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Sentencia AP-1314-23 — Registro 20299

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió con lugar el recurso de apelación con relación a la petición de solicitar al Tribunal Superior de Cuentas los resultados de auditoría practicada a los proyectos carreteros y de obras civiles realizados por la Sociedad Mercantil SISCO o en su defecto, para que realice de inmediato auditoria especial sobre aquellos. Estimando el recurrente, que la decisión del juzgador violenta en perjuicio de su representado, garantías Constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (16) Que este Alto Tribunal de Justicia al Igual que la Sala de lo Penal, se han pronunciado en un sinnúmero de fallos sobre la previa intervención del Tribunal Superior de Cuentas, es decir, que la intervención de este Órgano Contralor con rango constitucional esta reglada en la ley orgánica y su reglamento para resolver este tipo de actos en lo que se vean comprometidos fondos del Estado, tal y como ha quedado suficientemente expresado en sentencias recaídas en amparos penales registrados bajo los números 567, 569, 571, 573, 574, 577,578, 648-2018 de fechas 5 de noviembre del 2019 y 6 de enero del 2020, AP-562-2021 de fecha 9 de diciembre del 2022, y siendo que se ha conformado jurisprudencia sobre el tema a dirimir, le compete a la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L. (SISCO)a quien se le investiga por supuestos delitos de FRAUDE, NEGOCICIONES INCOMPATIBLES, LAVADO DE ACTIVOS Y otros en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS su aplicación de conformidad a lo que dispone el artículo 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas por encontrarse como sujeto pasivo sometido al cumplimiento de dichos instrumentos normativos según disposición de la Ley Orgánica del TSC y su Reglamento, como la aplicación del Decreto 116-2019 por su vigencia al momento de dictarse el auto apelado, por tanto, no puede privársele de los derechos y garantías que constitucional y procesalmente le reconoce la Carta Magna y leyes especiales, como el de ser sometido a un debido proceso desde la etapa de investigación hasta obtener una sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria mediante un debido proceso a través de toda clase de actuaciones sean estas judiciales y administrativas, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio; que la defensa privada a comparecido en favor de su representada para hacer valer el derecho de defensa, el principio de legalidad y para que se le someta a un régimen procesal menos gravoso en base a ley como ha quedado expresado, sin que implique rehusarse a los procedimientos de ley de manera oportuna, sin embargo, en tanto el Órgano Contralor (TSC) no haya pronunciado previamente su opinión sobre la ejecución de los fondos públicos manejados por la recurrente, en cuyo investigación especial el Ente Contralor determinará el tipo de responsabilidad, llámese penal, administrativa o civil de conformidad a lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 222 CONSIDERANDO: (17) Que el artículo 90 de la Constitución de la República reconoce el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la normativa vigente, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia de sus formas en el proceso, resultaría en un atropello a los sujetos procesales, como acontece en el caso de autos, por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que se han quebrantado los derechos constitucionales invocados por el amparista los que son de recibo, por consiguiente es del parecer que debe otorgarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta. CONSIDERANDO (18): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y del resto ordenamiento jurídico vigente.”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 222 (Rango Constitucional)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Diez de Diciembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA, SUPERVISION YCONSTRUCCION S. DE R.L. (SISCO) y del Señor CESAR EDGARDO RIVERA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, que resolvió con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, con relación a la petición de solicitar al Tribunal Superior de Cuentas los resultados de auditoría practicada a los proyectos carreteros y de obras civiles realizados por SISCO o en su defecto, para que realice de inmediato auditoria especial sobre aquellos. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 80, 82, 90, 222, 231 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogada KARINA VARELA, en fecha veinticinco de noviembre de los dos mil veintiunos, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITOTIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, presentando Requerimiento Fiscal contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA, SUPERVISION YCONSTRUCCION S. DE R.L. (SISCO),por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES, LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–03del Tomo I pieza de antecedentes) 2)Que en fecha veintiséis de Julio del dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, en la resolvió la solicitud de prejudicialidad administrativa planteada, dictando resolución, en la cual: EL JUEZ RESUELVE: 1) Admítase el escrito que antecede, juntos con las sentencias jurisprudenciales que se acompaña el cual se manda agregar a sus antecedentes. 3) En cuanto a la solicitud de aplicación del principio de prejudicialidad administrativa presentada por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA en su condición de Defensor Privado de la EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S. DE R. L. (SISCO) y de su representante legal el señor CESAR EDGARDO RIVERA, a quien se le supone responsable del delito de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOPATIBLE, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DE HONDURAS; declarar HA LUGAR; la concurrencia de la prejudicialidad administrativa, se ordena al Ministerio Público que se traslade toda la documentación correspondiente al Tribunal Superior de Cuenta para que el mismo realice AUDITORIA DE INVESTIGACION ESPECIAL de los 91 proyectos encontrados según auditoria forense UFERCO-IAF-20 de la SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S. de R.L, suscrito mediante contratos con LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS (INSEP) Y EL FONDO VIAL o si está realizando la AUDITORIA DE INVESTIGACION ESPECIAL, se continúe con la misma, una vez concluido en el marco legal que le corresponda y si encontrara hallazgo donde pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal ponga a disposición a este órgano Jurisdiccional la misma para que el ente fiscal pueda realizar las acciones pertinentes al caso. 3) NOTIFIQUESE el presente auto” (Folio985 al 989 del Tomo II pieza de antecedentes) 4) Que el Abogado LUIS JAVIER SANTOS CRUZ en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico y a favor del Estado de Honduras comparecieron ante el citado Juzgado, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede. (Folios 990 al 996del Tomo II pieza de antecedentes) 5)Que la Corte de Apelaciones Penal al conocer del recurso de apelación interpuesto por el ente Fiscal, dictó resolución en fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, en la cual POR TANTO: “Esta Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por unanimidad de votos, DECIDE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de la Corrupción, por conducto del Agente Fiscal Luis Javier Santos.- SEGUNDO: REVOCA la resolución fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023) dictada por el juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia de corrupción.-MANDA: Que la Secretaría del tribunal proceda a notificar en legal y debida forma a las partes personadas en esta instancia la presente resolución y una vez firme se devuelva la foliada judicial al Juzgado de Letras de su procedencia, para que emita una nueva resolución en los términos señalados por esta Corte de Apelaciones. - NOTIFIQUESE…”.(Folios 7 al 17 de la pieza de apelaciones) 6) Que en fecha doce de octubre del dos mil veintitrés, compareció ante la Salade lo Constitucional, el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S. DE R. L. (SISCO) y de su representante legal el señor CESAR EDGARDO RIVERA, contra la Resolución de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés, de las que se han hecho relación en los numerales que anteceden, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 80, 82, 90, 222, 231 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 07 del presente Recurso) 7)Que en fecha doce de diciembre dos mil veintitrés, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 40 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que la Resolución contra la cual se reclama la constituye la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Territorial en Materia de Corrupción de fecha veintiocho(28)de agosto del dos mi veintitrés (2023), la cual declara Ha Lugar el recuro de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca la decisión del Juzgado de Letra Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción de fecha veintiséis (26) de julio del dos mil veintitrés (2023) que declaró la aplicación de la prejudicialidad administrativa y ordenó la remisión de los antecedentes al Tribunal Superior de Cuentas para que realice la auditoria especial a los fondos objeto de la investigación que realiza UFERCO a 91 proyectos carreteros y de obras civiles realizados del año 2010 al 2019 por la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L. (SISCO) representada por el señor Cesar Edgardo Rivera todo en relación a una solicitud de diligencias previas, presentada por el Ministerio Público en fecha 25 de noviembre del 2021 admitida el 30 del mismo mes y año por el juzgado recurrido por supuesta responsabilidad en los delitos de fraude, negociaciones incompatibles, lavado de activos y otros en perjuicio dela Administración Pública del Estado de Honduras. CONSIDERANDO(4). Que, en la formalización de la acción de amparo, el abogado Manuel Asdrúbal Murillo Maradiaga manifiesta lo siguiente: Primero: que el 30 de noviembre del 2021 el juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción ordenó el secuestro de documentos en la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L. (SISCO)con sede en Tegucigalpa, para verificar documentos en su poder relativos a 91 proyectos de ingeniería desarrollados por SISCO, periodo del 2010 al 2019 y sobre todo del año 2013,y que según antecedentes de la solicitud de secuestro, se dieron transferencias y pagos a favor de personas políticamente expuestas (en adelante PEP´S). Segundo: Que la investigación del Ministerio Público es verificar la legalidad de la contratación, destino de los fondos, ejecución de proyectos, la transaccionalidad de fondos, es decir, que los fondos públicos se utilizaron correctamente en la contratación de obras y servicios de tipo social, desde el punto de vista financiero, de ejecución y cumplimiento. Que la fiscalización a posteriori de los recursos es la diligencia inmediata a realizar para constatar los extremos descritos, es por eso que el MP realizó con control jurisdiccional el Informe Preliminar de Auditoría Forense UFERCO-IAF-20 de octubre 2022 de origen destino de fondos a la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción. de R.L. (SISCO)señalando falencias administrativas, documentales, específicamente en al año 2013, sobre transferencia de fondos a PEP´S sin justificación, según conclusión 8, página 120 del Informe UFERCO-IAF- 20 octubre 2022, a folio 183 del expediente 0801-2021-00013 DP. Tercero: Motiva que en el artículo 222 de la Constitución de la República el TSC tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas… o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externa”, es decir, constitucionalmente la competencia del TSC para la investigación a posteriori proviene de la Ley primaria por lo que no puede desconocerse que por el principio de carácter fragmentario, subsidiaridad e intervención mínima del derecho penal, éste solo intervendrá luego que lo haya hecho el TSC, quien establece el tipo de responsabilidad que corresponde, cuya función es auditar los fondos públicos, una vez ejecutados corresponde al TSC, más aún cuando se trata de proyectos sociales de la administración pública central, según artículos 3, 4 entre otros de la Ley Orgánica del TSC y 5, 6, 7 y 37 de su Reglamento. Cuarto: Que el Decreto Ley 116-2019 publicado en Diario Oficial La Gaceta del 18 de octubre del 2019, en su artículo 16 establece, que la liquidación de fondos públicos se aplicará a los servidores “…y en general a todas aquellas personas naturales o jurídica que a cualquier título recibieron o administraron fondos públicos, cualquiera que sea su origen, otorgados previo a la aprobación dela presente ley que hayan sido otorgados en los años no prescritos y que fueron destinados para la ejecución de proyectos comunitarios… ordenando al TSC se proceda a realizar una auditoría e investigación especial…”. Manda este artículo que “…durante este vigente la auditoria e investigación especial y hasta que el TSC no emita una resolución definitiva, queda en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre, en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que están siendo auditados…”. De allí que la competencia funcional y material es exclusiva del TSC en la fiscalización a posteriori de los fondos utilizados en proyectos comunitarios de infraestructura, por lo que es el TSC el que determina el tipo de responsabilidad a deducir, sin que esto signifique coartar el derecho que tiene el ente acusador de ejercer la acción pública penal, una vez concluida la investigación del ente contralor. Que el sentido dela Ley especial y de las sentencias que en materia Penal ha emitido la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de las Salas Constitucional y Penal los criterios jurisprudenciales que cuando se trata de fiscalización y liquidación de fondos públicos, por exigencia de la prejudicialidad administrativa de acción y la función de fiscalización a posteriori del TSC el Ministerio Publico no podrá accionar en el órgano jursddcional “por cuanto esta imposibilita entablar la acción penal, sin que previamente se haya resuelto la incidencia conexa relacionada con otra rama del derecho” (sentencia SP-119-2121). Quinto: Que presentada la solicitud ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción(21/7/2023) para que este solicite al TSC los resultados de la auditoría practicada a los proyectos carreteros de obras civiles realizados por SISCO o en su defecto para que realice de inmediato auditoria especial sobre aquellos en aplicación del principio de prejudicialidad administrativa (por acción) mismo que se ha reconocido en diferentes sentencias emitidas por la Sala Penal y Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entre ellas las recaídas en Amparos Penales en el caso conocido como Consejo de la Judicatura (567,569, 573,574, 577,574 y 648-2018; Sentenciade Corte de Apelaciones Natural designada el 8 de agosto del 2022, en expediente 102-2018 caso Planeta Verde; en el caso del antejuicio promovido contra el señor Selvin Márquez Euceda, Regidor de una Corporación Municipal en Sala Penal del 10/2/2023; el expediente SP-119-2021 en el recurso de apelación contra la admisión del antejuicio promovido contra Nasry Juan Asfura Zablah en las que prolijamente se desarrolla la teoría de la prejudicialidad administrativa y la necesidad de la previa liquidación de los fondos públicos antes del accionar penalmente. Sexto: Que la solicitud de aplicación del Principio de Prejudicialidad Administrativa fue declarada con lugar por el órgano jursddcional que conoce del caso en fecha 26 de julio del 2023, siendo objeto de apelación por parte del Ministerio Público y declarado con lugar por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Territorial en Materia de Corrupción el 28de agosto del 2023 revocando la resolución apelada contra la cual se interpone la presente acción constitucional de amparo por violaciones a derechos fundamentales. Considera el Amparista que se ha vulnerado con dicha resolución el debido proceso en relación con el derecho de defensa y principio de legalidad contenidos en los artículos 90, 82 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha veintiséis de julio del año dos mil veintitrés emitió resolución en la causa investigativa instruida contra varias empresas entre estas la de Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L. (SISCO), por suponerlas responsables de los delitos de Fraude, Negociaciones Incompatibles, Lavado de Activos y Otros en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, que los antecedentes procesales señalados en la resolución recurrida es que el defensor privado del señor Cesar Edgardo Rivera y de la empresa conocida con sus siglas SISCO, abogado Manuel Asdrúbal Murillo Maradiaga, solicitó con fundamento en las garantías del debido proceso, legalidad y al derecho constitucional de defensa la aplicación del artículo 222 de la Constitución de la República y el Decreto Ley 116-2019 y específicamente la aplicación del principio de Prejudicialidad Administrativa contenido en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento, asimismo, que se ordene al TSC remitir informe de auditoría practicada o en su defecto, se orden al ente contralor realizar auditoría especial sobre proyectos carreteros realizados con fondos públicos, con suspensión de cualquier acción penal que se pretenda imponer. CONSIDERNADO (6): Que el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION en resolución adoptada (del 26/7/2023) y que fu objeto de apelación por el ente acusador, en el inciso 6 es del parecer que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y que lo transcribe literalmente, externa que siendo el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS el encargado de fiscalizar los fondos públicos, la aplicación de esta norma tiene preeminencia normativa, constituyen a un régimen especial que por su naturaleza, fines y competencia tiene preeminencia sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia, según el artículo 4 del mismo cuerpo legal del TSC, en ese sentido es que observamos la viabilidad de poder determinar y en consenso con el Decreto 116-2019, que la norma es especial y aplicable en esta etapa del proceso y poder determinar la prejudicialidad administrativa que no importa en que etapa del proceso se encuentra es aplicable el mismo. Es potestad del TSC auditar y determinar si existe un grado de responsabilidad a posteriori de los fondos públicos. CONSIDERANDO (7) Que en la aludida resolución, el inciso 7 expresa que el artículo 222 Constitucional ya establece las funciones fiscalizadoras a posteriori de los fondos y bienes y recursos administrados por los poderes del Estado y otras instituciones, por lo que es atribuible al TSC la fiscalización de fondos emitidos por parte de INSEP y FONDO VIAL mediante ciertos contratos realizados con la empresa Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R. L. (SISCO), bajo la representación del señor Cesar Edgardo Rivera para la realización de proyectos, que por la norma de rango constitucional la competencia es atribuible al Tribunal Superior de Cuentas en el caso que nos ocupa con la entrada en vigencia del Decreto 116-2019, sino que desarrolla el principio de mínima intervención del derecho penal o instar cualquier acción contra cualquier imputado que esté siendo sujeto de alguna investigación preliminar del Ministerio Público. CONSIDERADO (8) Que el Juzgador en la resolución recurrida, hace énfasis en la aplicación del Decreto 116-2019, publicado el 18 de octubre del 2019 sobre la ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales, en el cual se establece claramente en su artículo 1 el objeto de la ley, en el artículo 2 el ámbito de aplicación, y señala una serie de instituciones y entre estos a cualquier persona personas natural o jurídica que se les asignen fondos públicos destinados a los objetivos señalados en la ley, siendo así la empresa SISCO a través de su representante señor Cesar Edgardo Rivera manejo fondos públicos según Informe de UFERCO IAAF-20, que el artículo 16 del citado Decreto, establece el procedimiento para la liquidación y rendición de cuentas en el mismo se señala a quienes y cuales años les comprende, y ordena que el TSC realice la Auditoria e Investigación Especial, para lo cual los interesados deben presentar toda la documentación correspondiente ante el TSC que incluye departamento y municipio donde se ejecutó el proyecto lista de beneficiarios si se trata de personas naturales, designación de la comunidad si se ejecutó de un proyecto comunitario en el caso de proyecto adjuntado fotografía del avance, ejecución o finalización de la obra, para lo cual el TSC tiene un plazo de 3 años a partir de la publicación del precitado decreto, asimismo con la aplicación de la resolución de junta directiva del Congres Nacional No.006-2010 del 1 de diciembre del 2010 que señala que independientemente del año de la gestión del desembolso, ejecución o liquidación de proyectos o ayuda, durante se encuentre vigente la presente auditoria de investigación especial y hasta que el TSC no emita una resolución definitiva queda en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal independiente dela fase en que se encuentre, en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre fondos que están siendo auditados, la constancia de solvencia o finiquito extendido por el TSC exime de cualquier tipo de responsabilidad de naturaleza civil, penal o administrativa en relación a las asignaciones presupuestarias o auditada por dicho Tribunal y produce el efecto. CONSIDERANDO (9):Que el Órgano jurisdiccional es del parecer que habiendo un informe preliminar de auditoria forense realizado por UFERCO en la causa investigativa por perito juramentado por dicho juzgado, que el mismo sea remitido al TSC para que elabore o concluya su informe de auditoría e investigación especial como lo señala el decreto, independientemente de la fase en que se encuentre hasta que haya una resolución definitiva de parte del TSC queda en suspenso cualquier acción penal, en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que están siendo auditados, en este caso que deberá ser por la Empresa SISCO y que también el proceso se encuentra en etapa de investigación y juzgamiento según nuestra norma procesal artículo 263. Igualmente, que el Ministerio Público como ente investigador proporcione la documentación que tenga a disposición, así como la auditoria forense preliminar UFERCO IAF-20 a la orden del TSC, en el sentido que solo la Auditoria e Investigación especial del TSC podrá determinar si existe algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, por otro lado, los criterios jurisprudenciales referenciados son de observancia cuando se trata de fiscalización y liquidación de fondos públicos como lo ha determina la Suprema Corte de Justicia que por exigencia de prejudicialidad administrativa de acción la función fiscalizadora a posteriori del TSC no podrá entablarse acciones el Ministerio Publico, lo que posterga entablar la acción penal. CONSIDERANDO (10):Que la resolución impugnada mediante acción de amparo por violación a garantías constitucionales como ha quedado expresado en los considerandos que anteceden, es la dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal Con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha 28 de agosto del 2023 y que declara con lugar el recurso de apelación y revoca el auto impugnado, centrando su decisión en tres aspectos que según su decisión no observó el Juzgador: 1) no observo el debido contradictorio previo a resolver una petición de la parte acusada lo que viola el derecho de defensa de la contraparte; 2) Que declara la existencia de prejudicialidad administrativa sin que se haya incoado aun, una acción penal y, 3) Que el Decreto 116-2019 no le es aplicable al caso por no estar dentro de los supuestos de fondos públicos regulados ni de ejecutores encargados. CONSIDERANDO (11): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción al resolver admitiendo el Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de la Corrupción contra el auto emitido en fecha veintiséis (26) de julio del dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en las diligencias prejudiciales solicitadas por el ente acusador, en el desarrollo de la etapa de investigación preliminar (Etapa preparatoria del Proceso), en la causa investigativa instruida contra varias empresas entre estas la de Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L. (SISCO) y otras, a efecto de determinar la existencia de hechos que podrían ser calificados como delitos de Fraude, Negociaciones Incompatibles, Lavado de Activos y Otros en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, motiva su decisión señalando que: 1.- El Juez de Letras (de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción), resuelve sin garantizar el debido contradictorio y con él, el derecho de defensa de las partes, pues la solicitud fue resuelta sin audiencia contradictoria o cuando menos sin emplazamiento. Apreciando violación al Derecho de Defensa por Ausencia del Debido Proceso Contradictorio, por ende, el agravio del apelante es de recibo al resentir el no haber sido escuchado de manera previa a la decisión judicial, aun cuando lo decidido no se encuadra de las excepciones mencionadas al principio de contradicción. - 2. Es impropio resolver una petición de prejudicialidad administrativa a la acción penal, cuando es inexistente dicha acción penal, en un momento donde el Ministerio Público está desarrollando la investigación preliminar y requiere posteriormente decidir, de conformidad a la normativa vigente, si procede presentar la acción penal, y de ser así, contra qué personas naturales (y ahora jurídicas) procede dicho acción y porqué delitos se debe presentar. Solo en tales condiciones, cuando se hubiese presentado acción penal y se tenga conocimiento cuales son los hechos imputados, quienes son las personas naturales o jurídicas imputadas y principalmente sí el objeto del delito o de los delitos imputados son de aquellos fondos públicos que regula el Decreto 116-2019, es que la judicatura, podría determinar si efectivamente el ente fiscal debe o no fundamentar la acción penal en un reparo firme hecho por el Tribunal Superior de Cuentas, es decir, solo en ese momento es que podría resolverse un incidente de prejudicialidad administrativa a la acción penal. 3.- Que el dictamen referido (UFERCO IAF-20) señala que los fondos objetos de investigación provienen de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y de Fondo Vial, con lo cual se cumpliría la persona jurídica vinculada con el decreto (primer supuesto), empero, no se señala que dicho fondos obedezcan a una partida presupuestaria especial en los términos del artículo 18 en relación con el último párrafo del artículo 2 del Decreto 116-2019, por lo que al no cumplirse con este requisito dicho decreto no sería aplicable para la fiscalización de los mismos. Por otra parte, y en relación al apelado, patente de la prejudicialidad administrativa a la acción penal en la instancia (SISCO), éste no tiene la calidad de “Ejecutor”, en los términos de los artículos 3.11, 4 y 11, esto porque el “Ejecutor”, es una persona natural u órganos colegiados a los que se le adjudica los fondos para ejecutar el proyecto, luego de lo cual debe liquidar los mismos, como forma de acreditar que aquellos fueron usados para el fin para el cual fueron adjudicados; ello no es aplicable en los casos de contrataciones de conformidad a la Ley de Contratación del Estado, que regula, entre otros contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada o Descentralizada (Artículo 1), en donde se prevé el procedimiento de adjudicación de los contratos, procesos de adjudicación y pago a los contratistas como contraprestación a lo realizado; aspectos ya aclarado por la Sala de lo constitucional en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2021 en el expediente RI-945-2019, al indicar que el Decreto 116-2019 es aplicable “cuando los fondos hayan sido ejecutados bajo distintos procesos de Contratación del Estado…”. Así las cosas, señala la AD-QUEM, entonces mientras los “Ejecutores” de los que refiere el Decreto 116-2019 hacen solicitud de asignación de fondos (artículo 8) los contratistas ganan los contratos por su participación en licitaciones públicas o privadas, o contrataciones directas como consecuencia de decretos de emergencia; por otra parte la asignación de los fondos por las personas naturales o jurídicas vinculadas (artículo 1 del Decreto 116-2019), es mediante resolución administrativa a favor de los ejecutores y no como consecuencia de un contrato firmado teniendo como contraparte el Estado; además los fondos asignados a los Ejecutores pueden ser reasignados en ciertos casos, dejando de ejecutarse el proyecto original y procediéndose a ejecutar otro proyecto (artículo 8 Decreto 116-2019), lo que no ocurre respecto a los fondos proyectados para el pago de contratos estatales firmes, no pueden ser reasignados por la institución para ser usados con otra finalidad; y si ello no fuese suficiente el procedimiento para los desembolsos a los Ejecutores no existen garantías exigibles a los Ejecutores según Decreto 116-2019, en contraposición a las diversas garantías que debe de presentar los contratistas que acuerden con el Estado (de mantenimiento de oferta, garantía por anticipo de fondos, de calidad, de cumplimiento, etc.). CONSIDERANDO (12): Que el impetrante, en la acción de amparo señala que, el Auto emitido en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023), por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en el que declara Con Lugar el recurso de apelación y revoca la resolución de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la que declara Ha Lugar la concurrencia de prejudicialidad administrativa y ordena al Ministerio Público que se traslade toda la documentación correspondiente al Tribunal Superior de Cuentas para que el mismo realice Auditoria de Investigación Especial de los 91 proyectos encontrados según auditoria forense de UFERCO-IAF-20 de la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería Supervisión y Construcción S. de R.L., suscritos mediante contratos con la Secretaria de Servicios Público de la República de Honduras (INSEP) y el Fondo Vial o si está realizando la Auditoria de Investigación Especial, se continúe con la misma, una vez concluido en el marco legal que le corresponda y si encontrara hallazgo donde pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal ponga a la disposición a este órgano jurisdiccional la misma para que el ente fiscal pueda realizar las acciones pertinentes al caso, violenta derechos y garantías constitucionales fundamentales en un Estado Constitucional de Derecho, como el Debido Proceso en relación con el Derecho de Defensa y el Principio de Legalidad.- CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional, al contrastar los argumentos expuesto por el amparista, presta atención a la motivación expuesta por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en cuanto que “Aprecia violación al Derecho de Defensa por Ausencia del Debido Proceso Contradictorio”, cuando el Juez de Letras (de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción), sin garantizar el debido contradictorio, y con él, el derecho de defensa de las partes, resolvió una solicitud sin audiencia contradictoria o cuando menos sin emplazamiento, refiriéndose al apoderado defensor de SISCO, Abogado Manuel Asdrúbal Murillo, este viene precedido de un razonamiento que evidencia una clara “vulneración al derecho a una respuesta jurisdiccional basada en el principio del legalidad y el principio genérico del Debido proceso relacionado con el Derecho de Defensa”, cuando para sustentar su decisión, señala que el A-QUO en su resolución de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), violentó el Derecho de Defensa por ausencia del Debido Contradictorio, al no celebrar la audiencia contradictoria o cuando menos sin emplazamiento, para resolver la pretensión de prejudicialización administrativa planteado por la defensa privada de la Sociedad Mercantil “Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción, S. de R.L.”, refiriéndose específicamente al Abogado Manuel Asdrúbal Murillo, en su condición de representante procesal del señor Cesar Edgardo Rivera Sierra. Reconoce esta Sala, que el “Principio de Contradicción”, tal y como se encuentra regulado en nuestro derecho positivo (artículo 4 del Código Procesal Penal), tiene como finalidad “concederle a las partes en conflicto iguales oportunidades de formular sus alegaciones y de defenderlas mediante prueba de los hechos fundamentadores y de la proposición de los correspondientes argumentos jurídicos”; sin embargo, también reconoce este >Alto Tribunal de Justicia que, los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar el derecho positivo (sustantivo o subjetivo), no deben olvidar que, la esencia del “Principio de Contradicción” propiamente dicho debe analizarse y aplicarse con una visión amplia hacía el derecho humano y constitucional de defensa, considerando que, el “Principio de Contradicción“ lo que evidentemente pretende, es garantizarles a las partes contrarias, el derecho de “Poder contrarrestar las alegaciones, pruebas y argumentos de la parte contraria”. En el caso subjudice, no debe olvidarse y mucho menos dejar de apreciar que, la acción de prejudicialización administrativa interpuesta por la defensa procesal de la empresa mercantil SISCO (Abogado Manuel Asdrúbal Murillo), viene precedida y sustentada del ejercicio del Derecho que le asistía al investigado [SISCO] para contrarrestar la solicitud de “acción prejudicial o de investigación” que el Estado de Honduras a través del Ministerio Público le había presentado ante el órgano jurisdiccional penal, por considerarlo responsable de la comisión de diversos delitos (Fraude, Negociaciones Incompatibles, Lavado de Activo, etc.). Es decir, la acción prejudicial interpuesta por el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), en el desarrollo de la etapa de investigación preliminar (Etapa preparatoria del Proceso), generó una contraposición por parte del investigado (SISCO), quien haciendo uso del “Principio de Contradicción” planteó su oposición a la acción prejudicial presentada por el Ministerio Público, oposición que fue resuelta evidentemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 párrafo segundo del Código Procesal Penal (Las solicitudes de las partes deberán ser resueltas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación). En ese sentido, le queda total certidumbre a esta Sala de lo Constitucional que, la resolución emitida por el A-Quo en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), en la que declara Con Lugar la prejudicialización administrativa en las diligencias prejudiciales planteadas por el Ministerio Público [a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción], fue emitida observando y respetando el Derecho de Defensa (regulado y contenido en el artículo 14 párrafo segundo del Código Procesal Penal), asimismo, respetando el Principio de Contradicción[regulado en el artículo 4 del Código Procesal Penal], puesto que, la pretensión de prejudicialización administrativa planteada (por la defensa procesal de la empresa Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción, S. de .R.L.,) no fue presentada como incidente ni excepción procesal) como lo aprecia la Ad-Quem y que no fue conocido en una “audiencia” es oportuno señalar que, el Código Procesal Penal vigente en Honduras, no dispone la obligación para el A-Quo deba celebrar una “audiencia” para resolver este tipo de “pretensiones defensivas de prejudicialización administrativa en diligencias prejudiciales”, como de forma equivocada lo interpreta la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en su Auto de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023). CONSIDERANDO (14): Que, al revisar el argumento expuesto por el amparista, encuentra que la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, al señalar que “Solo cuando se presenta la acción penal” estando presente alguno de los cinco supuestos de prejudicialidad señalados en la precitada resolución (determinación del estado civil de las personas, sobre el derecho de propiedad en los casos de inmueble no vinculados a denuncias de usurpación vigente, las cuestiones relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposo de la quiebra, delitos de enriquecimiento ilícito y provisional del Decreto 116-2019), es que procederá la prejudicialidad, debiendo el juzgado o tribunal ordenar el archivo del proceso penal hasta tanto exista el pronunciamiento sobre el asunto mediante resolución firme, no existiendo condición de prejudicialidad en ningún otro caso. Asimismo, señaló la Corte de Apelaciones que “La norma refiere a acciones, y que, en el caso del proceso penal, la misma está contenida en el requerimiento fiscal, por lo que, entretanto no exista este, no existe acción penal y, consecuentemente no hay nada que suspender. En cuanto a este motivo, “Ha sido una mala interpretación del A-quo considerar como símil proceso penal con acción penal: El primero da inició desde la denuncia o desde actuaciones de investigación (investigación preliminar), pero no es sino hasta la presentación del requerimiento fiscal en donde ya existe una acción penal y la persona contra la cual se presenta adquiere la condición de imputada (artículo 101 CPP). Así entonces, un órgano jurisdiccional no puede ordenar la suspensión de investigación que esté desarrollando el Ministerio Público, mucho menos bajo criterios de prejudicialidad administrativa a la acción penal cuando es inexistente una acción penal. “Siendo impropio resolver una petición de prejudicialidad administrativa a la acción penal, cuando es inexistente dicha acción penal, en un momento donde el Ministerio Público está desarrollando la investigación preliminar y requiere posteriormente decidir, de conformidad a la normativa vigente, si procede presentar la acción penal, y de ser así, contra qué personas naturales (y ahora jurídicas) procede dicho acción y porqué delitos se debe de presentar. Solo en tales condiciones, cuando se hubiese presentado acción penal y se tenga conocimiento cuales son los hechos imputados, quienes son las personas naturales o jurídicas imputadas u sí principalmente sí el objeto del delito o de los delitos imputados son de aquellos fondos públicos que regula el Decreto 116-2019, es que la judicatura, podría determinar si efectivamente el ente fiscal debe o no fundamentar la acción penal en un reparo firme hecho por el Tribunal Superior de Cuentas, es decir, solo en ese momento es que podría resolverse un incidente de prejudicialidad administrativa a la acción penal”. Estima esta Sala que, el argumento expuesto por la Corte de Apelaciones recurrida viene precedido de un razonamiento con clara evidencia de “vulneración al derecho a una respuesta jurisdiccional basada en el principio genérico del Debido proceso relacionado con el Derecho de Defensa y el principio de legalidad”, al hacer una interpretación particular y totalmente alejada de lo que expone el Código Procesal Penal vigente en Honduras, el cual deja claro que, basado en el concepto del jurisconsulto, GIMENO SENDRA la “Acción Penal”, como derecho fundamental, que asiste a todos los sujetos del derecho, y se ejercita mediante la puesta en conocimiento del órgano investigador de una noticia criminis, haciendo surgir en éste la obligación de dictar una resolución motivada y fundada sobre la admisión a trámite o su desistimiento. En el caso de mérito, el Ministerio Público, abrió una investigación penal (criminal) contra la Sociedad Mercantil Servicio de Ingeniería, Supervisión y Construcción, S. de R.L. y la persona natural que la representa, por considerarlo responsable de la comisión de delitos como Fraude, Negociaciones Incompatibles, Lavado de Activos y otros en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, y en base a esa denuncia apertura da por el Ministerio Público, presenta una acción jurisdiccional ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción denominada "Diligencias prejudiciales”, contra la citada Sociedad Mercantil (SISCO) y su representante legal, el señor Cesar Edgardo Rivera. En ese sentido, es evidente que con la sola denuncia aperturada por el Ministerio Público contra la señalada Sociedad Mercantil y la presentación de acciones prejudiciales interpuesta ante el órgano jurisdiccional, para determinar la existencia y acreditación de los delitos de Fraude, Negociaciones incompatibles, Lavado de Activos y otros, queda acreditada la “Existencia de la Acción Penal”, lo cual obviamente, la Corte de Apelaciones en referencia, confunde con el acto del “ejercicio” de la acción penal pública, la cual sí efectivamente para esta Sala Constitucional, solo se puede ejercer a través de la presentación del respectivo “Requerimiento fiscal” por parte del Ente Acusador. En tal sentido, no debe olvidarse que la acción de prejudicialización administrativa interpuesta por la defensa procesal de la empresa mercantil SISCO (Abogado Manuel Asdrúbal Murillo), basada en el Decreto 116-2019, el cual sí se encontraba vigente a la fecha en que fue emitida la resolución de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), por parte del A-Quo está fundada en derecho, ya que el referido Decreto Legislativo (116-2019), disponía claramente en su artículo 16, como norma vigente y aplicable al caso en concreto, que deben suspenderse la acción penal, civil y administrativa que estuviese en curso para deducir responsabilidad como consecuencia de los fondos adjudicados en el marco de dicho decreto, sin que este Decreto refiriese directa, específica o tácitamente, que cuando se hablaba de “acción”, esa debía interpretarse solamente a las acciones judicializadas o presentadas ante el órgano jurisdiccional a través de un “Requerimiento Fiscal”, lo cual evidentemente hace que la decisión adoptada por el A-Quo, en la resolución de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), en la que declara a lugar la prejudicialidad administrativa, se resolvió fundada en normas de derecho aplicables y por el contrario, la interpretación que le da la Ad-Quem, a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 116-2019, en su Auto de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023) vulnera el “Principio de Legalidad“ y la Tutela Judicial Efectiva contenida en el principio genérico del Debido Proceso relacionado con el Derecho de Defensa” en perjuicio de la Sociedad Mercantil Servicios De Ingeniería, Supervisión Y Construcción S. de R.L. y de señor Cesar Edgardo Rivera, al interpretar en el auto de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023) de manera extensible y caprichosa el contenido del artículo 16 del Decreto 116-2019. CONSIDERANDO (15): Que esta sala de lo constitucional, encuentra que, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, al establecer en su auto de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023),que lo dispuesto en el Decreto 116-2019, no es de aplicación general de conformidad a lo que dispone el Informe UFERCO-IAF-20, aun y cuando los fondos objetos de investigación provienen de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y del Fondo Vial, como persona jurídica vinculada con el decreto (primer supuesto), empero, no se señala que dicho fondos obedezcan a una partida presupuestaria especial en los términos del artículo 18 en relación con el último párrafo del artículo 2 del Decreto 116-2019, por lo que al no cumplirse con este requisito dicho Decreto no sería aplicable para la fiscalización de los mismos y en relación al apelado, patente de la prejudicialidad administrativa a la acción penal en la instancia (SISCO), éste no tiene la calidad de “Ejecutor”, en los términos de los artículos 3.11, 4 y 11, esto porque el “Ejecutor”, es una persona natural u órganos colegiados a los que se le adjudica los fondos para ejecutar el proyecto. Sin embargo, esta Sala al revisar los argumentos expuestos por el amparista en su acción de amparo, el auto de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023) ahora impugnado y el contenido regulatorio del Decreto Legislativo número 116-2019 de fecha 16 de octubre de 2019, considera que, la Cote apelada incurre en una vulneración a la Tutela Judicial Efectiva contenida en el principio genérico del Debido Proceso relacionado con el Derecho de Defensa y el Principio de Legalidad, al disponer que dicho Decreto que contiene la “Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales”, como Ley, no es de aplicación general, lo cual contrasta con lo que dispone los artículos 1 y 2 de dicho Decreto, que declaran que la referida Ley, es una Ley de “orden público” y de “observancia y aplicación obligatoria”, que no contiene ninguna disposición normativa que permita o autorice hacer una exclusión en su ámbito de aplicación y que ratifica la potestad y atribución que tiene el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para realizar la fiscalización a posteriori de todos los recursos o fondos que se inviertan en proyectos de inversión social y que, de conformidad a las disposiciones normativas de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y su Reglamento, sería a este este órgano con rango constitucional (TSC), que le correspondería determinar de manera clara, si las disposiciones normativa de esta “Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales”, contenida en el Decreto 116-2019, le son aplicables al caso que investiga el Ministerio Público [a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción] en el proceso de investigación de los 91 proyectos ejecutados por la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L., representada por el señor Cesar Edgardo Rivera, contra quienes el Ministerio Público, inició una acción prejudicial de investigación por delitos de Fraude, Lavado de Activos y otros, como lo dispuso el A-Quo en su resolución de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023), en la que declaró con lugar la prejudicialización administrativa a favor de las personas naturales y jurídicas investigadas. Es importante para esta Sala, dejar despejado que, la interposición de la acción de “diligencias prejudiciales” interpuestas por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción del Ministerio Público, constituye un atajo procesal que, aun cuando se encuentra regulado en el Código Procesal Penal, no puede servir para escindir o soslayar la supremacía de la Constitución de la República de Honduras y que le confiere al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que como ente especializado, efectúe todas aquellas investigaciones especiales y fiscalizadoras sobre los fondos que fueron destinados para desarrollar los 91 proyectos asignados a la Sociedad Mercantil “Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción, S. de R.L.”, o en su defecto, al determinar que esta Ley Especial contenida en el Decreto 116-2019, no le es aplicable, proceda a informar al órgano jurisdiccional conforme lo dispuso el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la resolución de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023). CONSIDERANDO: (16) Que este Alto Tribunal de Justicia al Igual que la Sala de lo Penal, se han pronunciado en un sinnúmero de fallos sobre la previa intervención del Tribunal Superior de Cuentas, es decir, que la intervención de este Órgano Contralor con rango constitucional esta reglada en la ley orgánica y su reglamento para resolver este tipo de actos en lo que se vean comprometidos fondos del Estado, tal y como ha quedado suficientemente expresado en sentencias recaídas en amparos penales registrados bajo los números 567, 569, 571, 573, 574, 577,578, 648-2018 de fechas 5 de noviembre del 2019 y 6 de enero del 2020, AP-562-2021 de fecha 9 de diciembre del 2022, y siendo que se ha conformado jurisprudencia sobre el tema a dirimir, le compete a la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L. (SISCO)a quien se le investiga por supuestos delitos de FRAUDE, NEGOCICIONES INCOMPATIBLES, LAVADO DE ACTIVOS Y otros en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS su aplicación de conformidad a lo que dispone el artículo 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas por encontrarse como sujeto pasivo sometido al cumplimiento de dichos instrumentos normativos según disposición de la Ley Orgánica del TSC y su Reglamento, como la aplicación del Decreto 116-2019 por su vigencia al momento de dictarse el auto apelado, por tanto, no puede privársele de los derechos y garantías que constitucional y procesalmente le reconoce la Carta Magna y leyes especiales, como el de ser sometido a un debido proceso desde la etapa de investigación hasta obtener una sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria mediante un debido proceso a través de toda clase de actuaciones sean estas judiciales y administrativas, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio; que la defensa privada a comparecido en favor de su representada para hacer valer el derecho de defensa, el principio de legalidad y para que se le someta a un régimen procesal menos gravoso en base a ley como ha quedado expresado, sin que implique rehusarse a los procedimientos de ley de manera oportuna, sin embargo, en tanto el Órgano Contralor (TSC) no haya pronunciado previamente su opinión sobre la ejecución de los fondos públicos manejados por la recurrente, en cuyo investigación especial el Ente Contralor determinará el tipo de responsabilidad, llámese penal, administrativa o civil de conformidad a lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 222 CONSIDERANDO: (17) Que el artículo 90 de la Constitución de la República reconoce el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la normativa vigente, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia de sus formas en el proceso, resultaría en un atropello a los sujetos procesales, como acontece en el caso de autos, por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que se han quebrantado los derechos constitucionales invocados por el amparista los que son de recibo, por consiguiente es del parecer que debe otorgarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta. CONSIDERANDO (18): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y del resto ordenamiento jurídico vigente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Manuel Asdrúbal Murillo Maradiaga a favor de la Sociedad Mercantil Servicios de Ingeniería, Supervisión y Construcción S. de R.L. (SISCO) y su representante el señor Cesar Edgardo Rivera, contra el auto resolutivo de fecha veintiocho (28) de Agosto del dos mil veintitrés (2023) dictado por la Corte de apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en materia de Corrupción, que resolvió la apelación emitida por el juzgado de letras de lo penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en el marco del proceso de investigación y que dieron origen a una solicitud de diligencia prejudiciales previas presentada por el Ministerio Público. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia.- NOTIFIQUESE.– FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1314-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL