposiciones generales del código Militar. NOTIFIQUESE” (Folio 260 de la primera pieza de antecedentes).3)Que el Abogado MARCO ANTONIO SÁNCHEZ en su condición de defensor privado compareció ante el citado Juzgado, en fecha once de noviembre del dos mil catorce, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede. 4)Que conociendo del recurso de apelación interpuesto el Abogado MARCO ANTONIO SÁNCHEZ actuando en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante sentencia de fecha nueve de octubre del dos mil veintitrés, emitió resolución en la cual Resolvió: PARTE DISPOSITIVA Esta Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, administrando Justicia en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos, RESUELVE: 1) Declarar HA LUGAR el Recurso de Reposición y, en consecuencia, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogado Marco Antonio Sánchez, en su condición de Apoderado Defensor. 2) Revocar el auto de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil catorce (2014) y que se proceda con arreglo a la ley a la 7 2 aplicación de la Conmuta en la presente causa. 3) Se resuelve a la fecha por exceso de trabajo. MANDA Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio esta resolución, directamente a las partes personadas, en el día de su fecha o al siguiente de la misma; y no siendo ello posible, por medio de cédula de notificación, en el lugar que hayan designado para dicho propósito.” (Folios 24 al 27 de la pieza de antecedentes).5)Que en fecha primero de noviembre del dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la Resolución de fecha nueve de octubre del dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, de la que se ha hecho relación en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 304, 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 09 del presente Recurso).6)Que en fecha veintiuno de enero del dos mil veinticinco, este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 35 del Presente Recurso).CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha nueve de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual declaró ha lugar el recurso de reposición y en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Sánchez; asimismo revoca el auto de fecha cinco de febrero de dos mil catorce.CONSIDERANDO (4): Que expone la recurrente en la interposición del presente recurso que con la resolución impugnada se infringe el principio de legalidad establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República relacionado con el artículo 304 constitucional, por considerar que la Corte de Apelaciones estimó en la motivación fáctica y jurídica de su fallo que en aplicación al control de convencionalidad y de constitucionalidad, estima la inaplicación del articulo 76 del Código Militar, el cual dispone que las penas militares son inconmutables, interpretación errónea de la misma, ya que el referido articulo 76 es claro, pues, el hoy condenado, fue juzgado por una acción militar cometida bajo la jurisdicción militar, pues al momento de la comisión de los hechos, era miembro activo de las Fuerzas Armadas de Honduras, asignado al Vigésimo Primer Batallón de Policía Militar, por lo tanto, fue juzgado con base en el Código de Justicia Militar, entrañando su afectación a la disciplina militar, como principio estructural de la adecuada defensa del Estado. En tal sentido, no procede dirimir el ya citado articulo 76 al fuero común, en el cual resulta aplicable el Código Procesal Penal por haberse derogado el Código de Procedimientos Comunes, sin que por esto se trate de desconocer el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que, al ser cometido el hecho por un militar activo, conforme al Código Militar, según el articulo 250, que señala “Están sujetos a la jurisdicción militar: 1. Todos los militares que, estando o no en servicio activo, cometan cualquiera de los delitos comprendidos en este Código”; con relación a lo dispuesto en el artículo 248 del Código Militar que dispone: “ Los Tribunales que establece esta ley ejercerán la jurisdicción en nombre de la república, no tendrán más facultades que las que la ley les señala”. En esa línea de pensamiento, el hoy condenado desde el inicio del proceso hasta la fase final del mismo, debe sujetarse bajo el Código Militar en referencia.CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que el caso sujeto a revisión reúne los presupuestos para una aplicación de control difuso de constitucionalidad; de igual modo, para realizar un control de convencionalidad. Al respecto la CIDH, ha manifestado sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, señalando que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del genero humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona frente a la cual es incomparable toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que si se reconoce a quienes no se consideran incursos en tal situación.CONSIDERANDO (6): Continua manifestando la Corte de Apelaciones que, bajo los postulados de protección igual ante la ley, considerar que, estando vigente la conmuta al momento de los hechos por los cuales se ha juzgado al acusado, que el mismo sea beneficiado con la institución establecida en el articulo 61 del Código Penal vigente al momento de los hechos, en consecuencia, esta Corte de Apelaciones, por control de convencionalidad y de constitucionalidad, aprecia la inaplicación del artículo 76 del Código Militar que dispone que las penas militares son inconmutables; dicho precepto es incompatible con la Convención y con la Constitución; en consecuencia, de conformidad al artículo 1.1 de la Convención: Los Estados parte de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra condición social.”CONSIDERANDO (7): Que, en consecuencia, la Corte de Apelaciones estima, que el señor Cesar Omar Murillo Dubón, por disposición convencional, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley en relación al beneficio de la institución de la conmuta, como sucede con todos los ciudadanos del país. Asimismo, por control de constitucionalidad, el articulo 60.2 establece: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley”; siendo de rango superior la norma contenida en la Constitución; corresponde desaplicar la norma del articulo 76 del Código Militar y aplicar preferentemente la disposición constitucional en correspondencia al articulo 320 que prescribe: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Cediendo por control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad, la disposición de inconmutabilidad de las penas en materia militar por la protección o igualdad ante la ley; estimando que, en cualquier caso, corresponde a la jurisdicción, tutelar ese derecho y en general los derechos fundamentales. Siendo del parecer la alzada que se declare ha lugar el recurso de reposición y en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Sánchez; revocando el auto de fecha cinco de febrero de dos mil catorce y se proceda con arreglo a la ley a la aplicación de la conmuta.CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su parecer en cuanto a declarar ha lugar el recurso de reposición interpuesto y revocar el auto de fecha cinco de febrero de dos mil catorce; ordenando que el A-Quo proceda a la aplicación de la conmuta al señor César Antonio Murillo Dubón. CONSIDERANDO (9): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que, en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, deberá aplicarse la primera; tal como lo establece el artículo 320 de la Constitución de la República. En ese orden de ideas, vemos que, aplicar el articulo 76 del Código Militar, que dispone que las penas militares son inconmutables, no es compatible con lo dispuesto en nuestra Constitución; ya que, tal como lo establece el articulo 60 constitucional, todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Es así que, las disposiciones vigentes al momento de los hechos, contemplan el beneficio de conmuta cuando la pena no exceda de cinco años de reclusión, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, decreto 144-83. Resultando aplicable esta disposición, ya que la norma contentiva en nuestra Constitución, es de rango superior en relación al Código Militar. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Sala estima procedente denegar la presente acción de amparo intentada por la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado. CONSIDERANDO (10): Que la Convención Americana de Derechos Humanos establece literalmente en su artículo 1 que: ”Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.CONSIDERANDO (11): En ese orden de ideas, podemos apreciar que, igualmente por disposición convencional, el señor César Antonio Murillo Dubón, se encuentra bajo la protección de la ley en cuanto al beneficio de conmuta se refiere, ya que, no solo el referido artículo 1 de la Convención, sino que el articulo 24 del mismo cuerpo legal, lo ampara, al establecer que todas las personas son iguales ante la ley. Resultando de esta manera, una protección de sus derechos como sucede con todos los hondureños; respetando tales derechos y libertades garantizados tanto en nuestra Constitución como en los convenios internacionales de los que Honduras es parte. CONSIDERANDO (12): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, al haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. RESUELVE: DENEGAR el recurso de amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor de los INTERSES GENERALES DE LA SOCIEDAD; contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha nueve de octubre de dos mil veintitrés, que declara ha lugar el recurso de reposición interpuesto. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. WAGNER VALLECILLO PAREDES. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticinco de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1425-2023 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONA