Sentencia AP-1373-24 — Registro 19827
Resumen
En la causa que se instruyó contra imputado por suponerlo responsable del delito de Posesión de Droga Preordenada el Trafico en perjuicio de la Salud Pública de la Población del Estado de Honduras, resolución del Ad-quem no resulta coherente en su razonamiento por no dar valor probatorio a la prueba sobre la existencia del delito y los indicios suficientes que acreditan la conducta típica de tráfico de droga, de manera que corresponde decretar el auto de formal procesamiento al procesado, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTINEZ a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinticuatro, con relación a la causa que se instruyó contra JORGE ALBERTO DÍAZ SANDOVAL, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN DE DROGA PREORDENADA PARA EL TRÁFICO en perjuicio de la SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente es del parecer que la Alzada realizó una interpretación errónea y arbitraria que producen la inobservancia a las exigencias del debido proceso y principio de legalidad por no tomar en cuenta el hecho y material probatorio motivo por el cual la resolución del Ad-quem no resulta coherente en su razonamiento por no dar valor probatorio a la prueba sobre la existencia del delito y los indicios suficientes que acreditan la conducta típica de tráfico de droga, de manera que corresponde decretar el auto de formal procesamiento al procesado. CONSIDERANDO: Que, del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que reconoce la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que revisados los antecedentes y en especial la resolución recurrida, se aprecia que la Alzada recurrida fundamentó y motivó su decisión en concordancia a lo preceptuado en la ley, advirtiéndose que no atendió a los argumentos del recurrente en virtud de no determinar de la prueba aportada la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal del tipo penal por el que se acusa, ni discurren los indicios racionales de que el encausado haya tenido participación en la comisión de los hechos imputados, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó el órgano jurisdiccional denunciado. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa el impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTINEZ a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro; al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días de octubre del dos mil veinticinco, certificación de la resolución de fecha veintiséis de mayo del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1373-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL